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La Estafa Maestra: Tras 11 horas de audiencia, la prisión sorprendió a Rosario Robles

El juez decidió dictar prisión preventiva por dos meses a la exsecretaria, decisión que sorprendió a ella, su familia y sus abogados.
Cuartoscuro
13 de agosto, 2019
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A las 5 de la mañana, Rosario Robles tenía un semblante de cansancio muy parecido al de los asistentes a su audiencia judicial, que para entonces llevaba 9 horas, pero ella era la única con las manos entrelazadas sosteniendo su barbilla. Esperaba que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna resolviera la petición del Ministerio Público de darle prisión preventiva.

Minutos antes había pedido la palabra por primera vez en toda la audiencia. “Me he presentado aquí absolutamente voluntario. Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas”.

 Y siguió, con voz suave y pausada: “Soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas a mis espaldas”.

Lee: Hacienda prepara denuncia por 105 nuevos contratos de La Estafa Maestra por más de 800 mdp

 Intentaba, a toda costa, convencer al juez que podría continuar su proceso judicial en libertad. “Siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por presunción de inocencia. Entiendo el apetito del Ministerio Público después de que han querido procesar a varios que están sustraídos de la justicia”.  

 Momentos antes, a las 4:56 de la madrugada el juez Delgadillo Padierna había pronunciado la decisión que los abogados de Robles intentaron evitar durante las últimas 10 horas: “Se dicta auto de vinculación a proceso por el ejercicio indebido del servicio público por afectaciones ocasionadas por las omisiones en la Sedesol y Sedatu”.

 Eso significaba que Robles debía continuar el proceso judicial por la presunta omisión por no informar a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto, ni detener las irregularidades en la contratación de universidades por parte de la Sedesol y la Sedatu para hacer supuestos servicios, aunque estos se simularon y el dinero desapareció, como documentó la investigación periodística La Estafa Maestra.

 Pero la peor noticia vendría con la petición de los fiscales para que el juez le impusiera prisión preventiva como medida cautelar, aunque el delito señalado no lo ameritara. El fiscal argumentó que en este caso existía “riesgo de fuga”.

Lee: Rosario Robles va a prisión; le inician proceso por La Estafa Maestra

 El fiscal enlistó “los riesgos”: según investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), Robles tramitó una licencia de manejo con una dirección distinta a su supuesta residencia de los últimos 24 años en la alcaldía Coyoacán. Esa “falsedad” en su domicilio fue determinante para considerar riesgo de fuga, según explicaría luego el juez.

También que en el citatorio de la primera audiencia y luego en una diligencia policial, no fue localizada en el domicilio de Coyoacán. Aunque la defensa explicó que en la primera ocasión estaba fuera tomando un curso y en la otra vacacionaba en Costa Rica, no convenció al juez.

Incluso, dijeron los fiscales, Robles podría huir al extranjero debido a que tenía los medios económicos luego de haber trabajado durante un sexenio como secretaria de Estado y con sueldo mayor a 220 mil pesos, como era antes de la “austeridad” del actual gobierno federal, y como lo demostraba su reciente viaje al extranjero. 

Tampoco tiene “arraigo” en la Ciudad de México porque ni siquiera está trabajando en algún sitio. “Por este asunto mediático no he podido concretar proyectos”, replicó ella. “Aquí vive su hija, su familia, aquí tiene arraigo”, dijo la defensa. Tampoco fue suficiente para el juez. 

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Los fiscales consideraron que su prisión impediría que ella quisiera destruir o sustraer documentación, persuadir a excolaboradores de “falsear” pruebas o testimonios y también serviría para proteger a los tres funcionarios que han testificado en su contra. “Podrían ser objeto de amenazas o se ponga en riesgo su vida”. 

“A las personas que han declarado no me les he acercado. Yo estoy aquí para defenderme, soy una mujer de paz, jamás he atentado contra nadie”, replicó ella.

La defensa de Robles en voz de José Manuel Saucedo apeló a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles de la ONU que aboga porque la prisión preventiva no sea “regla general” y buscó convencer al juez de aplicar otra medida “menos lesiva”, como la entrega del pasaporte o una garantía económica.

El juez Delgadillo se tomó más de 20 minutos para analizar los argumentos. Rosario esperaba sentada con la mirada fija frente al estrado. Pasó toda la madrugada en una silla, enfrentando una agotadora audiencia de 10 horas, pero su cabello y maquillaje seguían impecables. Se había puesto un saco azul, que apenas dejaba ver su pañoleta roja al cuello y ocultaba su vestido blanco. A ratos se llevaba las manos al rostro o las frotaba. El aire acondicionado se sentía cada vez más frío.

Lee: Quiénes son los exfuncionarios que acusan a Rosario Robles de irregularidades por más de 5 mil mdp

El juez dio la razón a la Fiscalía. Después de desglosar cada elemento y exponer su importancia, sobre todo respecto a la falsedad del domicilio, decretó prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga. “Será trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla”. Ella tomó el micrófono por segunda ocasión. 

      No hay razón para esta medida cautelar. –Tosió. Perdón, el aire acondicionado me afecta, dijo con una voz entrecortada.

      Este ya no es momento para réplica, dijo el juez.

      Hay constancia que he vivido ahí durante 24 años, dijo Rosario.

      Pero es evidencia del CENAPI (sobre la falsedad), es inteligencia de la Fiscalía, y a esa le debemos creer.

El juez impuso dos meses para que la Fiscalía ofrezca más pruebas para acreditar el delito. En cuanto decretó el cierre de la audiencia, pasadas las 6 de la mañana, dos oficiales de la Policía Federal se acercaron a Rosario para aprehenderla e iniciar su proceso de traslado al penal, pero antes, permitieron que se despidiera de su hija Mariana Moguel, a quien le acarició la cara para calmarla, pues estaba a punto del llanto.

El resto de familia y amigos de Robles también se acercaron. Su asombro, como el de todos los asistentes en la sala, era innegable. Los abogados dieron la media vuelta, con el rostro duro. Esta vez su clienta no saldría con ellos del brazo por la puerta principal. 

La audiencia: Peña y Meade señalados

“Vengo con las faldas bien puestas”, declaró Rosario Robles al llegar al Juzgado del Reclusorio Sur a las 16 horas este lunes para continuar con la audiencia que inició el pasado 8 de agosto.

 Detrás de ella entraron sus abogados con un diablito con cajas llenas de documentos. Según publicó en su cuenta de Tuiter, Julio Hernández, uno de sus abogado, habían trabajado el fin de semana preparando la defensa. 

La Fiscalía había acusado a Robles del ejercicio indebido de la función pública debido a que fue omisa para detener la realización de convenios entre la Sedesol y la Sedatu  con universidades públicas para hacer supuestos servicios, que no se realizaban o se simulaban y, donde se utilizaban empresas fantasma, como lo documentó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en la investigación periodística La Estafa Maestra.

Entérate: Juez decidirá si hay más implicados en La Estafa Maestra, el proceso está abierto: AMLO

 El daño al erario por este esquema fue calculado por la fiscalía en 5 mil 73 millones de pesos.

La defensa intentó desacreditar que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación y oficios advirtiendo a Robles sobre el uso excesivo de convenios con universidades y las irregularidades derivado de ello para que no fueran consideradas como prueba que fue omisa.

 Óscar Ramírez, uno de los abogados de la exfuncionaria, enumeraba cada uno de las observaciones de irregularidades hechas por la Auditoría y argumentaba que éstos se habían informado entre uno y tres años después de la gestión de Robles en la Sedesol y en Sedatu, por lo que no podía impedir supuestas irregularidades que ya habían ocurrido.

 El argumento fue calificado como “cínico” por el juez horas después.

 Pero uno de los elementos más llamativo vino a la media noche, cuando Ramírez argumentó que, contrario a lo que acusaba la FGR respecto a que Robles no había avisado sobre las irregularidades a su superior jerárquico, en este caso, Enrique Peña Nieto, sí lo hizo, aunque no precisó fecha.

 “Se desprende de la entrevista a Rosario Robles (hecha por la defensa) que la comunicación que mantenía con el titular del Ejecutivo era por medio de reuniones de gabinete, además de que le informó de las irregularidades a través de la línea roja”.

 Más tarde agregó: “Las observaciones de la Auditoría se las comunicaba a Enrique Peña Nieto en giras de trabajo”. Incluso sugirió al juez que se debería “entrevistar” al presidente Peña como parte de la “exhaustividad de la investigación”.  

 El juez respondió a esto durante su argumentación para vincular a proceso. Advirtió que si existía un informe escrito en el que le daba cuenta de las irregularidades y no lo presentó en la audiencia, entonces “lo está encubriendo”. Pero en todo caso se debía desahogar si el presidente Enrique Peña Nieto estuvo vinculado o no al caso “porque aquí, de una forma tácita se le ha involucrado”.

 Entre las pruebas que la defensa ofreció para demostrar que Rosario Robles sí hizo gestiones para detener las irregularidades fue la referencia al acta de entrega recepción de la titularidad de la Sedesol, entre Rosario Robles y José Antonio Meade realizada el 27 de agosto de 2015, porque en ella se advertían que existían señalamientos de irregularidades por parte de la Auditoría que estaban pendientes por solventar.

Por tanto, dijo el abogado Ramírez, correspondía al siguiente titular continuar con las solventaciones y no a Robles que para entonces se encontraba dirigiendo la Sedatu.

El juez llamó a esta prueba “una joya”, pues en el anexo 21 en las páginas 630 a 633 se da cuenta sobre “las irregularidades”, por tanto, pidió a la defensa presentar una copia certificada del documento a más tardar el 16 de agosto que podría significar la prueba para abrir investigación en contra de Meade con el mismo precepto que Robles. 

La defensa también preparó como evidencia, un oficio firmado por Rosario Robles como titular de la Sedatu, el 25 de enero de 2017 dirigido al entonces Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, para que la dependencia “se abstuviera” de hacer convenios con instituciones de gobierno. 

Sin embargo el Ministerio Público convenció al juez que esto no era una prueba de haber detenido las irregularidades, toda vez que ya se había “materializado” la salida de recursos de dos dependencias desde 2014.

Lee aquí la completa la investigación de La Estafa Maestra

La defensa presentó más de una treintena de elementos de prueba para desacreditar que Rosario Robles supiera del esquema que derivaba en desvíos, pero no lo consiguió. 

El juez consideró que existían pruebas para demostrar que ella fue omisa en cuidar los recursos públicos que le fueron encomendados en la Sedesol y Sedatu al permitir que sus subalternos hicieran convenios con universidades para hacer supuestos servicios y que estos no se cumplían.

Se trataba de su mismo equipo haciendo el mismo tipo de convenios en las dos dependencias, dijo el juez. Por lo que los recursos que habían sido etiquetados para el desarrollo social y agrario, no fueron ocupados para ese fin, por lo que eso atentaba contra el artículo 134 de la Constitución e incluso con el Plan Nacional de Desarrollo y se podría atribuir responsabilidad a la exfuncionaria.

Es por ello que, por primera vez, una exsecretaria de Estado estará en el penal de Santa Martha Acatitla. En octubre la Fiscalía presentará las pruebas para determinar su culpabilidad y sus abogados buscarán demostrar su inocencia.

Aún falta por librar todo el proceso legal para llegar a una sentencia y determinar su responsabilidad en La Estafa Maestra. 

 

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Qué implicaría que Trump declare terroristas a los cárteles de la droga de México

El presidente de Estados Unidos dijo que está trabajando para que cárteles de droga mexicanos como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Los Zetas sean declarados por su país como grupos terroristas. Pero ¿qué consecuencias traería darles esa denominación?
27 de noviembre, 2019
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Miembros de la familia LeBarón lloran mientras miran el auto quemado donde al menos nueve personas fueron asesinados y quemados durante una emboscada de hombres armados en Bavispe, Sonora, el 5 de noviembre de 2019.

Getty Images
La familia mormona LeBarón, de nacionalidades mexicanas y estadounidenses fue atacada a principios de noviembre por carteles de droga y nueve de sus miembros murieron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que nombres como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Juárez y Los Zetas dejen de designar organizaciones criminales y, en cambio, sean considerados en su país “grupos terroristas”.

Según Trump, su gobierno lleva 90 días “trabajando” para clasificar como tales a los cárteles mexicanos de la droga, según afirmó la noche del martes en el programa de radio del periodista Bill O’Reilly: “Sabes que denominar (terrorista a un grupo) no es tan fácil. Tienes que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”.

“Estamos perdiendo a 100,000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que está viniendo desde México”, dijo Trump.

“De hecho, le he ofrecido (al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador) que nos deje ir y limpiarlo y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero hasta cierto punto, algo tiene que hacerse”, afirmó el mandatario estadounidense.

Donald Trump.

Getty Images
Donald Trump dijo que está trabajando para llamar a los carteles de droga mexicanos “grupos terroristas”.

Elevar estos cárteles del grado de criminales a terroristas no es una idea nueva y es una medida que el gobierno mexicano rechaza de lleno.

México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza”, escribió en Twitter el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que aseguró estar en contacto con EE.UU. para organizar una reunión en la cual tratar el tema.

La opción de declarar al narco como terroristas ha sido sugerida en el pasado por políticos e incluso, por algún experto. Para ellos, el nivel de violencia que han alcanzado estas organizaciones justifica una medida como esta.

Quien resucitó el tema recientemente fue la familia mormona LeBarón, de nacionalidades mexicanas y estadounidenses.

Nueve de sus miembros, tres madres con sus hijos menores de edad, fueron asesinados a tiros el 4 de noviembre en un territorio cuyo control es disputado por el Cártel de Sinaloa y la banda de La Línea. Hace poco, iniciaron una petición popular en el portal de la Casa Blanca pidiendo que los cárteles sean considerados terroristas.

Pero ¿qué consecuencias traería nombrar “terroristas” a los cárteles del narcotráfico?

¿Un cártel “terrorista”?

En primer lugar, hay que entender que Estados Unidos tiene diferentes formas y grados para clasificar como terrorista a una organización, según le explicó a BBC Mundo el experto mexicano Mauricio Meschoulam.

“La más severa es la de organización terrorista extranjera, que la decide el Departamento de Estado de Estados Unidos”, afirmó.

Instituciones como el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueden tener diferentes definiciones de terrorismo. Si bien establecen cierto perfil, este suele ser lo suficientemente general para que, al final, la decisión sea política.

Así lo aseguran tanto Meschoulam como Sanho Tree, experto en políticas de antinarcóticos del think tank estadounidense Instituto de Estudios de Política.

Ataque al auto de la familia LeBarón en México.

Getty Images
Nueve miembros de la familia LeBarón (tres madres con sus hijos menores de edad) fueron asesinados el 4 de noviembre en un territorio cuyo control es disputado por el Cártel de Sinaloa y la banda de La Línea.

“Cuando se toma la decisión política, se hace que (el grupo) cumpla los objetivos (para ser considerado terrorista)”, dijo Meschoulam en una conversación telefónica.

Ambos expertos, sin embargo, recuerdan que esta no sería la primera vez que Trump anuncia una medida y luego no se materializa. Los dos creen que se trata de unas declaraciones más orientadas a obtener el apoyo de sus seguidores.

Para Meschoulam, “justifica la postura dura de Trump en cuanto a la política migratoria… Encaja perfectamente en esta narrativa de amenazas que proceden del sur”.

Para Tree, el anuncio es “principalmente, una estratagema nacional” de cara a la campaña presidencial de 2020 y busca “incrementar el estigma sobre los mexicanos”.

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Getty Images
El gobierno mexicano rechaza la idea de Trump sobre declarar a los carteles de droga “grupos terroristas”.

Una de las consecuencias de considerar terroristas a los cárteles sería que esta acusación se extendería a quienes colaborasen con estos. Por ejemplo, los vendedores locales de drogas o incluso sus clientes, como señaló Tree.

Según un documento explicativo del Congreso de EE.UU., quienes “sabiéndolo” provean de “apoyo o recursos materiales” a estas organizaciones “terroristas” extranjeras, podrían ser acusados de colaborar con el terrorismo.

Sus miembros y representantes podrán ser deportados o no admitidos en el país, y sus activos y transacciones podrían ser bloqueados por instituciones financieras estadounidenses.

En este mismo documento, esta designación de “terrorista” permitiría al gobierno a “animar” a otras naciones a hacer lo mismo. También “estigmatiza y aísla internacionalmente” a la organización.

Sentencias más largas

Las penas por narcotráfico en EE.UU. pueden ser bastante largas. Lo sabe bien Joaquín “El Chapo” Guzmán, que este año fue condenado a cadena perpetua y 30 años adicionales por liderar el cártel de Sinaloa, que introdujo toneladas de drogas en ese país.

Los más perjudicados en este sentido serían los últimos eslabones de la cadena, como explicó en un correo a BBC Mundo Jesse Norris, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia.

“Creo que lo principal sería que haría más fácil procesar como terroristas a la gente en los niveles más bajos, como los vendedores de droga callejeros, quienes compran droga de los cárteles pero no están involucrados de otra manera. Lo cual es algo estúpido”, afirmó.

Joaquín "Chapo" Guzmán.

Getty Images
El exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua y 30 años adicionales.

“Facilitaría procesar a gente asociada con cárteles y permitiría sentencias más largas… Trabajar para los cárteles, darles cosas, asesorarlos o cualquier tipo de ayuda podría conllevar a penas de hasta 20 años“.

“En la práctica, casi cualquiera que se haya asociado o interactuado con un cártel en cualquier forma, incluso sin formar parte de uno, podría ser acusado de terrorista”.

A esto, Norris le ve un peligro añadido: “Si los cárteles son denominados organizaciones terroristas extranjeras, los fiscales federales tendrían de repente un incentivo para acusarlos de crímenes terroristas, ya que este tipo de cargos son más noticiosos y prestigiosos”.

Una prioridad

“Al ser considerados terroristas, los cárteles pasarían a ser una prioridad”, explicó Mauricio Meschoulam. Si bien ya no sería la primera preocupación nacional, sí se encontraría entre las tres primeras (para la Casa Blanca de Donald Trump, la competencia militar y tecnológica de China y Rusia son amenazas más grandes que el terrorismo).

“Ya no necesitarían una orden de arresto para inspeccionar una casa o meterse en un equipo de cómputo porque el enfoque en materia de terrorismo es actuar antes de que el ataque ocurra”, explicó.

“Esto otorga alta flexibilidad a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo actos que normalmente se han visto como violatorios de los derechos en una democracia”.

Policías de Zapopan, Jalisco, en una escena del crimen.

Getty Images
Una de las consecuencias de considerar terroristas a los cárteles sería que esta acusación se extendería a quienes colaborasen con estos, dicen los expertos.

Pero, lo que más preocupa al gobierno mexicano es que la medida pueda abrir la puerta a operativos unilaterales en su territorio, pasando por encima de su soberanía nacional.

“Lo más grave que podría hacerse serían las misiones de combate que violen la soberanía y territorialidad de México… Los cárteles dejarían de ser una amenaza a la seguridad pública y pasarían a ser una amenaza a la seguridad nacional”, apuntó Meschoulam, que “duda mucho” de que algo así llegue a suceder por más que efectivamente esté previsto en las leyes antiterroristas de Estados Unidos.

“Esto sería un choque directo con el gobierno mexicano“.

Las consecuencias mencionadas no se desencadenan de manera automática, como explicó el experto mexicano. Así como define el grado de organización “terrorista”, EE.UU. también elige qué acciones aplicar.

“Por ejemplo, este año la Guardia Revolucionaria de Irán fue incluida en la lista. Se determinaron sanciones financieras, congelamiento de bienes… Pero no ha habido un comando estadounidense yendo a capturarla”, recordó.

Un pariente de las víctimas del Casino Royale coloca flores en una cruz durante la conmemoración del primer aniversario del crimen en Monterrey, México, el 25 de agosto de 2012. 52 personas murieron el 25 de agosto de 2011, cuando miembros del cartel de drogas Los Zetas roció el Casino Royale con gasolina y lo incendió.

Getty Images
El enfrentamiento entre carteles de drogas en México causó la muerte de miles de personas.

A Meschoulam le extrañaría que se llegara a designar como organización extranjera terrorista a algo tan poco definido como son los cárteles mexicanos de la droga, pues siempre se nombra a un ente de alguna manera más estructurado: las FARC, Sendero Luminoso, Ejército de Liberación Nacional (ELN)…

“El terrorismo no es violencia que causa terror. Es violencia que se hace para causar daño a terceros. Tu blanco son esos terceros, que reciben el mensaje a través de la violencia”, afirmó.

En los cárteles no hay ideología. El mensaje es: ‘No te metas conmigo’. A eso, mi colega Brian Phillips lo llama ‘grupos criminales que emplean tácticas terroristas'”, dijo.

Sanho Tree coincide en que es importante saber diferenciar: “Los terroristas tienen una ideología, un objetivo político. El objetivo de los narcotraficantes es ganar dinero”.

¿Para bien o para mal?

Figuras como el senador texano Chip Roy vienen pidiendo a Trump desde hace meses que considere terroristas a los narcotraficantes.

“Decapitaciones en video, seres humanos siendo disueltos en ácido sulfúrico, cuerpos descuartizados y desparramados por la carretera… No estoy describiendo a Estados Islámico ni a Al Qaeda, sino lo que está sucediendo a lo largo de muchos tramos de nuestra frontera compartida con México en la batalla por el control operacional entre cárteles de la droga y varios gobiernos mexicanos”, escribió Roy en un portal digital.

Estados Unidos no puede mirar a otro lado“, afirmó.

Protesta de vecinos de Michoacán contra los carteles de droga.

Getty Images
Y la guerra entre cárteles de droga lleva años en México.

Pero no solo políticos de derecha como Roy apoyan la medida.

El Instituto de Política, una ONG con sede en la Universidad de Harvard, recomendó en un informe de 2012 que EE.UU. aprobara una ley declarando a los cárteles mexicanos de la droga organizaciones terroristas extranjeras: “EE.UU. podría disuadir a los afiliados del cártel mediante sanciones más severas y mejor contrafinanciación”.

Tree, en cambio, considera que esto sería “contraproducente”. En su opinión, mientras más perseguido esté el tráfico de drogas, más valor tendrán estas.

Las drogas son una materia prima muy barata. La única razón por la que son caras es por la guerra contra las drogas. El consumidor básicamente paga por el riesgo que supone transportarlas”, aseguró.

“La gente dice que cuando hay fuego, tienes que echar agua para apagarlo, que en este caso serían más recursos militares. Pero ¿alguna ves has sufrido un incendio eléctrico? En ese caso, sabrás que lo peor que puedes hacer es echar agua”, concluyó.


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