Rosario Robles, la primera exsecretaria de Estado que enfrenta a la justicia por La Estafa Maestra
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Especial

Rosario Robles, la primera exsecretaria de Estado que enfrenta a la justicia por La Estafa Maestra

Este jueves, Rosario Robles comparecerá ante un juez en el Reclusorio Sur por el caso de La Estafa Maestra.
Especial
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
7 de agosto, 2019
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Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol se presentará este jueves ante el juez en una audiencia inicial por La Estafa Maestra. Ella es la primera exfuncionaria de alto nivel que acude ante un juez por este caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y presuntos desvíos millonarios en la Sedesol.

Lee: Rosario Robles enfrenta audiencia: ¿puede ser acusada por otros delitos y quedar detenida?

Este jueves, acudirá al Reclusorio Sur de la Ciudad de México ante un juez de control, quien decidirá si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para vincularla a proceso, o si por el contrario no la vincula.

Su abogado, Julio Hernández Barros aseguró que la exsecretaria se presentará a la audiencia pues “no hay nada que esconder”.

Se prevé que la defensa de Rosario Robles utilizará los mismos argumentos de otros dos altos funcionarios de la Sedesol y la Sedatu que en abril de este año no fueron vinculados a proceso por el caso de La Estafa Maestra: responsabilizar a las universidades que participaron en el esquema de fraude por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

El citatorio de la Fiscalía surge a raíz de una denuncia interpuesta en septiembre del año pasado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la organización civil Tojil AC, a partir de la investigación periodística La Estafa Maestra, en la que se documentó un esquema de corrupción por el que más de 2 mil millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de Sedesol acabaron en empresas fantasma a través de las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México.

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Ante estos señalamientos y el citatorio de la Fiscalía, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, dijo que su representada no firmó contrato alguno con las compañías fantasma, “ni ordenó a nadie que se firmara nada”. E insistió en el mismo argumento que ya apuntaron múltiples implicados en La Estafa Maestra, recalcando que, en todo caso, la responsabilidad por alguna irregularidad recaería sobre las universidades que subcontrataron a las compañías.

“Cada quien debe responder de sus actos, y si las universidades hicieron un uso indebido del dinero que se les pagó por un trabajo legítimo, pues ellas serán las que tengan que responder por ese dinero”, subrayó en entrevista con Animal Político Julio Hernández, quien, no obstante, insistió que tanto la Sedesol como la Sedatu sí recibieron los servicios que contrató a las universidades, a pesar de que las compañías subcontratadas son fantasma.

Con este mismo argumento de pasarle la responsabilidad a las universidades, dos altos funcionarios de Sedesol y de Sedatu, ambos bajo la dirección de Rosario Robles como titular en ambas dependencias, ya libraron en abril pasado ir a juicio por La Estafa Maestra.

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Se trata de Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol, y Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu.

Ambos fueron subalternos directos de Emilio Zebadúa, mano derecha de Rosario Robles y  exoficial mayor de Sedesol y de Sedatu, quien también fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación por su presunta participación, en 2016, en desvíos por 185 millones de pesos de la Sedatu que terminaron en empresas ilegales.

Así ‘libraron’ La Estafa Maestra

En el caso de León Mojarro, éste firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México para el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de Sedesol.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esa universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas fantasma o irregulares que no hicieron los servicios y se quedaron con el dinero de la Sedesol.

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Por este caso, la Fiscalía acusó a León Mojarro por ejercicio indebido de la función pública, como a Rosario Robles. No obstante, el juez federal Fernando Payá determinó que la Fiscalía no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación de las universidades, ni sobre uso indebido de la función pública. Y decidió no vincular a proceso al exfuncionario de Sedesol.

Entre sus argumentos, el juez le dio la razón a la defensa de Pedró Simón Mojarro, señalando que si posterior a la firma del convenio entre la Sedesol y la Universidad, la casa de estudios subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado ésta por escrito que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa penal no imputable al exfuncionario de Sedesol.

“El imputado no podía saber, a futuro, que la Universidad subcontrataría a empresas”, resaltó el juez.

“Además, la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la Universidad subcontrataría por arriba del 49% que permite la Ley Federal de Adquisiciones”, añadió el juez en la audiencia inicial por este caso del 4 de abril pasado.

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El caso de Francisco Báez

En cuanto a Francisco Báez, éste fue el encargado de liberar 185 millones de pesos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del Estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

Por este caso, la Fiscalía pidió a un juez federal que vinculara a proceso a Báez por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de pesos, y por el probable delito de ejercicio indebido del servicio público, también el mismo que le atribuye ahora a Rosario Robles.

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Pero otra vez el juez Fernando Payá decidió no vincular a proceso a Francisco Báez por falta de elementos probatorios. Y argumentó, de nuevo, que la responsabilidad en la subcontratación de empresas fantasma o irregulares recaería, en todo caso, en la universidad y no en los funcionarios de Sedatu.

Es decir, según la decisión del juez, la supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu no sería imputable al exdirector de presupuesto de la Sedatu, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos servicios. Y que esto, como ya argumentó el magistrado en el caso de León Mojarro, ya sería materia de otra causa penal distinta.

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Prueba del coronavirus: para qué sirven y para qué no los distintos tests de la covid-19

Existen multitud de pruebas para saber si estamos infectados de coronavirus o lo hemos estado en el pasado. ¿Para qué sirve cada una? ¿Qué información nos dan?
26 de noviembre, 2020
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Conforme avanza la pandemia la población se va anegando en una terminología médica que hace menos de un año desconocía.

Los términos anticuerpo, antígeno y PCR son ya habituales en las conversaciones, aunque muchas veces no se tenga clara la utilidad y la repercusión de cada uno de ellos en la salud individual y colectiva.

La introducción reciente de nuevas pruebas diagnósticas como la prueba de detección de antígenos, más fiable ahora que al inicio de la pandemia, ha hecho que se amplíe el número de herramientas disponibles para la detección de infecciones por SARS-CoV-2.

Con ello, aumenta la necesidad de disponer de guías que ayuden a decidir qué prueba se debe realizar en cada caso particular y cómo interpretar sus resultados.

Entornos diferentes necesitan pruebas diferentes

Son muchas las situaciones en las que es necesario aplicar pruebas diagnósticas pero, en líneas generales, podemos plantear los siguientes escenarios:

  • El cribado masivo de la población asintomática.
  • El cribado de la población de alto riesgo (por ejemplo, en residencias de la tercera edad y a personal sanitario).
  • La investigación de los contactos estrechos que ha tenido una persona infectada.
  • El diagnóstico clínico de una persona sintomática.
  • El seguimiento de la severidad de la enfermedad una vez diagnosticada o de la duración de la infectividad del paciente.
  • El estudio serológico poblacional de infecciones pasadas.

Hasta la fecha ninguna prueba diagnóstica cumple los requerimientos para ser aplicada con fiabilidad en todos y cada uno de estos escenarios.

Esta situación ha generado mucha confusión en la interpretación de los resultados obtenidos por las distintas pruebas en cada uno de estos escenarios. No solo entre la población sino a veces entre los propios sanitarios.

Cada prueba, con sus limitaciones, puede tener utilidad en un entorno concreto y es necesario conocerlas para poder tomar las decisiones clínicas oportunas en función de sus resultados.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las situaciones clínicas donde se puede aplicar cada prueba y cuáles, dentro de las aplicaciones recomendadas, son aquellas situaciones donde hay más probabilidad de que se obtenga un falso positivo (un positivo en personas no infectadas) o un falso negativo (un negativo en personas que sí están infectadas).

Todo esto asumiendo que no ha habido errores en la toma de muestras, su transporte y el procesado preanalítico.

Pruebas que detectan infección pasada o en fases finales

Las pruebas serológicas consisten en la detección de anticuerpos (IgM, que indica infección resolviéndose, e IgG, que indica infección pasada). Pueden ser útiles en las encuestas epidemiológicas a nivel poblacional en las que se quiere evaluar la prevalencia de personas que han estado en contacto con el virus.

En concreto, los anticuerpos IgM aparecen a los 6-7 días del inicio de la infección y se detecta mayor positividad a los 15 días. Alrededor del día 20 desde el inicio de los síntomas ya no se detectan.

Los anticuerpos IgG aparecen aproximadamente a los 15 días del inicio de la infección y confieren probable inmunidad (aunque en la actualidad se desconoce por cuánto tiempo).

Este es el caso de las encuestas de seroprevalencia realizadas en España desde el Instituto de Salud Carlos III y en las que se pudo conocer la prevalencia y características de la población que se había contagiado durante la primera ola de la pandemia, a través de la medición de los anticuerpos IgG .

Tubo con muestra para prueba molecular de covid-19

Getty Images
Si te has hecho la prueba contra el covid-19, ¿sabes qué tipo de análisis te has hecho?

Sin embargo, estas pruebas tienen un uso muy limitado (si es que tienen alguno) en la evaluación de la infección activa, a pesar de que con este fin se estén aplicando erróneamente en algunas comunidades autónomas y en otros ámbitos.

Además, tienen importantes limitaciones, especialmente las relacionadas con la presencia de resultados falsos positivos por su reacción cruzada con otros virus.

Existen diferentes técnicas para la determinación de anticuerpos: ELISA (Enzima-Inmunoensayo) y CLIA (Quimio-luminiscencia) (pruebas de referencia para la determinación de anticuerpos) e inmunocromatografía (o también llamada prueba rápida).

Los resultados de las pruebas de ELISA/CLIA son cuantitativos. Es decir, se indica el título (o número) de anticuerpos presentes.

Por otra parte, los resultados de las pruebas rápidas son cualitativos (presencia o ausencia de anticuerpos).

La sensibilidad y especificidad es mayor en las pruebas de ELISA y CLIA que en las pruebas rápidas. No obstante, dada la facilidad de realización de las pruebas rápidas (muestra de sangre capilar frente a suero o plasma y menor complejidad en su realización), se ha extendido su uso, sobre todo en laboratorios privados, a pesar de la mayor probabilidad de resultados falsos negativos y positivos.

Pruebas que detectan infección activa

Entre las pruebas para detectar la presencia del virus, el uso de la PCR -que detecta el genoma viral- se ha establecido como la prueba de oro para la detección de infección activa.

Entre sus limitaciones, además de la complejidad en términos de equipamientos de laboratorio, coste y tiempo, hay que destacar los falsos negativos que pueden depender del inicio de los síntomas o la carga viral, así como falsos positivos en función de las características del entorno en que se realizan y la dinámica temporal de la infección.

En general, en personas con baja probabilidad de estar infectadas (como ocurre en los cribados de población general) aumenta la probabilidad de obtener falsos positivos.

Por otro lado, un resultado positivo semanas después de la aparición de los síntomas puede ser debido a la detección de fragmentos no viables del virus en personas que ya no tienen capacidad infecciosa.

Dentro de esta categoría de pruebas infección activa se encuentran las nuevas pruebas de detección de antígenos que se consideran “rápidas y baratas”.

Detectan la presencia de proteínas virales de SARS-CoV-2 y tienen las ventajas de dar resultados en 15-30 minutos y poderse realizar fuera del ámbito del laboratorio clínico, en el ámbito cercano al paciente.

Su recibimiento por parte de la población y la clase política ha sido entusiasta.

No obstante, su sensibilidad (especialmente en poblaciones asintomáticas) es menor a la de la PCR, con una mayor tasa de falsos negativos, por lo que un resultado negativo en alguien con sospecha de estar infectado necesita confirmación con una determinación por PCR.

Raspado nasal para aplicar una prueba molecular de covid-19 a un paciente.

Getty Images
La prueba molecular se aplica sobre muestras del tracto respiratorio del paciente.

La OMS y el ECDC han recomendado su uso en ámbitos donde no es posible realizar la PCR o se necesita un resultado rápido para la toma de decisiones clínicas (aislamiento, hospitalización, inicio de tratamiento específico, etc.), aun señalando que deben realizarse dentro de los 5 días desde el comienzo de los síntomas.

Estas pruebas no se aconsejan para la detección de personas infectadas entre los casos asintomáticos, ya que su rendimiento diagnóstico en esta población es bajo.

Los estudios en estas poblaciones en nuestro país (España) sitúan su sensibilidad entre el 45% y 57% (un estudio que la eleva hasta al 79%, pero en una población con una prevalencia de enfermedad muy alta).

En el caso de los niños sintomáticos, con una sensibilidad en torno al 62 %, también podría ser preferible la PCR.

Pruebas en farmacias y administradas por los propios pacientes

Algunas pruebas de infección pasada (anticuerpos) se han empezado a comercializar en las farmacias comunitarias para su uso por los propios pacientes tras prescripción médica.

Igualmente, algunas Comunidades Autónomas -regiones en España- y colegios farmacéuticos han abierto el debate sobre la realización de pruebas de antígenos en las farmacias comunitarias.

Una práctica que ya se da en países como Francia, un país con un sistema sanitario muy diferente al español.

En el Sistema Nacional de Salud español (no tanto en las aseguradoras privadas) las pruebas de antígenos están disponibles en los centros de atención primaria y hay que evaluar cuidadosamente la necesidad de remitir a las farmacias comunitarias una prueba que puede hacerse inmediatamente en el propio centro.

No obstante, en la situación tan excepcional que estamos viviendo, y con la necesidad de ampliar la capacidad de detección del virus, son iniciativas a evaluar.

Pese a las discusiones en los medios sobre las competencias de cada profesión y el lugar de realización de las pruebas, el problema importante se debe centrar en el hecho de que una prueba diagnóstica exige una interpretación rigurosa de sus resultados en función de la situación clínica del paciente o la persona en que se realiza.

Esto es lo que se debe asegurar en cada caso.

El hecho de que una prueba pueda dar falsos positivos y negativos no significa que no sea útil, sino que debe ser realizada en el entorno en el que es más útil y ser interpretada teniendo en cuenta la información clínica del paciente y la prevalencia de la infección en el ámbito de actuación.

Por tanto, las iniciativas en las que es el propio paciente el que recoge el test de anticuerpos en la farmacia para hacerlo en su casa puede llevar a múltiples situaciones confusas.

Estas suponen un riesgo tanto para la salud individual como para la colectiva.

Interpretación apropiada de pruebas imperfectas

Buena parte del lío en torno a las pruebas de covid-19 deriva de la confusión entre asintomáticos y presintomáticos, del valor informativo de cada prueba en la dinámica temporal de la infección y del falso discurso de “cuantas más, mejor”.

Al mismo tiempo se olvida que, como en cualquier otra enfermedad, la medicina científica exige el uso de la prueba adecuada, en la persona adecuada y en el momento adecuado.

Más allá de la confusión, el uso de pruebas diagnósticas de covid-19 requiere no olvidar algunas reglas de extrema importancia:

  • Las personas con síntomas o que sean contacto estrecho de caso de covid-19, aunque sean asintomáticas, deben ser aisladas y controladas por los servicios de atención sanitaria. Todo esto aunque los resultados de sus pruebas, sean cuales sean, den negativo.
  • Un resultado negativo de una prueba de antígenos (o una PCR) no excluye el desarrollo de enfermedad o la posibilidad de contagiar (especialmente en los días inmediatamente siguientes). Tampoco permite relajar ninguna medida de distanciamiento social (mascarillas, distancia, aforos, etc.).
  • Una prueba de anticuerpos positiva no es un pasaporte biológico. No garantiza que una persona concreta haya pasado la infección o que no la pueda volver a contraer, sobre todo si se ha llevado a cabo mediante test rápidos.

* Blanca Lumbreras es catedrática de medicina preventiva y salud pública de la Universidad Miguel Hernández y Salvador Peiró es investigador de Fisabio Salud Pública.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Puedes ver la versión original aquí.


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