Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública
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Especial

Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública

En 5 reuniones el auditor superior Juan Manuel Portal advirtió a Robles sobre La Estafa Maestra; el presidente EPN "tomó nota", pero no se detuvo el fraude.
Especial
12 de agosto, 2019
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“Están abusando del artículo 1 de la ley de adquisiciones, las universidades están para educar, no hacerla de intermediarios. Los servicios se simularon. El dinero se pasó a empresas y terminó en esta”, señalaba Juan Manuel Portal en el pliego de papel que ocupaba toda la mesa de la oficina. Era el esquema que explicaba la red de compañías donde habían terminado recursos púbicos. El entonces auditor superior lo exponía a la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Ella negaba que hubiera alguna irregularidad, además, “por eso contratamos a las universidades; son instituciones de respeto”, decía. Ni siquiera el esquema de empresas que parecía una telaraña, lo que para investigadores financieros sería un ejemplo de lavado de dinero, pudo hacerla ceder en su posición: todo se hizo bien, insistió una y otra vez durante la hora que duró el encuentro.

Por eso, días después, Robles mandó las supuestas pruebas al edificio de la Auditoría Superior de la Federación en la colonia Del Valle: un camión con 63 cajas de cartón con miles de documentos que incluían cartas firmadas por funcionarios de la Sedesol y las universidades, con la aceptación de los servicios, facturas, convenios, registros de entregas.

Pero “todo era basura”, nada de ese demostraba que los servicios se habían hecho. “Eran copias con fotografías de eventos que no sabemos ni de dónde son, papeles que no decían nada absolutamente, no eran prueba, ni evidencia de nada”, dice el exauditor superior, Juan Manuel Portal, en entrevista con Animal Político.

Esa fue una de las cinco reuniones entre ambos entre 2014 y 2017, para tratar el mismo tema: en la Sedesol y Sedatu, las dependencias que Robles dirigió, ocurrían las mismas irregularidades y no debía seguirse permitiendo.

Se refería al uso excesivo de la excepción al artículo 1 de la Ley de adquisiciones, que permite hacer contrataciones entre instituciones de la administración pública sin necesidad de hacer licitaciones. En este caso se hacían convenios para supuestos servicios con universidades, y la Auditoría identificó que éstas subcontrataban hasta 98% de los servicios con empresas, pese a que la ley sólo permitía hasta 42%.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomaron esta información e investigaron a las empresas que habían sido utilizadas entre 2014 y 2015, con el fin de hacer supuestos servicios por medio de 8 universidades, para 11 dependencias del gobierno federal.

La investigación periodística de La Estafa Maestra reveló así en 2017 que de 186 empresas utilizadas, 128 eran ilegales o fantasma, por lo que más de 3 mil millones de recursos públicos desaparecieron.

En otras dos reuniones, también estuvo presente el entonces oficial mayor de ambas dependencias y mano derecha de la titular, Emilio Zebadúa, quien era el responsable de administrar los recursos. La Auditoría sabía que sus subalternos firmaban los convenios con las universidades.

“Que no la engañen, secretaria, las universidades no están para esos servicios. ¿Por qué no hicieron una licitación? ‘Es que había poco tiempo’, me respondía. Sí, ya lo vi, a las universidades que le dio usted millones de pesos, en un día se hizo la invitación, al otro día se hizo el contrato y al día siguiente ya estaba todo entregado en la República, pues ¿cómo le hacen?”, dijo el exauditor durante una de las reuniones.

Peña, su gabinete y diputados no detuvieron la Estafa

En la audiencia que enfrentó Rosario Robles, el pasado jueves 8 de agosto, la Fiscalía General de la República presentó una serie de documentos y testimonios como prueba de que, siendo funcionaria, supo de los presuntos desvíos cometidos en la Sedesol y la Sedatu, porque fue avisada por escrito por sus subalternos y el auditor federal, pero no hizo nada para detener las irregularidades; ello, dijo la FGR, constituye el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Pero ella no fue la única funcionaria que lo supo. Juan Manuel Portal, como exauditor federal, informó a todos quienes tenían facultades para detener e investigar las irregularidades en el Ejecutivo y el Legislativo. El de mayor jerarquía fue el presidente Enrique Peña Nieto.

A mitad de 2017, Portal logró conseguir una reunión con el mandatario en los Pinos. En 45 minutos le explicó los casos más relevantes de corrupción, de entre todo lo que había detectado la Auditoría. Le habló de los desvíos en Veracruz, gobernado por Javier Duarte, y del esquema de desvío en diferentes dependencias contratando a universidades, y “al tema de Rosario le dimos el tiempo suficiente”.

“Le expliqué desde dónde había empezado (el esquema de desvío), en la administración del presidente Calderón, con las compras del bicentenario, y la Estela de Luz, donde se contrataron empresas evadiendo las licitaciones”.

– ¿Qué le dijo después de escuchar esto?

Fue muy amable, se preocupó, tomó notas, me dijo que lo iba a ver.

Para entonces, la Auditoría Superior de la Federación no sólo había investigado este tipo de presuntos desvíos, sino que ya había interpuesto 17 denuncias penales por la posible comisión de delito.

Estaba la denuncia por la Estela de Luz, por la contratación de la empresa de Pemex III Servicios para la construcción, que a su vez subcontrató a otras compañías que incurrieron en sobrecostos y retraso en el proyecto.

También cuatro en contra de Conaculta por la entrega de 36 millones a la Universidad Autónoma del Estado de México en 2012, para la supuesta digitalización de documentos, y en la que se contrató a cinco empresas vinculadas entre sí por sus socios y operaciones, y el servicio no se hizo.

En 2016 hubo seis denuncias contra la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de México, por la simulación de servicios para programas sociales ocurridos tres años antes.

Para 2017 se sumaron otras tres denuncias en contra de la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por bienes y servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre que no se hicieron, y tres más contra la Universidad del Edomex con el INEA, SUPERISSSTE y FOVISSSTE para supuestos servicios de detección de personas que no sabían leer ni escribir un recado, mejoramiento de procesos programas informáticos.

Pero la Procuraduría General de la República no avanzó en ellas. Hasta 2016, en la gestión de Raúl Cervantes, dice el exauditor, hubo acercamiento con la Auditoría; pero sólo hasta el año pasado, exfuncionarios medios comenzaron a enfrentar procesos penales por el caso.

Incluso antes de llegar con el presidente, la Auditoría había entregado año con año el informe de Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, y el tema del artículo 1 fue incluido en sus discursos durante tres años consecutivos.

Además, dichos informes debían ser revisados por todos los legisladores, especialmente por las Comisión de Vigilancia. “Todos los diputados tuvieron conocimiento, pero especialmente el expresidente de esa comisión Luis Maldonado (fallecido) y el coordinador de los priistas, César Camacho Solís, también integrante de la Junta de Coordinación Política, el órgano de cabildeo entre los líderes de las bancadas partidistas”.

En el último discurso de Portal como auditor en 2017, pidió a los legisladores en el Congreso reformar la Ley de Adquisiciones, para evitar que el esquema continuara o pudiera repetirse, pero tampoco lo hicieron.

En reuniones personales, “les dije está muy grave esto. Se están robando el dinero y se lo están llevando para las campañas. Me decían que no, que las campañas no se llevan tanto dinero, me hacían el cálculo de la campaña de un gobernador. ‘Pero no sería sólo para uno’”, les reviraba Portal.

La Secretaría de la Función Pública era otra dependencia fundamental para investigar y detener hechos de corrupción. Por eso, Portal explicó lo detectado por la Auditoría al primer titular en la administración de Peña Nieto, Julián Olivas, y luego a Virgilio Andrade.

“Con Virgilio tuve más reuniones sobre el tema, se lo dije varias veces. Me decía ‘déjame verlo. Voy a consultarlo con Rosario, voy a consultarlo con el Presidente. Vente a una reunión después’”.

Incluso en este periodo, el auditor le propuso a Rosario Robles en otra de las reuniones: “si usted le tiene confianza a Virgilio Andrade, que revise nuestros papeles (de la Auditoría), que vea nuestros expedientes, que dé una opinión y luego vamos usted, él y yo con el Presidente. ¿Por qué no quiso hacerlo? Sabía que lo que teníamos era correcto”, dice Portal.

Arely Gómez fue la tercera titular de Función Pública y también estuvo enterada. De hecho, cuando Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron La Estafa Maestra en 2017, la dependencia emitió un comunicado en el que reconocía el tema y decía que lo estaba investigando, pero nunca emitió ninguna resolución al respecto.

Incluso, el Órgano Interno de Control de la Sedesol, a cargo de la Función Pública, abrió una investigación al respecto en 2015 y concluyó que los procedimientos de contratación con universidades estaban apegadas a la ley.

Dicho expediente fue entregado a Animal Político por la secretaria Robles poco antes de publicar la investigación periodística, como prueba de que no había habido irregularidades. Sin embargo, en octubre de 2018, el funcionario a cargo de la investigación, Mauricio Razo, fue sancionado por la Función Pública por haber dado carpetazo al tema sin sustento jurídico.

Aunque la investigación La Estafa Maestra sólo se concentró en las irregularidades de 2013 y 2014, desde 2010 y hasta 2016 el gobierno federal firmó 2 mil 61 convenios de este tipo con universidades, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Otro elemento es que todos los informes de la Auditoría son públicos y, a cada titular se entrega un oficio con los pliegos de observaciones, es decir, las irregularidades detectadas en su dependencia. “Los informes que se presentaron, todos fueron hechos del conocimiento de las personas personalmente, o los visité o nos visitaron para ver cómo iba el asunto”, advierte Portal.

Por ello, los 11 implicados en La Estafa Maestra estuvieron enterados, es decir, Emilo Lozoya, en Pemex; Alfredo del Mazo Maza — ahora gobernador del Estado de México— en Banobras; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; y Senasica, con Enrique Sánchez Cruz.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

Esto significa que, pese a saberlo, ni el Presidente, el gabinete, ni la PGR hicieron algo para detener las irregularidades en todo el sexenio anterior.

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Agresión de policías a músico reenciende protestas en Francia por polémica ley de seguridad

El ataque a un productor de música negro, que fue golpeado por policías de París, ha elevado la indignación en Francia en momentos en que el gobierno promueve una polémica ley de seguridad.
28 de noviembre, 2020
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Los policías involucrados “han manchado el uniforme de la república”, sentenció este viernes el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin.

Y es que la golpiza que recibió el productor de música Michel Zecler el pasado 21 de noviembre ha indignado al país luego de que se diera a conocer un video del incidente que tuvo con policías en París.

Un caso que ha reavivado las protestas que se registran en el país por una ley de seguridad que propone el gobierno y que los manifestantes advierten hará invisibles casos de abuso de las fuerzas del orden.

Las imágenes de una cámara de seguridad, difundidas primero por el sitio de noticias Loopsider, muestran a tres agentes pateando y golpeando con porras a Zecler, cuando este entraba a su propio estudio musical.

El productor de Black Gold Studios presuntamente se había cruzado con una patrulla y, al no llevar puesta una mascarilla, trató de entrar rápido a su oficina para evitar ser multado.

Tres agentes lo siguieron e ingresaron al estudio para sacarlo a la calle. Para conseguirlo, hicieron uso de la fuerza, hecho que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que es “inaceptable” y “vergonzoso.

Tras pedirles ayuda, artistas que estaban en el estudio consiguieron liberarlo de los agentes y cerrar la puerta, pero los policías reingresaron y lanzaron una granada lacrimógena en el interior.

Zecler asegura que, además de ser golpeado, fue objeto de insultos racistas por ser negro durante los cinco minutos de golpiza que le dejó hematomas en todo el cuerpo, además de necesitar puntos en la cabeza.

Inicialmente había sido acusado de violencia y resistencia al arresto, pero los fiscales desestimaron los cargos y en su lugar abrieron una investigación contra los agentes.

“Me atacaron personas que deberían haberme protegido. No hice nada para merecer esto. Solo quiero que estas tres personas sean castigadas según la ley”, dijo Zecler a la prensa afuera de la jefatura de policía el jueves, a la que llegó con su abogado para presentar una denuncia.

Los tres policías que aparecen en el video han sido suspendidos y están bajo investigación. Fueron interrogados el viernes.

Pero este caso y otros de uso excesivo de la fuerza solo ha reavivado las protestas en el país contra el gobierno de Macron.

Una protesta en París

EPA
Miles de manifestantes tomaron las calles, a pesar de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid-19.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se manifestaban en París este sábado.

Los enfrentamientos comenzaron después de que algunos en la multitud arrojaron piedras y fuegos artificiales a los agentes. Autos fueron incendiados y se levantaron barricadas.

Una protesta en París

Reuters
Hubo algunos disturbios en París durante una marcha multitudinaria.

Macron exigió el viernes una respuesta rápida de sus subalternos para reconstruir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Dijo que Francia nunca debería “resignarse a la violencia” o “dejar que prospere el odio o el racismo”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo estar “profundamente conmocionada” por este “acto intolerable”.

El ojo sobre la policía

El gobierno francés ha emprendido un controvertido proyecto de ley de seguridad, que según los opositores podría socavar la capacidad de los medios para examinar el comportamiento de la policía.

El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de policías o soldados en las redes sociales que puedan afectar a los uniformados en su seguridad física y psicológica.

Los críticos de la legislación dicen que sin tales imágenes, ninguno de los incidentes como el de Zecler, o el desalojo de un campamento de migrantes la semana pasada en París, habría salido a la luz.

El gobierno argumenta que el nuevo proyecto de ley no compromete los derechos de los medios de comunicación ni de los ciudadanos comunes a denunciar los abusos policiales.

Una protesta en París

Reuters
Tras las protestas, el artículo 24 del proyecto de ley ha sido enmendado.

Ante las críticas, el gobierno agregó una enmienda, especificando que el artículo 24 “sólo tendrá como objetivo controlar la difusión de imágenes claramente dirigidas a dañar la integridad física o psicológica de un oficial de policía o soldado”.

Las personas declaradas culpables podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45.000 euros (US$53.800).


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