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Cuartoscuro Archivo

La Estafa Maestra: la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, enfrenta denuncia penal

A Zebadúa, uno de los funcionarios de mayor rango en la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, se le señala como presunto responsable por el desvío en 2016 de 185 millones de pesos.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
30 de julio, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a Emilio Zebadúa, mano derecha y uno de los funcionarios de mayor rango en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, acusando su participación en 2016 en el presunto desvío de 185 millones de pesos de la dependencia, que terminaron en empresas ilegales.

Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, la Auditoría concluyó que Zebadúa, como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.

Lee más: Hacienda indaga a 50 empresas y servidores públicos implicados en La Estafa Maestra

El dictamen técnico que la Auditoría entregó a la Procuraduría —obtenido por Animal Político— señala que Zebadúa “omitió supervisar y evaluar que se cumplieran con las disposiciones jurídicas aplicables a su competencia y consecuentemente autorizó el ejercicio de los recursos de la Secretaría para los convenios suscritos con Universidades públicas y entes públicos estatales”.

Durante 2016, la Sedatu firmó convenios con universidades como la Politécnica de Francisco I. Madero para la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano por 185 millones 839 mil pesos, pese a que la institución no tenía la capacidad técnica, material y humana para cumplir.

Por ello, la universidad subcontrató más del 49% de los servicios, sobrepasando lo permitido legalmente. Tampoco pudo acreditar que las empresas contratadas Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. realizaran los trabajos, “quedando en evidencia el desvío de recursos públicos federales a terceras personas y empresas”, expuso la Auditoría.

Primero en Sedesol, luego en Sedatu

Emilo Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2013 y 2014, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al final, los recursos terminaron en empresas ilegales, como reveló la investigación de La Estafa Maestra.

Cuando Rosario Robles dejó la titularidad de la Sedesol y llegó a Sedatu, nombró de nuevo a Zebadúa como Oficial Mayor, y según documentó la Auditoría en la Cuenta Pública de 2016, se repitió el esquema de desvío.

En tanto, los funcionarios que dependían del Oficial Mayor y que también fueron señalados por cometer presuntas irregularidades son Francisco Báez, director general de Programación y Presupuesto; y Humberto René Islas Cortés, director general de Recursos Materiales. Los dos también tuvieron esos cargos en la Sedesol bajo las órdenes de Zebadúa.

Francisco Báez sí enfrentó una acusación penal, pero no fue vinculado a proceso, es decir, el juez determinó que no había elementos para continuar con la acusación. Este funcionario fue un hombre clave en la estructura de la Sedatu, pues se encargó de negociar con la Secretaría de Hacienda la liberación de recursos para saldar los convenios con universidades públicas que supuestamente harían servicios a la dependencia.

Lee más: La Estafa Maestra: Juez ‘perdona’ a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185 mdp a Universidad

La Auditoría comprobó que el exfuncionario “autorizó la liberación de recursos públicos federales con cargo al presupuesto de la Sedatu, para pagar los servicios no proporcionados por la Universidad al amparo Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADNUPFIM/ 33901-03/2016 del 02 febrero de 2016”.

Mientras que Humberto René Islas, que como subalterno de Zebadúa se encargó de la dirección general de Recursos Materiales y firmó siete convenios con distintas universidades tanto en Sedesol como en Sedatu, fue señalado por la Auditoría por “no supervisar la legalidad del Convenio Específico con la Universidad Politécnica “a pesar de que ésta no prestó los servicios”.

Las empresas que supuestamente fueron contratadas por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero no fueron localizadas en sus supuestos domicilios y se constató que los recursos que recibió se distribuyeron a diversas empresas y personas físicas, sin que existieran contratos o constancias que justificaran los pagos.

El dictamen técnico entregado a la PGR señala que los comprobantes de servicios que la universidad presentó “coincide en un 98.6% con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (en otros convenios), lo que constituye un plagio de información para justificar la aplicación de los recursos ministrados”.

Más involucrados

La denuncia de hechos fue presentada el 25 de octubre de 2018 por Heladio Ramírez Pineda, director general Jurídico de la ASF ante la PGR, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, para que “se investigue la posible comisión de conductas ilícitas y la probable responsabilidad de los involucrados señalados”.

En ella también se señala a Armando Saldaña, quien era director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgos, por suscribir dicho convenio y recibir “a entera satisfacción los servicios ejecutados”.

Por parte de la universidad también fue señalado el exrector, Juan de Dios Nochebuena, quien firmó y autorizó el convenio. También su secretario administrativo, José Humberto Ángeles Hernández, por adjudicar la mayor parte de los servicios a las empresas Contabilidad y Soluciones INNER y Asesores Contables Administrativos VICMA.

Mientras que el abogado general de la Universidad, Iván Loyola, autorizó los contratos con las empresas y, según la denuncia, pese a no acreditar los servicios le fueron transferidos los recursos. Rosalba Ángeles Delgado también avaló con su firma los contratos y Edna Borbolla Galindo elaboró los estudios de mercado, que fue la base para adjudicar los servicios a las empresas, señala el documento oficial.

La Auditoría presentó 35 documentos que acreditaron “la conducta de constitutiva de la irregularidad”, que incluye oficios de comunicación, convenios, contratos, facturas, entregables y estados de cuenta bancarios de las empresas para que fueran revisados por la Procuraduría y permitiera continuar la investigación para que determinara la probable comisión de delitos cometidos por parte de los funcionarios mencionados.

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Redada contra inmigrantes en Misisipi: la angustia de los hijos de los cientos de detenidos

Pese a que muchos de los inmigrantes detenidos en Misisipi el miércoles ya están en libertad, las imágenes de los menores que se quedaron desamparados por unas horas fueron ampliamente compartidas por los medios y en redes sociales.
8 de agosto, 2019
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Una agente del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos con una persona trabajadora de una planta procesadora en Misisipi

EPA
Las redadas realizadas el miércoles en seis localidades del estado de Misisipi suponen la mayor operación de este tipo en una década en EE.UU.

“Por favor, por favor, ¿puedo ver a mi mamá?”. “Mi papá no ha hecho nada, no es un criminal”.

El llanto desconsolado de dos niñas se convirtió este jueves en símbolo del drama que viven los hijos de los inmigrantes indocumentados que son detenidos por las autoridades migratorias en Estados Unidos.

En este caso el escenario fue Misisipi, donde agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) realizaron el miércoles una serie de redadas coordinadas en siete plantas procesadoras de alimentos en distintas localidades de este estado sureño.

En total, las autoridades detuvieron a 680 inmigrantes, convirtiendo la operación en la mayor redada de la última década en EU y la más grande que se realiza en un único estado en la historia del país.

Este jueves, casi la mitad de ellos quedaron en libertad, según le confirmó a la BBC Brian Cox, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE).

Agentes del HIS

Reuters
Cerca de la mitad de los 680 inmigrantes detenidos el miércoles en Misispi quedaron en libertad el jueves.

Pero entre un día y otro, las imágenes de los menores que se quedaron desamparados por unas horas fueron ampliamente compartidas por los medios y en redes sociales.

Primer día de escuela

El miércoles era el primer día de colegio en Misisipi. Muchos niños de origen latino no olvidarán este comienzo del curso escolar.

La detención inesperada de sus padres en su puesto de trabajo en las plantas procesadoras de alimentos hizo que muchos menores encontraran vacías sus viviendas al regresar de clase.

En una de las poblaciones afectadas, Forest, extraños y vecinos se ofrecieron a llevar a los niños que no tenían dónde ir a un gimnasio local para pasar la noche.

Otras personas distribuyeron bebidas y alimentos. Pero, según contó el periodista Alex Love del canal local WJTV, la mayoría de los niños lloraron en lugar de comer.

En Canton, otra de las localidades, el alcalde William Truly dijo estar preocupado por el impacto que los arrestos podían tener en la economía y la comunidad.

“Reconozco que ICE queda bajo el Departamento de Seguridad Nacional y esto es una orden de Estados Unidos. No hay nada que podamos hacer”, declaró. “Pero mi principal preocupación ahora es, ¿qué pasa con los niños?“.

La súplica de Angie

La tristeza de dos niñas fue particularmente impactante.

Angie, de 11 años, pudo ver cómo subían a su madre en uno de los autobuses de ICE a las afueras de su lugar de trabajo.

La niña estaba acompañada por Elizabeth Iraheta, empleada de la misma planta procesadora que compartió en las redes un video de la niña suplicando que le permitieran ver a su mamá.

“Por favor, por favor, ¿puedo ver a mi mamá?”, pidió Angie entre lágrimas.

En la grabación, se oyen las explicaciones del agente migratorio, que intenta tranquilizar a Iraheta y Angie diciéndoles que la mujer saldría en libertad en unas horas por ser la única tutora legal de la pequeña.

Un agente migratorio vigilando a un grupo de inmigrantes

Reuters
Según las autoridades migratorias, las fábricas afectadas habían sido alertadas de irregularidades con su personal.

Fuentes locales confirmaron este jueves que madre e hija se pudieron reencontrar por la noche.

Otra niña de 12 años, Magdalena, apareció ante las cámaras de una televisión local llorando por su padre.

“Mi papá no hizo nada, no es un criminal”, repetía la menor mientras miraba a uno y otro lado.

Razones humanitarias

Las autoridades reaccionaron este jueves a la preocupación general por el destino de los menores y anunciaron que decenas de los detenidos quedaron en libertad “por razones humanitarias”.

“A todos los detenidos el miércoles se les preguntó al llegar a los centros si tenían niños que estuvieran en la escuela o en la guardería y necesitaran ser recogidos”, declaró el HSI en un comunicado.

“Para hacer posible que los detenidos se pusieran en contacto con miembros de la familia, HSI puso teléfonos celulares a su disposición para que pudieran organizar el cuidado de sus hijos u otras personas dependientes.

“En los casos en que HSI encontró que ambos padres fueron detenidos, dejó a uno de ellos en libertad por razones humanitarias y lo llevó al lugar donde había sido arrestado. De la misma manera, HSI dejó en libertad a cualquier padre o madre solteros con un menor en casa por razones humanitarias.

“Según estos procedimientos, tenemos la confianza de que todos los niños estaban al menos con uno de sus padres el miércoles por la noche“.

El fiscal del distrito sur de Misisipi, Mike Hurst, confirmó esta información en Twitter:

“No estamos al tanto de ningún niño sin padre como resultado de esta operación”, concluyó Hurst.


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