Tensión en Río Florido, Chiapas: 5 policías retenidos en medio del conflicto entre pobladores y el gobierno
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Tensión en Río Florido, Chiapas: 5 policías retenidos en medio del conflicto entre pobladores y el gobierno

Los policías se encuentran retenidos desde hace más de 12 días. Los pobladores exigen la liberación de un compañero, la retirada de la Guardia Nacional del exterior de la comunidad y que se investiguen ejecuciones extrajudiciales.
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Un hombre asesinado de dos balazos en la parcela que trabajaba. Un detenido por presunto robo de una motocicleta que permaneció más de 24 horas en paradero desconocido, que ahora se encuentra en prisión y que denunció haber sido torturado. Cinco policías retenidos durante más de 12 días y negociaciones que, hasta el momento, no han logrado ningún éxito.

Estos son los elementos que explican la escalada de tensión que se registra en la comunidad Río Florido, municipio de Ocosingo, en Chiapas.

Allí viven unas 70 familias desde 1991, cuando integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata tomaron unas tierras. Posteriormente, en 2006, esta organización participó en la creación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que en Chiapas tiene implantación en otras diez comunidades.

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Desde hace cinco años, el colectivo denuncia una escala en la disputa que mantiene con el gobierno estatal. Este, por su parte, califica al grupo de “radical” y asegura que la Fiscalía tiene abiertas 111 carpetas de investigación en su contra.

La situación ahora es de “calma tensa”, según Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, organización de Derechos Humanos que el martes visitó la comunidad para comprobar el estado de sus habitantes.

Río Florido es un lugar remoto. Se encuentra a más de 150 kilómetros al este de Tuxtla Gutiérrez, a medio camino entre la capital chiapaneca y Palenque.

A su alrededor, a menos de dos kilómetros, varias comunidades zapatistas. En la zona ni siquiera hay señal de teléfono. Cuando sus vecinos quieren contactar por celular tienen que desplazarse a Ocosingo, el municipio más cercano.

Actualmente las carreteras de acceso están despejadas, pero se han instalado en el exterior dos bases de Operaciones Mixtas (BOM) con miembros del Ejército y la Guardia Nacional.

“Tenemos miedo de que incursionen”, dice Cerezo. Su organización, junto a Hasta Encontrarlos (organización de búsqueda de desaparecidos) y el Comité Popular de Derechos Humanos de Chiapas organizaron una caravana de observación y pidieron al Estado “diálogo”.

“No es un secuestro”, dice el FNLS

“No es un secuestro. Los policías están bien. No somos como el Estado que amenaza como hacen con nuestro compañero”, dice Javier Pérez Pérez, vocero del FNLS, en conversación telefónica. Pide al Estado un diálogo “serio”, denuncia que los agentes capturados amenazaron con usar su arma ante una protesta de vecinos, y exige la libertad de Javier González Díaz, comunitario arrestado el 18 de julio y que desde entonces se encuentra en prisión.

El gobierno de Chiapas, por su parte, se remite a las informaciones difundidas en la última semana sobre los operativos desplegados y las carpetas de investigación abiertas contra el FNLS. No quieren hacer más declaraciones “para no entorpecer las negociaciones y la investigación”.

Las tensiones en la comunidad vienen de lejos. Francisco Cerezo Contreras, del Comité Cerezo, recuerda el intento de ejecución que sufrieron tres integrantes del FNLS en 2016 en Ciudad de México; el asesinato de Humberto Morales, de 13 años, en 2017; la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007.

Sin embargo, los sucesos que han incendiado la zona en la actualidad son mucho más recientes. Comenzaron el 19 de junio con la muerte de Mario Moreno López, de la comunidad 20 de junio. Apareció en las tierras que trabajaba con dos disparos y sus compañeros lo califican de “ejecución extrajudicial”, que vinculan a “grupos paramilitares”, según Javier Pérez Pérez, vocero del FNLS.

Un mes después, el 18 de julio, se produce el arresto de Javier González Díaz, también en la misma comunidad. Según Pérez Pérez, el activista pasó por cinco centros de detención sin que su familia fuese informada. Esto generó la intranquilidad de la comunidad, que inició protestas como bloqueos carreteros.

Finalmente, “fue presentado por la autoridad municipal con evidentes señas de tortura. Actualmente está preso acusado de robar una moto, cuando no sabe manejar bicicleta”; según Francisco Cerezo.

Aquel día se produce la retención de los policías.

Según informó la Fiscalía General del Estado, se trata de los policías ministeriales José Luis Tondopó Medina y Fernando Tondopó Medina, así como los policías estatales Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Fredy Sánchez García y Bernal Hernández Altunar.

Según la versión del Ministerio Público, los agentes “retornaban de la comunidad Petalcingo, municipio de Tila, cuando fueron privados de su libertad por un grupo de personas que mantenía un bloqueo en la carretera Ocosingo-San Cristóbal, a la altura del ejido Río Florido”.

Esa misma nota informativa dice que “un grupo de personas ha retenido diversos vehículos de empresas para posteriormente incendiarlos”.

El relato del FNLS es completamente distinto. “Llega un auto con sospechosos. Uno de ellos pone la mano sobre una mochila, la abre y estaba metiendo la mano cuando logramos ver que estaba empuñando su arma para accionar en contra de los compañeros”, dice su vocero. En su opinión, “se evitó otro crimen”.

Desde entonces, los cinco agentes están retenidos. La semana pasada, sus familiares pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que interceda para su liberación.

“Si no salimos los cinco no se va nadie”.

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El único momento en el que pudieron ser liberados fue el 24 de julio, cuando se celebró en San Cristóbal de las Casas un encuentro en el que participó Ismael Brito, secretario de Gobierno de Chiapas.

En él se acordó que se liberaría a Javier González a cambio de que los cinco policías regresasen a casa. No se llegó a producir el intercambio. “Como buena voluntad quisimos dejar en libertad a tres pero no quisieron irse, dijeron que no se irían hasta que saliesen los cinco porque estaban seguros de que el gobierno iba a cumplir su palabra. No fue así”, dice Pérez Pérez.

Desde entonces no hay diálogo directo. El vocero del FNLS rechaza que estén utilizando a los policías “como moneda de cambio”, y recuerda los ataques que ha sufrido su comunidad.

Héctor Cerezo, que el martes estuvo en Río Florido, señaló que no vio a los cinco agentes y que ni siquiera fue informado de si estaban en la comunidad.
Sobre la negociación, censuró la falta de compromiso del gobierno federal, a quien pidieron mediación a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, que dirige Alejandro Encinas.

En medio de esta tensión se han producido nuevos hechos violentos. El 28 de julio, en la carretera entre Ocosingo y Altamirano, Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sántiz fueron atacados, según Alejandro Cerezo. “El primero recibió un balazo en su brazo y el segundo en el plexo solar”, dijo el activista.

Por el momento la situación está en un impasse.

Por un lado, los activistas, apoyados por organizaciones de Derechos Humanos, piden diálogo. “Pedimos un alto al hostigamiento, la cancelación de ordenes aprehensión, la libertad de Javier y el fin al cerco. A partir de ahí todo puede regresar a la calma”, dice el vocero del FNLS. A esta demanda se han sumado grupos mexicanos e internacionales, como las Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora.

Desde la Fiscalía se insiste en que la organización es un “grupo social radical” al que vincula con 111 denuncias entre 2015 y 2019.

Las imputaciones son por “ataques a las vías de comunicación” por bloqueos carreteros, robo a transportistas, despojo, amenazas, daños, privación ilegal de la libertad, retención de funcionarios, robo de vehículo, lesiones, robo, atentado contra la paz, retención de particular, homicidio, asociación delictuosa, lesiones, privación ilegal de la libertad, motín, desaparición forzada de personas, pandillerismo y daños, abuso de autoridad, entre otros.

“No habrá impunidad”, es el mensaje de la Fiscalía que dirige Jorge Luis Llaven.

“Esperamos una oferta responsable y seria. Estamos en nuestro derecho a defendernos”, responde Pérez Pérez, quien considera que las carpetas abiertas en contra de su organización son “una muestra del nivel de criminalización”.

“Se incrementó la violencia y nosotros nos preguntamos qué hacer. ¿Nos quedamos esperando a que nos maten y nos desaparezcan o resistimos? Decidimos resistir y denunciar el intento del Estado por romper el proceso organizativo que las comunidades en forma independiente”, afirma Pérez Pérez, muy crítico con el gobierno de López Obrador.

“No ha cumplido todo lo que ha prometido, se mantiene la violencia contra el pueblo y se siguen imponiendo los intereses empresariales, tanto mexicanos como extranjeros”, asegura.

El conflicto en Río Florido es uno más de las diversas pugnas que se registran en Chiapas; el estado más pobre de México y uno de los que registra un mayor índice de problemas sociales. El gran miedo de los pobladores es que el gobierno busque una incursión violenta. Por eso, organizaciones de Derechos Humanos como Comité Cerezo, Hasta encontrarlos o la Red TDT lanzaron un llamamiento por el diálogo.

Los cinco policías siguen retenidos.

La comunidad sigue cercada y el activista encarcelado.

No se sabe cuánto puede alargarse el impasse.

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El estudiante de medicina que se encontró el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina del país.
4 de agosto, 2021
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La periodista y novelista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani escribe en este reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos “no reclamados” enviados a las escuelas de medicina de su país.

El estudiante de medicina Enya Egbe salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver con el que debía trabajar ese día.

No fue la reacción aprensiva de un joven ingenuo.

El estudiante de 26 años aún recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de disección, con un cadáver en cada una.

Minutos después, gritó y corrió.

El cuerpo que su grupo estaba a punto de diseccionar era el de Divine, su amigo durante más de siete años.

“Solíamos ir a bailar juntos”, me dijo. “Había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho”.

Oyifo Ana fue uno de los muchos estudiantes que salieron corriendo detrás de Egbe y lo encontraron llorando afuera.

“La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales”, dice Ana.

Explicó que una mañana temprano había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenía un depósito de cadáveres adjunto.

Egbe envió un mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su pariente después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta.

La familia finalmente logró recuperar su cuerpo.

El impactante descubrimiento de Egbe puso de relieve tanto la falta de cadáveres disponibles en Nigeria para los estudiantes de medicina como lo que les puede pasar a las víctimas de la violencia policial.

Trauma

Entre los siglos XVI y XIX, por diferentes leyes en Reino Unido, se entregaban los cuerpos de los criminales ejecutados a las escuelas de medicina, un castigo que también promovió la causa de la ciencia.

En Nigeria, una ley actual entrega “cuerpos no reclamados” en depósitos de cadáveres del gobierno a las escuelas de medicina.

El estado también puede apropiarse de los cuerpos de los criminales ejecutados, aunque la última ejecución tuvo lugar en 2007.

Enya Egbe

Enya Egbe
Enya Egbe quedó impactado al descubrir en su clase el cadáver de su amigo

Más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son “criminales asesinados por disparos”, según una investigación de 2011 publicada en la revista médica Clinical Anatomy.

En realidad, esto significa que eran sospechosos matados a tiros por las fuerzas de seguridad.

Sus edades estimadas se encuentran entre los 20 y los 40 años, el 95% son hombres y tres de cada cuatro pertenecen a la clase socioeconómica más baja. No hay donaciones de cuerpos.

“Nada ha cambiado diez años después”, dice Emeka Anyanwu, profesor de anatomía en la Universidad de Nigeria y coautor del estudio.

‘Servicio de ambulancia’

El año pasado, el gobierno de Nigeria estableció paneles de investigación judiciales en diferentes estados para investigar las denuncias de brutalidad policial.

Esto fue en respuesta a las protestas provocadas por el video viral de otro joven presuntamente que murió por disparos del Escuadrón Especial Antirrobo (Sars) de la policía en el estado sureño de Delta.

Muchos de los que testificaron ante los paneles han hablado de familiares arrestados por agentes de seguridad y que desaparecieron.

En la mayoría de los casos, la policía se ha defendido diciendo que los desaparecidos eran ladrones armados que murieron en un tiroteo.

Sin embargo, el portavoz de la policía Frank Mba me dijo que no tenía conocimiento de ningún caso en el que la policía hubiera enviado cadáveres a laboratorios de anatomía o depósitos.

Nigeria

Getty Images
Las fuerzas de seguridad de Nigeria son acusadas de frecuentes abusos.

En un testimonio escrito presentado al panel judicial en el estado de Enugu, el comerciante Cheta Nnamani, de 36 años, dijo que había ayudado a los agentes de seguridad a deshacerse de los cuerpos de las personas a las que habían torturado o ejecutado durante los cuatro meses que estuvo bajo la custodia de Sars en 2009.

Dijo que una noche le pidieron que cargara tres cadáveres en una camioneta, una tarea conocida en el lenguaje de la detención como ‘servicio de ambulancia’.

Luego condujo al cercano Hospital Universitario de la Universidad de Nigeria (UNTH), donde Nnamani descargó los cuerpos. Fueron llevados por un asistente de la morgue.

Nnamani me dijo que luego lo amenazaron con la misma suerte.

En el depósito

En la ciudad sudoriental de Owerri, el depósito de cadáveres del Hospital Aladinma, de propiedad privada, dejó de aceptar cadáveres de presuntos delincuentes porque la policía rara vez proporcionaba identificación o notificaba a los familiares de los fallecidos.

Esto solía dejar al depósito de cadáveres atascado con los costos de mantenimiento de los cuerpos no reclamados hasta que cada pocos años el gobierno finalmente concedía permiso para entierros masivos.

“A veces, la policía intenta obligarnos a aceptar cadáveres, pero insistimos en que los lleven a un hospital del gobierno”, dice Ugonna Amamasi, administradora del depósito de cadáveres.

“Los depósitos de cadáveres privados no están autorizados a donar cuerpos a las escuelas de medicina, pero los depósitos de cadáveres del gobierno sí pueden”, agregó.

Familiares olvidados

Un abogado de alto nivel, Fred Onuobia, asegura que los familiares tienen derecho a recoger los cuerpos de los criminales ejecutados legalmente.

“Si nadie se presenta después de cierto tiempo, los cuerpos se envían a hospitales universitarios”, dice el defensor.

Pero la situación es peor con las ejecuciones extrajudiciales, ya que los familiares nunca se enteran de las muertes o no pueden localizar los cuerpos, afirma.

carro policia

AFP

Después de todo, fue solo por casualidad que la familia del amigo de Egbe, Divine, pudo darle un entierro adecuado.

La asociación de anatomistas de Nigeria ahora está presionando por un cambio en la ley que garantice que las morgues obtengan registros históricos completos de los cuerpos donados a las escuelas, y también el consentimiento de la familia.

También establecerá formas de alentar a las personas a donar sus cuerpos a la ciencia médica.

“Habrá mucha educación y mucha promoción para que la gente pueda ver que si donan su cuerpo, será por el bien de la sociedad”, cuenta el director de la asociación, Olugbenga Ayannuga.

En cuanto a Egbe, estaba tan traumatizado al ver el cuerpo de su amigo que abandonó sus estudios durante semanas.

Dice que imaginaba a Divine de pie junto a la puerta cada vez que intentaba entrar a la sala de anatomía.


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