El último desplazamiento forzado en Chiapas que alerta al Congreso Nacional Indígena
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El último desplazamiento forzado en Chiapas que alerta al Congreso Nacional Indígena

El los últimos dos años las agresiones a pueblos y comunidades se intensifican como una estrategia contra las resistencias pacíficas en defensa del territorio.
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Por Rodrigo Soberanes @rodsantin
4 de agosto, 2019
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Una turba armada con palos y piedras irrumpió en una pequeña aldea maya chol llamada San José El Bascán. Primero taparon los pozos de agua, después destruyeron las casas y al cabo de dos días la redujeron a cenizas. Siete familias fueron desplazadas aquel día, en el último de los episodios recientes de desplazamiento forzado en el estado de Chiapas.

A pesar de ser una comunidad pequeña, San José El Bascán representa la conquista de tierras a manos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 dentro del municipio de Salto de Agua, en la zona selvática del norte de Chiapas.

Las familias desplazadas pertenecen a la organización Ikoltyañtyel Lak Lumal y al Congreso Nacional Indígena (CNI), la organización que impulsó la “campaña informativa” de María de Jesús Patricio con el apoyo del EZLN. 

Para el CNI, los incidentes en San José El Bascán fueron tan graves que emitieron un comunicado. “Como Congreso Nacional Indígena en Chiapas decimos que no se puede tolerar el abuso a nuestros pueblos ni mucho menos permitir la violación de nuestros derechos”, dice el documento publicado el 18 de julio, el mismo día del suceso.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) preocupa que el incidente involucre al CNI y a personas cercanas al EZLN, y creen que no se trata de un hecho aislado en la región donde se están documentando otros incidentes similares. 

Incluso el Frayba había advertido desde el pasado 27 de mayo que la comunidad San José Bascán estaba estaba siendo hostigada en un contexto de “contrainsurgencia”. 

A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI) las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio.

“En Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado”, dice el comunicado de mayo del Frayba.

Menos de dos meses después, el ataque previsto por el Frayba, sucedió. 

Es un hecho que se une a otras “agresiones” que el CNI dice haber recibido en la región, incluyendo a bases de apoyo del AZLN. Uno de los habitantes desplazados habló con Animal Político y describió cómo fueron esos hechos.

“Esas tierras tienen antecedente del 94 del movimiento armado de los compañeros”, recordó Francisco Peñate, habitante de San José Bascán que vivió la tarde de la intrusión a su comunidad, donde ha criado dos hijos y donde tenía sus animales de corral y sus cultivos de autoconsumo. 

Él fue quien narró a Animal Político que el grupo invasor estaba firmado de entre 30 y 40 personas y también contó que lo primero que hicieron fue inutilizar los pozos de agua, lo más importante para la supervivencia de las siete familias. Después dejaron ir a los animales y destruyeron las cosechas, además tiraron las casas, todas de madera y lámina. 

Todas las familias huyeron cerca, con familiares. Francisco Peñate volvió al día siguiente y se acercó a una distancia prudente para constatar que las casas estaban en llamas. Las habían quemado. “Quemaron todo lo que habían tumbado. Todas las tablas las pusieron en montón y ardió. Quedaron cenizas, amigo, son seis casas que quemaron”. 

Peñate tomó algunas fotografías durante el día y también en la noche, cuando seis de las siete casas ya estaban derribadas y en llamas. Solo una quedó en pie y es donde ahora se alojan las personas que destruyeron la comunidad. 

El Frayba hizo llamados al gobierno chiapaneco a “aplicar los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos”.

Ahora -Agregó Peñate- las familias siguen “dándole vuelta a qué hacer”, y de acuerdo con Vico Gálvez, abogado del Frayba quien ha recorrido la región, no ha sido atendida la situación humanitaria de las siete familias que siguen desplazadas.

Gálvez explicó que el conflicto se originó porque una persona “compró” el predio a un dueño anterior al levantamiento del EZLN aprovechando que no está regularizado bajo el Registro Agrario Nacional y después ofreció favorecer a vecinos de otras comunidades con proyectos gubernamentales. 

Francisco Peñate lamentó que el conflicto ha enfrentado a personas conocidas y con lazos de amistan y parentesco. 

“Son nuestros compañeros, compartimos alguna vez momentos buenos, nos invitábamos agua y coca cola. En ese día no sé qué es lo que les pasó. Llegaron sin compasión a nosotros. Todo lo tumbaron. Las ollas de las señoras de las cocinas, sus cubetas, las coas, hachas, pavos, garitas, unos cerditos por ahí. No mataron a los animales de corral pero sí los soltaron”, se lamentó el campesino chol. 

Durante la última semana se han llevado a cabo mesas de negociación en el municipio de Palenque con participación del gobierno del estado de Chiapas, abogados de ambas partes, representantes de la Fiscalía de Chiapas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y abogados de ambas partes. 

Años antes del levantamiento armado del EZLN Chiapas ya era el escenario de episodios de desplazamiento forzado. Desde 2017 a la fecha los conclictos se han agudizado en municipios como Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama y San Andrés Duraznal con miles de personas desplazadas en diferentes conflictos por la posesión de tierras.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

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Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

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El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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