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Cuartoscuro Archivo

Karime Macías alcanzaría 12 años de cárcel por presunto fraude, revela solicitud de extradición

Animal Político obtuvo una copia de la solicitud de extradición enviada al Reino Unido, que un inicio la Cancillería se había negado a entregar.
Cuartoscuro Archivo
5 de agosto, 2019
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Karime Macías, expresidenta del DIF de Veracruz y esposa del exgobernador de dicha entidad Javier Duarte de Ochoa, podría alcanzar hasta 12 años de prisión por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos a empresas fantasma cuando encabezó ese organismo, aun cuando el plazo legal para procesarla por esos hechos termine en 2020.

Así lo revela la solicitud formal de extradición que México presentó ante el Reino Unido por Karime Macías, y que fue enviada al gobierno británico cinco meses después de que se giró la orden de aprehensión en  su contra. Animal Político obtuvo una copia de dicho documento, que no se había transparentado hasta ahora, gracias a un recurso ganado ante el Instituto Nacional De Acceso a la Información (INAI).

Esto luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores se había negado en un inicio a proporcionar cualquier dado sobre el proceso de extradición de Karime, e incluso a que se rehusara a confirmar si el mismo ya había iniciado. No obstante, el INAI revocó parcialmente dicha negativa, bajo el argumento de que se trata de un caso de interés público.

La nota diplomática enviada por México al Reino Unido, en donde se solicita la formal extradición de Karime Macías, es un documento de 42 páginas. La copia de la misma, que la SRE entregó a Animal Político, es una versión pública en la que están testados (cubiertos) los detalles de la investigación que derivó en una orden de aprehensión.

El documento recibido el 5 de octubre por el gobierno británico, según se aprecia en el acuse, detalla de inicio que se solicita el arresto y arranque del procedimiento de extradición de Karime Macías de Duarte o Karime Macías Tubilla, en apego al tratado firmado entre ambos países para la entrega de “criminales fugitivos”.

Y se explica que el 25 de mayo de 2018 un juez penal del estado de Veracruz giró una orden de aprehensión en contra de Karime, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude y en agravio del erario público estatal, ilícito que es castigable en ambos países, con lo que se cumple el requisito establecido en el artículo 2 del tratado de extradición.

“Este delito que se le imputa (a Karime Macías) conlleva como castigo una pena que va de los 5 a los 12 años de prisión, con una media de 8 años y 6 meses de prisión. Considerando que las conductas ilícitas que se señalan habían ocurrido a finales de 2012, significa que los mismos no han prescrito hasta 2020”, añade el gobierno de México.

Además, la SRE pidió al gobierno británico el aseguramiento de todas las pertenencias y objetos personales o de valor de Macías, bajo el argumento de que podían representar potencial evidencia, o pruebas del crimen que se le imputa.

Después el gobierno de México hace una descripción de los detalles de la investigación a Macías, hechos que en la versión pública entregada se encuentran cubiertos. Y finalmente proporciona una descripción física, en la que se señala que nació el 24 de noviembre de 1975 en Coatzacalcos, Veracruz, y es de piel clara, entre otros.

Aquí puedes ver la solicitud de extradición 

Opacidad, libertad y empresas fantasma

Pese al pedido de extradición y a la orden de aprehensión girada en su contra, Karime Macías vive actualmente  en Londres con sus tres hijos, y está libre. Aunque al menos hasta el año pasado habitaba en una de las zonas más exclusivas de la capital londinense, sus abogados y el propio Javier Duarte señalan que lo hace de forma “modesta”, citadina y sin lujos.

En una carta que envió al noticiero de Ciro Gómez Leyva en julio pasado, Duarte señaló que Macías vive con aproximadamente 180 mil pesos al mes, que se dividen entre la renta del departamento que habitan (80 mil pesos aproximadamente), las colegiaturas de sus hijos (50 mil pesos), y el resto para transporte, vivienda, comida, entre otros.

“Mi familia, para poder trasladarse a cualquier lugar, hace uso del transporte público. Comen diariamente en casa los alimentos que ella  (Karime Macías) cocina. Siendo su mayor lujo salir los domingos, cuando el clima lo permite, a un parque público para que los niños puedan jugar y hacer sus actividades al aire libre”, señala en esa carta.

¿Por qué Karime está libre pese a la solicitud de detención y al proceso de extradición en su contra? Eso es algo que no se sabe oficialmente. La cancillería no quiso dar a conocer detalle alguno en cuanto al avance o el estatus actualizado en que se encuentra el procedimiento de extradición.

Cabe señalar que Karime Macías, por su parte, promovió desde el año pasado una solicitud de asilo político ante el Reino Unido, según lo revelado por su abogado Ricardo Reyes Retana. Esto luego de que el entonces gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, había revelado información sobre la ubicación precisa de la esposa de Javier Duarte en Londres. 

Lo anterior provocó incluso que algunos medios de comunicación también acudieran a videograbar a la esposa del exgobernador de Veracruz, en aquel país.

Karime Macías llegó al Reino Unido a mediados de 2017, luego de que Duarte fuera detenido en Guatemala en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra. Al momento de su captura ella se encontraba con su esposo, sin embargo, los agentes federales solo tenían instrucción de detener a Duarte dado que, en ese momento, no existía ninguna petición para capturar a Macías.

Fue hasta el 27 de mayo de 2018 cuando el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, anunció que habían obtenido de un juez una orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla, por su presunta responsabilidad en el desvío de al menos 112 millones de pesos de recursos del DIF estatal, mediante la utilización de al menos seis empresas fantasma.

“Todo esto fue para la supuesta adquisición de equipo médico, multivitamínicos, sistema de captación de agua, sistema de purificación pluvial, sanitario biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros, sin que existan datos o evidencia alguna que estos hayan sido entregados a la población vulnerable que debiera atender esta dependencia”, indicó el fiscal.

Animal Político reveló en este reportaje publicado el año pasado que el DIF Estatal, bajo la presidencia de Macías Tubilla, otorgó contratos a una red de 33 empresas fantasma por más de 415 millones de pesos, buena parte de esos recursos previo a la elección federal de 2012.  También se documentó que una parte del dinero que llegó a esa red concluyó como financiamiento ilegal en la campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

El argumento de la defensa de Macías es que su cargo de presidenta del DIF era honorífico, por lo que en realidad no era servidora pública, y que ella no tenía injerencia en los procedimientos de contratación.

Transparencia a medias; comisionado se opone 

Aun cuando se obtuvo una copia de la solicitud de extradición de Karime Macías, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consiguió mantener oculto el avance del procedimiento y su estatus actual, ello con el aval del INAI y pese a la oposición del comisionado Joel Salas.

La petición para que todo este proceso fuera transparentado inició en enero de este año, luego de que Animal Político presentó una solicitud de información ante la falta de información pública sobre el caso.

La respuesta inicial de SRE a esta solicitud folio 0000500236618 fue negar por completo cualquier tipo de información, e incluso confirmar siquiera si se había pedido o no la extradición. 

“Al dar a conocer si una persona cuenta o no con una petición de extradición en su contra, se afectaría su derecho a la presunción de inocencia y a la salvaguarda de su honor, ya que al no conocerse de antemano su calidad de indiciado, procesado o sentenciado, no existen elementos para sustentar su culpabilidad”, indicó la Cancillería.

Ante ese hecho este medio promovió un recurso de queja ante e INAI bajo el argumento de que, contrario a lo dicho por Relaciones Exteriores, ya se había hecho público (por parte de las autoridades de Veracruz) que existía una orden de aprehensión en contra de Macías, y que se iba a proceder con su extradición.

Al resolver el recurso de revisión promovido bajo el expediente 1304/19 el INAI coincidió en que dar a conocer datos de una solicitud de extradición es información clasificada. Sin embargo, la misma resolución concluye que existe “interés público” en saber si Karime cuenta con una orden de extradición, dado que los hechos que se le imputan tienen relación con hechos de corrupción ocurridos en la gestión de su esposo quien, a su vez, fue investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Es decir, en este caso, el interés de proteger el derecho a la privacidad y a la intimidad de la persona de la cual se requirió información, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y a una efectiva impartición de justicia”, señala la resolución.

Pese a lo anterior, la misma resolución del INAI consideró que sí debería mantenerse como información reservada el documento que da cuenta del estado actual o los avances del proceso de extradición, bajo el argumento de que se podría entorpecer la investigación o el proceso que se está llevando a cabo. Como resultado la SRE no reveló dicha información.

Cabe señalar que el comisionado Joel Salas Suarez emitió un voto particular en el que mostró su desacuerdo por la decisión del pleno, de considerar clasificada la información relacionada con el avance del proceso de extradición de Macías.

“No se advierte de qué forma dar a conocer el estatus de la solicitud de extradición, un acto entre dos países, el cual ya es público, afectaría las labores de persecución de un delito. Por lo tanto, considero que no se actualiza causal de reserva alguna y ese dato era susceptible de entregarse”, señaló el comisionado Salas.

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AFP

Protestas en Chile: cómo funcionan los sistemas de pensiones en el país sudamericano y en otras naciones de América Latina

El reclamo de la gente porque sus pensiones no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas es común en los países de la región y se ha convertido en una de las principales demandas del estallido social en Chile.
AFP
14 de noviembre, 2019
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“Queremos jubilaciones dignas” es una de las consignas que aparece una y otra vez en las protestas que comenzaron en Chile a mediados de octubre, cuando el alza de la tarifa del metro de Santiago detonó el mayor estallido social de las últimas tres décadas en ese país y puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera.

Aunque las demandas son muchas, uno de los principales reclamos de la población apunta directamente al sistema de pensiones, según una encuesta realizada por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, el centro de estudios Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

El sistema de pensiones chileno se basa en el ahorro individual de las personas durante su vida laboral. Es decir, si tuviste una buena situación económica y ahorraste una gran cantidad de dinero, tendrás una buena jubilación.

En el otro extremo, si no cotizaste lo suficiente -porque tu sueldo era bajo, estuviste desempleado o por cualquier otro motivo- tu pensión será ínfima.

Creado bajo el régimen de Augusto Pinochet, el sistema es administrado por empresas privadas (Administradoras de Fondos de Pensiones o AFPs) que invierten los ahorros de los trabajadores en el mercado de capitales.

Sin embargo, se agregó al sistema un“pilar solidario” en 2008 para que el Estado ayudara a las personas con menores ingresos que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Por eso los expertos lo clasifican técnicamente como un “sistema integrado” y no exclusivamente de ahorro individual.

A pesar del pilar solidario, cerca del 80% de los jubilados chilenos recibe una pensión inferior al salario mínimo (en la actualidad es de US$414), según las conclusiones del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones de 2015.

¿Qué países se inspiraron en el modelo chileno de los años 80 y aún lo mantienen?

Adulta mayor

Getty Images
Brasil y Chile son dos casos paradigmáticos de los distintos sistemas de pensiones que hay en la región.

En los años 80 y 90, varios países de la región se inspiraron en el modelo chileno de ahorro individual creado por José Piñera en 1981.

“Hay cuatro países que, a pesar de haber implementado reformas, mantienen el modelo de capitalización individual”, le dice a BBC Mundo Alberto Arenas, asesor regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), exministro de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet y autor del libro “Los sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la sostenibilidad en América Latina”, publicado en octubre de este año.

Se trata de México, El Salvador, República Dominicana y Bolivia.

“La reforma de Bolivia en el 2010 estatizó el sistema de pensiones pasando su administración del sector privado al público, pero no llegó a cambiar el modelo”, apunta el economista.

De todos modos, los países que emularon el sistema chileno “han incluido algunos mecanismo de solidaridad” con el paso del tiempo.

“En la última década la tendencia ha cambiado. A futuro creo que los países tenderán a incorporar aportes solidarios financiados por el Estado y administrados por el sector público, dice Arenas.

Uno de los mayores desafíos, agrega, es asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en cuanto a su cobertura (el número de personas), suficiencia (el monto de las pensiones) y su viabilidad financiera.

Adultos mayores en Caracas

Getty Images
Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana se inspiraron en el modelo chileno creado en 1981, aunque han incorporado reformas.

En su libro, el investigador argumenta que hay cinco tipos de sistemas de pensiones en la región. Aquí te los explicamos.

1-Reparto

Los que trabajan aportan al sistema y con esos fondos se financian las jubilaciones de los adultos mayores. Es una forma de ahorro colectivo.

Esos fondos son administrados públicamente y las principales características del sistema están definidas por ley, como por ejemplo, los requisitos de acceso, la fórmula para calcular el dinero que recibe el jubilado en relación a su salario y la reajustabilidad de la pensión.

Los aportes de las personas también están definidas por ley y pueden ser con cargo a los trabajadores, empleadores y el Estado.

Este modelo, con distintas variantes, se utiliza en Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

2-Ahorro individual

Es un esquema por el que los trabajadores ahorran en cuentas individuales y esos fondos son administrados por el sector privado.

La ley no fija las condiciones ni la forma de calcular las pensiones, porque estas dependen del ahorro de cada individuo y la rentabilidad de esos fondos invertidos por empresas privadas en los mercados bursátiles.

Adulto mayor

Getty Images
En el sistema de “capitalización individual” el monto de la pensión depende del ahorro que acumula cada persona durante su vida laboral.

Está presente en Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana.

3-Mixto (complementario)

Bajo este modelo, el sistema público de reparto y el de ahorro individual se complementan, es decir, las personas pueden pertenecer a ambos sistemas.

En el caso de América Latina, las pensiones provienen principalmente del sistema público de reparto y a ellas se suman los fondos del sistema de capitalización individual, cuya administración puede ser pública o privada.

Está presente en Costa Rica, Panamá y Uruguay.

4-Paralelo (no se complementan)

En el sistema paralelo existe competencia entre el modelo público de reparto y el de ahorro individual. Los trabajadores deben elegir uno de los dos, razón por la cual son sistemas excluyentes. En algunos casos, existe la posibilidad de cambiarse de sistema.

Opera en Colombia y Perú.

5-Integrado

Es el sistema que utiliza actualmente Chile, donde la jubilación depende de los fondos individuales, pero en el caso de las personas más pobres, el Estado aporta fondos (pilar solidario).

Otros expertos consultados por BBC Mundo consideran que Chile ha mantenido el sistema de ahorro individual de los años 80, a pesar de la reforma que hizo en 2008.

Los casos paradigmáticos: Brasil y Chile

Según Mariano Bosch, especialista principal en la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y coautor del libro “Presente y Futuro de las Pensiones en América Latina y El Caribe”, cada sistema tiene sus falencias.

Adulto mayor y médico

Getty Images
“Yo no creo que sirva ahorrar un 10% del salario y esperar una pensión cercana al 60% de tu último sueldo, no es realista”, dice Mariano Bosch.

Bosch divide los modelos de la región en dos categorías: los tradicionales modelos públicos de pensiones (también llamados sistemas de beneficio definido o de reparto) y los de cotización individual.

En ese contexto, los casos más paradigmáticos, explica, son Brasil (con su modelo público) y Chile (con su modelo de ahorro personal).

“Son casos como de libro. Brasil es un sistema con grandes problemas de sostenibilidad fiscal y Chile es un país con grandes problemas de sostenibilidad social”.

“Estamos observando un replanteamiento de muchos sistemas”.

Brasil, por un lado, no tiene los recursos fiscales para financiar un sistema con altos niveles de subsidio y de redistribución.

“Este sistema beneficia a aquellas personas que contribuyen toda su vida laboral. Te llevas entre el 60% o el 70% de tu último salario”.

“Pero es un sistema regresivo porque le da muy poco al que contribuye pocos años. Es muy inequitativo“, agrega.

Manos de mujer

Getty Images
La población en América Latina está envejeciendo rápidamente.

Además le afecta el envejecimiento de la población. “Como el sistema se financia con las contribuciones de los trabajadores hacia los pensionistas, mientras más pensionistas existan, más difícil será financiar el sistema”.

Y en el caso de Chile, el problema es que “las pensiones están muy por debajo de las expectativas que se hizo la gente”.

“Si la gente esperaba recibir una pensión equivalente al 70% de su último salario y en Chile es del 20 o del 30%, hay un gran salto entre lo que las personas esperaban y lo que está resultando del sistema”.

Bosch argumenta que si una persona ahorró solamente 10 o 15 años -por las razones que sean- es muy difícil acumular el capital necesario para obtener una buena pensión.

Y además, los parámetros con los que se creó el sistema, dice, quedaron desactualizados.

“Yo no creo que sirva ahorrar un 10% del salario y esperar una pensión cercana al 60% de tu último sueldo. Eso no es realista“.

Actualmente Chile está discutiendo cómo cambiar su sistema de pensiones y, en paralelo, cómo reformar su sistema impositivo, con el objetivo de recaudar cerca de US$1,000 millones.

En medio del debate, las protestas continúan y la llamada “furia chilena” aún no da señales de aplacarse.


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