Juez pide investigar participación de Peña y Meade en La Estafa Maestra
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Juez pide investigar participación de Peña y Meade en La Estafa Maestra

La audiencia de Rosario Robles, para definir si se le vincula o no a proceso, comenzó la tarde del lunes y se extendió durante la madrugada de este martes 13 de agosto.
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13 de agosto, 2019
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Rosario Robles sí informó al presidente Enrique Peña Nieto sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y que se cometieron con el esquema de La Estafa Maestraexplicó en audiencia ante un juez. 

La comunicación entre Rosario Robles y el presidente ocurrió por tres vías: en reuniones de gabinete, giras de trabajo en las que coincidieron y vía telefónica a través del llamado “teléfono rojo”, dijo la defensa de la exsecretaria en la audiencia que comenzó el lunes a las 18:00 horas y se extendió hasta la mañana del martes 13 de agosto. 

Lee: Rosario Robles va a prisión; le inician proceso por La Estafa Maestra

“Se desprende la entrevista a Rosario Robles que la comunicación que mantenía con el titular del Ejecutivo era por medio de reuniones de gabinete, además de que le informó de las irregularidades a través de la línea roja, y a través de giras que realizaba”, señalaron los abogados durante la audiencia.

En las primeras seis horas de audiencia, la defensa de Robles expuso que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la omisión de informar a su superior jerárquico —en este caso al expresidente Peña Nieto— no tienen sustento debido a que sí se le comunicó y con ello se demuestra la “voluntad” de la funcionaria en atender las irregularidades señaladas por la ASF. 

El aviso al presidente Peña Nieto fue mencionado en dos ocasiones durante la audiencia en el Reclusorio Sur. Se hizo referencia para desestimar la acusación del ejercicio indebido de la función pública, delito del que se acusa a Robles. 

El juez refirió al vincular a Rosario Robles que si existía un informe escrito en el que le daba cuenta de las irregularidades y no lo había presentado en la audiencia, entonces “lo está encubriendo”, pero en todo caso se debía desahogar si el presidente Enrique Peña Nieto estuvo vinculado o no al caso “porque aquí, de una forma tácita se le ha involucrado”.

Lee aquí la investigación completa de La Estafa Maestra

Al intentar convencer de que Rosario Robles sí había informado al presidente, el abogado defensor Óscar Ramírez, incluso sugirió al juez que se debería “entrevistar” al presidente Peña como parte de la “exhaustividad de la investigación”. 

Mencionan también a Meade

Robles también dijo que José Antonio Meade fue advertido de las irregularidades detectadas por la ASF en el acta de entrega recepción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 27 de agosto de 2015, cuando el excandidato presidencial asumió la titularidad de la dependencia y ella fue nombrada titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

“En el contenido del acta se estableció e informó el estado en el que se encontraban los señalamientos de la Auditoría y los procesos abiertos de fiscalización, y que deberían ser tomados en cuenta por el nuevo titular (de la secretaría)”, dijo Oscar Ramírez, uno de los abogados defensores de Rosario Robles. 

El juez pidió a la defensa entregar copia del acta de entrega recepción de la titularidad de la Sedesol, entre Rosario Robles y José Antonio Meade realizada el 27 de agosto de 2015.

El juez llamó a ese documento “una joya”, pues en el anexo 21 en las páginas 630 a 633 se da cuenta sobre “las irregularidades” señaladas por la Auditoría a la dependencia. 

Esto para que “por si sirve para realizar una investigación” por posible omisión a José Antonio Meade, quien asumió la titularidad de la Sedesol en 2015.

Esto porque durante la defensa de Robles, el abogado Óscar Ramírez argumentó que correspondía al siguiente titular continuar con las solventaciones a las irregularidades señaladas por la Auditoría en la Secretaría de Desarrollo Social. 

Entre las pruebas presentadas por la defensa de la exsecretaria se encuentran el expediente de investigación realizado en 2015 por el Órgano Interno de Control en el que se rechazan irregularidades cometidas en los convenios con las universidades autónomas del Estado de México y Morelos. 

También se presentó un oficio firmado por Rosario Robles el 26 de enero de 2017, en el que instruye a Emilio Zebadúa, entonces oficial mayor en Sedatu, de “abstenerse de la celebración de convenios con instituciones públicas como parte de la excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones”. 

Sobre los testimonios de exfuncionarios de la Sedesol y Sedatu que advierten haber avisado a Rosario Robles de las irregularidades, la defensa los desestimó argumentado que ninguno hace mención a un aviso directo a la titular, ni informan qué convenios específicamente se señalan con irregularidades, o cuándo exactamente ocurrieron los supuestos avisos. 

“Tomando el toro por los cuernos”

Robles se presentó desde las 17:10 horas del lunes en el Reclusorio Sur, como se lo ordenó el juez, para reiniciar la audiencia que se había suspendido el pasado 8 de agosto, cuando su defensa pidió más tiempo para recabar pruebas a su favor.

Al llegar, la exfuncionaria federal, vestida con ropa blanca, insistió en que era inocente. “Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas. Tomando el toro por los cuernos y dando la cara”, dijo.

“Estoy aquí antes de las 6 para presentar la defensa y demostrar mi inocencia. Confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial”, agregó antes de presentarse ante el juez, acompañada por sus abogados, que presentarían durante la noche sus argumentos para tratar de frenar un proceso penal en contra de su cliente.

La audiencia comenzó a las 18:00 horas pero tuvo una pausa pronto, a los 30 minutos, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo estableció un receso, debido a que la Fiscalía General pidió revisar la documentación de la defensa de Robles.

Los abogados de la extitular de Sedesol y Sedatu argumentaron que la Fiscalía General no había aceptado recibir los documentos de prueba el lunes por la tarde, ni antes de la audiencia; y la Fiscalía, en tanto, señaló que no fue avisada sobre que acudirían a entregarles la información.

Por esa situación, la Fiscalía pidió una hora para revisar los papeles. El juez reprendió con esta frase: “No sé para qué me vienen a pedir permiso a mí si ya saben que es su obligación (revisar las pruebas antes de la audiencia)”.

Al regreso de esta pausa, la audiencia continuó hasta la madrugada del martes. La Fiscalía General logró que el juez vincule a proceso a Robles, e inicie el proceso legal, al considerar que existen suficientes pruebas para seguir la investigación por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

La FGR, desde la audiencia del pasado 8 de agosto, acusó que Rosario Robles, como titular de la Sedesol y la Sedatu, supo desde 2014 de distintas irregularidades cometidas en las dependencias después de que funcionarios le avisaran en persona y por escrito. Además de que recibió distintos oficios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que le informaron de los desvíos detectados.

Lee más: Dos testigos clave: el as bajo la manga de la FGR en la acusación contra Rosario Robles por La Estafa Maestra

Según la parte acusadora, Robles no hizo nada por detener el presunto fraude ni le avisó a su superior, que en este caso era el presidente Enrique Peña Nieto. Por ello, se le acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público, que provocó un desvío de al menos 5 mil 73 millones de pesos.

“Rosario Robles no evitó las conductas irregulares de terceros, y no administró con transparencia y honradez los recursos de Sedesol y Sedatu”, acusó el 8 de agosto el agente de la Fiscalía, Mario Fonseca, que hizo una presentación sobre los 27 convenios que Sedesol y Sedatu firmaron con universidades.

Robles, extitular de Sedesol y de la Sedatu, es la primera exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio judicial por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción revelado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción  y la Impunidad, que involucró a 11 dependencias del gobierno federal, ocho universidades públicas y 186 empresas para desaparecer millones de pesos en recursos públicos.

Lee más: Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública

Previo a la audiencia de este 12 de agosto, en una entrevista con Animal Político, quien era auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, relató que tuvo hasta cinco reuniones con Robles, entre 2014 y 2017, para señalarle las irregularidades de La Estafa Maestra, y que también el presidente Enrique Peña Nieto fue alertado, además de diputados y la Secretaría de la Función Pública.

Y aún así, no fue detenido este esquema fraudulento.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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