Ordenan a Veracruz transparentar contrato de patrullas que costaron 1.3 mdp, cada una
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Ordenan a Veracruz transparentar contrato de patrullas que costaron 1.3 mdp, cada una

El gobierno de Cuitláhuac García intentó cerrar información con argumentos incompletos, incorrectos o de plano falsos, determinaron de forma unánime los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Cuartoscuro Archivo
19 de julio, 2019
Comparte

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, que transparente todos los documentos relacionados con la adquisición de 160 patrullas que tuvieron un costo, en promedio, de 1.3 millones de pesos cada una. Entre los documentos que deben abrirse está el presunto estudio de mercado y el contrato firmado.

Lo anterior luego de que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), intentó clasificar como reservados, de forma indefinida, los documentos de este procedimiento.

El IVAI resolvió lo anterior tras analizar en conjunto los recursos de queja que promovieron ocho solicitantes de información, entre ellos Animal Político, y en el que se requerían múltiples documentos relacionados con este procedimiento.

Leer: Datos contradictorios y opacos tras renta de patrullas a 1.3 millones, cada una, en Veracruz

En el caso de este medio se había pedido desde la información que pruebe que hubo una convocatoria, hasta los estudios de mercado sobre los costos de las patrullas, las cartas de invitación a los proveedores, el fallo, la justificación de la adjudicación directa y su aprobación, el contrato y sus anexos, entre otros.

Tanto la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, así como la Contraloría de la entidad, iniciaron investigaciones relacionadas con este procedimiento, luego de que se hicieran públicas diversas denuncias por presunto sobreprecio de las unidades, acompañadas de documentos que mostraban que unidades similares se habían adquirido el año pasado, a mitad de precio.

Fue justo el argumento de que había una investigación, sumado al que era un tema de “seguridad”, el que intentó usar la Secretaría de Seguridad Pública local para no dar a conocer la información, hecho que el IVAI desestimó.

Incompletos y falsos, argumentos de SSP

La resolución del IVAI, aprobada de forma unánime por sus tres consejeros, concluyó que el gobierno de Veracruz, a través de la SSP, intentó cerrar el contrato y demás información de este procedimiento con argumentos que eran inadecuados, que no estaban bien sustentados, o que de plano eran falsos.

De entrada, la resolución destaca que la Secretaría de Seguridad y su comité de transparencia se dedicaron a exponer una serie de argumentos legales que, desde su punto de vista, impedían transparentar la información. No obstante, omitieron hacer la denominada “prueba de daño”, que exige la ley, y que consiste en argumentar punto por punto por qué se justifica la aplicación de dichos argumentos legales, y por qué es mejor ocultar datos públicos que revelarlos.

Lo anterior sucedió, por ejemplo, con el argumento de que el contrato no podía transparentarse porque forma parte de una investigación ministerial a cargo de la Fiscalía, y por lo tanto es información correspondiente a una averiguación previa, que por ley es información reservada.

Sin embargo, los consejeros hicieron notar que el sujeto obligado, es decir la SSP, no explicó qué parte de todo el procedimiento forma parte de dicha averiguación, y ni siquiera les preocupó dar referencias mínimas que permitan acreditar que dicha averiguación existe, así como el número de la carpeta y su fecha de apertura.

“En todos los casos debe acreditarse la existencia de cada uno de los supuestos que se hacen alusión en la reserva, esto es, si indica que la información puede obstruir la persecución de los delitos se debe identificar de manera clara la existencia de un proceso penal, que se encuentre íntimamente vinculado; lo mismo ocurre con las otras hipótesis, no solamente basta indicar que se actualiza el supuesto, sino que el sujeto debe acreditar de manera fehaciente por qué se actualizan esas hipótesis, lo que aquí no ocurrió”,  dice la resolución.

A ello se suma la exposición hecha por la SSP de argumentos imprecisos o falsos. Por ejemplo, la dependencia dijo que revelar los datos del procedimiento podría afectar el “procedimiento deliberativo” de una decisión en curso, citando el artículo de la ley que contempla esta cláusula de reserva.

Sin embargo, los consejeros hicieron ver que lo anterior no es real, puesto que hay un hecho notorio, reconocido incluso por la propia dependencia en otras respuestas entregadas parcialmente, respecto a que este proceso de adquisición ya estaba cerrado, que ya se había firmado el contrato, al punto en que las patrullas ya se entregaron. Por tanto no hay ningún proceso deliberativo en curso.

A lo anterior se suma la aseveración, también sin fundamento, que hizo la Secretaría de Seguridad respecto a que “no era posible” elaborar versiones públicas de los documentos que Animal Político y otras personas solicitaron.

“La Secretaría vulneró el derecho al acceso a la información al indicar que no era procedente la entrega de la versión pública de la información, afirmación que es contraria a lo establecido en el último párrafo del artículo 68 de la ley de Transparencia de la entidad, que indica que se deben preparar versiones públicas de todos los documentos”, señala la resolución.

Por si fuera poco, los consejeros también advirtieron que el gobierno local perdió de vista que lo que se solicita son documentos relacionados con un procedimiento de adjudicación directa y que, por ende, es información que debería de haber transparentado de forma proactiva, sin que siquiera medie solicitud de por medio.

Con todo este contexto, el pleno del IVAI consideró procedente declarar fundados todos los recursos de queja interpuestos, y revocar las actas del Comité de Transparencia de la SSP en las que se clasificó como reservada la información relacionada con el proceso de adquisición de las 160 patrullas.

Estudio de mercado y contrato, entre otros

En su resolución, el IVAI determinó que la SSP está obligada a entregar la mayor parte de la documentación relacionada con el procedimiento de adquisición de las 160 patrullas, aun cuando se haya tratado de un procedimiento de adjudicación directa y no de una licitación pública.

Entre los documentos que deberá proporcionar, y que fue requerido por este medio en la solicitud de información presentada, se encuentra el estudio de mercado que tuvo que haberse realizado para que el Estado pudiera elegir el costo de mayor beneficio para el erario público.

“El sujeto obligado deberá pronunciar si se llevó a cabo un estudio de mercado respecto a la adquisición de las patrullas, o si en su caso el mencionado estudio se encuentra contemplado en los documentos que se generan por ley, esto es que se encuentren contenidos en la solicitud realizada por la Unidad Administrativa para la realización del procedimiento de adjudicación en lugar de licitación, mismo que deberá entregarse también”, indica la resolución.

La SSP también deberá entregar copia del contrato firmado, los anexos técnicos, las facturas emitidas de pago, los oficios de fallos, y lo demás que fue solicitado. En el caso de que la dependencia considere que hay información reservada, esta deberá argumentarse y sustentarse conforme lo que marca la ley, y no como se quiso hacer de manera jerárquica.

Pero aun cuando existan datos clasificados, el IVAI ordenó que se elaboren  versiones públicas de cada uno de los documentos, que solo se cubran los datos sensibles, y que en este caso, a juicio del Instituto solo deberían ser las características del blindaje y equipo tecnológico equipado en las patrullas.

Finalmente, el Instituto determinó que esta información deberá transparentarse en un plazo de cinco días hábiles que, en el caso de la solicitud promovida por este medio, vence el próximo lunes.

Compra polémica

Animal Político publicó el pasado 13 de julio que en el proceso de adquisición de estas patrullas hay datos opacos, inconsistentes y contradictorios. Ello sumado a posibles irregularidades que incluso dieron paso ya a la apertura de una investigación administrativa, e incluso una de tipo penal a cargo de la Fiscalía estatal.

Entre las anomalías que se pudieron documentar se encuentra, por ejemplo, que en una respuesta vía transparencia la SSP informó, sin documento que lo sustente, que en la adquisición de las patrullas hubo dos procedimientos: uno de licitación donde habría ganado una empresa de nombre Automovilística Andrade S.A. de C.V., y también uno de adjudicación directa donde se escogió a Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V.

Tampoco queda clara la inversión realizada, ya que en la respuesta oficial proporcionada se indicó que se arrendó cada patrulla por poco más de 42 mil pesos. Y si se toma en cuenta el periodo de cobertura del contrato, la inversión total ascendería a 245 millones de pesos, que son casi 40 millones de pesos más que lo informado en el evento de presentación de las patrullas por el gobernador Cuitláhuac García.

Pero aun cuando se tome en cuenta la cifra inferior dada por el gobernador, de todas forma significaría que cada patrulla se rentó por un costo total de 1.3 millones de pesos, cantidad que, por ejemplo, duplica la pagada en Sonora un año antes para adquirir un vehículo prácticamente idéntico.

En dicho contexto es que se ordenó la apertura de las investigaciones en curso. El gobernador ha sostenido que no existió irregularidad alguna, y que incluso se terminó pagando un precio inferior al del mercado.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
BBC

Brexit: 3 aspectos que cambiarán en la vida de europeos y británicos tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea

Este 1 de enero acaba el llamado "periodo de transición" en el que Londres y Bruselas mantuvieron la mayoría de las leyes de la Unión mientras negociaban su nueva relación. ¿Qué pasa ahora?
BBC
1 de enero, 2021
Comparte

Reino Unido abandonó la Unión Europea (UE) el pasado 31 de enero de 2020, pero los cambios más visibles para ciudadanos europeos y británicos de a pie se notarán en 2021.

Este 1 de enero acaba el llamado “periodo de transición” en el que Londres y Bruselas mantuvieron la mayoría de las leyes de la Unión mientras negociaban su nueva relación.

Y el pasado 24 de diciembre, tras varios meses de intensas negociaciones y cuatro años de terremoto político originado por el referendo del Brexit, ambas partes sellaron el acuerdo que definirá su relación futura por décadas.

Aunque esto evita el llamado “Brexit duro” -una salida del bloque sin acuerdo- europeos y británicos ya no contarán con las mismas libertades que antes.

El Brexit supone, entre otros cambios, el fin del libre movimiento de personas, la imposición de controles aduaneros y la limitación de servicios que antes fluían de un lado a otro sin mayores restricciones.

Las nuevas regulaciones están contenidas en un documento de más de mil páginas donde se abordan, además, otros puntos como la cooperación climática, de seguridad y transporte.

No se descarta que en el futuro se restablezcan algunas facilidades que se perderán al efectuarse el Brexit, pero en BBC Mundo resumimos algunos de los aspectos principales que cambiarán para el ciudadano de a pie a partir de este 1 de enero.

https://www.youtube.com/watch?v=17IOYOyeNf0

Travel

BBC

1. Estancias limitadas

Durante años, británicos y europeos viajaban de un lado a otro del canal de la Mancha y podían elegir libremente donde vivir y trabajar.

Dichas facilidades llegaron a su fin y ahora se necesitará un visado para estancias largas y motivos de trabajo.

Para viajes de turismo, sin embargo, británicos y europeos seguirán sin necesitar visas y podrán usar sus permisos de conducción para manejar en cada país.

En el caso de los británicos, ahora solo pueden permanecer en territorio de la UE un máximo total de 90 días en un período de 180 días consecutivos. Para visitas a Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumanía se aplican otras reglas. Si se viaja a estos países, las visitas a otros países de la UE no contarán para el total de 90 días.

Los británicos también deberán garantizar que sus pasaportes tienen al menos seis meses de validez (y no más de 10 años de haber sido expedidos) y pueden verse obligados a declarar ante las autoridades europeas cuestiones como el motivo de su visita y el pasaje de vuelta desde la UE.

Boris Johnson al anunciar el acuerdo.

Getty Images
Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un costoso acuerdo para definir su relación futura el pasado 24 de diciembre, a solo una semana del plazo final.

Es muy probable que más adelante los británicos deban utilizar y pagar el ETIAS (el sistema de registro electrónico de la UE para viajeros exentos de visado).

Además, al pasar por los controles migratorios, en principio ya no podrán utilizar la fila rápida reservada a los ciudadanos de la UE, el Área Económica Europea (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza, lo que podría dilatar esperas en fronteras y aeropuertos.

Los europeos, por otra parte, pueden permanecer hasta seis meses en Reino Unido.

Si se viaja para recibir un tratamiento médico privado el permiso podría extenderse. Lo mismo si eres académico y cumples ciertos requisitos. En esos casos, la estancia puede ampliarse hasta 11 y 12 meses respectivamente.

Británicos en una cola en el aeropuerto.

Getty Images
Los británicos tendrán que tomar filas rápidas distintas cuando a partir de ahora aterricen en territorio europeo.

Además, ya no podrán entrar en Reino Unido con su tarjeta de identificación a partir de octubre de 2021, a menos que hayan oficializado su estatus como residente, en cuyo caso no habrá cambios hasta 2025. Los demás tendrán que presentar su pasaporte.

Por otra parte, europeos y británicos seguirán contando con asistencia médica de emergencia durante los viajes de turismo tanto en Reino Unido como la UE.

Actualmente, esta asistencia médica es facilitada por una tarjeta sanitaria común con la que cuentan tanto europeos y británicos. Reino Unido planea expedir una nueva tarjeta para sus ciudadanos, pero en principio tendrá una cobertura muy similar a su homóloga europea.

Sin embargo, el gobierno británico aconseja comprar un seguro de viaje con cobertura médica antes de irse de vacaciones, incluso a la UE.

Además de estas consideraciones, también se impondrán límites a los artículos que cada ciudadano lleve consigo de un lado a otro y los pasaportes de mascotas europeos dejarán de ser válidos en Reino Unido.

2. Visados especiales para trabajar

Los europeos que quieran trabajar en Reino Unido tendrán que aplicar en línea para una visa y se les pedirá una oferta de trabajo, suficiente nivel de inglés y un salario de al menos 25.600 libras al año (US$34.189), entre otros requerimientos que juntos conforman un sistema basado en puntos.

Y los ciudadanos británicos que quieran vivir y trabajar en algún país del bloque deberán cumplir los requisitos del sistema migratorio de donde quieran establecerse.

Vista de la zona financiera de Londres este diciembre.

Getty Images
Trabajar en Reino Unido no será tan sencillo como antes para los europeos, quienes deberán solicitar una visa con varios requerimientos.

Así también, algunas profesiones ya no serán homologadas de forma automática como antes, por ejemplo la arquitectura, la medicina o la enfermería.

Sin embargo, aquellos ciudadanos que ya vivían en Reino Unido y la UE antes del final de 2020 tienen sus derechos garantizados y solo necesitan formalizar su estatus como residentes.

Las nuevas regulaciones no aplican en el caso de Irlanda, que en materia de viajes y migración tiene una serie de arreglos con Reino Unido que son anteriores a la entrada de ambos en la Unión Europea, la llamada Área de Viaje Común (Common Travel Area o CTA).

Principales consecuencias tras el Brexit, en cuatro puntos

  • Fin de la libertad de movimiento: Se puede seguir viajando sin visa, pero solo para estancias cortas.
  • Visados para trabajar: Reino Unido implantará un nuevo sistema basado en puntos y la UE aplicará las reglas para terceros países.
  • Salida del mercado único: No habrá tarifas adicionales entre exportaciones e importaciones, pero se impondrán controles de seguridad en aduanas que podrían dilatar el intercambio fluido de bienes.
  • Excepciones: Las consideraciones anteriores no aplican para Irlanda del Norte ni europeos ni británicos con residencia oficial y regularizada en Reino Unido y la UE.
Short presentational grey line

BBC

Fin del programa Erasmus

El nuevo acuerdo de libre comercio entre Londres y Bruselas no impidió la ruptura del programa Erasmus para los estudiantes universitarios.

Reino Unido no participará más en este esquema en que se facilitaba que los universitarios europeos estudiaran durante un semestre o año fuera de sus países de origen en otro Estado miembro.

Boris Johnson anunció en su lugar otra alternativa para los estudiantes británicos, aunque aún no se han revelado suficientes detalles.

Los estudiantes en Irlanda del Norte sí continuarán en dicho programa como parte de un pacto con el gobierno de la República de Irlanda.

Trade

BBC

3. Bienes y servicios

En este aspecto, el haber conseguido un acuerdo ha salvado a muchos de un aumento considerable de precios en muchos productos que Reino Unido importa desde la UE y viceversa.

Y es que ambas partes acordaron no imponer tarifas ni costos adicionales al flujo de bienes, lo que en principio beneficia tanto a exportadores como importadores a ambos lados del canal.

Camionero en Dover, Reino Unido.

Getty Images
A pesar del acuerdo de libre comercio entre Londres y Bruselas, se introducirán controles migratorios y aduaneros que obstaculizarán el fácil flujo de antes.

Sin embargo, serán necesarios nuevos controles fronterizos y trámites burocráticos antes no existentes, lo que podría provocar demoras y disrupciones en las cadenas de suministro.

Esos controles, sin embargo, no se impondrán en Irlanda del Norte. Esto es porque comparte frontera terrestre con la República de Irlanda, miembro de la UE, y permanecerá de forma efectiva dentro del mercado único europeo.

Por otra parte, los proveedores de servicios británicos tendrán que adecuarse a las reglas de cada Estado miembro o relocalizarse en la UE si desean continuar operando como hoy.

Otro aspecto en que se insiste que tanto europeos como británicos deben estar alertas es el posible cambio en las tarifas de roaming para celulares.

Mujer hablando por teléfono en Roma.

Getty Images
Los ciudadanos tendrán que estar atentos a lo que dicten los proveedores de internet en materia de roaming.

Antes, un británico o europeo podía disfrutar de la misma tarifa contratada en su país de origen en cualquier Estado miembro de la UE.

Reino Unido y la UE han dicho que cooperarán en “justas y transparentes tarifas para el roaming internacional”, pero nada detiene que viajeros británicos y europeos no sean cobrados por usar su teléfono en uno u otro territorio.

De cualquier forma, las compañías proveedoras serán las encargadas de mantener las mismas condiciones o de lo contrario fijar nuevas tarifas.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=TX16kTOyqzo&t

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.