Rosario Robles, la primera exsecretaria de Estado que enfrenta a la justicia por La Estafa Maestra
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Especial

Rosario Robles, la primera exsecretaria de Estado que enfrenta a la justicia por La Estafa Maestra

Este jueves, Rosario Robles comparecerá ante un juez en el Reclusorio Sur por el caso de La Estafa Maestra.
Especial
Por Manu Ureste y Nayeli Roldán
7 de agosto, 2019
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Rosario Robles, extitular de Sedatu y Sedesol se presentará este jueves ante el juez en una audiencia inicial por La Estafa Maestra. Ella es la primera exfuncionaria de alto nivel que acude ante un juez por este caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y presuntos desvíos millonarios en la Sedesol.

Lee: Rosario Robles enfrenta audiencia: ¿puede ser acusada por otros delitos y quedar detenida?

Este jueves, acudirá al Reclusorio Sur de la Ciudad de México ante un juez de control, quien decidirá si la Fiscalía tiene pruebas suficientes para vincularla a proceso, o si por el contrario no la vincula.

Su abogado, Julio Hernández Barros aseguró que la exsecretaria se presentará a la audiencia pues “no hay nada que esconder”.

Se prevé que la defensa de Rosario Robles utilizará los mismos argumentos de otros dos altos funcionarios de la Sedesol y la Sedatu que en abril de este año no fueron vinculados a proceso por el caso de La Estafa Maestra: responsabilizar a las universidades que participaron en el esquema de fraude por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

El citatorio de la Fiscalía surge a raíz de una denuncia interpuesta en septiembre del año pasado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la organización civil Tojil AC, a partir de la investigación periodística La Estafa Maestra, en la que se documentó un esquema de corrupción por el que más de 2 mil millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de Sedesol acabaron en empresas fantasma a través de las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México.

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Ante estos señalamientos y el citatorio de la Fiscalía, el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, dijo que su representada no firmó contrato alguno con las compañías fantasma, “ni ordenó a nadie que se firmara nada”. E insistió en el mismo argumento que ya apuntaron múltiples implicados en La Estafa Maestra, recalcando que, en todo caso, la responsabilidad por alguna irregularidad recaería sobre las universidades que subcontrataron a las compañías.

“Cada quien debe responder de sus actos, y si las universidades hicieron un uso indebido del dinero que se les pagó por un trabajo legítimo, pues ellas serán las que tengan que responder por ese dinero”, subrayó en entrevista con Animal Político Julio Hernández, quien, no obstante, insistió que tanto la Sedesol como la Sedatu sí recibieron los servicios que contrató a las universidades, a pesar de que las compañías subcontratadas son fantasma.

Con este mismo argumento de pasarle la responsabilidad a las universidades, dos altos funcionarios de Sedesol y de Sedatu, ambos bajo la dirección de Rosario Robles como titular en ambas dependencias, ya libraron en abril pasado ir a juicio por La Estafa Maestra.

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Se trata de Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol, y Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto de la Sedatu.

Ambos fueron subalternos directos de Emilio Zebadúa, mano derecha de Rosario Robles y  exoficial mayor de Sedesol y de Sedatu, quien también fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación por su presunta participación, en 2016, en desvíos por 185 millones de pesos de la Sedatu que terminaron en empresas ilegales.

Así ‘libraron’ La Estafa Maestra

En el caso de León Mojarro, éste firmó en 2015 un convenio por 124 millones de pesos con la Universidad Intercultural del Estado de México para el levantamiento de cuestionarios en un millón de hogares como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de Sedesol.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la Fiscalía, detectaron que esa universidad pública, a pesar de haber declarado por escrito previo a la firma del convenio que contaba con la capacidad y la infraestructura necesaria, subcontrató a empresas fantasma o irregulares que no hicieron los servicios y se quedaron con el dinero de la Sedesol.

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Por este caso, la Fiscalía acusó a León Mojarro por ejercicio indebido de la función pública, como a Rosario Robles. No obstante, el juez federal Fernando Payá determinó que la Fiscalía no aportó datos de prueba suficientes sobre conductas ilícitas en la contratación de las universidades, ni sobre uso indebido de la función pública. Y decidió no vincular a proceso al exfuncionario de Sedesol.

Entre sus argumentos, el juez le dio la razón a la defensa de Pedró Simón Mojarro, señalando que si posterior a la firma del convenio entre la Sedesol y la Universidad, la casa de estudios subcontrató de manera indebida a empresas privadas, pese a haber declarado ésta por escrito que tenía la capacidad y que no subcontrataría servicio alguno, esto ya sería materia de otra causa penal no imputable al exfuncionario de Sedesol.

“El imputado no podía saber, a futuro, que la Universidad subcontrataría a empresas”, resaltó el juez.

“Además, la Fiscalía no acreditó que el imputado sabía, previo a la firma del convenio, que la Universidad subcontrataría por arriba del 49% que permite la Ley Federal de Adquisiciones”, añadió el juez en la audiencia inicial por este caso del 4 de abril pasado.

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El caso de Francisco Báez

En cuanto a Francisco Báez, éste fue el encargado de liberar 185 millones de pesos de la Sedatu para pagar a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero del Estado de Hidalgo, para la realización de una serie de servicios tecnológicos a la dependencia que no se hicieron, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

Por este caso, la Fiscalía pidió a un juez federal que vinculara a proceso a Báez por la presunta autorización indebida de pagos por 185 millones de pesos, y por el probable delito de ejercicio indebido del servicio público, también el mismo que le atribuye ahora a Rosario Robles.

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Pero otra vez el juez Fernando Payá decidió no vincular a proceso a Francisco Báez por falta de elementos probatorios. Y argumentó, de nuevo, que la responsabilidad en la subcontratación de empresas fantasma o irregulares recaería, en todo caso, en la universidad y no en los funcionarios de Sedatu.

Es decir, según la decisión del juez, la supuesta no realización de los servicios contratados por la Sedatu no sería imputable al exdirector de presupuesto de la Sedatu, sino que, en todo caso, sería a la Universidad que debía dar esos servicios. Y que esto, como ya argumentó el magistrado en el caso de León Mojarro, ya sería materia de otra causa penal distinta.

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"Fracasamos": qué pasó con el polémico plan de Suecia contra COVID-19

Suecia ha recibido críticas por su política para manejar la pandemia, menos estricta que la de otros países europeos.
17 de diciembre, 2020
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“Creo que hemos fracasado. Tenemos un gran número de muertos y es terrible”.

Así definió el rey de Suecia, Carlos Gustavo, el año 2020, marcado por la polémica estrategia del país contra la covid-19.

Suecia ha recibido críticas por su gestión de la pandemia, en la que nunca impuso el confinamiento total que se vio en otros países europeos, y basada, más que en normas de obligado cumplimiento, en recomendaciones a la población.

Ha habido casi 350,000 casos de coronavirus confirmados y más de 7,800 muertos en Suecia.

“El pueblo de Suecia ha sufrido tremendamente en condiciones difíciles. Uno piensa en todos los miembros de las familias que no han podido despedirse de sus familiares enfermos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder dar una cálida despedida”, dijo en el programa anual de televisión en el que revisa el año que termina.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de resultar infectado con el virus, el rey, que tiene 74 años, respondió: “Últimamente, se ha hecho más evidente, se ha ido acercando más y más. Eso no es lo que uno quiere”.

En lugar de basarse en reglas y sanciones, Suecia apela a la responsabilidad de los ciudadanos y el deber cívico, y las autoridades se limitan a emitir recomendaciones. No hay castigo para quienes hacen caso omiso de ellas.

El gobierno sueco nunca ha impuesto un confinamiento total ni el uso obligatorio de la mascarilla, y bares y restaurantes han permanecido abiertos.

Sin embargo, hace pocos días se solicitó a escuelas en Estocolmo, la capital, que pasen lo antes posible a enseñar a distancia a sus estudiantes de entre 13 y 15 años por primera vez. La medida se anunció en respuesta al aumento de los contagios.

Una semana antes se había decidido la educación a distancia para los mayores de 16 en todo el país.

Y el lunes, llegaron nuevas recomendaciones a nivel nacional sobre distancia social para el periodo navideño que sustituyen a las que habían emitido las autoridades regionales.

El consejo para los suecos es que no se reúnan más de ocho personas, hacerlo al aire libre cuando sea posible y evitar viajar en tren o autobús.

Se mantiene en vigor la prohibición de encuentros públicos de más de ocho personas, lo que afecta a eventos como conciertos, competiciones deportivas y manifestaciones.

La polémica de las medidas “voluntarias”

El epidemiólogo jefe del Estado sueco, Anders Tegnell, dijo en noviembre que la estrategia que seguía el país combinaba medidas legales y acciones voluntarias.

Le dijo a la BBC: “Creemos que es realmente la mejor” en el contexto sueco.

De acuerdo con un informe oficial publicado esta semana, la estrategia nacional fracasó en la protección de los mayores en residencias, algo por lo que el gobierno ha aceptado su responsabilidad.

Más del 90% de las muertes relacionadas con la covid se han producido entre mayores de 70 años y casi la mitad en residencias de mayores y dependientes, afirma el gobierno.

Una mujer recoge muestras de test de la covid-19 en la ciudad sueca de Malmo.

Reuters
La estrategia sueca se ha basado más en la colaboración ciudadana que en normas de obligado cumplimiento.

Tegnell dijo que el organismo que dirige, la Agencia Sueca de Salud Pública, no es responsable de dirigir este tipo de centros y que todos los interesados deben ayudar a mejorar la situación para asegurarse de que los ancianos no se contagien.

Para Tegnell, Suecia ha mejorado en la protección de los mayores, y dijo que ningún país ha tenido un éxito total en esta tarea.

El epidemiólogo sueco recordó en una entrevista en Sverige Radio el miércoles que incluso Alemania estaba siendo ahora duramente golpeada.

Suecia ha sido también señalada por ser uno de los países con un mayor número de casos per cápita y acumula más muertos que todo el resto de estados nórdicos sumados.

Esto ha provocado críticas de vecinos como Noruega, Dinamarca y Finlandia, que se quejan de que la laxa política sueca está poniendo en riesgo la efectividad de sus propias medidas.

El martes, el primer ministro sueco, Stefan Lofven, dijo que tenía la sensación de que muchos expertos habían subestimado la segunda ola.

“Creo que muchos en la profesión no vieron venir semejante ola”, dijo al diario Aftonbladet.


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