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Cuartoscuro

FGR busca imputar a Rosario Robles por los desvíos de La Estafa Maestra

La Fiscalía buscar formular imputación y vinculación a proceso contra Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
29 de julio, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) citó a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a una audiencia inicial para “formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, por el esquema de desvío de recursos La Estafa Maestra, revelado por Animal Políticoy Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.

Lee el especial completo de La Estafa Maestra

En la denuncia aparece como “víctima indirecta” la Auditoría Superior de la Federación, representada por Heladio Elías Ramírez Pineda, director general Jurídico de dicho organismo.

La Fiscalía pidió que se considera a la ASF víctima indirecta en el caso ya que de sus indagatorias iniciales surgieron los hallazgos que luego fueron investigados. Si el juez le reconoce a la ASF la calidad de víctima, ello le permitirá a esa institución participar activamente en la audiencia y presentar, junto con los fiscales, datos y evidencia.

El 8 de agosto se realizará la audiencia inicial ante el juez de control en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. El delito que se le imputa no amerita prisión preventiva por lo que si el juez decide vincularla a proceso podría seguirlo en libertad.

Lee: Estafa Maestra: Auditoría denuncia ante FGR a otras dos universidades por presuntos desvíos millonarios

La carpeta de investigación que se le sigue a Rosario Robles se inició desde 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto.

Robles encabezó la Sedesol, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para hacer servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre entre 2013 y 2014 y que no se cumplieron. Luego, cuando la funcionaria pasó a la Sedatu, el esquema volvió a repetirse con otras universidades, según documentó la Auditoría Superior en la Cuenta Pública de 2016.

Entérate: ¿Cómo va el proceso contra implicados en La Estafa Maestra? 

Tras investigar los presuntos desvíos, la Auditoría Superior interpuso 32 denuncias penales ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración de Justicia, en contra de la Sedesol, la Sedatu y 14 universidades públicas desde 2014 y hasta 2019.

A dos años de haber publicado la investigación periodística, es la primera vez que un secretario de Estado será citado ante un juez para dar cuenta de lo ocurrido. Mientras que funcionarios menores de la trama han librado los procesos en los últimos meses. 

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AFP

Paro nacional en Colombia: decretan toque de queda en Bogotá tras nuevas protestas y saqueos

El alcalde informó, además, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzar la seguridad en la capital.
AFP
22 de noviembre, 2019
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Las autoridades de Bogotá decretaron este viernes toque de queda en tres zonas de la capital de Colombia por los “saqueos” y “actos vandálicos” registrados en una nueva jornada de protestas este viernes tras el paro nacional del jueves.

“Esta no es una marcha democrática. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes que destruye los bienes”, afirmó en conferencia de prensa el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.

El funcionario indicó que la medida abarcará las zonas de Bosa, Kennedía y Ciudad Bolívar, desde las 20:00 de este viernes (01:00 UTC del sábado) hasta las 5:00 del sábado.

El alcalde informó, demás, que unos 20.000 policías y 4.000 miembros del Ejército serán desplegados para reforzarán la seguridad en la capital.

De acuerdo con las autoridades de Bogotá, este viernes se reportaron algunos actos vandálicos en algunos sectores de la capital, como resultados de los cuales se vieron afectadas 76 estaciones y 79 autobuses del servicio de transporte conocido como Transmilenio, así como varios supermercados.

Las autoridades locales habían decretado en la mañana una ley seca en toda la ciudad que se extenderá hasta el mediodía del sábado 23 de noviembre.

El gran paro del jueves

Las protestas de este viernes en Colombia estuvieron precedidas por una jornada de manifestaciones el jueves, considerada entre las mayores en los últimos tiempos, que se saldó con al menos tres muertos y más de 250 heridos, según cifras del Departamento de Defensa.

Las marchas fueron convocadas como una iniciativa de los sindicatos para prevenir que el gobierno del presidente Iván Duque ejecute una reforma laboral y de las pensiones que consideran lesiva a los intereses de los trabajadores.

También reclaman más inversión en educación y medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

Las organizaciones sociales también exigen al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

Bogotá

AFP
Bogotá volvió a sentir el sonido de los cacerolazos.

A la convocatoria se sumaron numerosos sectores sociales -estudiantes, docentes, indígenas, campesinos, mujeres, grupos opositores, así como defensores de los acuerdos de paz suscritos con la exguerrilla de la FARC.

En la capital, donde la jornada terminó el jueves con un inédito cacerolazo, durante el día se registraron al igual que este viernes, algunos disturbios tanto en zonas del centro como en el noroeste.

Otros se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la noche del jueves tras los actos vandálicos registrados en varios puntos de la ciudad.

Antes del paro del jueves, el gobierno implementó de forma previa una serie de medidas que incluyeron el cierre de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú y el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Las protestas tienen lugar poco después una encuesta de la empresa Gallup correspondiente a octubre de 2019 ubicó el nivel de desaprobación de Duque en 69%, mientras que su aprobación era de apenas 26%.


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