La Estafa Maestra: la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, enfrenta denuncia penal
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La Estafa Maestra: la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, enfrenta denuncia penal

A Zebadúa, uno de los funcionarios de mayor rango en la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, se le señala como presunto responsable por el desvío en 2016 de 185 millones de pesos.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
30 de julio, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a Emilio Zebadúa, mano derecha y uno de los funcionarios de mayor rango en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, acusando su participación en 2016 en el presunto desvío de 185 millones de pesos de la dependencia, que terminaron en empresas ilegales.

Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, la Auditoría concluyó que Zebadúa, como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.

Lee más: Hacienda indaga a 50 empresas y servidores públicos implicados en La Estafa Maestra

El dictamen técnico que la Auditoría entregó a la Procuraduría —obtenido por Animal Político— señala que Zebadúa “omitió supervisar y evaluar que se cumplieran con las disposiciones jurídicas aplicables a su competencia y consecuentemente autorizó el ejercicio de los recursos de la Secretaría para los convenios suscritos con Universidades públicas y entes públicos estatales”.

Durante 2016, la Sedatu firmó convenios con universidades como la Politécnica de Francisco I. Madero para la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano por 185 millones 839 mil pesos, pese a que la institución no tenía la capacidad técnica, material y humana para cumplir.

Por ello, la universidad subcontrató más del 49% de los servicios, sobrepasando lo permitido legalmente. Tampoco pudo acreditar que las empresas contratadas Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. realizaran los trabajos, “quedando en evidencia el desvío de recursos públicos federales a terceras personas y empresas”, expuso la Auditoría.

Primero en Sedesol, luego en Sedatu

Emilo Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2013 y 2014, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al final, los recursos terminaron en empresas ilegales, como reveló la investigación de La Estafa Maestra.

Cuando Rosario Robles dejó la titularidad de la Sedesol y llegó a Sedatu, nombró de nuevo a Zebadúa como Oficial Mayor, y según documentó la Auditoría en la Cuenta Pública de 2016, se repitió el esquema de desvío.

En tanto, los funcionarios que dependían del Oficial Mayor y que también fueron señalados por cometer presuntas irregularidades son Francisco Báez, director general de Programación y Presupuesto; y Humberto René Islas Cortés, director general de Recursos Materiales. Los dos también tuvieron esos cargos en la Sedesol bajo las órdenes de Zebadúa.

Francisco Báez sí enfrentó una acusación penal, pero no fue vinculado a proceso, es decir, el juez determinó que no había elementos para continuar con la acusación. Este funcionario fue un hombre clave en la estructura de la Sedatu, pues se encargó de negociar con la Secretaría de Hacienda la liberación de recursos para saldar los convenios con universidades públicas que supuestamente harían servicios a la dependencia.

Lee más: La Estafa Maestra: Juez ‘perdona’ a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185 mdp a Universidad

La Auditoría comprobó que el exfuncionario “autorizó la liberación de recursos públicos federales con cargo al presupuesto de la Sedatu, para pagar los servicios no proporcionados por la Universidad al amparo Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADNUPFIM/ 33901-03/2016 del 02 febrero de 2016”.

Mientras que Humberto René Islas, que como subalterno de Zebadúa se encargó de la dirección general de Recursos Materiales y firmó siete convenios con distintas universidades tanto en Sedesol como en Sedatu, fue señalado por la Auditoría por “no supervisar la legalidad del Convenio Específico con la Universidad Politécnica “a pesar de que ésta no prestó los servicios”.

Las empresas que supuestamente fueron contratadas por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero no fueron localizadas en sus supuestos domicilios y se constató que los recursos que recibió se distribuyeron a diversas empresas y personas físicas, sin que existieran contratos o constancias que justificaran los pagos.

El dictamen técnico entregado a la PGR señala que los comprobantes de servicios que la universidad presentó “coincide en un 98.6% con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (en otros convenios), lo que constituye un plagio de información para justificar la aplicación de los recursos ministrados”.

Más involucrados

La denuncia de hechos fue presentada el 25 de octubre de 2018 por Heladio Ramírez Pineda, director general Jurídico de la ASF ante la PGR, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, para que “se investigue la posible comisión de conductas ilícitas y la probable responsabilidad de los involucrados señalados”.

En ella también se señala a Armando Saldaña, quien era director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgos, por suscribir dicho convenio y recibir “a entera satisfacción los servicios ejecutados”.

Por parte de la universidad también fue señalado el exrector, Juan de Dios Nochebuena, quien firmó y autorizó el convenio. También su secretario administrativo, José Humberto Ángeles Hernández, por adjudicar la mayor parte de los servicios a las empresas Contabilidad y Soluciones INNER y Asesores Contables Administrativos VICMA.

Mientras que el abogado general de la Universidad, Iván Loyola, autorizó los contratos con las empresas y, según la denuncia, pese a no acreditar los servicios le fueron transferidos los recursos. Rosalba Ángeles Delgado también avaló con su firma los contratos y Edna Borbolla Galindo elaboró los estudios de mercado, que fue la base para adjudicar los servicios a las empresas, señala el documento oficial.

La Auditoría presentó 35 documentos que acreditaron “la conducta de constitutiva de la irregularidad”, que incluye oficios de comunicación, convenios, contratos, facturas, entregables y estados de cuenta bancarios de las empresas para que fueran revisados por la Procuraduría y permitiera continuar la investigación para que determinara la probable comisión de delitos cometidos por parte de los funcionarios mencionados.

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Qué son los colgantes 'anti-5G' y qué peligros implican para la salud

Las teorías conspirativas sobre el 5G han impulsado un mercado de accesorios "anti-5G" que afirman protegernos de las radiaciones y que, sin embargo, pueden ser dañinos para la salud.
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20 de diciembre, 2021
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Pese a que no existe evidencia científica que diga que la tecnología 5G es nociva para la salud, en internet se venden productos que ofrencen “protección” frente a ella. Paradójicamente estos productos son los “radioactivos” y pueden poner en riesgo la salud de quienes los usan.

Es la conclusión de la Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de Países Bajos (ANVS), que acaba de emitir una advertencia sobre una decena productos que “contienen sustancias radiactivasy que emiten continuamente radiación ionizante“.

Desde colgantes hasta antifaces para dormir, amuletos y brazaletes, algunas joyas y accesorios “antirradiación” y “anti-5G” que se venden en internet pueden perjudicar la salud si su uso es prolongado, dicen los científicos.

“La radiación ionizante puede dañar los tejidos y el ADN. La cantidad de radiación medida en los productos examinados es baja. Sin embargo, en el caso de uso prolongado y continuo, puede exceder el límite legal de exposición de la piel a la radiación”.

Estas pulseras y amuletos suelen ir pegados a la piel y están diseñados para usarse de manera continua, por eso las autoridades neerlandesas han prohibido su venta.

El organismo aconseja “dejar de usar estos productos, almacenarlos en un lugar seguro y esperar instrucciones para su devolución”, pues los artículos radiactivos no deben desecharse junto a la basura doméstica.

“También instamos a que informen a su pareja, hijos y otros miembros de su familia para asegurarse de que nadie los usa”, se lee en el comunicado emitido por la autoridad.

Productos “radioactivos”

Entre los productos identificados como “radioactivos” por el organismo neerlandés hay un colgante Energy Armor, una pulsera para niños de Magnetix Wellness, un colgante “cuántico” y hasta siete artículos más que aparentemente protegen contra las radiaciones, aunque estarían causando el efecto contrario.

brazalete "anti-5G"
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Expertos de Países Bajos dicen que esta pulsera para niños es radiactiva.

“A los vendedores en Países Bajos conocidos por la ANVS se les ha dicho que la venta (de estos productos) está prohibida, que debe frenarse de inmediato y que deben informar a sus clientes”, se lee en el comunicado.

La agencia neerlandesa no tiene autoridad para prohibir su venta a proveedores extranjeros, pero se comprometió a informar a las autoridades de los países correspondientes.

Esta no es la primera vez que se pone sobre aviso sobre este tipo de productos.

Las teorías conspirativas han impulsado un mercado de dispositivos “anti-5G”que se extiende por todo el mundo.

En mayo de 2020, los Trading Standards de Reino Unido -estándares comerciales para hacer cumplir la legislación de protección del consumidor en el país- trataron de frenar las ventas de una memoria USB que costaba unos US$450 y decía ofrecer “protección” contra el 5G.

También hay pegatinas y escudosantirradiación”de venta en Amazon, Facebook y otras plataformas.

Sin embargo, la legislación sobre estos productos todavía es muy limitada.

Iones negativos

La mayoría de esos productos suelen promocionarse engañosamente como artículos con “iones negativos” por sus supuestos beneficios para la salud.

En cambio, estos artículos a menudo contienen ceniza volcánica, titanio, turmalina, zeolita, germanio y arena monacita, y elementos radiactivos naturales, como uranio y torio, dicen los científicos.

Energy Armor

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Este artículo “antirradiación” fue proibido en Países Bajos.

Por otra parte, los purificadores de aire iónicos no contienen materiales radiactivos y están exentos de la prohibición, según la agencia de Países Bajos.

A los “iones negativos” se les atribuye la capacidad de emitir partículas con cargas negativas hacia el exterior para mejorar la función inmunológica, aumentar la energía y reducir la contaminación del aire aparentemente causada por las redes 5G, entre otros aparentes beneficios.

Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que diga que las señales del 5G son nocivas para la salud.

De hecho, su radiación se sitúa en el espectro de “no ionizante”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que son redes seguras y que su nivel de radiación no es fundamentalmente distinto al de las 3G y 4G existentes.

Las ondas no ionizantes de las redes 5G no dañan el ADN, dice la OMS. Tampoco son transmisoras de covid, como afirman algunas teorías conspirativas.

La tecnología inalámbrica provoca desde hace tiempo temores basados en vagas acusaciones de que causa problemas de salud y hay personas “electrosensibles” a ella.

Las personas que se dicen electrosensibles —en su mayoría autodiagnosticadas— afirman que los campos magnéticos generados por los teléfonos móviles, el wifi y otras tecnologías inalámbricas las enferman gravemente.

La OMS dice que la electrosensibilidad, también conocida como electrohipersensibilidad (HSE), no tiene un diagnóstico médico.


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