Comités de bioética impiden acceso al aborto a niñas que fueron violadas en México
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Comités de bioética impiden acceso al aborto a niñas que fueron violadas en México

Dos personas que han estado en comités de bioética contaron que fue una experiencia ríspida en la que médicos pasaron por alto la Norma 046, que obliga al Estado a permitir abortar a niñas que fueron violadas.
Cuartoscuro
27 de agosto, 2019
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Un “comité de bioética” sesionó en Xalapa, Veracruz, y decidió el destino de una niña de 13 años que había sido violada y necesitaba abortar de manera segura. Los profesionales que deliberaron tenían la Ley General de Víctimas y la Norma 046 en la mano, donde se establece que esa menor se merecía por ley la atención que les pidió. Pero ellos decidieron que los Servicios de Salud de ese estado no la podían atender, porque el Código Penal de Veracruz les daba la opción de negarse.

Prefirieron adherirse al Código Penal de Veracruz en el cual se especifica que, después de 14 semanas de embarazo, un doctor no puede estar obligado a practicar una interupción segura.

En la Ciudad de México, donde no existe un código penal como el de Veracruz, el doctor gineco-obstetra Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, que sí atiende ese tipo de casos, dijo que según su experiencia los comités de ética “son una barrera” para niñas y adolescentes que llegan desde los estados en condiciones precarias, para recibir una atención segura.

“Ningún código penal en ningún momento dice que estos casos deben de pasar por un comité de bioética, esa es una dilación para la atención de las niñas”, señaló el doctor en entrevista con Animal Político, y explicó también que casos como el de Veracruz se dan porque tampoco están prohibidos los comités.

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Carrera Riva Palacio contó que uno de cada cuatro casos que recibe se trata de alguna persona proveniente de algún estado. “Nosotros atendemos muchísimas pacientes, son muchas, es un problema de salud pública”, contó el doctor.

Dos personas que han estado en comités de bioética, en donde se decidió el futuro de dos menores que fueron violadas, contaron que fue una experiencia ríspida donde doctoras y doctores pasaron por alto el contenido de la Norma 046, donde se obliga al Estado a dar la atención que niñas violentadas piden, sin necesidad de la intervención del Ministerio Público.

El de Veracruz fue el caso de una niña de 13 años que solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a través de una denuncia por violación, que interpuso en la Fiscalía General de Justicia de ese estado, a pesar de que según la Norma 046 no estaba obligada.

La organización Equifonía asumió la defensa legal de la niña y la abogada Adriana Fuentes participó en un “comité de bioética” en el Centro de Alta Especialidad de Veracruz (CAEV), en donde se discutió si se debía o no practicar la ILE en ese hospital. La decisión fue no realizar el procedimiento pero sí facilitar que la niña pudiera hacerlo en otro lado.

“En lugar de hacer la canalización por la causal del riesgo de muerte, lo que hicieron fue sesionar. Expresaron que no la podían atender, pero que atendiendo el principio de salud era conveniente que la familia la lleve a revaloración donde sí se permitiera, ósea en la Ciudad de México”.

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Existe un documento que da constancia de esa sesión. Es una contestación a la Fiscalía donde se explica por qué no se practicó la Interrupción Segura del Embarazo a la niña:

“Se informa a esta autoridad que derivado de la sesión médica del día de hoy, en la que constituidos en colegio médico, con la participación de especialistas de este nosocomio, así como de expertos en la Nom-046-SSA2-2005 de la jurisdicción sanitaria, personal de Trabajo Social y Unidad de Género; previo estudio del caso y escuchadas las opiniones técnicas y en apego a la normatividad aplicable al caso, específicamente en lo tocante a que la paciente cursa 15 semanas de embarazo, con fundamento en las fracciones II y III del artículo 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, NO A LUGAR A LA PRÁCTICA DE LA I.L.E. a la paciente de identidad resguardada”.

Después el documento también comunicó que “por respeto al derecho a la salud de la paciente” mantendría consultas abiertas si es que la niña las requiriera, y “adicionalmente se hace refregamiento a quien corresponda para que a través de otra institución de la salud pueda ser re valorada la paciente”. Es decir, la enviaron a otra parte. A cualquier parte donde ella pudiera ir.

El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, Salvador Beristain, dijo a Animal Político que esa institución aún tiene “el reto” de tener la capacidad de “respetar todos los derechos”, aunque a veces ello “crea resistencias que deben desaparecer”. Según el servidor público, hay actualmente “un proceso de tránsito hacia la equidad y cuesta trabajo y hay resistencia”.

Mientras tanto, la Fiscalía de Veracruz y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) se coordinaron para no perder la cadena de custodia, y Equifonía gestionó la atención médica a la niña con médicos gineco-obstetras en una clínica especializada de la Ciudad de México que determinaron el riesgo de muerte, contó la directora de esa organización, Araceli González.

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“El proceso de la atención en la Norma 046 indica que es una emergencia que se debe atender como tal. No se requieren testigos o comités de ética que deberían estar para garantizar que se cumplan los derechos en la atención de las mujeres, que no exista violencia obstétrica, que solo exista la atención a la que ellas tienen derecho, derecho a la vida, a ser lo que ellas quieren ser”, dijo Carrera Riva Palacio .

El caso de Veracruz es un ejemplo de lo que pasa en todo el país. Otra persona que presenció un comité de ética habló con Animal Político bajo condición de anonimato. Fue similar al de Veracruz, pues trataron el caso de una niña de 12 años que fue violada. Ella describió cómo fue la sesión:

“Llegamos, nos sentamos, nos presentaron a todos los doctores, el de anestesia, cirugía, los de diferentes áreas médicas. Te dan galletas y café. Uno explicó la importancia de la Norma 046, después alguien se preguntó que como médicos cómo iban a comprobar que fue violada. Yo les dije que ellos no son Ministerio Público. Alguien preguntó que cómo se podía saber si la relación no fue consensuada, yo le dije que eso no le incumbe. Después esa persona dijo que podría ser objetora de conciencia. Fueron dos horas arduas de estar en estire y afloje”.

Al final de la sesión se determinó no dar la atención a la niña. Dos enfermeras que estuvieron presentes se le acercaron y le dijeron que deberían haberla atendido. La niña fue llevada a una clínica privada y la fuente que habló con Animal Político nunca volvió a ser invitada a la sesión de un comité de bioética.

Desde su experiencia como activista, los comités de bioética tienen una fuerte presencia de objetores de consciencia, y eso ha dado como consecuencia que se tomen decisiones que están por encima de una ley federal, que es la Ley General de Víctimas.

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“No puedo creer que un comité interno de cualquier institución pueda estar por encima de una ley federal”, dijo la fuente.

Animal Político buscó a la Secretaría de Salud Federal para tener su versión sobre la función de los comités de bioética en los casos de niñas y mujeres violadas que necesitan interrumpir su embarazo, pero no obtuvo respuesta.

El doctor Carrera Riva Palacio, que asume la atención de mujeres que no consiguen atención en el Sistema de Salud Pública, cree que “la objeción de conciencia no puede estar por encima del peligro de muerte de una mujer. Los médicos que objetan, que se dediquen a otra cosa, no deberían estar trabajando en el área reproductiva para poder ayudar a la calidad de las mujeres y a salvar su vida”.

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Encuentran restos de 215 niños en una fosa común dentro de una escuela en Canadá

La fosa común fue hallada durante una inspección de una antigua escuela residencial para jóvenes indígenas.
29 de mayo, 2021
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Una fosa común con los restos de 215 niños fue hallada en un internado creado para integrar a miembros de la comunidad indígena de Canadá.

Se trata de antiguos estudiantes de la Kamloops Indian Residential School en Columbia Británica, en el oeste de Canadá, que cerró en 1978.

El hallazgo fue anunciado por la jefa de la comunidad aborigen Tk’emlups te Secwepemc.

El primer ministro Justin Trudeau calificó el hallazgo como un “doloroso recordatorio” de un “capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país”.

Los dirigentes de la comunidad se encuentran trabajando con especialistas en museos y la oficina forense para establecer las causas y el momento exacto de las muertes, que actualmente se desconocen.

Rosanne Casimir, jefa de la comunidad en la ciudad de Kamloops en Columbia Británica, afirmó que el hallazgo preliminar ponía en evidencia una pérdida impensable que nunca fue documentada por los administradores de la escuela.

Estas escuelas de Canadá funcionaban como internados obligatorios administrados por el gobierno y las autoridades religiosas durante los siglos XIX y XX con el objetivo de integrar por la fuerza a los jóvenes indígenas.

Justin Trudeau

Getty Images
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó el hallazgo en el antiguo internado.

El internado Kamloops era el más grande de todo este sistema, que se conoció con el nombre de Sistema Escolar de Residencias Indígenas.

Inaugurado bajo la administración católica en 1890, llegó a contar con hasta 500 estudiantes cuando alcanzó su punto máximo en la década de 1950.

El gobierno central asumió la administración de la escuela en 1969, utilizándola como residencia para estudiantes locales hasta 1978, cuando fue cerrada.

¿Qué se sabe de los restos?

Según los voceros de Tk’emlups te Secwepemc, los restos fueron encontrados con la ayuda de un georradar durante una inspección de la escuela.

“Hasta donde sabemos, las muertes de estos niños nunca fueron documentadas”, aseguró Casimir. “Algunos de ellos tenían apenas 3 años”.

“Buscamos una manera de confirmar los hechos con el más profundo respeto y amor por esos niños perdidos y sus familias, entendiendo que Tk’emlups te Secwepemc es el lugar de descanso final para estos menores”.

Kamloops Indian Residential School, British Columbia

Reuters
El análisis de los restos aún continúa.

También señalaron que se habían acercado a las comunidades cuyos niños habían asistido a esta escuela.

Y afirmaron que esperan obtener resultados preliminares a mediados de junio.

La directora forense de la Columbia Británica, Lisa Lapointe, le explicó a la emisora ​​canadiense CBC que se encuentran “en las primeras etapas del proceso de recopilación de información”.

Reacciones

Las reacciones han sido de conmoción, dolor y arrepentimiento.

“Las noticias sobre los restos que se encontraron en la antigua escuela residencial de Kamloops me rompen el corazón“, escribió Trudeau en un tuit.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1398325696431263745

La ministra de Relaciones Indígenas de Canadá, Carolyn Bennett, dijo que las escuelas residenciales eran parte de una política colonial “vergonzosa” y que el gobierno estaba comprometido a “conmemorar a esas almas inocentes perdidas”.

Por su parte, Terry Teegee, el jefe regional de la Asamblea de Naciones Originarias, calificó el hallazgo de esos cuerpos como un “trabajo urgente” que “refresca el dolor y la pérdida” de las comunidades de la región.

Esos puntos de vista fueron compartidos por otros grupos indígenas, incluida la Autoridad de Salud de las Naciones Originarias (FNHA, por sus siglas en inglés).

“Lamentablemente, esta situación no es una sorpresa e ilustra los impactos dañinos y duraderos que el sistema escolar residencial continúa teniendo en las personas de las naciones originarias, sus familias y comunidades”, señaló su director ejecutivo, Richard Jock, en un comunicado.

¿Qué eran las escuelas residenciales?

Desde aproximadamente 1863 hasta 1998, más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias e inscritos en estas escuelas.

A menudo, a los niños no se les permitía hablar su idioma ni practicar su cultura, y muchos eran maltratados y abusados.

Una comisión lanzada en 2008 para documentar los impactos de este sistema arrojó que un gran número de niños indígenas nunca regresó a sus comunidades de origen.

El histórico informe Verdad y Reconciliación, publicado en 2015, determinó que la política equivalía a un “genocidio cultural”.

En 2008, el gobierno canadiense se disculpó formalmente por el sistema.

El Proyecto Niños Desaparecidos documenta las muertes y los lugares de entierro de los niños que murieron mientras asistían a estas escuelas. Hasta la fecha, se han identificado más de 4.100 menores, según explica.


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