Dos testigos clave: el as bajo la manga de la FGR en la acusación contra Rosario Robles por La Estafa Maestra
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Jesús Santamaría y Andrea Paredes

Dos testigos clave: el as bajo la manga de la FGR en la acusación contra Rosario Robles por La Estafa Maestra

Dos exfuncionarios de la Sedesol y Sedatu aseguran haber avisado a Robles de las irregularidades desde 2014, de primero forma verbal y después por escrito.
Jesús Santamaría y Andrea Paredes
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
9 de agosto, 2019
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La Fiscalía General de la República (FGR) tenía preparado un as bajo la manga para demostrar que Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, supo de los presuntos desvíos de La Estafa Maestra desde 2014 y no los detuvo: el testimonio de dos testigos clave y 12 oficios que la Auditoría Superior de la Federación le envió para avisarle sobre las irregularidades. 

Rosario Robles es la primera exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio judicial por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción revelado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción  y la Impunidad, que involucró a 11 dependencias del gobierno Federal, ocho universidades públicas y 186 empresas para desaparecer recursos públicos. 

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La Fiscalía buscó imputar a Robles del delito de ejercicio indebido de la función pública, gracias al testimonio de dos exfuncionarios de la Sedesol y Sedatu, quienes aseguraron haber avisado a la exfuncionaria de las irregularidades desde 2014, primero de forma verbal y después por escrito. 

También relataron un encuentro con el exauditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en junio de 2014, funcionarios de la Sedesol y la entonces secretaria, Rosario Robles. 

Después de que Portal le informara del “abuso” de la dependencia sobre exceptuar licitaciones para contratar proveedores y, en su lugar, hacer convenios con universidades, y el presunto desvío de recursos públicos, Rosario Robles “dio por terminada la reunión de manera abrupta”, según los testimonios.

También 12 oficios enviados a Robles en 2015 por parte del área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, en la que le informó sobre los pliegos de observaciones, es decir, listado de irregularidades detectadas en la Sedesol. 

Todo ello demuestra, según la Fiscalía, que Robles tuvo pleno conocimiento del esquema de desvío y no sólo no avisó al presidente Enrique Peña Nieto, su jefe directo, sino que no hizo nada para detener las irregularidades que causaron un probable y grave daño a la Hacienda Pública Federal por 5 mil 073 millones de pesos. 

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Lo anterior, son algunas de las principales claves de lo sucedido en la audiencia inicial de Rosario Robles, que arrancó a las diez de la mañana de ayer jueves, cuando la exsecretaria de Sedesol y Sedatu llegó una hora antes de lo programado en el citatorio de la Fiscalía. 

“Aquí estoy”

Rosario Robles llegó a bordo de una camioneta gris que conducía Julio Hernández Barros, uno de los seis abogados que integra el ‘batallón’ legal que la defiende en este caso, y voz de la exfuncionaria en los medios desde que el pasado 29 de julio se diera a conocer el citatorio de la Fiscalía General de la República.

Portando el llamativo vestido de color blanco que ya utilizó en su última comparecencia como funcionaria en octubre del año pasado, cuando también dio explicaciones ante la Cámara de Diputados por irregularidades en La Estafa Maestra, Rosario Robles entró a pie a las instalaciones del Reclusorio y no a bordo de la camioneta. 

Antes de bajar del auto, Rosario dejó el abrigo Burberry beige en el asiento del copiloto, y escoltada por abogados y sus hermanas se abrió paso entre decenas de periodistas, cámaras y fotógrafos, que hicieron guardia desde la noche para tomar imágenes de su llegada. 

-Rosario, ¿está tranquila? -le preguntaron, en alusión a las palabras del entonces presidente Enrique Peña Nieto que se hicieron virales, cuando en un evento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en abril de 2013, le dijo que estuviera tranquila ante las primeras acusaciones de corrupción en Sedesol publicadas en medios de comunicación. 

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Rosario, en mitad de la tempestad mediática, continuó avanzando hasta acceder al estacionamiento del inmueble, dejando atrás los empujones, golpes, y los jaloneos de la prensa. 

“Aquí estoy, como prometí. Dando la cara como la he dado siempre, y muy tranquila”, dijo en respuesta a un grito de “corrupta” que le espetaron un par de manifestantes. 

En la Sala 1 donde se llevó a cabo la audiencia, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu tomó asiento junto a su séquito de abogados mientras, un par de filas atrás, su hija Mariana Moguel, se levantaba constantemente para hacerle comentarios al oído, o para dejarle alguna caricia en el hombro en señal de apoyo. 

Finalmente, a las 12:08 horas de la tarde, con algo más de una hora de retraso, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna apareció en la sala ofreciendo una disculpa por las fallas en la logística de la audiencia. 

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“No estamos acostumbrados a tener tantos medios en la sala”, admitió el magistrado, en alusión al espectacular interés mediático que generó que una exsecretaria de Estado, por primera vez, enfrente las acusaciones en un Tribunal por el caso de La Estafa Maestra. 

“Guarde silencio y acate mi determinación”

Pocos minutos después de arrancar la audiencia, la defensa de la exfuncionaria hizo su primer movimiento sobre el tablero al tratar de sacar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la jugada.

En el citatorio contra Robles, la Fiscalía presentó a la Auditoría como “víctima indirecta” por los presuntos desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu a través de universidades públicas en el mecanismo de fraude conocido como La Estafa Maestra.

Sin embargo, para la defensa la presencia de la Auditoría como “víctima indirecta” no estaba justificada, argumentando que ésta es un órgano técnico de revisión y control de los recursos públicos, pero no el dueño de éstos, que son del Estado. 

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“La víctima es solo la que resiente el daño. Y el erario público no le pertenece a la Auditoría”, insistió el abogado Julio Hernández, mientras Robles asentía con la cabeza.

Tras escuchar a las partes, el juez se tomó media hora, en lo que Rosario Robles intercambió numerosos papeles y notas con sus abogados. 

“La petición de la defensa es infundada”, concluyó el juez de control, que argumentó que la Auditoría está facultada para investigar hechos ilícitos y puede participar en la acusación de la Fiscalía, anulando así el primer movimiento estratégico de la defensa.

Insatisfechos con la decisión, la defensa volvió a la carga. 

Sorpresivamente, uno de los abogados de Robles planteó que la audiencia debía diferirse a otro día por la existencia en un juzgado de Tapachula, Chiapas, de un juicio de amparo de un co-imputado en este mismo caso, del que no quiso revelar su identidad. 

Argumento que fue rechazado de manera tajante por el juez Felipe de Jesús Delgadillo, quien consideró que ese juicio de amparo no afectaba en nada a la audiencia de Rosario Robles, y propinó la primera regañiza a la defensa.

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“No se va a diferir la audiencia. Y no intente diferirla tramposamente por un amparo de un co-imputado de nombre que además se reserva”, advirtió el magistrado al abogado, quien ante el intento de contraargumentar la decisión fue amonestado de nuevo con tono severo: “Guarde silencio y acate mi determinación”. 

“No se preocupen, todo está arreglado”

Luego del primer round y de la reprimenda del juez, la Fiscalía comenzó la narración de los hechos por los que busca imputar a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública, que tuvo como consecuencia un presunto daño al erario por más de 5 mil millones de pesos. 

En la exposición de hechos -y tal vez de toda la audiencia-, la frase más repetida por los agentes de la Fiscalía fue que Rosario Robles “tenía pleno conocimiento” de múltiples irregularidades en la firma de convenios en Sedesol y Sedatu con universidades públicas y con organismos estatales de comunicación, como Telemax Sonora, Radio y Televisión de Hidalgo, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. 

“Rosario Robles no evitó las conductas irregulares de terceros, y no administró con transparencia y honradez los recursos de Sedesol y Sedatu”, acusó el agente de la Fiscalía, Mario Fonseca, que hizo una dilatada presentación de los 27 convenios que Sedesol y Sedatu firmaron con universidades.

A las tres de la tarde, tuvo que irse a un receso de dos horas, luego de que la defensa de Robles solicitara múltiples precisiones acerca de quién firmó los convenios, cuándo, y cuáles fueron los presuntos daños al erario que se derivaron de cada uno.

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A la vuelta del receso, los regaños del juez continuaron hacia la defensa, luego de que ésta interpelara continuamente a la Fiscalía mientras exponía el contenido de los convenios, iniciando una pelea entre ambas partes que fue cortada de tajo por el magistrado. 

“Abogado, ya se acotaron las precisiones que pidió la defensa. No puede interrumpir a la Fiscalía. Eso no está en ningún tratado. Es una norma básica de respeto”, señaló el juez irritado con la actitud de la defensa. 

Con la cara apoyada en la mano, y negando en varias ocasiones con la cabeza, Rosario Robles escuchó durante otras tres horas a los fiscales exponer los numerosos datos de prueba obtenidos a raíz de decenas de oficios que darían cuenta de que, desde 2014, fue avisada en múltiples ocasiones por las irregularidades en su dependencia, y de los testimonios clave de dos exfuncionarios que estuvieron a su cargo.

Los testigos son: José Antolino Orozco, exdirector de Geoestadística en Sedesol y ex jefe de la Unidad de Planeación en Sedatu; y María del Carmen Gutiérrez Medina, extitular de la Unidad de Planeación en Sedatu del 1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018.

Los testimonios de los testigos aseguran que Rosario “tenía conocimiento” de que al interior de la Sedesol y de la Sedatu existía una “estructura” paralela dedicada a la simulación de servicios, la falsificación de firmas en convenios irregulares, y la fabricación de entregables que se bajaban de internet. 

Según refirió la Fiscalía, los funcionarios implicados en la firma de los convenios con universidades eran frecuentemente citados en una oficina paralela a la Sedesol y a la Sedatu, en la calle Tennyson 125, en Polanco, donde estaban Emilio Zebadúa, oficial mayor de Rosario en Sedesol y Sedatu y su mano derecha, y otros funcionarios. 

Ese inmueble, y otros más en las colonias Polanco y Anzures, habrían sido utilizados por los funcionarios de ambas dependencias federales durante las gestiones de Rosario Robles, para falsificar documentos utilizados en el esquema de La Estafa Maestra.  

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De acuerdo con los testimonios recabados por la Fiscalía, en las oficinas donde se creaban los entregables, a los funcionarios implicados les decían: “No se preocupen, todo está arreglado”.

“Es inaudito que no pidan medidas cautelares”

Tras la exposición de la Fiscalía, el juez consultó a Rosario Robles si quería hacer alguna declaración en su defensa, a lo que la exsecretaria de Estado, aconsejada por sus seis abogados, declinó diciendo: “Prefiero guardar silencio, su señoría”. 

Lo que sí pidió la defensa al juez fue que éste suspendiera la audiencia por 72 horas para poder presentar argumentos, pruebas, e incluso testimonios, a favor de Rosario Robles frente a las acusaciones de la Fiscalía. Petición que el juez, tras haberla negado en un inicio hasta dos veces por considerarla infundada, finalmente aceptó, suspendiendo la audiencia hasta el próximo lunes a las 18 horas. 

La Fiscalía, por su parte, no pidió alguna medida cautelar contra Rosario Robles. Es decir, no pidió al juez que, por temor a una posible fuga, Rosario Robles entregara su pasaporte, o que su domicilio fuera vigilado por la policía, algo que el juez consideró como “inaudito”. 

Rosario Robles, tras ser advertida por el juez de que ahora ya está obligada a comparecer el próximo lunes a la audiencia, volvió a reiterar que se presentará para continuar con su defensa.

“Estaré aquí, como estuve hoy, de manera completamente voluntaria para hacer frente a todas las acusaciones. Cuando me enteré de esto estaba fuera del país, pero aquí estoy. Respeto la ley y estaré el próximo lunes”, aseguró la exfuncionaria, para poner fin a una audiencia de casi 10 horas de duración.

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Lilly

Cómo funciona el bamlanivimab, el primer medicamento diseñado específicamente contra la COVID-19

La terapia, aprobada por la FDA en Estados Unidos para uso de emergencia, consiste en anticuerpos monoclonales que se unen al virus para bloquear la infección.
Lilly
16 de noviembre, 2020
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La agencia reguladora de medicamentos norteamericana, FDA (Food and Drug Administration), acaba de emitir una autorización de uso de emergencia (EUA, Emergency Use Authorization) para el tratamiento de la COVID-19 de intensidad leve a moderada en pacientes adultos y pediátricos que no han sido hospitalizados.

La terapia, todavía en investigación, está basada en anticuerpos monoclonales y tiene el nombre de bamlanivimab.

Este agente terapéutico, desarrollado por la compañía farmacéutica Eli Lilly, es un anticuerpo monoclonal similar a los que formaban parte del cóctel de medicamentos para la COVID-19 que se administró a Donald Trump.

¿Qué son los anticuerpos monoclonales?

Por lo general, los anticuerpos son grandes proteínas integrantes del sistema inmunológico necesarias para identificar y neutralizar objetos extraños al organismo, como bacterias y virus.

En el caso concreto de los anticuerpos monoclonales (mAbs, del inglés monoclonal antibodies), se trata de glicoproteínas producidas por el clon de una célula híbrida (creada a partir de la fusión de una sola célula madre del sistema inmune y una célula plasmática tumoral) y diseñada para atacar a un antígeno concreto.

Su producción se basa en el establecimiento de linfocitos B inmortales modificados para producir una inmunoglobulina específica.

Según el nivel de pureza de la inmunoglobulina, ésta puede ser completamente murina, quimérica, humanizada o completamente humana.

Los anticuerpos monoclonales se seleccionan cuidadosamente y se dirigen contra una molécula concreta que desempeña una función clave en un proceso patológico, y suelen utilizarse en el tratamiento de ciertas enfermedades como el cáncer o la artritis reumatoide.

laboratorio

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Pruebas de estabilidad de los materiales de los ensayos clínicos.

¿Y los anticuerpos neutralizantes?

Los anticuerpos neutralizantes constituyen una de las posibles defensas que tiene el sistema inmunitario frente a las infecciones.

Estos anticuerpos permiten contrarrestar y eliminar el efecto de microorganismos invasores, y su actividad se desencadena, por ejemplo, gracias a proteínas situadas en la superficie de los virus, a las que se unen para “bloquear” la infección.

En este sentido, la comunidad científica lleva tiempo estudiando si la respuesta defensiva mediante anticuerpos neutralizantes puede inducir inmunidad efectiva y duradera.

Y, más concretamente, se está investigando si los anticuerpos generados por pacientes que han estado en contacto con el coronavirus SARS-CoV-2 podrían utilizarse como base para nuevos tratamientos de la COVID-19.

Sin embargo, aunque los anticuerpos neutralizantes se generan cuando una persona sufre una infección y parece que juegan una función importante en la respuesta inmunitaria, su papel concreto en los engranajes de la COVID-19 no está del todo dilucidado.

Los estudios llevados a cabo hasta el momento con el virus SARS-CoV-2 señalan que los anticuerpos neutralizantes aparecen unas dos semanas tras comenzar la infección, y que su pico máximo de actividad se situaría entre las semanas 4 y 6.

Pero existen aún muchas incógnitas: no se ha confirmado si todos los pacientes infectados generan anticuerpos neutralizantes; qué factores determinan su aparición y actividad (edad del paciente, gravedad de la infección).

Tampoco si sus niveles de neutralización son siempre suficientes para conferir protección, ya que estos niveles son muy variables y no se detectan en el 10-30 % de los pacientes.

La entrada de SARS-CoV-2 en las células se inicia por la interacción del dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína viral Spike (S) con la enzima convertidora de angiotensina-2 (ACE2), que actúa como receptor del virus en la superficie de la célula diana.

Los mAb neutralizantes más potentes se dirigen al RBD y algunos pueden actuar simplemente compitiendo con el receptor para unirse a la proteína S.

¿Qué es el bamlanivimab?

El bamlanivimab es un anticuerpo monoclonal IgG1-kappa humano recombinante neutralizante contra la proteína Spike del virus SARS-CoV-2, y no está modificado en la región Fc.

Este agente está autorizado para el tratamiento de pacientes con resultados positivos en las pruebas del SARS-CoV-2 que tengan 12 años de edad o más y pesen al menos 40 kilogramos y que tengan un alto riesgo de progresar a COVID-19 grave u hospitalización.

Esto incluye a aquellos pacientes que tienen 65 años de edad o más, o que presenten ciertas afecciones médicas crónicas.

El bamlanivimab es un medicamento que debe ser aplicado por vía intravenosa, por lo que los pacientes deben acudir a un centro hospitalario para que les sea administrado.

Si bien se sigue evaluando la seguridad y la eficacia de esta terapia en fase de investigación, los ensayos clínicos han confirmado que el bamlanivimab, en comparación con placebo, reduce las hospitalizaciones o las entradas a los servicios de urgencia relacionadas con la COVID-19 en pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad, dentro de los 28 días posteriores al inicio del tratamiento.

Por este motivo, su uso es recomendable en las primeras fases de la enfermedad, a ser posible en los primeros 10 días tras la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Sin embargo, el bamlanivimab no está autorizado en el caso de pacientes hospitalizados por COVID-19 o que requieran oxigenoterapia, ya que no se ha demostrado un beneficio significativo del tratamiento con este anticuerpo monoclonal en pacientes hospitalizados con COVID-19.

Y, de hecho, los mAb, como el bamlanivimab, pueden estar asociados con peores resultados clínicos cuando se administran a pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica.

Con respecto al perfil de seguridad, los efectos adversos de los mAb, en general, se pueden agrupar en dos tipos diferentes: los derivados de la acción del anticuerpo, como infecciones oportunistas, infecciones comunes o desarrollo de fenómenos autoinmunes; y los derivados de la administración de proteínas: reacciones anafilácticas, síndrome de liberación de citoquinas y desarrollo de anticuerpos.

En el caso concreto del bamlanivimab, las reacciones adversas más frecuentemente comunicadas a la FDA han sido náuseas, mareos, dolor de cabeza, prurito, hipersensibilidad inmediata no grave, diarrea y vómitos.

hospital

Getty Images
Las hospitalizaciones por coronavirus en muchos países han aumentado durante las últimas semanas.

En conclusión

El bamlanivimab constituye una nueva herramienta terapéutica en la lucha contra la COVID-19 que ha sido autorizada de forma condicional en EE.UU., bajo el epígrafe de Emergency Use Authorization, lo que implica, al igual que ocurre en Europa, que satisface una necesidad médica no cubierta, en la medida en que el beneficio para la salud pública de su inmediata disponibilidad es superior a la incertidumbre derivada de la limitación de los datos clínicos disponibles.

Sin embargo, la compañía farmacéutica responsable del desarrollo, Eli Lilly, debe comprometerse a proporcionar más datos clínicos que completen la información sobre eficacia y seguridad del medicamento, a medida que se van obteniendo de los resultados de los ensayos clínicos en marcha.

Y solo cuando estos datos sean positivos se concedería la autorización completa y definitiva, mientras que, en caso contrario, habría que retirar el medicamento del mercado.

El bamlanivimab abre una nueva y esperanzadora ventana en la terapia de la COVID-19, pues, al contrario que otros fármacos disponibles en el mercado para otras enfermedades y que han demostrado una cierta eficacia en esta patología (remdesivir, plitidepsina, dexametasona, hidroxicloroquina, etc.), éste es el primer medicamento desarrollado y autorizado específicamente para el tratamiento de los pacientes de COVID-19.

La batalla final contra el virus ha comenzado.

*Francisco López-Muñoz es profesor de farmacología y vicerrector de investigación y ciencia de la Universidad Camilo José Cela y Jose Antonio Guerra Guirao es profesor de farmacología y toxicología de la Universidad Complutense de Madrid.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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