Comités de bioética impiden acceso al aborto a niñas que fueron violadas en México
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Comités de bioética impiden acceso al aborto a niñas que fueron violadas en México

Dos personas que han estado en comités de bioética contaron que fue una experiencia ríspida en la que médicos pasaron por alto la Norma 046, que obliga al Estado a permitir abortar a niñas que fueron violadas.
Cuartoscuro
27 de agosto, 2019
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Un “comité de bioética” sesionó en Xalapa, Veracruz, y decidió el destino de una niña de 13 años que había sido violada y necesitaba abortar de manera segura. Los profesionales que deliberaron tenían la Ley General de Víctimas y la Norma 046 en la mano, donde se establece que esa menor se merecía por ley la atención que les pidió. Pero ellos decidieron que los Servicios de Salud de ese estado no la podían atender, porque el Código Penal de Veracruz les daba la opción de negarse.

Prefirieron adherirse al Código Penal de Veracruz en el cual se especifica que, después de 14 semanas de embarazo, un doctor no puede estar obligado a practicar una interupción segura.

En la Ciudad de México, donde no existe un código penal como el de Veracruz, el doctor gineco-obstetra Alfonso Gerardo Carrera Riva Palacio, que sí atiende ese tipo de casos, dijo que según su experiencia los comités de ética “son una barrera” para niñas y adolescentes que llegan desde los estados en condiciones precarias, para recibir una atención segura.

“Ningún código penal en ningún momento dice que estos casos deben de pasar por un comité de bioética, esa es una dilación para la atención de las niñas”, señaló el doctor en entrevista con Animal Político, y explicó también que casos como el de Veracruz se dan porque tampoco están prohibidos los comités.

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Carrera Riva Palacio contó que uno de cada cuatro casos que recibe se trata de alguna persona proveniente de algún estado. “Nosotros atendemos muchísimas pacientes, son muchas, es un problema de salud pública”, contó el doctor.

Dos personas que han estado en comités de bioética, en donde se decidió el futuro de dos menores que fueron violadas, contaron que fue una experiencia ríspida donde doctoras y doctores pasaron por alto el contenido de la Norma 046, donde se obliga al Estado a dar la atención que niñas violentadas piden, sin necesidad de la intervención del Ministerio Público.

El de Veracruz fue el caso de una niña de 13 años que solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a través de una denuncia por violación, que interpuso en la Fiscalía General de Justicia de ese estado, a pesar de que según la Norma 046 no estaba obligada.

La organización Equifonía asumió la defensa legal de la niña y la abogada Adriana Fuentes participó en un “comité de bioética” en el Centro de Alta Especialidad de Veracruz (CAEV), en donde se discutió si se debía o no practicar la ILE en ese hospital. La decisión fue no realizar el procedimiento pero sí facilitar que la niña pudiera hacerlo en otro lado.

“En lugar de hacer la canalización por la causal del riesgo de muerte, lo que hicieron fue sesionar. Expresaron que no la podían atender, pero que atendiendo el principio de salud era conveniente que la familia la lleve a revaloración donde sí se permitiera, ósea en la Ciudad de México”.

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Existe un documento que da constancia de esa sesión. Es una contestación a la Fiscalía donde se explica por qué no se practicó la Interrupción Segura del Embarazo a la niña:

“Se informa a esta autoridad que derivado de la sesión médica del día de hoy, en la que constituidos en colegio médico, con la participación de especialistas de este nosocomio, así como de expertos en la Nom-046-SSA2-2005 de la jurisdicción sanitaria, personal de Trabajo Social y Unidad de Género; previo estudio del caso y escuchadas las opiniones técnicas y en apego a la normatividad aplicable al caso, específicamente en lo tocante a que la paciente cursa 15 semanas de embarazo, con fundamento en las fracciones II y III del artículo 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, NO A LUGAR A LA PRÁCTICA DE LA I.L.E. a la paciente de identidad resguardada”.

Después el documento también comunicó que “por respeto al derecho a la salud de la paciente” mantendría consultas abiertas si es que la niña las requiriera, y “adicionalmente se hace refregamiento a quien corresponda para que a través de otra institución de la salud pueda ser re valorada la paciente”. Es decir, la enviaron a otra parte. A cualquier parte donde ella pudiera ir.

El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, Salvador Beristain, dijo a Animal Político que esa institución aún tiene “el reto” de tener la capacidad de “respetar todos los derechos”, aunque a veces ello “crea resistencias que deben desaparecer”. Según el servidor público, hay actualmente “un proceso de tránsito hacia la equidad y cuesta trabajo y hay resistencia”.

Mientras tanto, la Fiscalía de Veracruz y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) se coordinaron para no perder la cadena de custodia, y Equifonía gestionó la atención médica a la niña con médicos gineco-obstetras en una clínica especializada de la Ciudad de México que determinaron el riesgo de muerte, contó la directora de esa organización, Araceli González.

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“El proceso de la atención en la Norma 046 indica que es una emergencia que se debe atender como tal. No se requieren testigos o comités de ética que deberían estar para garantizar que se cumplan los derechos en la atención de las mujeres, que no exista violencia obstétrica, que solo exista la atención a la que ellas tienen derecho, derecho a la vida, a ser lo que ellas quieren ser”, dijo Carrera Riva Palacio .

El caso de Veracruz es un ejemplo de lo que pasa en todo el país. Otra persona que presenció un comité de ética habló con Animal Político bajo condición de anonimato. Fue similar al de Veracruz, pues trataron el caso de una niña de 12 años que fue violada. Ella describió cómo fue la sesión:

“Llegamos, nos sentamos, nos presentaron a todos los doctores, el de anestesia, cirugía, los de diferentes áreas médicas. Te dan galletas y café. Uno explicó la importancia de la Norma 046, después alguien se preguntó que como médicos cómo iban a comprobar que fue violada. Yo les dije que ellos no son Ministerio Público. Alguien preguntó que cómo se podía saber si la relación no fue consensuada, yo le dije que eso no le incumbe. Después esa persona dijo que podría ser objetora de conciencia. Fueron dos horas arduas de estar en estire y afloje”.

Al final de la sesión se determinó no dar la atención a la niña. Dos enfermeras que estuvieron presentes se le acercaron y le dijeron que deberían haberla atendido. La niña fue llevada a una clínica privada y la fuente que habló con Animal Político nunca volvió a ser invitada a la sesión de un comité de bioética.

Desde su experiencia como activista, los comités de bioética tienen una fuerte presencia de objetores de consciencia, y eso ha dado como consecuencia que se tomen decisiones que están por encima de una ley federal, que es la Ley General de Víctimas.

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“No puedo creer que un comité interno de cualquier institución pueda estar por encima de una ley federal”, dijo la fuente.

Animal Político buscó a la Secretaría de Salud Federal para tener su versión sobre la función de los comités de bioética en los casos de niñas y mujeres violadas que necesitan interrumpir su embarazo, pero no obtuvo respuesta.

El doctor Carrera Riva Palacio, que asume la atención de mujeres que no consiguen atención en el Sistema de Salud Pública, cree que “la objeción de conciencia no puede estar por encima del peligro de muerte de una mujer. Los médicos que objetan, que se dediquen a otra cosa, no deberían estar trabajando en el área reproductiva para poder ayudar a la calidad de las mujeres y a salvar su vida”.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

Getty Images

1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

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Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

Getty Images
Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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