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Cuartoscuro Archivo

La Estafa Maestra: la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, enfrenta denuncia penal

A Zebadúa, uno de los funcionarios de mayor rango en la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, se le señala como presunto responsable por el desvío en 2016 de 185 millones de pesos.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
30 de julio, 2019
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a Emilio Zebadúa, mano derecha y uno de los funcionarios de mayor rango en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, acusando su participación en 2016 en el presunto desvío de 185 millones de pesos de la dependencia, que terminaron en empresas ilegales.

Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, la Auditoría concluyó que Zebadúa, como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.

Lee más: Hacienda indaga a 50 empresas y servidores públicos implicados en La Estafa Maestra

El dictamen técnico que la Auditoría entregó a la Procuraduría —obtenido por Animal Político— señala que Zebadúa “omitió supervisar y evaluar que se cumplieran con las disposiciones jurídicas aplicables a su competencia y consecuentemente autorizó el ejercicio de los recursos de la Secretaría para los convenios suscritos con Universidades públicas y entes públicos estatales”.

Durante 2016, la Sedatu firmó convenios con universidades como la Politécnica de Francisco I. Madero para la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano por 185 millones 839 mil pesos, pese a que la institución no tenía la capacidad técnica, material y humana para cumplir.

Por ello, la universidad subcontrató más del 49% de los servicios, sobrepasando lo permitido legalmente. Tampoco pudo acreditar que las empresas contratadas Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. realizaran los trabajos, “quedando en evidencia el desvío de recursos públicos federales a terceras personas y empresas”, expuso la Auditoría.

Primero en Sedesol, luego en Sedatu

Emilo Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2013 y 2014, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al final, los recursos terminaron en empresas ilegales, como reveló la investigación de La Estafa Maestra.

Cuando Rosario Robles dejó la titularidad de la Sedesol y llegó a Sedatu, nombró de nuevo a Zebadúa como Oficial Mayor, y según documentó la Auditoría en la Cuenta Pública de 2016, se repitió el esquema de desvío.

En tanto, los funcionarios que dependían del Oficial Mayor y que también fueron señalados por cometer presuntas irregularidades son Francisco Báez, director general de Programación y Presupuesto; y Humberto René Islas Cortés, director general de Recursos Materiales. Los dos también tuvieron esos cargos en la Sedesol bajo las órdenes de Zebadúa.

Francisco Báez sí enfrentó una acusación penal, pero no fue vinculado a proceso, es decir, el juez determinó que no había elementos para continuar con la acusación. Este funcionario fue un hombre clave en la estructura de la Sedatu, pues se encargó de negociar con la Secretaría de Hacienda la liberación de recursos para saldar los convenios con universidades públicas que supuestamente harían servicios a la dependencia.

Lee más: La Estafa Maestra: Juez ‘perdona’ a exfuncionario de Sedatu que autorizó pagar 185 mdp a Universidad

La Auditoría comprobó que el exfuncionario “autorizó la liberación de recursos públicos federales con cargo al presupuesto de la Sedatu, para pagar los servicios no proporcionados por la Universidad al amparo Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADNUPFIM/ 33901-03/2016 del 02 febrero de 2016”.

Mientras que Humberto René Islas, que como subalterno de Zebadúa se encargó de la dirección general de Recursos Materiales y firmó siete convenios con distintas universidades tanto en Sedesol como en Sedatu, fue señalado por la Auditoría por “no supervisar la legalidad del Convenio Específico con la Universidad Politécnica “a pesar de que ésta no prestó los servicios”.

Las empresas que supuestamente fueron contratadas por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero no fueron localizadas en sus supuestos domicilios y se constató que los recursos que recibió se distribuyeron a diversas empresas y personas físicas, sin que existieran contratos o constancias que justificaran los pagos.

El dictamen técnico entregado a la PGR señala que los comprobantes de servicios que la universidad presentó “coincide en un 98.6% con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (en otros convenios), lo que constituye un plagio de información para justificar la aplicación de los recursos ministrados”.

Más involucrados

La denuncia de hechos fue presentada el 25 de octubre de 2018 por Heladio Ramírez Pineda, director general Jurídico de la ASF ante la PGR, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, para que “se investigue la posible comisión de conductas ilícitas y la probable responsabilidad de los involucrados señalados”.

En ella también se señala a Armando Saldaña, quien era director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgos, por suscribir dicho convenio y recibir “a entera satisfacción los servicios ejecutados”.

Por parte de la universidad también fue señalado el exrector, Juan de Dios Nochebuena, quien firmó y autorizó el convenio. También su secretario administrativo, José Humberto Ángeles Hernández, por adjudicar la mayor parte de los servicios a las empresas Contabilidad y Soluciones INNER y Asesores Contables Administrativos VICMA.

Mientras que el abogado general de la Universidad, Iván Loyola, autorizó los contratos con las empresas y, según la denuncia, pese a no acreditar los servicios le fueron transferidos los recursos. Rosalba Ángeles Delgado también avaló con su firma los contratos y Edna Borbolla Galindo elaboró los estudios de mercado, que fue la base para adjudicar los servicios a las empresas, señala el documento oficial.

La Auditoría presentó 35 documentos que acreditaron “la conducta de constitutiva de la irregularidad”, que incluye oficios de comunicación, convenios, contratos, facturas, entregables y estados de cuenta bancarios de las empresas para que fueran revisados por la Procuraduría y permitiera continuar la investigación para que determinara la probable comisión de delitos cometidos por parte de los funcionarios mencionados.

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Protestas en Chile: 4 claves para entender la furia y el estallido social en el país sudamericano

La desigualdad social, la tardía respuesta del gobierno ante las movilizaciones, las expectativas no cumplidas y el rol de los estudiantes explican parte de lo que está ocurriendo hoy en el país sudamericano.
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20 de octubre, 2019
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El despliegue de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada no ha logrado frenar la furia de los centenares de manifestantes que tiene a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos.

La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en $30 pesos, llegando a un máximo de US$1.17.

A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar “evasiones masivas” en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar.

La situación fue agravándose a partir del viernes cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.

El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda.

Ejército chileno

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La irrupción del ejército en las calles agravó las manifestaciones.

El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció, en la noche del sábado, la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado “con humildad la voz de la gente”.

Sin embargo, lo cierto es que ninguna de estas medidas y anuncios ha logrado atenuar la furia de los chilenos.

Hoy, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.

Edificios dañados en Chile.

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Los edificios de varias ciudades amanecieron el domingo con graves daños.

El “milagro económico” de este país, acuñado por el economista estadounidense Milton Friedman durante el gobierno militar, parece haber ignorado las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada.

¿A qué se debe esta violencia y que hay detrás de lo que está pasando en Chile?

Aquí exponemos cuatro claves que te ayudarán a entender el conflicto:

1. ¿Qué tan desigual es Chile?

Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la “punta del iceberg” de los problemas que están aquejando a los chilenos.

La palabra “desigualdad” se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26.5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2.1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de $301,000 (US$ 423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a $400,000 (US$562) al mes.

Con este salario, los protestantes alegan que un alza en el pasaje del metro es inconcebible.

Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio. Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro.

Estación de metro dañada en Santiago de Chile.

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Algunas estaciones de metro quedaron muy afectadas durante las protestas.

Así, hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse, mientras que dentro del nivel socioeconómico más rico, el porcentaje de gasto puede ser menos de un 2%.

De esa manera, la sensación entre los ciudadanos chilenos es que no ha habido respuesta de los gobiernos de turno a una problemática que se arrastra hace décadas.

Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura a BBC Mundo que “este es ciertamente un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes”.

“La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas”, agrega.

Para Bellolio, el alza en el pasaje del metro finalmente se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud. También tiene que ver con las pensiones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado que, para muchos, tiene importantes deficiencias.

En la foto, dos cajeros destrozados.

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El anuncio del alza de los precios del metro se unió al incremento de otros costos. En la foto, dos cajeros destrozados en una estación de metro.

“Es un cóctel que no provee de esperanzas de que vayan a ver tiempos mejores, que es justamente la promesa del gobierno de Piñera. Por el contrario, creo que la gente percibe que los tiempos son peores”, dice.

Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales.

“Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre”, dice a BBC Mundo.

2. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera en todo esto?

Tanto la oposición política al gobierno de Sebastián Piñera como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones.

Se ha dicho que no hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y que se demostró una “falta de empatía” con los problemas de la gente. De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el metro más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el alza, lo que ha sido blanco de críticas.

Sebatián Piñera, presidente de Chile.

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Algunos piensan que el presidente Piñera tardó en reaccionar a las manifestaciones.

Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo del petitorio, y calificando a los manifestantes de “delincuentes” en repetidas ocasiones.

“Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y lumas (palos), mientras la política permanece ciega, sorda y muda”, dice el periodista chileno Daniel Matamala en una columna a La Tercera.

En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes —mientras se incendiaban varias estaciones de metro— se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), donde le estaba celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.

Así, los líderes de coaliciones políticas de oposición, como el Frente Amplio, han salido a criticar al mandatario y sus ministros.

Joven manifestante detenido por las fuerzas militares.

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Desde el gobierno “no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión”.

“Gobierno insiste concentrar su discurso en criticar la violencia, pero con sus acciones hasta ahora solo ha contribuido a ella. Indolencia (“levántense más temprano”), incomprensión (“escolares no tienen motivos para protestar”) y represión (militares en la calle). Así no!”, dijo el diputado Gabriel Boric a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, indicó: “Solo queda pensar qué distinto sería Chile si los gobiernos escucharan antes a la gente”.

Incluso, un ex ministro del primer gobierno de Piñera, Harald Beyer, señaló a La Tercera que este episodio “demostró la falta de habilidad y destrezas que ha exhibido el Gobierno para enfrentar situaciones como ésta”.

De todas maneras, la oposición tampoco se ha librado de las críticas: también se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos, además de apoyar la violencia en estas manifestaciones.

“La oposición cometió un gran error: validó la violencia. Ellos no lo han dicho explícitamente pero se desgastaron en contextualizar la violencia como parte del descontento. Y en ese sentido, el partido comunista y el Frente Amplio han remado para el otro lado y han azuzado el fuego”, dice Cristóbal Bellolio.

3. ¿Cómo influyen las expectativas de una mejora social en el malestar de la gente?

Hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras en la calidad de vida de la gente en Chile. Se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad.

El descontento social, entonces, se ha traducido en este estallido que está terminando con la destrucción de un centenar de espacios públicos en distintas ciudades de Chile.

Coche destrozado en la ciudad de Valparaíso.

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El descontento social se ha traducido en la destrucción de varios espacios públicos.

Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (del 2006 al 2010, y luego del 2014 al 2018), y luego por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta “furia”.

Si Bachelet 1 y Piñera 1 fueron símbolos de cambio (la igualdad de géneros, la alternancia en el poder), Bachelet 2 y Piñera 2 agotaron el stock de esperanzas. Enterrada la retroexcavadora y sepultados los tiempos mejores, hace tiempo se incuba el ruido sordo de la falta de un proyecto país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas”, dice Matamala.

Además, es importante recordar que Piñera ha sido reconocido por su capacidad para generar empleos y mejorar la economía. Durante su primer gobierno, de hecho, ése fue su gran logro.

Esta vez, la gente esperaba lo mismo y, hasta el momento, la realidad económica ha estado por debajo de las expectativas que tenía la sociedad chilena.

Michelle Bachelet.

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Tanto los gobiernos de Piñera como el de Bachelet generaron expectativas que han agravado el descontento.

“Aquí habían dos promesas: el mejoramiento económico y la paz ciudadana. Esas eran las claves de este gobierno”, explica Claudio Fuentes.

El académico agrega que “el crecimiento económico ha sido menor, les ha costado mucho. Y en seguridad ciudadana, acaba de salir un informe que muestra un incremento de la percepción de inseguridad en la población. Todo esto afecta este clima de no cumplimiento“.

4. ¿Cuál es el rol de los estudiantes en las movilizaciones?

Las protestas y manifestaciones han sido lideradas, principalmente, por estudiantes.

La primera “evasión masiva” fue el lunes 7 de octubre, liderada por estudiantes de liceos emblemáticos, principalmente del Instituto Nacional. Este establecimiento fundado en 1813 ha protagonizado violentas protestas en los últimos meses.

Las quejas tienen que ver con la “falta de recursos” en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases.

Según asegura el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en el diario El Mercurio, los desmanes ocurridos en los últimos días en Chile son resultado, en parte, a la aparición de una nueva generación “que se manifiesta cada vez con mayor intensidad”.

“No es casualidad que todas esas formas de protesta violenta sean protagonizadas por jóvenes”, agrega.

Estudiantes protestan en Chile.

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Los estudiantes, por lo general, lideran este tipo de manifestaciones.

Una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada “revolución pinguina”, ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación en el país sudamericano.

Luego, en 2011, esta petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también provocó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque.

Y aunque no se sabe cuál será la verdadera dimensión de estas últimas manifestaciones, sí está claro que las últimas 36 horas han sido de las más violentas que ha vivido Chile en décadas.

Hace solo unas semanas, y tras las crisis en Perú y Ecuador, se decía que este país sudamericano era un “oasis” dentro de América Latina.

Hoy, la situación ha cambiado abruptamente y nadie sabe si la “furia” va a detenerse.


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