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Cuartoscuro

Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos los ‘congela’ el MP

Un estudio de México Evalúa revela que en siete estados impunidad llega a 99%: Tamaulipas y Veracruz los peores. Detectan “trampa” de fiscalías al enviar al archivo el 60% de casos que dicen que resuelven.
Cuartoscuro
7 de agosto, 2019
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Aunque en México se denuncie un delito lo más seguro es que no pase nada. En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 90% de los ilícitos por los cuales sí se abrió una carpeta de investigación quedan en la total impunidad, sin reparación del daño ni castigo para los responsables. 

En siete estados el nivel de impunidad supera incluso el 99% siendo Tamaulipas y Veracruz los líderes con niveles del 99.9 y 99.8% de casos no resueltos respectivamente. La única entidad por debajo de estos niveles es Guanajuato, aunque su promedio de impunidad alcanza 87.6%.  Y a nivel federal la situación es similar con un promedio de casos investigados sin esclarecer del 94%.

¿Las razones? Desde falta de personal para atender los casos hasta desconocimiento de la ley y de sus reglas básicas al momento de aplicarlas. Tan solo en 2018, una de cada cinco detenciones fue anulada por los jueces debido a irregularidades. Y se detectó que las agencias del Ministerio Público en realidad mandan al archivo el 60% de casos que dicen que resuelven.

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Estos son los principales resultados del informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” elaborado por la organización México Evalúa y en el cual, a partir de diversas fuentes de datos oficiales, se analiza tanto la eficacia del sistema de justicia penal, así como los avances en la implementación del nuevo modelo.

El informe incluye un “Índice de Impunidad” construido a partir de la revisión de los resultados que en un año tuvieron casos que sí se denunciaron ante agencias del Ministerio Público. Ello sin tomar en cuenta la “cifra negra” de delitos que no se denuncian y por tanto no se les puede dar seguimiento.

El estudio contempla como una solución satisfactoria de un caso no solamente el que haya una sentencia en contra del responsable, sino otras salidas alternas como acuerdos reparatorios entre las partes que permitan cerrar anticipadamente el caso. Y elimina las denuncias en donde se determina que no hay del delito que perseguir.

Pero aun con esas variables los resultados son extremadamente negativos. El promedio nacional de denuncias no esclarecidas a nivel estatal es del 96.1%, y a nivel federal es del 94.6%.

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Como ya se dijo hay siete entidades donde el promedio de casos no resueltos supera el 99%. Además de Veracruz y Tamaulipas, en ese grupo se encuentra Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Yucatán. En cuanto a las entidades con mayor población el estado de México presenta un nivel de impunidad del 97.6%, Ciudad de México del 94.5% y Jalisco del 98.8%.

“Aunque algunos estados han logrado avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos es muy alto y, de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos. Si pensamos en la cantidad de delitos ocurridos que ni siquiera llegan al conocimiento de las autoridades, las alarmas deben seguir encendidas para buscar la implementación de mecanismos que logren revertir la impunidad generalizada que hoy impera en todo el país” indica el informe.

El reporte de México Evalúa revela además que ni una sola de las 32 entidades federativas ha conseguido implementar al cien por ciento el sistema penal acusatorio que entró en vigor desde junio de 2016.

Las investigaciones: del archivo al olvido

De acuerdo con los datos del estudio, en 2018 se iniciaron poco más de dos millones de carpetas de investigación por alguno delito en las fiscalías del país. En casi la mitad de esos asuntos (49.6%) el Ministerio Público decidió no mandar el caso al juez sino tomar por su cuenta una determinación, lo que en teoría significaría que el caso que tuvo alguna “solución”.

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Sin embargo al analizar cómo es que las agencias del MP “determinaron” estos casos, se advierte que 6 de cada 10 en realidad fueron enviados a lo que se denomina “archivo temporal”, es decir, se decide congelar el caso en el escritorio.

“El archivo temporal tiene como finalidad detener provisionalmente o dejar en pausa una investigación cuando se considera que no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes para avanzar en ella. No se trata de una determinación definitiva. Sin embargo, pareciera que esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías, derivado de su ineficiencia para las labores de investigación” indica el análisis.

Por otro lado, del total de casos iniciados en 2018 a nivel nacional hay otro 40% que se encuentra en fase de investigación sin que se haya judicializado aun. En el análisis a nivel estatal hay casos peores, como Quintana Roo o Guerrero donde en fase de investigación siguen casi el 90% de los casos, o Tamaulipas y Puebla donde en esta estatus se encuentran el 70%.

Solamente un 3.9% de las denuncias ante el Ministerio Público a nivel nacional terminó en una carpeta de investigación enviada ante un juez, es decir, 4 de cada 100 casos. Y solo el 0.27% de los casos llegó a un juicio oral.

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A nivel estatal hay situaciones peores. En Chiapas, por ejemplo, solo el 0.2% de los casos fue enviado ante un juez; en Tamaulipas el porcentaje fue de 0.8%; y en Quintana Roo el 0.9 %. Hay otros nueve estados donde el porcentaje de casos judicializados es inferior a 2%.

“Estos resultados no son alentadores pues revelan, además de la desconfianza ciudadana, que las autoridades no están realizando su trabajo como deberían, lo que se traduce en impunidad” subraya el informe.

¿Por qué los casos no se resuelven? Ilegalidad, saturación y precariedad

En la investigación de México Evalúa se identifican múltiples factores que entorpecen y complican una rápida atención y resolución de los casos.

Por ejemplo, el informe revela que de los casos que se mandaron a un juez en 2018, la mitad de ellos son sin una persona detenida. Y en los casos en donde si había detenido los jueces liberaron, en promedio, a 1 de cada 5 de los asegurados sin abrir el proceso.

“Llama la atención el hecho de que el 21% de las detenciones a nivel nacional fueron calificadas como ilegales; es decir, que el juez determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales. Los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales fueron San Luis Potosí (71.7%), Chiapas (65.1%) y Puebla (63.3%)” señala el documento.

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Una de las ventajas del actual sistema penal es que contempla procedimientos de “justicia alternativa” que permiten resolver rápidamente casos sin tener que llegar a un juicio. Ello ya que permite a las partes llegar a un acuerdo que satisfaga a la víctima, y con ello cerrar la investigación y descongestionar el sistema.

Pero lo datos revelan que apenas el 6.1% de casos iniciados a nivel nacional fue resuelto a través de un mecanismo de justicia alternativa, y existen seis entidades donde el porcentaje es inferior a 1%.

Esto es relevante si se toma en cuenta que los cuatro estados con “menor nivel de impunidad”, es decir Guanajuato, Querétaro, Puebla, y Campeche, presentaron una mayor resolución de casos con mecanismos alternativos que con sentencias.

“Por el contrario, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas presentan una efectividad menor al 1%, debido al uso mínimo de salidas alternas, anticipadas y sentencias respecto del total de casos conocidos. En particular, Tamaulipas reporta únicamente cuatro sentencias condenatorias y ningún otro tipo de conclusión, lo que representa una efectividad prácticamente nula” apunta el informe.

La acumulación de casos sin resolver se agrava por la insuficiencia de recursos humanos para atender los casos. El informe revela que en promedio, a nivel nacional, hay apenas 2.8 agencias del Ministerio Público por cada cien mil personas, y hay estados como Veracruz donde el promedio es 0.3 agencias del MP por cada cien mil habitantes, o el estado de México y Puebla con un promedio de 1.1 agencias por cada cien mil personas.

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A lo anterior se agrega la carencia de jueces. El estudio añade que, en promedio, en América Latina hay diez jueces por cada cien mil habitantes pero en México la tasa es de apenas 0.9 jueces por cada cien mil habitantes, casi nueve veces menos. Los focos rojos son Michoacán y Puebla con apenas 0.2 jueces por cien mil habitantes.

Y finalmente se agregan las carencias en profesionalización de los funcionarios. Por ejemplo, solo en 9 de las 32 entidades se encuentra en operación el servicio profesional de carrera que define rutas claras de capacitación de los servidores públicos, así como requisitos de ascensos y de especialización. 

La situación de  las unidades especializadas en atender y asesorar a las víctimas de un delito es  peor pues solo en cuatro estados los funcionarios que integran las mismas cuentan con dicho servicio.

“El servicio profesional de carrera garantiza a sus servidores públicos condiciones de certidumbre laboral y posibilidades de desarrollo profesional. Sin el mismo esto no existe” indica el informe.

Nuevo sistema penal: tres años de rezagos

El informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal  en México” también revela que ni una sola entidad federativa ha conseguido operar al 100% y de forma satisfactoria el nuevo sistema penal, que por ley entró en vigor desde junio de 2016. Ello en parte a que se malgastó gran parte del periodo inicial de preparación de ocho años para adoptar el sistema.

Un ranking incluido en el estudio a partir del análisis de diversas variables del nuevo sistema muestra que en una escala de los 0 a los 1000 puntos, no hay estado que siquiera llegue a 800 que es en nivel mínimo satisfactorio. 

Los que más se acercan son Querétaro con 625 puntos, Guanajuato con 584, y Chihuahua con 563. Las tres entidades más rezagadas son Guerrero con 211 puntos, Nayarit con 218 y Quintana Roo con 228.

De acuerdo con el análisis, uno de los principales factores que ha propiciado estos rezagos es la ausencia de una instancia púnica evaluadora que dé seguimiento a todo el sistema. Ello provoca que en los estados haya avances dispares en capacitación, estructura, normatividad, modernización tecnológica, etc.

“A pesar de los diversos esfuerzos hacia la consolidación, sigue existiendo rezagos en la operación del sistema. El impacto de una falta de coordinación y articulación de políticas entre instancias ha derivado en esfuerzos aislados y resultados incipientes” concluye el informe.

Puedes consultar el estudio completo aquí.

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Mónica González/Pie de Página

Fosas clandestinas: el "campo de exterminio" donde Los Zetas desaparecieron a cientos de personas en Tamaulipas

En uno de los estados con más violencia en México activistas localizaron un lugar donde el cartel de Los Zetas se deshacía de sus víctimas. Es un “campo de exterminio” donde murieron cientos de personas.
Mónica González/Pie de Página
30 de agosto, 2019
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A primera vista el lugar parece un campo más en la Sierra de Cucharas de Tamaulipas, en el noreste de México. Pero en este sitio cientos de personas fueron asesinadas por el cartel de Los Zetas.

Los activistas que exploran el sitio en busca de restos humanos le llaman “Ejido 7”. Está dentro de la reserva de la biósfera El Cielo, una de las áreas naturales más bellas de México.

Pero el impresionante paisaje contrasta con lo que allí sucedió. Durante varios años el grupo criminal lo utilizó para deshacerse de sus víctimas.

Es un campo de exterminio“, le dice a BBC Mundo Graciela Pérez Rodríguez, fundadora del colectivo Milynali Red CFC, que busca a personas desaparecidas en México.

“Un sitio de exterminio donde llevaban a personas secuestradas. Ahí mismo las ejecutaron y las quemaron”.

Campo exterminio Tamaulipas

Mónica González/Pie de Página
Los expertos mueven la tierra en busca de restos humanos.

No se sabe cuántas personas fueron asesinadas en esta zona de la Sierra de Cucharas. Los activistas creen que fueron al menos 200.

Pero cuando fue detenido en 2014, Enrique Santillán Trejo, quien fuera responsable de Los Zetas en la región, dijo que su grupo había asesinado a por lo menos 500 personas.

Muchos fueron ejecutados en Sierra de Cucharas y sus cuerpos incinerados. De muchas víctimas sólo quedaron fragmentos de huesos, dientes y algo de ropa.

En los últimos años el colectivo y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), han recolectado más de 100 kilos de esta clase de restos.

Todos son analizados con la esperanza de encontrar una huella genética que permita saber a quién pertenecen.

Hasta ahora se han identificado perfiles de una docena de personas.

La guerra

Desde 2010 Tamaulipas es el escenario de una intensa guerra entre los grupos que formaron parte del Cartel del Golfo, que se dividió ese mismo año.

La facción más violenta fue el cartel de Los Zetas, fundado por exmilitares de élite y que mantuvo el control de varios estados del país.

fosa clandestina México

AFP
En México existen más de 1.100 fosas clandestinas.

Según activistas y autoridades, el grupo es responsable de la muerte de miles de personas y de la desaparición de cientos más.

En algunos casos se trató de miembros de grupos rivales, pero muchas víctimas nada tenían que ver con la guerra de bandas del narcotráfico.

Muchas fueron secuestradas cuando viajaban en las carreteras de Tamaulipas, por ejemplo. A otras los sicarios se las llevaron de sus comunidades durante enfrentamientos con otros grupos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), en el estado hay al menos 6.000 personas desaparecidas. El 79% son hombres según datos de la FGR.

La Fiscalía señala que en la lista abundan quienes se dedican a vender comida, estudiantes, obreros, migrantes centroamericanos o amas de casa, por ejemplo.

Es uno de los problemas más graves de México. Hasta febrero pasado los datos oficiales reportaron 40.000 personas desaparecidas, 1.100 fosas clandestinas y unos 26.000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.

Desaparecidos en México

AFP
En México hay más de 40.000 personas desaparecidas.

De hecho el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, dice que México se convirtió “en una enorme fosa clandestina”.

La crisis se agravó porque los distintos gobiernos han aplicado una estrategia equivocada de seguridad, explica Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.

En el caso de los desaparecidos “se olvidaron de ellos, las instituciones no cumplieron con su obligación de buscarlos“, le dice a BBC Mundo.

Muchos familiares de víctimas asumieron esa responsabilidad y, de hecho, son ellos quienes han encontrado muchas fosas clandestinas.

Restos calcinados

Fue el caso de las fosas clandestinas en Sierra de Cucharas, localizadas en 2013 por la Secretaría de la Defensa y ubicadas a unos 40 kilómetros de Ciudad Mante, en el sur de Tamaulipas.

El colectivo Milynali Red CFC confirmó que Los Zetas se deshacían allí de sus víctimas, y empezó la búsqueda de restos humanos en una zona conocida como Papalote.

Durante varios años los activistas visitaron la zona con regularidad, pero hace unos meses supieron del llamado Ejido 7. Es un lugar de difícil acceso, arriba de un cerro.

restos humanos

Mónica González/Pie de Página
Hasta ahora se en encontrado más de cien kilos de restos humanos.

Al llegar “encuentras de un lado y otro del camino montículos de tierra” dice Graciela Pérez. Es una señal de que puede haber restos humanos enterrados.

Hasta ahora el colectivo localizó 15 posibles fosas clandestinas, pero pueden ser muchas más porque el terreno es extenso.

No se sabe cuántas personas fueron asesinadas en este lugar. “Encontramos un campamento, una casa de campaña y ropa enterrada, mucha ropa de niños y adultos“, explica Pérez Rodríguez.

También “muchas botellas del aceite que usan para limpiar armas, eso me impactó. Todo estaba enterrado, no sabemos para qué”.

Graciela Pérez, activista

Mónica González/Pie de Página
Graciela Pérez encabeza la búsqueda de restos en el lugar.

Una hipótesis, dicen los activistas, es que los sicarios trataron de ocultar las evidencias de la vigilancia aérea de los militares.

También se han encontrado barriles metálicos donde al parecer incineraban los cuerpos.

Algunos restos calcinados fueron enterrados, pero otros se dispersaron con las lluvias. Eso vuelve más difícil la búsqueda porque se extiende el área que debe ser examinada.

Los activistas aprendieron a distinguir entre un trozo de madera quemada, por ejemplo, y un fragmento de hueso. También identifican dientes mezclados con pedazos de piedra.

“Todos lo sabían”

El trabajo se hace a mano, con ayuda de picos, palas y tela metálica para cernir la tierra y encontrar restos humanos.

El colectivo Milynali ha explorado siete fosas clandestinas, y esperan concluir la revisión este año.

Los responsables del “campo de exterminio” prácticamente vivían en el sitio. Lo muestran las latas vacías de comida, cepillos dentales y bolsas de pan y golosinas.

Desaparecidos en México

AFP
Las familias de los desaparecidos encabezan las búsquedas en México.

Tenían un campamento de vigilancia en la parte más alta de la sierra, y abajo “las cocinas”, como se llama al sitio donde incineraban a las personas dicen activistas que han visitado el campo.

Aunque se trata de un área deshabitada, por la cantidad de víctimas incineradas es difícil que no se hubiera notado lo que allí sucedía, reconocen los activistas.

Prácticamente todos los vecinos lo sabían pero no lo dijeron”, lamenta Graciela Pérez.

“Parte de todos los crímenes cometidos en Tamaulipas son por la sumisión en que está metida la ciudadanía, el temor de que les ocurra lo mismo”.

Un miedo que sirve a los criminales, añade la activista. “Eso provoca que no hablen, y mientras nosotros padeciendo” durante varios años.

“Si hubiéramos sabido a tiempo quizá no hubiera ocurrido“.


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