Rosario Robles, la primera exsecretaria de Estado que enfrenta a la justicia por La Estafa Maestra
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Especial

Rosario Robles, la primera exsecretaria de Estado que enfrenta a la justicia por La Estafa Maestra

Este jueves, Rosario Robles comparecerá ante un juez en el Reclusorio Sur por el caso de La Estafa Maestra.
Especial
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
7 de agosto, 2019
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Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol se presentará este jueves ante el juez en una audiencia inicial por La Estafa Maestra. Ella es la primera exfuncionaria de alto nivel que acude ante un juez por este caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y presuntos desvíos millonarios en la Sedesol.

Lee: Rosario Robles enfrenta audiencia: ¿puede ser acusada por otros delitos y quedar detenida?

Este jueves, acudirá al Reclusorio Sur de la Ciudad de México ante un juez de control, quien decidirá si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para vincularla a proceso, o si por el contrario no la vincula.

Su abogado, Julio Hernández Barros aseguró que la exsecretaria se presentará a la audiencia pues “no hay nada que esconder”.

Se prevé que la defensa de Rosario Robles utilizará los mismos argumentos de otros dos altos funcionarios de la Sedesol y la Sedatu que en abril de este año no fueron vinculados a proceso por el caso de La Estafa Maestra: responsabilizar a las universidades que participaron en el esquema de fraude por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

El citatorio de la Fiscalía surge a raíz de una denuncia interpuesta en septiembre del año pasado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la organización civil Tojil AC, a partir de la investigación periodística La Estafa Maestra, en la que se documentó un esquema de corrupción por el que más de 2 mil millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de Sedesol acabaron en empresas fantasma a través de las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México.

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Ante estos señalamientos y el citatorio de la Fiscalía, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, dijo que su representada no firmó contrato alguno con las compañías fantasma, “ni ordenó a nadie que se firmara nada”. E insistió en el mismo argumento que ya apuntaron múltiples implicados en La Estafa Maestra, recalcando que, en todo caso, la responsabilidad por alguna irregularidad recaería sobre las universidades que subcontrataron a las compañías.

“Cada quien debe responder de sus actos, y si las universidades hicieron un uso indebido del dinero que se les pagó por un trabajo legítimo, pues ellas serán las que tengan que responder por ese dinero”, subrayó en entrevista con Animal Político Julio Hernández, quien, no obstante, insistió que tanto la Sedesol como la Sedatu sí recibieron los servicios que contrató a las universidades, a pesar de que las compañías subcontratadas son fantasma.

Con este mismo argumento de pasarle la responsabilidad a las universidades, dos altos funcionarios de Sedesol y de Sedatu, ambos bajo la dirección de Rosario Robles como titular en ambas dependencias, ya libraron en abril pasado ir a juicio por La Estafa Maestra.

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Se trata de Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol, y Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu.

Ambos fueron subalternos directos de Emilio Zebadúa, mano derecha de Rosario Robles y  exoficial mayor de Sedesol y de Sedatu, quien también fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación por su presunta participación, en 2016, en desvíos por 185 millones de pesos de la Sedatu que terminaron en empresas ilegales.

Así ‘libraron’ La Estafa Maestra

En el caso de León Mojarro, éste firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México para el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de Sedesol.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esa universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas fantasma o irregulares que no hicieron los servicios y se quedaron con el dinero de la Sedesol.

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Por este caso, la Fiscalía acusó a León Mojarro por ejercicio indebido de la función pública, como a Rosario Robles. No obstante, el juez federal Fernando Payá determinó que la Fiscalía no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación de las universidades, ni sobre uso indebido de la función pública. Y decidió no vincular a proceso al exfuncionario de Sedesol.

Entre sus argumentos, el juez le dio la razón a la defensa de Pedró Simón Mojarro, señalando que si posterior a la firma del convenio entre la Sedesol y la Universidad, la casa de estudios subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado ésta por escrito que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa penal no imputable al exfuncionario de Sedesol.

“El imputado no podía saber, a futuro, que la Universidad subcontrataría a empresas”, resaltó el juez.

“Además, la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la Universidad subcontrataría por arriba del 49% que permite la Ley Federal de Adquisiciones”, añadió el juez en la audiencia inicial por este caso del 4 de abril pasado.

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El caso de Francisco Báez

En cuanto a Francisco Báez, éste fue el encargado de liberar 185 millones de pesos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del Estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

Por este caso, la Fiscalía pidió a un juez federal que vinculara a proceso a Báez por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de pesos, y por el probable delito de ejercicio indebido del servicio público, también el mismo que le atribuye ahora a Rosario Robles.

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Pero otra vez el juez Fernando Payá decidió no vincular a proceso a Francisco Báez por falta de elementos probatorios. Y argumentó, de nuevo, que la responsabilidad en la subcontratación de empresas fantasma o irregulares recaería, en todo caso, en la universidad y no en los funcionarios de Sedatu.

Es decir, según la decisión del juez, la supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu no sería imputable al exdirector de presupuesto de la Sedatu, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos servicios. Y que esto, como ya argumentó el magistrado en el caso de León Mojarro, ya sería materia de otra causa penal distinta.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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