Acusan que licitación para pruebas de tamiz neonatal beneficia a empresa cuestionada por AMLO
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Acusan que licitación para pruebas de tamiz neonatal beneficia a empresa cuestionada por AMLO

Los términos de compra de reactivos están diseñados para que gane el mismo consorcio de años anteriores, acusan empresas.
Cuartoscuro Archivo
Por Samuel Adam/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
22 de julio, 2019
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Aunque la Secretaría de Salud federal atrasó la licitación para pruebas de tamiz metabólico neonatal porque encontró indicios de prácticas administrativas inadecuadas de la empresa que ganó los contratos pasados, las reglas de la nueva adquisición ponen requisitos que excluyen al resto de las concursantes.

Participantes en esta licitación, que se podría fallar este lunes, se han inconformado porque el método elegido por la Secretaría de Salud, así como el requisito impuestos a las empresas de experiencia previa, margina a los competidores, como si más que un concurso, señalan, fuera una “adjudicación directa disfrazada”.

La empresa Tamizaje Plus S. A. de C. V.  ganó contratos federales de pruebas de tamizaje los últimos tres años con contratos por 456 millones de pesos, y este año podrían volver a llevárselo, a pesar de las acusaciones del mismo gobierno.

“No faltan medicamentos, no deja de haber presiones. ¡Imagínense! Sí se rayaban, pues no les gusta que se les acabe el negocio, era una mina de oro”, dijo el 3 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera respecto a los contratos del tamizaje.

“Disculpen por las molestias que estas obras ocasionan, pero la corrupción la vamos a acabar”.

Leer: Secretaría de Salud suspende aplicación de pruebas de tamiz neonatal; piden a estados hacer el estudio

Ante denuncias por falta de pruebas de tamizaje, que detecta enfermedades metabólicas o anomalías congénitas en recién nacidos, el secretario de Salud Jorge Alcocer dijo el mismo 3 de abril que la aplicación del tamiz neonatal se había suspendido en 12 estados, lo que se regularizaría en tres semanas.

Sin embargo, un día después el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez dijo que todas las entidades estaban aplicando de forma normal la prueba.

“Estas presuntas irregularidades son respecto a la decisión de cambiar el esquema de realizar las pruebas en la red nacional de laboratorios de la Secretaría de Salud para contratar a una empresa privada, no es algo ilegal pero sí de llamar la atención”, dijo entonces López- Gatell sobre la empresa que podría ganar hoy lunes la licitación.

El pasado 8 de julio, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, lanzó la convocatoria para la licitación LA-012L00001-E127-2019 “Contratación de servicios especializados en el procesamiento de pruebas de Tamiz Metabólico Neonatal”, cuyos resultados se darán a conocer este 22 julio.

Con esta licitación el gobierno federal busca comprar entre 527 mil 935 y un millón 319 mil 840 pruebas para las 32 entidades del país, divididas en cuatro regiones, para detectar seis enfermedades, según los lineamientos publicados en Compranet. El costo será de alrededor de 220 millones de pesos.

El gobierno licitó un tipo de pruebas que sólo una marca finlandesa produce, Perkin Elmer —antes Wallac Oy–, marca que distribuye en México Tamizaje Plus.

“El licitante deberá contar con equipos instalados suficientes para llevar a cabo el proceso de análisis, utilizando como lectura final la técnica de fluorescencia automatizada”, señala la licitación en el anexo, correspondiente a especificaciones de laboratorio y equipo de procesamiento.

Además de la de fluorescencia automatizada, existe la prueba de tamizaje por el método de absorbancia. Ambas están aprobadas por Salud para ser utilizadas, pero el gobierno federal quiere comprar la de luminiscencia, que sólo vende la misma empresa que recibió críticas por faltas administrativas.

Según la empresa Ensayos y Tamizajes de México S. A. de C. V., que presentó una inconformidad ante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, este requisito —que solo se acepte el método de luminiscencia— está dirigido a la empresa Tamizaje Plus S. A. de C. V.

“Esta metodología es única y exclusiva del distribuidor en México Perkin Elmer de México S. A., cuyo fabricante es la finlandesa Wallac Oy, por lo que dicho requerimiento beneficia con ello exclusivamente a la marca registrada Wallac Oy, quien en esta licitación tiene la autorización exclusiva para que el licitante Tamizaje Plus, S.A. de C.V., en participación conjunta con Tamiz Ampliado de Yucatán, S.A. de C.V., sea el beneficiado de la adjudicación”, dice la inconformidad presentada el 18 de julio.

“Esta investigación de mercado tiene la finalidad de realizar una licitación a modo o una simulación de una licitación pública, cuando en realidad se trata de una adjudicación directa disfrazada”.

El 28 de junio de este año, el órgano interno de control del Hospital General Dr. Manuel Gea González anuló el procedimiento de contratación del tamiz neonatal en ese importante nosocomio, que también solicitaba la técnica de fluorescencia automatizada, ya que consideró que hay más de una técnica eficaz para dichos análisis. La Norma Oficial Mexicana 034-SSA2-2013 también avala más de una técnica de tamizane.

Sin embargo, para la licitación nacional fue rechazada la queja presentada por Ensayos y Tamizajes de México en la junta de aclaraciones del 11 de julio.

Existen empresas que, al igual que Tamizaje Plus, podrían importar los equipos de la finlandesa Perkin Elmer para garantizar la técnica de fluorescencia automatizada. Sin embargo, hay un segundo requisito que no alcanzan, esto es una experiencia mínima de seis años en contratos públicos de tamiz neonatal.

Las compañías licitantes Soluciones de Ingeniería en Automatización de Inventarios S. A. de C. V. y Selecciones Médicas del Centro S. A. de C. V. expusieron la inconformidad en la junta de aclaraciones del 11 de julio.

“Solicitamos modifiquen el criterio de experiencia, ya que esto limita la entrada a nuevas empresas que no han sido beneficiadas por las decisiones del pasado, donde incluso ha habido adjudicaciones directas a una misma empresa sin el proceso de transparencia”, señala la petición de aclaración de Soluciones de Ingeniería en Automatización de Inventarios, la cual fue rechazada por la autoridad.

Ante esto, de las ocho empresas que buscaban participar y que estuvieron en la reunión de aclaraciones de las bases de licitación, solo cuatro hicieron una oferta. Tamizaje Plus en alianza con Tamiz Ampliado de Yucatán, y Ensayos y Tamizajes de México, en conjunto con Laboratorios Diagnomol.

Soluciones de Ingeniería en Automatización de Inventarios y Selecciones Médicas del Centro, que cuestionaron los años de experiencia en contratos públicos requeridos en la licitación, optaron por no presentar oferta.

Tamizaje Plus ofertó pruebas en las cuatro regiones, mientras que Ensayos y Tamizajes de México en una, por lo que la empresa que ha ganado contratos los últimos tres años va sola en tres de las cuatro regiones.

El precio por unidad de prueba de tamiz es más caro en el caso de Tamizaje Plus, 140.99 pesos, contra los 118.20 pesos por unidad que ofrece Ensayos y Tamizajes de México. Sin embargo, Tamizaje Plus bajó el precio que ofreció en 2017, el cual fue de 149.75 pesos por unidad en dos regiones; 159.65 pesos en otra región y 170.60 en otra.

Para el máximo de pruebas solicitadas por la Secretaría de Salud para 2019, con Tamizaje Plus costaría 186 millones de pesos, 21 millones menos de lo que pagaron a la misma empresa un año antes por adjudicación directa.

Ligas con priistas de Tabasco

Tamizaje Plus S. A. de C. V. obtuvo en 2018, por adjudicación directa, un contrato por 207 millones de pesos para brindar las pruebas de tamiz neonatal a toda la República; en 2017 obtuvo por contratos federales por 180 millones, al ganar las cuatro secciones en que se dividió la licitación, y 66 millones en 2016, al ganar dos de las cuatro zonas.

Tanto en 2016 como en 2017 la empresa licitó en conjunto con Tamiz Ampliado de Yucatán, S. A. de C. V., con quien busca alianza este año.

Uno de los tres socios de la empresa es Luis Gustavo Juárez, quien fue director del Congreso de Tabasco de 2010 a 2011 y director general de la Quinta Grijalva, la casa de gobierno de Tabasco, durante la administración del priista Manuel Andrade.

Uno de los representantes legales de la empresa es José Alberto Castillo Suárez, abogado que defendió al excontralor de Tabasco Roger Pérez Evoli en el juicio por desfalco del estado en la administración de Andrés Granier.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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