“Están abusando del artículo 1 de la ley de adquisiciones, las universidades están para educar, no hacerla de intermediarios. Los servicios se simularon. El dinero se pasó a empresas y terminó en esta”, señalaba Juan Manuel Portal en el pliego de papel que ocupaba toda la mesa de la oficina. Era el esquema que explicaba la red de compañías donde habían terminado recursos púbicos. El entonces auditor superior lo exponía a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Ella negaba que hubiera alguna irregularidad, además, “por eso contratamos a las universidades; son instituciones de respeto”, decía. Ni siquiera el esquema de empresas que parecía una telaraña, lo que para investigadores financieros sería un ejemplo de lavado de dinero, pudo hacerla ceder en su posición: todo se hizo bien, insistió una y otra vez durante la hora que duró el encuentro.

Pero “todo era basura”, nada de ese demostraba que los servicios se habían hecho. “Eran copias con fotografías de eventos que no sabemos ni de dónde son, papeles que no decían nada absolutamente, no eran prueba, ni evidencia de nada”, dice el exauditor superior, Juan Manuel Portal, en entrevista con Animal Político.

Se refería al uso excesivo de la excepción al artículo 1 de la Ley de adquisiciones, que permite hacer contrataciones entre instituciones de la administración pública sin necesidad de hacer licitaciones. En este caso se hacían convenios para supuestos servicios con universidades, y la Auditoría identificó que éstas subcontrataban hasta 98% de los servicios con empresas, pese a que la ley sólo permitía hasta 42%.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomaron esta información e investigaron a las empresas que habían sido utilizadas entre 2014 y 2015, con el fin de hacer supuestos servicios por medio de 8 universidades, para 11 dependencias del gobierno federal.

En otras dos reuniones, también estuvo presente el entonces oficial mayor de ambas dependencias y mano derecha de la titular, Emilio Zebadúa, quien era el responsable de administrar los recursos. La Auditoría sabía que sus subalternos firmaban los convenios con las universidades.

“Que no la engañen, secretaria, las universidades no están para esos servicios. ¿Por qué no hicieron una licitación? ‘Es que había poco tiempo’, me respondía. Sí, ya lo vi, a las universidades que le dio usted millones de pesos, en un día se hizo la invitación, al otro día se hizo el contrato y al día siguiente ya estaba todo entregado en la República, pues ¿cómo le hacen?”, dijo el exauditor durante una de las reuniones.

En la audiencia que enfrentó Rosario Robles, el pasado jueves 8 de agosto, la Fiscalía General de la República presentó una serie de documentos y testimonios como prueba de que, siendo funcionaria, supo de los presuntos desvíos cometidos en la Sedesol y la Sedatu, porque fue avisada por escrito por sus subalternos y el auditor federal, pero no hizo nada para detener las irregularidades; ello, dijo la FGR, constituye el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Pero ella no fue la única funcionaria que lo supo. Juan Manuel Portal, como exauditor federal, informó a todos quienes tenían facultades para detener e investigar las irregularidades en el Ejecutivo y el Legislativo. El de mayor jerarquía fue el presidente Enrique Peña Nieto.

A mitad de 2017, Portal logró conseguir una reunión con el mandatario en los Pinos. En 45 minutos le explicó los casos más relevantes de corrupción, de entre todo lo que había detectado la Auditoría. Le habló de los desvíos en Veracruz, gobernado por Javier Duarte, y del esquema de desvío en diferentes dependencias contratando a universidades, y “al tema de Rosario le dimos el tiempo suficiente”.

“Le expliqué desde dónde había empezado (el esquema de desvío), en la administración del presidente Calderón, con las compras del bicentenario, y la Estela de Luz, donde se contrataron empresas evadiendo las licitaciones”.

– ¿Qué le dijo después de escuchar esto?

– Fue muy amable, se preocupó, tomó notas, me dijo que lo iba a ver.

Para entonces, la Auditoría Superior de la Federación no sólo había investigado este tipo de presuntos desvíos, sino que ya había interpuesto 17 denuncias penales por la posible comisión de delito.

Estaba la denuncia por la Estela de Luz, por la contratación de la empresa de Pemex III Servicios para la construcción, que a su vez subcontrató a otras compañías que incurrieron en sobrecostos y retraso en el proyecto.

También cuatro en contra de Conaculta por la entrega de 36 millones a la Universidad Autónoma del Estado de México en 2012, para la supuesta digitalización de documentos, y en la que se contrató a cinco empresas vinculadas entre sí por sus socios y operaciones, y el servicio no se hizo.

En 2016 hubo seis denuncias contra la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México, por la simulación de servicios para programas sociales ocurridos tres años antes.

Para 2017 se sumaron otras tres denuncias en contra de la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por bienes y servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre que no se hicieron, y tres más contra la Universidad del Edomex con el INEA, SUPERISSSTE y FOVISSSTE para supuestos servicios de detección de personas que no sabían leer ni escribir un recado, mejoramiento de procesos programas informáticos.

Pero la Procuraduría General de la República no avanzó en ellas. Hasta 2016, en la gestión de Raúl Cervantes, dice el exauditor, hubo acercamiento con la Auditoría; pero sólo hasta el año pasado, exfuncionarios medios comenzaron a enfrentar procesos penales por el caso.

Incluso antes de llegar con el presidente, la Auditoría había entregado año con año el informe de Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, y el tema del artículo 1 fue incluido en sus discursos durante tres años consecutivos.

Además, dichos informes debían ser revisados por todos los legisladores, especialmente por las Comisión de Vigilancia. “Todos los diputados tuvieron conocimiento, pero especialmente el expresidente de esa comisión Luis Maldonado (fallecido) y el coordinador de los priistas, César Camacho Solís, también integrante de la Junta de Coordinación Política, el órgano de cabildeo entre los líderes de las bancadas partidistas”.

En el último discurso de Portal como auditor en 2017, pidió a los legisladores en el Congreso reformar la Ley de Adquisiciones, para evitar que el esquema continuara o pudiera repetirse, pero tampoco lo hicieron.

En reuniones personales, “les dije está muy grave esto. Se están robando el dinero y se lo están llevando para las campañas. Me decían que no, que las campañas no se llevan tanto dinero, me hacían el cálculo de la campaña de un gobernador. ‘Pero no sería sólo para uno’”, les reviraba Portal.

La Secretaría de la Función Pública era otra dependencia fundamental para investigar y detener hechos de corrupción. Por eso, Portal explicó lo detectado por la Auditoría al primer titular en la administración de Peña Nieto, Julián Olivas, y luego a Virgilio Andrade.

“Con Virgilio tuve más reuniones sobre el tema, se lo dije varias veces. Me decía ‘déjame verlo. Voy a consultarlo con Rosario, voy a consultarlo con el Presidente. Vente a una reunión después’”.

Incluso en este periodo, el auditor le propuso a Rosario Robles en otra de las reuniones: “si usted le tiene confianza a Virgilio Andrade, que revise nuestros papeles (de la Auditoría), que vea nuestros expedientes, que dé una opinión y luego vamos usted, él y yo con el Presidente. ¿Por qué no quiso hacerlo? Sabía que lo que teníamos era correcto”, dice Portal.

Arely Gómez fue la tercera titular de Función Pública y también estuvo enterada. De hecho, cuando Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron La Estafa Maestra en 2017, la dependencia emitió un comunicado en el que reconocía el tema y decía que lo estaba investigando, pero nunca emitió ninguna resolución al respecto.

Incluso, el Órgano Interno de Control de la Sedesol, a cargo de la Función Pública, abrió una investigación al respecto en 2015 y concluyó que los procedimientos de contratación con universidades estaban apegadas a la ley.

Dicho expediente fue entregado a Animal Político por la secretaria Robles poco antes de publicar la investigación periodística, como prueba de que no había habido irregularidades. Sin embargo, en octubre de 2018, el funcionario a cargo de la investigación, Mauricio Razo, fue sancionado por la Función Pública por haber dado carpetazo al tema sin sustento jurídico.

Aunque la investigación La Estafa Maestra sólo se concentró en las irregularidades de 2013 y 2014, desde 2010 y hasta 2016 el gobierno federal firmó 2 mil 61 convenios de este tipo con universidades, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Otro elemento es que todos los informes de la Auditoría son públicos y, a cada titular se entrega un oficio con los pliegos de observaciones, es decir, las irregularidades detectadas en su dependencia. “Los informes que se presentaron, todos fueron hechos del conocimiento de las personas personalmente, o los visité o nos visitaron para ver cómo iba el asunto”, advierte Portal.

Por ello, los 11 implicados en La Estafa Maestra estuvieron enterados, es decir, Emilo Lozoya, en Pemex; Alfredo del Mazo Maza — ahora gobernador del Estado de México— en Banobras; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; y Senasica, con Enrique Sánchez Cruz.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

Esto significa que, pese a saberlo, ni el Presidente, el gabinete, ni la PGR hicieron algo para detener las irregularidades en todo el sexenio anterior.