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Cuartoscuro Archivo

La Estafa Maestra: Falsificación de firmas, la vía para el presunto desvío de 262 mdp

Tres funcionarios de la Sedesol y la Sedatu denunciaron penalmente la falsificación de sus firmas en convenios que las dependencias hicieron con universidades públicas.
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19 de agosto, 2019
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Tres funcionarios de la Sedesol y la Sedatu denunciaron penalmente la falsificación de sus firmas en convenios que las dependencias hicieron con universidades públicas, y a través de los cuáles se operó la salida de 262 millones 859 mil pesos de recursos públicos, como parte del esquema de presunto desvío de La Estafa Maestra.

Los funcionarios que permitieron la salida y se encargaban de la administración del presupuesto en ambas dependencias eran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, y el director de programación, Francisco Báez, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) señala como presuntos responsables de irregularidades, y que son personajes centrales en la trama.

El primero en denunciar fue Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento territorial en la Sedatu, quien había sido el funcionario de mayor rango involucrado y quien fue vinculado a proceso en enero pasado por falsedad de declaración, justamente por denunciar desde 2017 la falsificación de su firma en el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.

Armando Saldaña Flores, quien fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo en la Sedatu, también denunció la falsificación de la firma en el convenio específico, derivado del convenio general que supuestamente firmó Tiburcio, y que derivó en el presunto desvío de 185 millones 839 mil pesos.

En tanto, José Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, declaró a la Fiscalía que no reconoció su firma en el convenio hecho con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 77 millones de pesos, para supuestamente verificar la información del padrón de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

Rosario Robles supo de la falsificación

En agosto de 2014, Humberto Valverde, entonces coordinador de asesores del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, le dijo a José Antolino Orozco que debía firmar un convenio con la Universidad de Morelos, que se pagaría del presupuesto de su área, pero se haría cargo de ello Simón Pedro de León Mojarro, entonces titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.

Pero María del Carmen Gutiérrez, subalterna de Orozco, alertó a éste sobre irregularidades, debido a que en la unidad que él dirigía no existía “suficiencia presupuestal” para pagar un convenio de 77 millones de pesos, además había “inconsistencias y falta de motivos para solicitar esos trabajos”. 

De acuerdo con testimonios de José Antolino y María del Carmen realizados a la Fiscalía General de la República entre mayo y agosto de este año, al notar las inconsistencias él habló por teléfono en altavoz con Sonia Angélica Zaragoza González, entonces directora de Recursos Humanos, quien le dijo que se encargaría de destruir el convenio, pero que tratara el tema con Rosario Robles o Emilio Zebadúa.

Tiempo después, le encargaron a María del Carmen atender al personal de la Auditoría Superior de la Federación que revisaría el ejercicio presupuestal de 2014. Cuando le solicitaron los comprobantes de los servicios del convenio con la Universidad de Morelos, “es cuando se percata de la existencia del convenio”, dijo en su declaración.

En este convenio, la Universidad supuestamente contrató a la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, S. A. de C. V., pero ésta sólo se quedó con 6 millones 990 mil pesos, y el resto (66 millones 170 mil pesos) los transfirió a la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que ni siquiera firmó algún contrato, según detectó la Auditoría.

Ambas empresas fueron declaradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que simularon operaciones fiscales y no tenían capital, infraestructura ni personal para poder desarrollar algún servicio.

De acuerdo con la investigación hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en La Estafa Maestra, Grupo Industrial se encontraba en un oficina llena de cajas y sin más personal que un par de personas recibiendo avisos, en la colonia San Pedro en Monterrey, Nuevo León.

Esa era la misma dirección registrada como sede de otras tres compañías que igualmente recibieron dinero de la Sedesol con convenios con la misma universidad.  (Evyena Servicios, S. A. de C. V., Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V. y Comercializadora Integral de Productos Villaregia, S. A. de C. V.).

En tanto, la segunda compañía, ESGER, estaba ubicada en un despacho de un edificio habitacional en la colonia Nápoles en la Ciudad de México, y fue la compañía concentradora de los recursos de Sedesol, pues pese a no firmar contratos ni realizar ningún servicio, las otras compañías implicadas le transfirieron una suma de 683 millones de pesos.

Después al asumir la titularidad de la Sedatu, Rosario Robles se llevó a 12 funcionarios de la Sedesol a su nueva administración. Uno de ellos fue Antolino Orozco, quien fue nombrado como Jefe de la Unidad de Política, Planeación y Enlace Institucional.

Desde ese puesto se habrían firmado más convenios, pero esta vez con la Universidad Politécnica de Chiapas, de los cuáles, dijo, tampoco tuvo conocimiento, por lo que envió un oficio al Órgano Interno de Control en 2018 informando las irregularidades, y con copia a Rosario Robles en el oficio 908/2018.

En una de las declaraciones ministeriales que Orozco dio a la Fiscalía entre mayo y junio, afirmó que en octubre de 2018 fue citado en la oficina alterna del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, en Tennyson 125, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde éste después de escuchar las irregularidades le respondió que no se preocupara, que “todo estaba arreglado” y que se lo mandaba “a decir Rosario”.

Esto, dijo la Fiscalía, era prueba de que la entonces secretaria “tuvo pleno conocimiento” de lo que ocurría en su dependencia.

Antolino Orozco se convirtió en uno de los testigos de la Fiscalía con los que logró acreditar que Robles sabía de los desvíos y no hizo algo por detenerlos, por lo que fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública y puesta en prisión preventiva el pasado 13 de agosto. 

De acuerdo con un seguimiento realizado por Animal Político de los convenios firmados por la Sedesol y Sedatu señalados con irregularidades por la Auditoría, José Antolino Orozco aparece como firmante de un convenio con la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013; en cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas y tres con la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu, según los documentos obtenidos por transparencia. 

Más falsificaciones

Enrique González Tiburcio enfrenta un proceso judicial por falsedad de declaraciones, después de interponer una denuncia penal por la falsificación de su firma en 2017, luego de enterarse de la existencia del convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la Universidad Francisco I. Madero en enero de 2016, por una solicitud de información a la Sedatu vía transparencia.

El exsubsecretario de Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el convenio mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para realizar diversos servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después, éste denuncio penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación de dicho convenio. 

La defensa del funcionario expuso que el convenio tampoco cumple con otros criterios legales como la falta de firma del titular del área jurídica de la dependencia, la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en todas las hojas del documento, y la inexistencia de registro de las reuniones que siempre se hacen previo a un convenio de este tipo. Además, el 4 de enero de 2016, día de la firma de convenio, González Tiburcio aún se encontraba en periodo de vacaciones decembrinas, sostiene su abogado.

Sin embargo, el perito de la Fiscalía concluyó que la firma sí era de fidedigna, mientras que el perito de la defensa tuvo errores en la explicación de su análisis, por lo que el juez determinó que habían elementos para continuar el proceso judicial, y de denunciante pasó a imputado y fue vinculado a proceso el 30 de enero pasado.

En una siguiente audiencia realizada el 13 de junio pasado, Tiburcio denunció por segunda vez la falsificación de su firma en otros dos convenios, SEDATU-ITSC/SOT/02/2015, del 17 de septiembre de 2015; y SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, con fecha del 11 de enero de 2016.

Aunque hasta el momento no hay pruebas de que estos convenios derivaran en la simulación de los servicios y la subcontratación ilegal de empresas fantasma o irregulares, como lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación en otros casos. 

Armando Saldaña, quien era subalterno de Tiburcio, aparece como firmante del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 “para el desarrollo y aplicación de mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el cumplimiento de sus fines institucionales”, por lo que la Sedatu entregó 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Sin embargo, aunque en la audiencia por la causa penal 442/2018, el peritaje de la Fiscalía acreditó que la firma era falsa y los convenios originales no habían sido localizados en la dependencia, el juez decidió vincularlo a proceso el 19 de marzo pasado, por lo que las investigaciones en su contra continúan. 

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El país que crecerá 14 veces más rápido que China en 2020 y el impacto que tendrá en Venezuela

Una olvidada nación del continente está a punto de convertirse en un importante productor petrolero con una bonanza que puede cambiar la vida de su pequeña población y tendrá un impacto sobre sus vecinos venezolanos.
Getty Images
14 de enero, 2020
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Guyana se ganó la lotería y está a punto de cobrar el cheque de su premio. Sus vecinos, especialmente en Venezuela, esperan intrigados por saber en qué se lo va a gastar.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de esta olvidada nación sudamericana de casi 800.000 habitantes crecerá en 2020 a la espectacular tasa del 86% anual, o sea 14 veces más rápido que la economía china. Casi sobra decir que será la economía de mayor crecimiento en el mundo.

También podría convertirse rápidamente en una de las naciones más prósperas per cápita en el hemisferio e incluso en el mundo, por cuenta del petróleo que está empezando a brotar del subsuelo guyanés.

Pero muchos temen que, al igual que hay quien recibe el premio gordo de la lotería y se lo gasta en una fiesta épica y un año después está más pobre que al comienzo, Guyana podría tener dificultades para convertir ese enorme influjo de dinero en un bienestar económico estable para su pueblo.

Crudo y más crudo

Guyana encontró petróleo y en 2020 empieza a exportarlo al mundo. No es que sea tanto, si se compara con otros grandes productores mundiales.

Georgetown Guyana

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La población del país apena llega a 800.000 personas.

“Eventualmente podría llegar a ser entre 700.000 y un millón barriles de petróleo diarios,” le dice a BBC Mundo Marcelo de Assis, experto de la consultora internacional en el sector petrolero Wood Mackenzie. Es el equivalente a lo que vende al exterior un exportador intermedio como Colombia, para mencionar un ejemplo.

Sin embargo, al dividirlo por el número de habitantes empieza a entenderse el efecto avasallador que puede tener en la economía de Guyana, un país 50 veces menos poblado que Colombia.

Un reciente informe de la cadena estadounidense CNBC estimaba que Guyana podría ser el país con el mayor número de barriles de petróleo por habitante en el mundo.

Malas experiencias

Las experiencias recientes de países similarmente pequeños con bonanzas petroleras súbitas no son alentadoras, le dice a BBC Mundo el profesor Michael Ross, de la Universidad de California en Los Ángeles, quien ha estudiado el fenómeno.

En las bonanzas petroleras, el dinero llega directamente al Estado, que se convierte en cada vez más poderoso, y potencialmente puede aislarse de las exigencias democráticas de sus ciudadanos. Es también, evidentemente, un caldo de cultivo para la corrupción en estados pequeños que cuentan con instituciones débiles”, indica Ross.

Parlamento de Guyana

Getty Images
El gobierno de Guyana ha anunciado grandes inversiones sociales.

“Timor del Este y Guinea Ecuatorial son ejemplos recientes de países que recibieron aumentos masivos de ingresos per cápita. En ambos casos esa influencia de dinero creó tensiones locales significativas. En Guinea Ecuatorial, especialmente, el dinero se quedó muchas veces en manos de altos funcionarios del gobierno, y el país se ha vuelto menos democrático y más corrupto”, añade el académico.

Hay pocos ejemplos de países que hayan manejado bien estas bonanzas, y tienden a ser naciones que recibieron estos ingresos a un paso más gradual, asegura Ross.

“En Guyana el dinero va a llegar como un tsunami. Si Guyana consigue manejar ese dinero bien y limitar la corrupción, manteniendo la rendición democrática de cuentas por parte del gobierno, será un caso excepcional en el mundo, que ninguna otra nación en situación similar ha podido lograr”, le asegura Ross a BBC Mundo.

Planes de inversión

Thomas Singh, profesor de economía de la Universidad de Guyana, le dice a BBC Mundo que la bonanza petrolera puede llevar a su país “al paraíso, o directamente en la dirección contraria”.

Advierte que “con instituciones débiles, una cultura de corrupción, baja confianza y una severa escasez de capital humano… sería inocente esperar que Guyana pueda de alguna manera sobrepasar todas las dificultades para convertirse en una de las pocas naciones petroleras en desarrollo que logre su transformación económica y social con la riqueza que ha encontrado de repente”.

Niñas guyanesas.

Getty Images
Los guyaneses esperan que la bonanza petrolera cambie su vida.

Por el momento, recuerda Singh, la plataforma electoral de los dos principales partidos políticos, el PNC del actual presidente David Granger, y el PPP encabezado por el dirigente Irfaan Ali, compitiendo en las elecciones programadas para marzo de 2020, ya prometen a la ciudadanía educación gratuita, expansión de la infraestructura y otras áreas de inversión pública.

Singh describe su país como caracterizado por profundas divisiones políticas y culturales.

Su población está fragmentado entre personas de ancestro africano y otras de ancestro asiático que llegaron durante la época colonial británica.

A lo largo de su corta historia desde la independencia en 1966, el país ha tenido un crecimiento económico modesto basado especialmente en la industria azucarera y minera.

Asegura que las instituciones políticas de su país no han sido conducentes al desarrollo.

“Parece un poco improbable que Guyana, solo con una bonanza petrolera, pueda superar las tremendas dificultades que parecen erguirse contra su transformación económica y social”, asegura Singh.

BBC Mundo intentó comunicarse por vía escrita con la Comisión Guyanesa de Minería y Geología para conocer la posición del gobierno guyanés frente a sus planes de desarrollo petrolero, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

La situación con Venezuela

Otra arista de la situación en Guyana es su ubicación, al lado de Venezuela, la nación con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, pero cuya industria petrolera está de capa caída.

“No es que Guyana le vaya a competir a Venezuela por recursos de inversión en la industria petrolera, porque estos de todos modos no están dirigiéndose a la industria venezolana. Prácticamente no hay inversión extranjera en el petróleo venezolano en este momento”, dice Marcelo D´Assis a BBC Mundo.

Pero más que el capital, las personas podrían cruzar la extensa y poco vigilada frontera entre Venezuela y Guyana.

En particular Venezuela cuenta todavía con una mano de obra calificada experta en el sector petrolero, pero que hoy enfrenta en su país “el salario mínimo más bajo de América Latina y posiblemente del mundo”, le advierte a BBC Mundo José Manuel Puente, investigador asociado al Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, en Caracas.

Por lo que los expertos ven probable un éxodo a Guyana de personal calificado que dejaría en peor estado a la ya gravemente afectada industria petrolera venezolana.

Trabajadores de la industria petrolera instalando equipos en Guyana.

BBC
El descubrimiento de enormes reservas de petróleo en Guyana podría cambiar el futuro del país.

Si la nación guyanesa consolida la riqueza que muchos esperan florezca allá, también se crearía otro tipo de empleo, puestos en el sector de servicios que requerirían menos calificación y que serían de menor remuneración.

“Potencialmente puede ser una situación compleja. Varios países pequeños que han experimentado estas bonanzas petroleras, por ejemplo en el golfo Pérsico, se han convertido en destinos para migrantes de naciones vecinas“, le recuerda a BBC Mundo Ross, profesor de la Universidad de California.

“Pero esas naciones tienen en general un sistema elaborado para administrar esa migración. Va a ser más complejo en Guyana”, apunta Ross, quien advierte que en varias naciones esos flujos migratorios han generado tensiones políticas internas.

Venezuela y Guyana tienen un largo historial de diferendos limítrofes. Si a eso se le añaden potenciales tensiones por el aumento de migrantes, las relaciones entre los dos países estarían a las puertas de nuevas dificultades.

Los retos

Este año, según dice Marcelo de Assis a BBC Mundo, la producción petrolera guyanesa va a llegar a cerca de 300.000 barriles diarios, la cuota inicial de una cascada de dinero que va a hacer que el mundo se fije mucho más en esa nación sudamericana.

“Si me pidieran que pronostique cómo va a ser Guyana en 10 años, diría que las áreas urbanas van a ser irreconocibles por su masivo desarrollo económico”, le dice Michael Ross a BBC Mundo.

“La pregunta clave es si el pueblo podrá mantener sus instituciones democráticas y si resistirá las tentaciones de la corrupción”, concluye.


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