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Especial

Rosario Robles, la primera exsecretaria de Estado que enfrenta a la justicia por La Estafa Maestra

Este jueves, Rosario Robles comparecerá ante un juez en el Reclusorio Sur por el caso de La Estafa Maestra.
Especial
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
7 de agosto, 2019
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Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol se presentará este jueves ante el juez en una audiencia inicial por La Estafa Maestra. Ella es la primera exfuncionaria de alto nivel que acude ante un juez por este caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y presuntos desvíos millonarios en la Sedesol.

Lee: Rosario Robles enfrenta audiencia: ¿puede ser acusada por otros delitos y quedar detenida?

Este jueves, acudirá al Reclusorio Sur de la Ciudad de México ante un juez de control, quien decidirá si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para vincularla a proceso, o si por el contrario no la vincula.

Su abogado, Julio Hernández Barros aseguró que la exsecretaria se presentará a la audiencia pues “no hay nada que esconder”.

Se prevé que la defensa de Rosario Robles utilizará los mismos argumentos de otros dos altos funcionarios de la Sedesol y la Sedatu que en abril de este año no fueron vinculados a proceso por el caso de La Estafa Maestra: responsabilizar a las universidades que participaron en el esquema de fraude por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

El citatorio de la Fiscalía surge a raíz de una denuncia interpuesta en septiembre del año pasado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la organización civil Tojil AC, a partir de la investigación periodística La Estafa Maestra, en la que se documentó un esquema de corrupción por el que más de 2 mil millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de Sedesol acabaron en empresas fantasma a través de las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México.

Lee: Rosario Robles enfrenta audiencia: ¿puede ser acusada por otros delitos y quedar detenida?

Ante estos señalamientos y el citatorio de la Fiscalía, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, dijo que su representada no firmó contrato alguno con las compañías fantasma, “ni ordenó a nadie que se firmara nada”. E insistió en el mismo argumento que ya apuntaron múltiples implicados en La Estafa Maestra, recalcando que, en todo caso, la responsabilidad por alguna irregularidad recaería sobre las universidades que subcontrataron a las compañías.

“Cada quien debe responder de sus actos, y si las universidades hicieron un uso indebido del dinero que se les pagó por un trabajo legítimo, pues ellas serán las que tengan que responder por ese dinero”, subrayó en entrevista con Animal Político Julio Hernández, quien, no obstante, insistió que tanto la Sedesol como la Sedatu sí recibieron los servicios que contrató a las universidades, a pesar de que las compañías subcontratadas son fantasma.

Con este mismo argumento de pasarle la responsabilidad a las universidades, dos altos funcionarios de Sedesol y de Sedatu, ambos bajo la dirección de Rosario Robles como titular en ambas dependencias, ya libraron en abril pasado ir a juicio por La Estafa Maestra.

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Se trata de Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol, y Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu.

Ambos fueron subalternos directos de Emilio Zebadúa, mano derecha de Rosario Robles y  exoficial mayor de Sedesol y de Sedatu, quien también fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación por su presunta participación, en 2016, en desvíos por 185 millones de pesos de la Sedatu que terminaron en empresas ilegales.

Así ‘libraron’ La Estafa Maestra

En el caso de León Mojarro, éste firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México para el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de Sedesol.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esa universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas fantasma o irregulares que no hicieron los servicios y se quedaron con el dinero de la Sedesol.

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Por este caso, la Fiscalía acusó a León Mojarro por ejercicio indebido de la función pública, como a Rosario Robles. No obstante, el juez federal Fernando Payá determinó que la Fiscalía no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación de las universidades, ni sobre uso indebido de la función pública. Y decidió no vincular a proceso al exfuncionario de Sedesol.

Entre sus argumentos, el juez le dio la razón a la defensa de Pedró Simón Mojarro, señalando que si posterior a la firma del convenio entre la Sedesol y la Universidad, la casa de estudios subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado ésta por escrito que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa penal no imputable al exfuncionario de Sedesol.

“El imputado no podía saber, a futuro, que la Universidad subcontrataría a empresas”, resaltó el juez.

“Además, la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la Universidad subcontrataría por arriba del 49% que permite la Ley Federal de Adquisiciones”, añadió el juez en la audiencia inicial por este caso del 4 de abril pasado.

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El caso de Francisco Báez

En cuanto a Francisco Báez, éste fue el encargado de liberar 185 millones de pesos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del Estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

Por este caso, la Fiscalía pidió a un juez federal que vinculara a proceso a Báez por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de pesos, y por el probable delito de ejercicio indebido del servicio público, también el mismo que le atribuye ahora a Rosario Robles.

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Pero otra vez el juez Fernando Payá decidió no vincular a proceso a Francisco Báez por falta de elementos probatorios. Y argumentó, de nuevo, que la responsabilidad en la subcontratación de empresas fantasma o irregulares recaería, en todo caso, en la universidad y no en los funcionarios de Sedatu.

Es decir, según la decisión del juez, la supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu no sería imputable al exdirector de presupuesto de la Sedatu, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos servicios. Y que esto, como ya argumentó el magistrado en el caso de León Mojarro, ya sería materia de otra causa penal distinta.

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Juan Sánchez, el empresario de origen mexicano que ganó millones con la detención de niños migrantes en EU

Juan Sánchez, exdirector ejecutivo de Southwest Key, la mayor red de refugios para niños migrantes en EU, renunció a su cargo tras ser acusado de recibir millonarios pagos. Sánchez dice que ha sido criticado injustamente.
6 de septiembre, 2019
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Juan Sánchez dirigió durante más de 30 años una organización sin fines de lucro que él mismo fundó: Southwest Key, que en la actualidad controla la mayor red de centros para niños migrantes detenidos en Estados Unidos.

Más de 4.500 menores no acompañados permanecen en 26 refugios que tiene la organización en Arizona, California y Texas, incluyendo un supermercado Walmart que fue remodelado para ese fin bajo el nombre de Casa Padre.

Sánchez, un estadounidense de origen mexicano que creció en el seno de una familia pobre en Browsville, Texas, trabajó cuando era niño en el campo durante los veranos y vivió bajo duras condiciones.

En los años 70 se convirtió en un defensor de la justicia social y los derechos de la población latina.

Apodado como “El Presidente”, Sánchez dio un gigantesco salto desde el barrio en el que creció hasta la Universidad de Harvard, en la que se licenció como doctor en Educación.

“Crecí en un pueblo a lo largo de la frontera sur de Texas. Al principio me di cuenta de que los niños de color estaban sobrerepresentados en las cárceles y subrepresentados en colegios y universidades. Entonces supe que la educación era clave para crear un cambio”, escribió Sánchez.

Se hizo conocido como un joven rebelde que abogaba contra la discriminación y a favor de los derechos de la población latina en EE.UU.

Madre con su hijo, reunificados tras su detención.

Getty Images
Southwest Key fue fundada como una organización sin fines de lucro en 1987. Con el tiempo, se dedicó a albergar a niños migrantes detenidos.

Cuando regresó a Brownsville se puso a trabajar en un reformatorio juvenil creado por un sacerdote que funcionaba como una alternativa al encarcelamiento.

A partir de esa experiencia, Sánchez fundó la organización sin fines de lucro Southwest Key en 1987.

En la medida que la organización creció, el enfoque de su trabajo cambió hacia la creación de una red de centros para menores migrantes no acompañados.

En las últimas tres décadas, “hemos ayudado a decenas de miles de niños a permanecer fuera de las cárceles y las instalaciones de detención”, ha dicho Sánchez en actos públicos.

El flujo de niños indocumentados ha crecido tan vertiginosamente en los últimos años que la pequeña organización de beneficencia que fundó Sánchez terminó convirtiéndose en un imperio.

Niños separados de sus familias

Southwest Key se financia con fondos provenientes del gobierno y quedó expuesta al escrutinio público el año pasado cuando el más grande de sus centros, Casa Padre, fue duramente criticado por recibir a niños separados de sus familias en el marco de la política migratoria del presidente Donald Trump.

“Yo duermo tranquilo”, dijo Sánchez en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR. “Si no hubiéramos recibido a esos niños, habríamos tenido que renunciar a esto”.

Casa Padre es uno de los mayores albergues para menores en Estados Unidos.

Getty Images
Casa Padre es el mayor refugio de niños detenidos de Southwest Key. Solía ser un supermercado de Walmart.

Cultivando su imagen de defensor de los derechos humanos, el empresario se sentía muy orgulloso de hablar sobre los principios que inspiraban su misión.

“El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”, le dijo Sánchez a la revista The Atlantic el año pasado, citando una frase del Che Guevara, cuya foto colgaba en la pared de su oficina, junto a la de Martin Luther King.

“Eso es muy significativo en el trabajo que hago”.

Sánchez aún estaba lidiando con las críticas por su rol en la política migratoria de Trump, cuando estalló un inesperado escándalo.

El periódico The New York Times denunció en uno de sus artículos que se había hecho rico gracias a la crisis migratoria de los últimos años y a su participación en presuntas irregularidades financieras.

Ganó millones albergando niños migrantes“, señaló el periódico, agregando que el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación sobre el caso.

Dos meses después de la denuncia, Sánchez renunció sorpresivamente a su cargo, luego de 32 años al mando de la organización.

“La incomprensión generalizada de nuestro negocio y las críticas injustas a nuestra gente se han convertido en una distracción que nuestros empleados no se merecen. Es hora de un nuevo comienzo”, señaló en una declaración pública.

BBC Mundo solicitó una entrevista con Juan Sánchez a través de su abogada, Jennifer S. Freel, quien informó que su cliente “declina hacer comentarios”.

Presunta especulación comercial

Juan Sánchez

Facebook/Southwest Key
Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017.

Como director ejecutivo de Southwest Key, Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017, según la última declaración de impuestos hecha por una empresa subsidiaria de la organización.

Supuso un gigantesco aumento, considerando que en 2015 ganó US$786.222 y un año después, US$1,48 millones.

Entrevistado por BBC Mundo, el abogado Marcus Owens, exfuncionario del Servicio Interno de Impuestos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), dice que la información operacional y financiera de Southwest Key contenida en la declaración impositiva refleja “el pago de altas compensaciones a personal clave de la organización, incluyendo a Sánchez y su esposa“.

Pero si se sumaran los beneficios recibidos en años anteriores, es probable que la suma alcance una gran magnitud.

Es difícil calcular el monto total recibido por Sánchez basándose en el Formulario 990″, (que es el método de rendición de cuentas utilizado por las organizaciones benéficas o sin fines de lucro), explica Owens.

“Sin embargo, es probable que esté en un rango de múltiples millones de dólares“, agrega.

Especulación parece ser una apropiada descripción del flujo de fondos hacia Sánchez y otros directivos”.

Fueron seis los líderes de la organización que ganaron más de US$1 millón en 2017, incluida la esposa del empresario, Jennifer Nelson, y la jefa de finanzas, Melody Chung.

¿Qué dice Southwest Key?

Al conocerse públicamente la información, representantes de Southwest Key argumentaron que ese dinero fue parte de un programa para financiar seguros de vida y fondos de jubilación, afirmando que no tiene relación con un aumento salarial.

Joella Brooks, ex jefa de operaciones de la organización y actual directora ejecutiva interina de la organización -que también registró ingresos superiores al millón de dólares en el último año fiscal- hizo una declaración en julio en la que anunció que Southwest Key estaba poniendo fin a ese programa, y que ella y otros líderes “acordaron devolver una parte considerable de los beneficios del seguro de vida”.

Southwest Key envió una declaración a BBC Mundo en la que se refiere a los cambios implementados por la organización tras la salida de Sánchez.

Padre con su hijo

Getty Images
El negocio de Southwest Key creció en la medida que aumentó el flujo de niños indocumentados en EE. UU.

Hemos recuperado cientos de miles de dólares de exejecutivos que nos han dejado y estamos haciendo todo lo posible para rectificar las preocupaciones sobre las compensaciones pasadas y avanzar con más transparencia”, señala la organización a través de un correo electrónico.

“Tenemos un nuevo equipo ejecutivo”, agrega la declaración, “para garantizar que nuestros modelos de compensación sean razonables y competitivos”.

En el mismo email la organización señala que está haciendo “todo lo posible para abordar los problemas relacionados con decisiones anteriores” y apunta que la nueva directiva resolvió “mejorar la supervisión y gestión”.

“Funcionaba como un banco”

Según la investigación del The New York Times, la organización “les prestó millones de dólares a empresas inmobiliarias, actuando más como un banco que como una organización benéfica tradicional”.

Consultada por BBC Mundo, la organización estadounidense CharityWatch cuestionó las presuntas prácticas de la organización.

“No creemos que las organizaciones benéficas como Southwest Key Programs deban otorgar préstamos a empresas con fines de lucro“, dice Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch.

“Las organizaciones de beneficencia, a diferencia de los bancos, no están en una posición de tener una cartera de préstamos grande y diversificada que pueda servir como protección contra préstamos incobrables o una recesión económica”.

Familia de migrantes detenida.

Getty Images
Southwest Key fue denunciada por presuntas irregularidades financieras cuando Sánchez era el director ejecutivo.

Otra de las denuncias hechas por el periódico, es que Southwest Key ha alquilado varios edificios donde funcionan los refugios en lugar de comprarlos, lo que sería una práctica inusual “que ha demostrado ser lucrativa para los dueños de los refugios, incluyendo a Sánchez”.

Es lo que se conoce como self-dealing o autocontratos, un esquema bajo el cual los ejecutivos de la organización habrían cobrado un alquiler pagado con fondos públicos, utilizando complejas fórmulas contractuales.

El periódico concluye que la organización “ha acumulado decenas de millones de dólares de los contribuyentes con poca supervisión del gobierno y posiblemente ha incurrido en auto-ontratos con sus máximos directivos”.

Consultado por BBC Mundo, el Departamento de Justicia de EE.UU. no se refirió al caso.

Hasta ahora se desconoce a qué se dedica Juan Sánchez. Tras su renuncia, el joven revolucionario convertido en uno de los mayores empresarios de refugios infantiles para migrantes ha desaparecido de la vida pública.

Su última declaración fue hecha el día en que abandonó el cargo, cuando dijo que su negocio era objeto de críticas injustas.

Habrá que ver si la justicia investiga las denuncias hechas contra Sánchez y si “El Presidente” ha conducido sus negocios con el mismo espíritu que lo llevó a crear la organización de beneficencia hace más de tres décadas.

Por lo pronto, el final de la historia aún no se ha escrito.


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