Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos los ‘congela’ el MP
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Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos los ‘congela’ el MP

Un estudio de México Evalúa revela que en siete estados impunidad llega a 99%: Tamaulipas y Veracruz los peores. Detectan “trampa” de fiscalías al enviar al archivo el 60% de casos que dicen que resuelven.
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7 de agosto, 2019
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Aunque en México se denuncie un delito lo más seguro es que no pase nada. En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 90% de los ilícitos por los cuales sí se abrió una carpeta de investigación quedan en la total impunidad, sin reparación del daño ni castigo para los responsables. 

En siete estados el nivel de impunidad supera incluso el 99% siendo Tamaulipas y Veracruz los líderes con niveles del 99.9 y 99.8% de casos no resueltos respectivamente. La única entidad por debajo de estos niveles es Guanajuato, aunque su promedio de impunidad alcanza 87.6%.  Y a nivel federal la situación es similar con un promedio de casos investigados sin esclarecer del 94%.

¿Las razones? Desde falta de personal para atender los casos hasta desconocimiento de la ley y de sus reglas básicas al momento de aplicarlas. Tan solo en 2018, una de cada cinco detenciones fue anulada por los jueces debido a irregularidades. Y se detectó que las agencias del Ministerio Público en realidad mandan al archivo el 60% de casos que dicen que resuelven.

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Estos son los principales resultados del informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” elaborado por la organización México Evalúa y en el cual, a partir de diversas fuentes de datos oficiales, se analiza tanto la eficacia del sistema de justicia penal, así como los avances en la implementación del nuevo modelo.

El informe incluye un “Índice de Impunidad” construido a partir de la revisión de los resultados que en un año tuvieron casos que sí se denunciaron ante agencias del Ministerio Público. Ello sin tomar en cuenta la “cifra negra” de delitos que no se denuncian y por tanto no se les puede dar seguimiento.

El estudio contempla como una solución satisfactoria de un caso no solamente el que haya una sentencia en contra del responsable, sino otras salidas alternas como acuerdos reparatorios entre las partes que permitan cerrar anticipadamente el caso. Y elimina las denuncias en donde se determina que no hay del delito que perseguir.

Pero aun con esas variables los resultados son extremadamente negativos. El promedio nacional de denuncias no esclarecidas a nivel estatal es del 96.1%, y a nivel federal es del 94.6%.

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Como ya se dijo hay siete entidades donde el promedio de casos no resueltos supera el 99%. Además de Veracruz y Tamaulipas, en ese grupo se encuentra Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Yucatán. En cuanto a las entidades con mayor población el estado de México presenta un nivel de impunidad del 97.6%, Ciudad de México del 94.5% y Jalisco del 98.8%.

“Aunque algunos estados han logrado avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos es muy alto y, de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos. Si pensamos en la cantidad de delitos ocurridos que ni siquiera llegan al conocimiento de las autoridades, las alarmas deben seguir encendidas para buscar la implementación de mecanismos que logren revertir la impunidad generalizada que hoy impera en todo el país” indica el informe.

El reporte de México Evalúa revela además que ni una sola de las 32 entidades federativas ha conseguido implementar al cien por ciento el sistema penal acusatorio que entró en vigor desde junio de 2016.

Las investigaciones: del archivo al olvido

De acuerdo con los datos del estudio, en 2018 se iniciaron poco más de dos millones de carpetas de investigación por alguno delito en las fiscalías del país. En casi la mitad de esos asuntos (49.6%) el Ministerio Público decidió no mandar el caso al juez sino tomar por su cuenta una determinación, lo que en teoría significaría que el caso que tuvo alguna “solución”.

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Sin embargo al analizar cómo es que las agencias del MP “determinaron” estos casos, se advierte que 6 de cada 10 en realidad fueron enviados a lo que se denomina “archivo temporal”, es decir, se decide congelar el caso en el escritorio.

“El archivo temporal tiene como finalidad detener provisionalmente o dejar en pausa una investigación cuando se considera que no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes para avanzar en ella. No se trata de una determinación definitiva. Sin embargo, pareciera que esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías, derivado de su ineficiencia para las labores de investigación” indica el análisis.

Por otro lado, del total de casos iniciados en 2018 a nivel nacional hay otro 40% que se encuentra en fase de investigación sin que se haya judicializado aun. En el análisis a nivel estatal hay casos peores, como Quintana Roo o Guerrero donde en fase de investigación siguen casi el 90% de los casos, o Tamaulipas y Puebla donde en esta estatus se encuentran el 70%.

Solamente un 3.9% de las denuncias ante el Ministerio Público a nivel nacional terminó en una carpeta de investigación enviada ante un juez, es decir, 4 de cada 100 casos. Y solo el 0.27% de los casos llegó a un juicio oral.

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A nivel estatal hay situaciones peores. En Chiapas, por ejemplo, solo el 0.2% de los casos fue enviado ante un juez; en Tamaulipas el porcentaje fue de 0.8%; y en Quintana Roo el 0.9 %. Hay otros nueve estados donde el porcentaje de casos judicializados es inferior a 2%.

“Estos resultados no son alentadores pues revelan, además de la desconfianza ciudadana, que las autoridades no están realizando su trabajo como deberían, lo que se traduce en impunidad” subraya el informe.

¿Por qué los casos no se resuelven? Ilegalidad, saturación y precariedad

En la investigación de México Evalúa se identifican múltiples factores que entorpecen y complican una rápida atención y resolución de los casos.

Por ejemplo, el informe revela que de los casos que se mandaron a un juez en 2018, la mitad de ellos son sin una persona detenida. Y en los casos en donde si había detenido los jueces liberaron, en promedio, a 1 de cada 5 de los asegurados sin abrir el proceso.

“Llama la atención el hecho de que el 21% de las detenciones a nivel nacional fueron calificadas como ilegales; es decir, que el juez determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales. Los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales fueron San Luis Potosí (71.7%), Chiapas (65.1%) y Puebla (63.3%)” señala el documento.

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Una de las ventajas del actual sistema penal es que contempla procedimientos de “justicia alternativa” que permiten resolver rápidamente casos sin tener que llegar a un juicio. Ello ya que permite a las partes llegar a un acuerdo que satisfaga a la víctima, y con ello cerrar la investigación y descongestionar el sistema.

Pero lo datos revelan que apenas el 6.1% de casos iniciados a nivel nacional fue resuelto a través de un mecanismo de justicia alternativa, y existen seis entidades donde el porcentaje es inferior a 1%.

Esto es relevante si se toma en cuenta que los cuatro estados con “menor nivel de impunidad”, es decir Guanajuato, Querétaro, Puebla, y Campeche, presentaron una mayor resolución de casos con mecanismos alternativos que con sentencias.

“Por el contrario, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas presentan una efectividad menor al 1%, debido al uso mínimo de salidas alternas, anticipadas y sentencias respecto del total de casos conocidos. En particular, Tamaulipas reporta únicamente cuatro sentencias condenatorias y ningún otro tipo de conclusión, lo que representa una efectividad prácticamente nula” apunta el informe.

La acumulación de casos sin resolver se agrava por la insuficiencia de recursos humanos para atender los casos. El informe revela que en promedio, a nivel nacional, hay apenas 2.8 agencias del Ministerio Público por cada cien mil personas, y hay estados como Veracruz donde el promedio es 0.3 agencias del MP por cada cien mil habitantes, o el estado de México y Puebla con un promedio de 1.1 agencias por cada cien mil personas.

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A lo anterior se agrega la carencia de jueces. El estudio añade que, en promedio, en América Latina hay diez jueces por cada cien mil habitantes pero en México la tasa es de apenas 0.9 jueces por cada cien mil habitantes, casi nueve veces menos. Los focos rojos son Michoacán y Puebla con apenas 0.2 jueces por cien mil habitantes.

Y finalmente se agregan las carencias en profesionalización de los funcionarios. Por ejemplo, solo en 9 de las 32 entidades se encuentra en operación el servicio profesional de carrera que define rutas claras de capacitación de los servidores públicos, así como requisitos de ascensos y de especialización. 

La situación de  las unidades especializadas en atender y asesorar a las víctimas de un delito es  peor pues solo en cuatro estados los funcionarios que integran las mismas cuentan con dicho servicio.

“El servicio profesional de carrera garantiza a sus servidores públicos condiciones de certidumbre laboral y posibilidades de desarrollo profesional. Sin el mismo esto no existe” indica el informe.

Nuevo sistema penal: tres años de rezagos

El informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal  en México” también revela que ni una sola entidad federativa ha conseguido operar al 100% y de forma satisfactoria el nuevo sistema penal, que por ley entró en vigor desde junio de 2016. Ello en parte a que se malgastó gran parte del periodo inicial de preparación de ocho años para adoptar el sistema.

Un ranking incluido en el estudio a partir del análisis de diversas variables del nuevo sistema muestra que en una escala de los 0 a los 1000 puntos, no hay estado que siquiera llegue a 800 que es en nivel mínimo satisfactorio. 

Los que más se acercan son Querétaro con 625 puntos, Guanajuato con 584, y Chihuahua con 563. Las tres entidades más rezagadas son Guerrero con 211 puntos, Nayarit con 218 y Quintana Roo con 228.

De acuerdo con el análisis, uno de los principales factores que ha propiciado estos rezagos es la ausencia de una instancia púnica evaluadora que dé seguimiento a todo el sistema. Ello provoca que en los estados haya avances dispares en capacitación, estructura, normatividad, modernización tecnológica, etc.

“A pesar de los diversos esfuerzos hacia la consolidación, sigue existiendo rezagos en la operación del sistema. El impacto de una falta de coordinación y articulación de políticas entre instancias ha derivado en esfuerzos aislados y resultados incipientes” concluye el informe.

Puedes consultar el estudio completo aquí.

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Así lucha el COVID contra las vacunas para intentar escapar de ellas

El virus lucha constantemente contra las vacunas para intentar escapar de ellas. Sin embargo, nuestros linfocitos B productores de anticuerpos también pueden “mutar” para hacerle frente.
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20 de julio, 2021
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Las variantes de SARS-CoV-2 y su contagiosidad están causando una gran atención mediática en las últimas semanas.

A medida que ha ido pasando el tiempo, el virus ha ido cambiando. Ha introducido mutaciones puntuales en su secuencia génica, muchas de las cuales se traducen en cambios de aminoácidos de sus proteínas.

Con estos cambios, el virus adquiere ventajas evolutivas en el proceso de adaptación a nuestras células y organismos, que son el medio en el que se replica.

Este proceso de adaptación no implica necesariamente una mayor virulencia, pero si avances en mejorar la unión al receptor, una optimización de su replicación, la producción más efectiva de partículas virales y su transmisión, la modulación de la patología o, eventualmente, el escape parcial de alguno de los mecanismos inmunes.

Cuando no teníamos vacunas, el virus campaba a sus anchas

Uno de los mecanismos inmunes más importantes frente a la infección es la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B y su capacidad de reconocer y neutralizar al virus.

Hasta el comienzo de la campaña de vacunación, cada vez que el SARS-CoV-2 infectaba a alguien, se encontraba con el reto de superar las distintas barreras del hospedador infectado.

Pero si el individuo no había contagiado previamente, había pocas posibilidades de que el virus se encontrase con algún anticuerpo que le reconociese.

De esta forma, en cada infección, las mutaciones que el virus pudiera generar iban a ser seleccionadas e incorporadas en las nuevas partículas virales en la medida en la que supusieran ventajas evolutivas independientes del escape de los anticuerpos.

Pero cuando se encuentra con personas vacunadas, el escenario cambia.

Un trabajador sanitario muestra ampollas que contienen la vacuna Sinovac contra la Covid-19 hecha por Biopharma en Indonesia el 22 de junio de 2021.
EPA

Sin vacunas el virus campaba a sus anchas

Un obstáculo en el camino: las vacunas

La evolución en general, y la de los virus en particular, está determinada por las condiciones reproductivas en un determinado medio.

En virología existe un concepto denominado “viral fitness”, que podría ser traducido como aptitud viral, que determina la selección de aquellas partículas virales que introducen cambios para replicarse y transmitirse de forma más efectiva.

En otras palabras, se seleccionan virus más aptos al contexto de infección con el que se van encontrando.

Cuando el virus se encuentra a más personas con inmunidad, se ve obligado a enfrentarse a las defensas con las que antes no se encontraba, además de tener que competir entre sí con otras variantes.

De esta forma, las variantes que “ganarán” serán aquellas que tengan una ventaja sobre variantes previas, no preparadas para ese nuevo escenario inmune.

Por tanto, las variantes que escapen del efecto de las vacunas serían, en teoría, las que se impondrían sobre otras. En este escenario, las vacunas dejarían de funcionar a medio o largo plazo.

Fortaleza de las vacunas

Esta situación, que pudiera parecer descorazonadora en cuanto al papel de las vacunas en la pandemia, esconde un paradigma que juega en contra del virus.

Ya conocemos la capacidad de los anticuerpos neutralizantes de bloquear la unión de la proteína S del virus a la célula hospedadora. Al prevenir esta unión, el virus no nos llega a infectar.

Para escapar de esto, una estrategia que podría utilizar una nueva variante del virus sería cambiar la región de esta proteína S donde se unen estos anticuerpos para así no ser neutralizada.

Sin embargo, estos cambios que parecieran una ventaja para el virus suponen también un coste.

Al situarse los cambios en la misma zona empleada por la proteína S para unirse al receptor celular, podría empeorar su unión al receptor y reducir, a su vez, su capacidad infectiva.

Los virus tratan de solventar este paradigma de “lo que se gana por lo que se pierde” con mutaciones que afecten mínimamente a su capacidad infectiva y replicativa y que, al mismo tiempo, sean capaces de evadir parcialmente las defensas del organismo.

Como resultado de esta continua adaptación, el virus cambia parcialmente algunas de sus proteínas más inmunogénicas, como la proteína S, en un proceso denominado deriva antigénica.

Los virus de la gripe son uno de los más estudiados en cuanto al proceso de deriva antigénica.

Esta es la fuerza responsable de la aparición de nuevas cepas que circulan cada año y que obligan a reformular la estrategia vacunal frente a la gripe.

Pero a pesar de estos cambios, las nuevas cepas gripales no evaden completamente la capacidad de luchar frente a la infección de una persona inmunizada peviamente.

¿Y si nuestros anticuerpos se adaptasen a las nuevas mutaciones?

La adaptación a las condiciones cambiantes no solamente ocurre en el lado del virus.

Nuestros linfocitos B productores de anticuerpos pueden sufrir también un proceso de adaptación denominado hipermutación somática, que se deteriora con la edad.

De esta forma, los linfocitos B productores de anticuerpos frente al virus también pueden “mutar” para mejorar la capacidad de unirse a las proteínas del virus y neutralizarlos.

Esta mejora de los anticuerpos permitiría adaptarse a los cambios de las variantes.

El escenario cambiante de la lucha entre virus y hospedador se juega a dos bandas. El virus tiene que evolucionar y adaptarse continuamente a la situación inmune cambiante o, de lo contrario, extinguirse.

Alicia

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Quizás esta continua adaptación recuerde a situación en la novela de Lewis Carroll “Alicia a través del espejo”, donde los habitantes del país de la Reina Roja deben correr lo más rápido posible, solo para permanecer donde están.

Justamente por eso, la continua evolución de los virus en condiciones cambiantes se denomina (debido a su similitud), “efecto de la Reina Roja”. Es decir, cambiar para tratar seguir en el mismo sitio.

*Estanislao Nistal Villán, es virólogo y profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Este artículo apareció originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión orginal aquí.


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