close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

La Estafa Maestra: Falsificación de firmas, la vía para el presunto desvío de 262 mdp

Tres funcionarios de la Sedesol y la Sedatu denunciaron penalmente la falsificación de sus firmas en convenios que las dependencias hicieron con universidades públicas.
Cuartoscuro Archivo
19 de agosto, 2019
Comparte

Tres funcionarios de la Sedesol y la Sedatu denunciaron penalmente la falsificación de sus firmas en convenios que las dependencias hicieron con universidades públicas, y a través de los cuáles se operó la salida de 262 millones 859 mil pesos de recursos públicos, como parte del esquema de presunto desvío de La Estafa Maestra.

Los funcionarios que permitieron la salida y se encargaban de la administración del presupuesto en ambas dependencias eran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, y el director de programación, Francisco Báez, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) señala como presuntos responsables de irregularidades, y que son personajes centrales en la trama.

El primero en denunciar fue Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento territorial en la Sedatu, quien había sido el funcionario de mayor rango involucrado y quien fue vinculado a proceso en enero pasado por falsedad de declaración, justamente por denunciar desde 2017 la falsificación de su firma en el convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.

Armando Saldaña Flores, quien fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo en la Sedatu, también denunció la falsificación de la firma en el convenio específico, derivado del convenio general que supuestamente firmó Tiburcio, y que derivó en el presunto desvío de 185 millones 839 mil pesos.

En tanto, José Antolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, declaró a la Fiscalía que no reconoció su firma en el convenio hecho con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 77 millones de pesos, para supuestamente verificar la información del padrón de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

Rosario Robles supo de la falsificación

En agosto de 2014, Humberto Valverde, entonces coordinador de asesores del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, le dijo a José Antolino Orozco que debía firmar un convenio con la Universidad de Morelos, que se pagaría del presupuesto de su área, pero se haría cargo de ello Simón Pedro de León Mojarro, entonces titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.

Pero María del Carmen Gutiérrez, subalterna de Orozco, alertó a éste sobre irregularidades, debido a que en la unidad que él dirigía no existía “suficiencia presupuestal” para pagar un convenio de 77 millones de pesos, además había “inconsistencias y falta de motivos para solicitar esos trabajos”. 

De acuerdo con testimonios de José Antolino y María del Carmen realizados a la Fiscalía General de la República entre mayo y agosto de este año, al notar las inconsistencias él habló por teléfono en altavoz con Sonia Angélica Zaragoza González, entonces directora de Recursos Humanos, quien le dijo que se encargaría de destruir el convenio, pero que tratara el tema con Rosario Robles o Emilio Zebadúa.

Tiempo después, le encargaron a María del Carmen atender al personal de la Auditoría Superior de la Federación que revisaría el ejercicio presupuestal de 2014. Cuando le solicitaron los comprobantes de los servicios del convenio con la Universidad de Morelos, “es cuando se percata de la existencia del convenio”, dijo en su declaración.

En este convenio, la Universidad supuestamente contrató a la empresa Grupo Industrial y Servicios Yafed, S. A. de C. V., pero ésta sólo se quedó con 6 millones 990 mil pesos, y el resto (66 millones 170 mil pesos) los transfirió a la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que ni siquiera firmó algún contrato, según detectó la Auditoría.

Ambas empresas fueron declaradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que simularon operaciones fiscales y no tenían capital, infraestructura ni personal para poder desarrollar algún servicio.

De acuerdo con la investigación hecha por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en La Estafa Maestra, Grupo Industrial se encontraba en un oficina llena de cajas y sin más personal que un par de personas recibiendo avisos, en la colonia San Pedro en Monterrey, Nuevo León.

Esa era la misma dirección registrada como sede de otras tres compañías que igualmente recibieron dinero de la Sedesol con convenios con la misma universidad.  (Evyena Servicios, S. A. de C. V., Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V. y Comercializadora Integral de Productos Villaregia, S. A. de C. V.).

En tanto, la segunda compañía, ESGER, estaba ubicada en un despacho de un edificio habitacional en la colonia Nápoles en la Ciudad de México, y fue la compañía concentradora de los recursos de Sedesol, pues pese a no firmar contratos ni realizar ningún servicio, las otras compañías implicadas le transfirieron una suma de 683 millones de pesos.

Después al asumir la titularidad de la Sedatu, Rosario Robles se llevó a 12 funcionarios de la Sedesol a su nueva administración. Uno de ellos fue Antolino Orozco, quien fue nombrado como Jefe de la Unidad de Política, Planeación y Enlace Institucional.

Desde ese puesto se habrían firmado más convenios, pero esta vez con la Universidad Politécnica de Chiapas, de los cuáles, dijo, tampoco tuvo conocimiento, por lo que envió un oficio al Órgano Interno de Control en 2018 informando las irregularidades, y con copia a Rosario Robles en el oficio 908/2018.

En una de las declaraciones ministeriales que Orozco dio a la Fiscalía entre mayo y junio, afirmó que en octubre de 2018 fue citado en la oficina alterna del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, en Tennyson 125, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde éste después de escuchar las irregularidades le respondió que no se preocupara, que “todo estaba arreglado” y que se lo mandaba “a decir Rosario”.

Esto, dijo la Fiscalía, era prueba de que la entonces secretaria “tuvo pleno conocimiento” de lo que ocurría en su dependencia.

Antolino Orozco se convirtió en uno de los testigos de la Fiscalía con los que logró acreditar que Robles sabía de los desvíos y no hizo algo por detenerlos, por lo que fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de la función pública y puesta en prisión preventiva el pasado 13 de agosto. 

De acuerdo con un seguimiento realizado por Animal Político de los convenios firmados por la Sedesol y Sedatu señalados con irregularidades por la Auditoría, José Antolino Orozco aparece como firmante de un convenio con la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México en 2013; en cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas y tres con la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Sedatu, según los documentos obtenidos por transparencia. 

Más falsificaciones

Enrique González Tiburcio enfrenta un proceso judicial por falsedad de declaraciones, después de interponer una denuncia penal por la falsificación de su firma en 2017, luego de enterarse de la existencia del convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la Universidad Francisco I. Madero en enero de 2016, por una solicitud de información a la Sedatu vía transparencia.

El exsubsecretario de Ordenamiento Territorial desconoció su firma en el convenio mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para realizar diversos servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después, éste denuncio penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación de dicho convenio. 

La defensa del funcionario expuso que el convenio tampoco cumple con otros criterios legales como la falta de firma del titular del área jurídica de la dependencia, la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en todas las hojas del documento, y la inexistencia de registro de las reuniones que siempre se hacen previo a un convenio de este tipo. Además, el 4 de enero de 2016, día de la firma de convenio, González Tiburcio aún se encontraba en periodo de vacaciones decembrinas, sostiene su abogado.

Sin embargo, el perito de la Fiscalía concluyó que la firma sí era de fidedigna, mientras que el perito de la defensa tuvo errores en la explicación de su análisis, por lo que el juez determinó que habían elementos para continuar el proceso judicial, y de denunciante pasó a imputado y fue vinculado a proceso el 30 de enero pasado.

En una siguiente audiencia realizada el 13 de junio pasado, Tiburcio denunció por segunda vez la falsificación de su firma en otros dos convenios, SEDATU-ITSC/SOT/02/2015, del 17 de septiembre de 2015; y SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, con fecha del 11 de enero de 2016.

Aunque hasta el momento no hay pruebas de que estos convenios derivaran en la simulación de los servicios y la subcontratación ilegal de empresas fantasma o irregulares, como lo ha dicho la Auditoría Superior de la Federación en otros casos. 

Armando Saldaña, quien era subalterno de Tiburcio, aparece como firmante del convenio SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 “para el desarrollo y aplicación de mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el cumplimiento de sus fines institucionales”, por lo que la Sedatu entregó 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Sin embargo, aunque en la audiencia por la causa penal 442/2018, el peritaje de la Fiscalía acreditó que la firma era falsa y los convenios originales no habían sido localizados en la dependencia, el juez decidió vincularlo a proceso el 19 de marzo pasado, por lo que las investigaciones en su contra continúan. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Getty Images

Familia LeBarón: qué se sabe de la comunidad mormona que perdió a 9 de sus integrantes en un ataque

Se establecieron en México en los 1920 después de separarse de la iglesia mormona en EU y prosperaron con la producción de nueces en una zona que ahora es controlada por grupos afiliados a carteles de la droga.
Getty Images
5 de noviembre, 2019
Comparte
Coche calcinado

Reuters
La familia dijo que fue “una masacre”.

“Esta es una zona de guerra y desde hace tiempo estamos pidiendo ayuda”.

Así lo dijo este martes Julián LeBarón al informar a los medios sobre la emboscada que mató a al menos nueve miembros de su familia, la mayoría niños.

Los hechos ocurrieron en el límite de los estados de Chihuahua y Sonora, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

La “masacre”, como la describió Julián LeBarón a los medios, ocurrió cuando tres mujeres que viajaban en tres vehículos con 14 niños fueron emboscadas por un comando armado. Al menos nueve personas murieron, entre ellos seis niños, y ocho menores lograron escapar.

Las mujeres se estaban trasladando desde un asentamiento en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro en La Mora, en Chihuahua.

Era un viaje que realizaban rutinariamente, según LeBarón, porque en ambas localidades están establecidos miembros de la familia que forman parte de la Colonia LeBarón, una rama fundamentalista de mormones que se estableció en la zona en los 1920.

También es una región de las sierras de Sonora y Chihuahua donde operan carteles de narcotraficantes.

Y en años recientes algunos miembros de la familia LeBarón se han visto enfrentados con habitantes de comunidades locales por el uso del agua en la región.

funeral de Le Barón

Getty Images
La familia LeBarón fue víctima de la violencia del crimen organizado en 2009 con el secuestro y asesinato de Benjamín LeBarón.

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, hasta ahora no se sabe quiénes eran los hombres armados que perpetraron el ataque.

“No sabemos, aquí operan los carteles y todo tipo de matones”, declaró.

Quiénes son los LeBarón

La comunidad fue establecida en la zona alrededor de 1924 por Alma Dayer LeBarón con varios miembros de su familia.

LeBarón se separó de la organización en Estados Unidos y emigró a México.

Dos de sus hijos, Joes y Ervil LeBarón fundaron en 1955 la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos y la comunidad, que prosperó en la región principalmente con la producción de nueces, vivió de forma aislada en la zona manteniendo el inglés como principal idioma.

Fue en 2009 cuando el nombre LeBarón llegó a los titulares de los medios mexicanos junto con los graves problemas de inseguridad por el crimen organizado en la zona.

Primero fue el secuestro de Erick LeBarón, de 17 años, por cuya liberación se exigió un millón de dólares.

La comunidad de los LeBarón anunció públicamente su decisión de no pagar el rescate y se manifestó tanto en medios nacionales como internacionales contra la creciente inseguridad de la región durante la llamada “guerra contra las drogas” que declaró el entonces presidente Felipe Calderón.

Así lograron que el joven fuera liberado. Pero meses después Benjamín, el hermano de Erick, y Luis Widmar Stubbs, otro miembro de la comunidad, fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Los responsables colocaron una manta frente a sus casas en la que indicaban que el asesinato era en respuesta al activismo de la familia contra la inseguridad.

Desde entonces los habitantes de la colonia LeBarón pidieron la creación de una policía civil para protegerse de los grupos criminales.

La medida fue apoyada inicialmente por algunos funcionarios públicos pero posteriormente fue rechazada.

Investigación

Tal como le dijo Julián LeBarón a Radio Fórmula, antes de los hechos de este lunes la familia había tenido amenazas.

“Se denuncio que hubo amenazas y le informamos a las autoridades (federales). Hubo la denuncia y estas son las consecuencias”, declaró LeBarón.

No se sabe, sin embargo, quiénes pueden ser los responsables.

Momentos después de los enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa y la policía.

AFP
México ha vivido hechos particularmente violentos en las últimas semanas.

Una teoría es que las mujeres y los niños, que viajaban en vehículos SUV similares a los que usan los grupos de crimen organizado, fueron confundidos con grupos rivales.

La zona en el norte de México es disputada por dos grupos rivales, La Línea, que tiene vínculos con el cartel de Juárez, y “Los Chapos” que son parte del cartel de Sinaloa.

Ambos grupos se disputan la ruta de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero los miembros de la familia LeBarón también se han visto involucrados en enfrentamientos con agricultores locales.

En 2018 algunos miembros de la familia tuvieron una fuerte confrontación con ejidatarios que protestaron por lo que dijeron era el uso excesivo de agua de la comunidad LeBarón que estaba plantando cada vez más árboles de nogal que requieren una gran cantidad de agua para su producción.

Los reclamos de los ejidatarios, que comenzaron desde 2013, indicaron que esa “sobrexplotación del agua” había dejado sin el líquido a las comunidades aledañas.

Según informó entonces la revista Proceso, “los encargados y empleados del rancho (de los LeBarón) recibieron a los inconformes con disparos de arma de fuego e hirieron a un hombre en la rodilla”.

Los gobiernos de Chihuahua y Sonora emitieron una declaración conjunta indicando que se lanzó una investigación para esclarecer los hechos y que se enviaron fuerzas de seguridad adicionales a la zona.

Los violentos hechos del lunes han provocado una fuerte respuesta en redes sociales tanto en México como Estados Unidos ante lo que muchos ven como la creciente violencia en el país.

“El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que ha adoptado una política de no violencia y no confrontación con los poderosos carteles del país, pero sus críticos lo acusan de carecer de una estrategia de seguridad coherente”, señala Will Grant, corresponsal de la BBC en México.

“La presión sobre el gobierno está creciendo después de un episodio vergonzoso el mes pasado, cuando la policía en Sinaloa liberó al Ovidio Guzmán López, ‘El Ratón’, hijo del narcotraficante preso Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, luego de que sus hombres los superaran”, añadió.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=rCXa2gRXlcM

https://www.youtube.com/watch?v=VhMGk9zH0Zo

https://www.youtube.com/watch?v=QWwnV83nGzY

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.