close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro

Baja la cifra de penales estatales sobrepoblados y los federales están a la mitad de su capacidad

Despresurización de sistema es un avance en términos económicos y de derechos humanos, según expertos. Pero ven riesgo por contrareforma sobre prisión oficiosa.
Cuartoscuro
16 de julio, 2019
Comparte

En los últimos cuatro años la sobrepoblación de las cárceles dejó de ser un común denominador en el país. Mientras que en 2014 había 24 estados con más internos que espacios disponibles en sus reclusorios locales, para 2019 la cifra se redujo a 11 estados con este problema. 

Y en los centros penitenciarios federales, el porcentaje de ocupación disminuyó al punto en que hoy más de la mitad de sus espacios disponibles están libres.

Esta reducción coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que, como se publicó este lunes, eliminó la prisión preventiva automática en la mayoría de los delitos, lo que junto con otros factores contribuyó a que actualmente haya casi 60 mil personas en reclusión menos que hace cuatro años. Es una reducción de la cuarta parte de toda la población penitenciaria.

Lee: Manda AMLO al coordinador de penales a dirigir el Instituto de Migración

Los datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) obtenidos por Animal Político vía transparencia muestran que, en 2014, en 3 de cada 4 estados existía un problema de sobrepoblación. En algunas entidades como el estado de México, Nayarit e Hidalgo, la población casi triplicaba los espacios disponibles, mientras que en otros como Ciudad de México se acercaba a casi el doble.

Para 2019, sin embargo, solo 11 los estados siguen reportando una población penitenciaria superior a la capacidad de sus reclusorios locales. Se trata de Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Entre los estados que registraron un mayor descenso en su población penitenciaria en este periodo se encuentra Colima, Chiapas y Sinaloa, con caídas de 40 a 60% en su número total de internos. En números absolutos la Ciudad de México es la entidad con la mayor reducción en cuanto a cantidad de internos: casi 15 mil menos.

Menos presuntos culpables… excepto en CDMX

En 2014, el 42%de los internos en el país eran personas que continuaban bajo proceso sin que se hubiera probado aun su culpabilidad, mientras que el 58% restante eran internos sentenciados. Para 2019 el porcentaje de internos de forma preventiva se redujo a un 38% respecto al total, mientras que el de reos sentenciados se elevó a 62%.

Leer: Recobrar su vida sin estigmas, la meta de exreclusos después de cumplir sentencia en las cárceles

Esto confirma lo advertido por varios expertos respecto a que la disminución en el total de población penitenciaria obedece, en buena medida, a que se ha dificultado el someter a prisión preventiva a un mayor número de personas bajo el nuevo sistema, lo que ha disminuido el ingreso de presuntos culpables a las cárceles. Si a ello se suma la salida de personas que cumplen su sentencia, la consecuencia es una rápida disminución de la población carcelaria.

Al analizar esto a nivel estatal se confirma el fenómeno, aunque no en todos los casos.

Por ejemplo Colima, la entidad con la mayor caída de su población penitenciaria en este periodo: casi al 61% de todos sus internos. Ahí el número de reos sentenciados disminuyó 30.4%, mientras que la cantidad de presuntos culpables sin sentencia cayó 75.5%. Es decir, se trata de una reducción mucho mayor en el universo de personas en prisión preventiva.

En Chiapas, la segunda entidad con la mayor reducción de su población penitenciaria, la situación es más pareja: tanto el universo de internos sentenciados como el de procesados se reduco casi a la mitad. Pero en Sinaloa, el tercer estado con la mayor disminución, la proporción vuelve a ser como en Colima: los internos en prisión preventiva se redujeron 55%, mientras que los sentenciados 32.1%.

La excepción es la Ciudad de México. Aquí la cifra de reos sentenciados pasó de 33 mil 976 en 2014 a 21 mil 394 en 2019, lo que equivale a una caída de 43.2%. En tanto, la población de internos bajo proceso disminuyó de 5 mil 303 a 4 mil 276, apenas un 18%. 

Si bien hay 11 estados que este 2019 aún continúan con sobrepoblación, en ocho de ellos disminuyó el problema. Uno de los casos más claros es Nayarit donde el porcentaje de hacinamiento pasó de 240% en 2014 a 170% en 2019. 

Solo hay cinco estados del país donde el número de internos se incrementó en los últimos cinco años: Chihuahua, Durando, Estado de México (todos ellos con problemas de sobrepoblación) así como Guanajuato y Zacatecas.

Penales federales, ni a la mitad

A igual que ocurre en los penales estatales, la población en los centros penitenciarios federales ha disminuido de forma considerable. Mientras que en 2014 se reportaban 24 mil 776 internos en dichas cárceles de alta y máxima seguridad, para 2019 la cifra cayó 17 mil 668, lo que equivale a una reducción de casi el 30%.

Y de forma similar a lo que ocurre en los estados, la reducción de población en estos reclusorios federales se ha visto fuertemente impulsada por la salida de internos que son presuntos culpables sin sentencia. Dicho universo se redujo en un 43.2%. En tanto la cifra de internos sentenciados bajó 11.5%. 

Lee: Topo chico, una de las cárceles con más conflictos y motines será ahora un parque

En los últimos años el gobierno invirtió en la ampliación de los espacios en las cárceles federales, incrementándose de 31 mil a más de 38 mil los lugares disponibles en los mismos.

Sin embargo con la disminución de la población en los reclusorios federales, hoy se advierte que están ocupados apenas en un 46%. Es decir, más de la mitad de los espacios en los penales federales están desocupados.

Despresurización, avance en derechos humanos

La doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa, dijo que la despresurización del sistema penitenciario es un avance en varios rubros. Uno de ellos es el de la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, sobretodo en el caso de las personas que sin sentencia eran enviadas a prisión.

“En términos de respeto a los derechos humanos, tener a las personas en las cárceles mexicanas constituye un riesgo, por la falta de servicio de salud, la violencia que ahí se vive, el desgobierno, la falta de trabajo, etc” dijo.

Pero Pérez Correa también advierte ventajas en términos económicos, ya que en buena medida había muchas personas que antes eran enviadas a prisión con una fianza que no podían cubrir, lo que significaba que estaban presas no por un tema de peligrosidad sino de falta de dinero. Ello, a su vez, originaba un costo de manutención para el Estado que era evitable.

“Además del costo económico que implica para el estado tener a estas personas en prisión, que seguramente supera el costo del daño económico que hayan ocasionado, hay que tomar en cuenta el costo social. Ese implica el costo para sus familias que muchas veces es devastador e implica la creación de nuevos factores de riesgo para la delincuencia. Para el sistema en cambio es mejor dirigir los recursos hacia los casos más relevantes y liberar recursos para mejorar las condiciones” señaló Pérez Correa.

Riesgo de retroceso y falta de regulación

En febrero pasado el Congreso de la Unión aprobó, con una mayoría calificada pero no unánime, una reforma al artículo 19 de la Constitución con el cual se incrementó de 6 a 18 el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, incluyendo ilícitos como el robo en diversas modalidades o la portación de armas de grueso calibre.

Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, esta reforma podría provocar que la población penitenciaria comenzará a experimentar, otra vez, un crecimiento como resultado de un mayor ingreso de presuntos culpables a prisión. Situación que se agrava por la falta de regulación secundaria tras la aprobación de esta modificación.

“El pasado 12 de julio se venció en término que la propia reforma constitucional del artículo 19 fijaba para armonizar diversas leyes y particularmente el artículo 117 del Código Penal y regular el tema de la prisión automática. Y no se ha hecho. Si esto se queda así se puede desincentivar la obligación del Ministerio Público de hacer la investigación correspondiente para verificar si las personas en prisión preventiva cometieron o no un delito, lo que violenta la presunción de inocencia” dijo. 

La legisladora criticó que el hecho de que algunos funcionarios, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, presuman el ingreso de mayor personas a prisión preventiva como un avance en seguridad. En este mismo sentido se expresaron diversos especialistas consultados en esta nota, los cuales advirtieron que es peligroso utilizar como indicador deficiencia el mayor encarcelamiento de personas.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

Tercer país seguro: cómo el pacto entre EU y Guatemala perjudica a migrantes de Honduras y El Salvador

Los gobiernos de Donald Trump y Jimmy Morales suscribieron la semana pasada un controvertido convenio que permite el envío a Guatemala de solicitantes de asilo procedentes de otros países.
30 de julio, 2019
Comparte
El acuerdo fue firmado en la Casa Blanca por el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, y el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. Kevin McAleenan.

EPA
Trump supervisó la firma del acuerdo en la Oficina Oval.

El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala firmado la semana pasada en la Casa Blanca está rodeado de dudas e incertidumbres, empezando por definirlo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que se trataba de un acuerdo de “tercer país seguro”, un mecanismo internacional mediante el cual -cumpliendo con determinadas condiciones- es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales rechaza calificarlo de esa manera.

Este lunes, el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, basó esta negativa en que el convenio solamente es aplicable a nacionales de Honduras y El Salvador; y señaló que el texto no menciona el término “tercer país seguro”.

El funcionario indicó que hay elementos del acuerdo que aún se están negociando y que los detalles se van a definir en el llamado plan de implementación.

En cualquier caso, el controvertido documento ya enfrenta varios desafíos legales luego de que en los últimos días fueron interpuestos tres recursos de amparo en su contra ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Más allá de esos aspectos legales, activistas y defensores de derechos humanos consideran que este convenio puede terminar causando graves perjuicios tanto para los migrantes o refugiados a los que pretende proteger como a Guatemala, el país que los tendría que albergar.

Degenhart, sin embargo, ha hecho una firme defensa del acuerdo, pidiendo que no sea bloqueado pues asegura que las repercusiones económicas de no haberlo logrado habrían sido “nefastas”, ya que ponían en peligro más de un millón de empleos agrícolas que representan la mitad de las exportaciones del país.

Problemas de forma y fondo

“El acuerdo tiene deficiencias en la forma y en el fondo. Lamentablemente fue una negociación opaca, bajo la mesa, sin transparencia”, dice Jordán Rodas Andrade, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y responsable de uno de los recursos legales en contra del convenio firmado en la Casa Blanca.

Jimmy Morales.

Getty Images
A mediados de julio, el presidente Jimmy Morales tenía prevista una visita a la Casa Blanca en la que se esperaba que se firmara el acuerdo de tercer país seguro.

Rodas acusa al gobierno de Morales de querer disfrazar la verdadera naturaleza del texto.

“Nunca supimos los guatemaltecos qué era lo que negociaban sus autoridades, que aún hoy siguen negando que se firmó un acuerdo de tercer país seguro, cuando el mismo presidente Trump lo dijo en sus declaraciones”, agrega en conversación con BBC Mundo.

El acuerdo también ha sido defendido por la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, quien acusó a los críticos del convenio de querer minar la relación con Washington.

Jovel destacó que hay otras medidas que se van a aplicar de forma bilateral como un convenio de visas temporales para que agricultores de su país trabajen en EE.UU.

“Cuando se negocia un instrumento de carácter bilateral siempre es así. No significa que sean secretos (…). Cuando se está negociando no se puede hacer público hasta que esté concluido. Pero en ningún momento hubo secretismo”, dijo Jovel.


Hoy, el presidente Trump anunció el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que dejará sin negocio a los traficantes de personas y proveerá seguridad para los legítimos solicitantes de asilo.


Iduvina Hernández, directora de la ONG guatemalteca Seguridad en Democracia (Sedem), también considera que hubo un error de las formas al asegurar que Degenhart, quien firmó el documento, no está facultado legalmente para ello.

Rodas, por su parte, señala otros obstáculos desde el punto de vista de la legislación internacional, donde se establece que los acuerdos firmados bajo amenazas carecen de efectos jurídicos.

En ese sentido, recuerda que cuando surgieron los primeros obstáculos en Guatemala para la concreción de este convenio, Trump planteó la posibilidad de subir los aranceles a los productos de ese país y de aplicar impuestos a las remesas de sus emigrantes como una forma de castigo.

“Una cárcel gigantesca”

Aunque el texto suscrito por Estados Unidos y Guatemala no incluye expresamente la expresión “tercer país seguro”, Rodas afirma que “todo lo que se menciona en ese texto es para adoptar la condición de esa categoría”.

Caravana de migrantes.

Getty Images
El tránsito de caravanas hacia Estados Unidos con miles de migrantes procedentes de Centroamérica ha sido motivo de protesta por parte de Trump.

En ese sentido, el documento sí hace referencia directa al traslado desde Estados Unidos hasta Guatemala de “solicitantes de protección”, así como al compromiso de ese país de no expulsar ni devolver a esas personas.

Son dos elementos característicos de los acuerdos de “tercer país seguro”.

¿Pero, en términos prácticos, qué significaría para los migrantes hondureños y salvadoreños la aplicación de este convenio?

Se convierte a Guatemala en una especie de gigantesca cárcel de migrantes salvadoreños, hondureños e incluso de otras nacionalidades que quieran solicitar asilo en Estados Unidos”, señala Hernández.

Estas personas deberían presentar en Guatemala sus peticiones de asilo y esperar en ese país hasta la resolución de sus casos.

La experta destaca que, aunque las autoridades guatemaltecas afirman que el acuerdo es solamente aplicable a ciudadanos de Honduras y El Salvador, el texto firmado no menciona estas limitaciones.

El acuerdo establece que la responsabilidad de gestionar en su territorio las solicitudes de protección recaerá sobre Estados Unidos solamente en tres supuestos, cuando se trate de:

  • menores de edad no acompañados;
  • personas que cuentan con una visa o documento de admisión equivalente emitido por Estados Unidos;
  • personas a quienes EE.UU. no les exija obtener una visa.

Así, quienes no cumplan con estos requisitos podrían ser enviados a Guatemala, donde deberán esperar hasta la resolución de su caso. Un trámite que -según Hernández- puede tomar varios años.

Pero, ¿qué ocurrirá durante ese tiempo?

Hernández teme que los solicitantes de asilo queden en condiciones muy precarias.

Pobreza en Guatemala.

Getty Images
La incidencia de la pobreza en Guatemala arroja dudas sobre su capacidad para albergar a los migrantes de otros países.

“El problema es que el ministro Degenhart dijo que la presencia de solicitantes de asilo no va a representar gastos para Guatemala, porque ellos deben sostenerse por sí mismos. Es decir, los van a poner prácticamente en condición de calle, solicitando dinero para vivir porque si alguien tiene cómo sostenerse no creo que necesite migrar a otro país”, asegura.

En el fondo, tanto Hernández como Rodas apuntan que la raíz del problema reside en la misma situación de fragilidad de Guatemala.

“Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro. Tenemos lamentables indicadores de producción, de educación, de acceso a la salud pública, por lo que difícilmente vamos a poder dar estos servicios a personas de otros países”, apunta Rodas.

Guatemala no tiene condiciones. Guatemala es un Estado fallido, incapaz de generar las condiciones básicas de sostenibilidad de su propia población”, señala Hernández, quien asegura que el 98% de las solicitudes de asilo son rechazadas por lo que también se pregunta qué van a hacer estas personas cuando eso ocurra.

Peligros al acecho

Rubén Figueroa, coordinador sur-suroeste del Movimiento Migrante Mesoamericano, señala que en Guatemala los solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador estarán expuestos a riesgos que van más allá de las condiciones materiales en las que les toque esperar a la resolución de sus casos.

“Guatemala no es un país seguro. También tiene problemas de violencia. Es geográficamente muy cercano a sus países de origen y está dentro de las zonas de control de los pandilleros“, indica Figueroa, en relación con las maras, las bandas armadas cuyas amenazas y extorsiones obligan a muchos centroamericanos a abandonar sus países.

Un miembro de una pandilla de Guatemala.

Getty Images
Las peligrosas pandillas que operan en Honduras y El Salvador también tienen presencia en Guatemala.

Desde esa perspectiva, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó duramente el acuerdo firmado en la Casa Blanca.

“Es indignante cualquier intento de obligar a las familias y a individuos que huyen de sus patrias a buscar seguridad en Guatemala. El gobierno de Estados Unidos sabe bien que las condiciones allí son peligrosas”, señaló en un comunicado Charanya Krishnaswami, directora para las Américas de la seccional estadounidense de AI.

“Con altos niveles de violencia e impunidad, instituciones débiles y un sistema de asilo que el propio gobierno de EE.UU. ha destacado como deficiente, no hay duda de que Guatemala no debería ser considerado como un lugar seguro o como un refugio”, añadió.

Esa, sin embargo, no es la perspectiva del gobierno de Trump, quien el día de la firma destacó que el acuerdo con Guatemala serviría para sacar del negocio a los “coyotes” que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, al mismo tiempo que ofrecería un mecanismo seguro para los legítimos solicitantes de asilo.

Rodas tiene una opinión distinta.

“Esto es una desmotivación para que no traten de emigrar porque aquí no estarían en territorio estadounidense sino en Guatemala y en condiciones iguales o peores a las que están hoy en su país. Esa es la realidad”, concluye.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=HgJYOwiWtec

https://www.youtube.com/watch?v=8CSZJ19jYrc

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.