Dos menores migrantes fueron víctimas de violación por parte de su padrastro en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2016, lo que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue resultado de que el personal de dicha institución privó de su libertad a las adolescentes junto con personas adultas, a pesar de que ello está prohibido en diversos instrumentos jurídicos.
Las menores, de 11 y 17 años, fueron privadas de su libertad en compañía de su padrastro, su madre y dos hermanos por 56 días en la Estación Migratoria de San Luis Potosí, donde el 4 de marzo de 2016 denunciaron haber sido víctimas de violación sexual; sin embargo, según la Recomendación 40/2019 de la CNDH, fue hasta cinco días después que el personal del INM dio vista al Ministerio Público para que investigara los hechos.
Seis días después, el 10 de marzo del mismo año que las dos menores víctimas y sus dos hermanos fueron trasladados a un albergue. Los seis días que transcurrieron desde su denuncia y hasta que fueron llevadas a otra dependencia los pasaron en el mismo espacio en el que se encontraba su agresor.
La CNDH informó que tuvo conocimiento de lo sucedido debido a que el 10 de marzo de 2016 acudió a la Estación Migratoria, donde entrevistó al padrastro de las niñas, quien manifestó ante la Comisión que días antes había sido golpeado por una decena de migrantes salvadoreños, y que el personal de migración no quiso tomar su denuncia. También dijo desconocer su estatus legal y el paradero de sus hijos.
De acuerdo con el organismo, la madre de las menores también se encontraba en este albergue; sin embargo, manifestó que no presentaría una denuncia contra su pareja porque “no le cree a su hija”, además de que en el momento de los hechos se encontraba embarazada y próxima a parir.
El 11 de marzo las adolescentes fueron trasladadas al Hospital del Niño en el estado, donde se les brindó atención médica y rindieron su declaración para que se iniciara una averiguación previa. Las menores narraron que habían sido violadas dentro de la estación de migración.
Los exámenes médicos practicados a las jóvenes determinaron que ambas presentaban “desfloración antigua” y, en el caso de la joven de 17 años, le detectaron “múltiples lesiones verrucosas en labios mayores y menores del tipo condilomatosis”.
Ambas presentaron también características psicológicas asociadas a las víctimas de delitos de tipo sexual, así como afectaciones “en su normal desarrollo psicosocial y sexual”.
El agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial por el delito de violación cometido en agravio de las dos niñas, aunque, según la Comisión, su situación migratoria no se resolvió en tiempo y forma.
Aunado a las mencionadas omisiones, la CNDH observó que existieron irregularidades en los procedimientos migratorios de los cuatro menores de edad, ya que el INM omitió informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sobre su presencia, a pesar de que las adolescentes manifestaron que en ocasiones previas habían sufrido abusos por parte de su padrastro, “violentando con ello su derecho a ser asistidos por personal de esa institución”.
Por estos hechos, la CNDH recomendó al comisionado del INM, Francisco Garduño, localizar a los cuatro menores de edad y que se les repare integralmente el daño con una indemnización, atención médica y psicológica y su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, deberá colaborar en la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control del INM contra las autoridades responsables.
El Instituto de Migración también deberá instruir a su personal para cumplir con toda normatividad nacional e internacional y analizar si los trabajadores cuentan con un perfil que les permita resolver procedimientos administrativos migratorios.
A la directora general del DIF en San Luis Potosí se le recomendó colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de ese sistema contra la autoridad responsable, e instruir al personal de la Procuraduría de Protección a menores para emitir los lineamientos que deberán seguir en casos de niños y adolescentes en contexto de migración que hayan sido víctimas de un delito.
