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Cuartoscuro Archivo

La Estafa Maestra: Oficial mayor de Robles firmó convenios para presuntos desvíos en Cruzada contra el Hambre

Emilio Zebadúa, mano derecha de Rosario Robles, firmó en 2013 dos convenios con universidades públicas, que derivaron en el presunto desvío de 881 millones de pesos.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
5 de agosto, 2019
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Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, y subalterno directo de Rosario Robles, firmó en 2013 dos convenios con universidades públicas, que derivaron en el presunto desvío de 881 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre a empresas fantasma, como parte de La Estafa Maestra.

Estos convenios se encuentran en el expediente de las 9 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2015. Sin embargo, ni la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ni ahora la Fiscalía, han procedido en contra de Zebadúa por dichos convenios.

Incluso, el Órgano Interno de Control de la Sedesol investigó al respecto en 2015, pero concluyó que ni Zebadúa, ni otros tres funcionarios de la dependencia, habrían incurrido en alguna irregularidad. No obstante, en 2018, la Secretaría de la Función Pública sancionó al funcionario que hizo la investigación por dar carpetazo al caso, y por exonerarlos sin sustento jurídico.

Al margen de estos convenios, Emilio Zebadúa fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación en octubre de 2018 por otro presunto desvío de 186 millones de pesos, ahora en la Sedatu, derivado de otro convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que también acabó en empresas fantasma.

Los convenios de Zebadúa

En marzo y mayo de 2013, Emilio Zebadúa, como oficial mayor de la Sedesol, firmó dos convenios generales con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos, para realizar supuestos servicios para la dependencia.

Los documentos, obtenidos por Animal Político vía transparencia, derivaron en otros siete convenios específicos con ambas universidades, y a través de los cuales hubo un presunto desvío de recursos entre 2013 y 2014, según denunció la Auditoría Superior de la Federación.

Las universidades debían cumplir con diversos servicios relacionados con la Cruzada contra el Hambre por 881 millones 41 mil pesos, pero en realidad se trató de un esquema de corrupción documentado en la investigación periodística La Estafa Maestra.

Esto consistió en que la Sedesol entregaba dinero a las universidades, y éstas se quedaban con 10% del monto y sin cumplir con ningún servicio, y a través de una violación de la ley federal de adquisiciones, le daban el 90% del dinero a una red de empresas fantasma o irregulares, por lo que los recursos públicos desaparecieron.

Apenas dos meses después de la presentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del sexenio, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, comenzó la operación para la salida de recursos de la dependencia.

Emilio Zebadúa firmó el “convenio de colaboración” con Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, el representante legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 1 de marzo de 2013, para “desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio muto”.

Los supuestos proyectos se establecerían en “anexos técnicos”, por ello, éste documento no acuerda una cantidad a pagar, sólo significó abrir la puerta para la salida de recursos con el aval del funcionario con mayor rango, sólo después de la secretaria.

El subalterno de Zebadúa, René Humberto Islas, entonces director de Recursos Materiales, firmó el anexo técnico con el apoderado legal de la Universidad, el 15 de abril de 2013, para entregar 159 millones 850 mil pesos de la dependencia a la institución, y que ésta realizara servicios.

Pese a que la tareas de una universidad eran ajenas a las solicitudes, en el anexo se acordó que la institución haría el concierto Compartamos la música, erradiquemos el hambre; implementaría redes nutricionales a nivel nacional (entrega de despensas) y organizaría un evento ferial para la participación de organizaciones de la sociedad civil.

La Universidad del Estado de México contrató a empresas para hacer los servicios, pero La Estafa Maestra documentó que las compañías eran irregulares e, incluso, fantasma, es decir, no tienen infraestructura real, personal trabajando, ni activos, y sólo simularon operaciones comerciales mediante la emisión ilícita de facturas.

Se trata de las empresas S&C Constructores de Sistemas, S. A. de C. V., Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V., Asesorías Nacionales Expanders, S. A. de C. V., Dumgago Systems Solutions, S. A. de C. V., y ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V. que, aunque ni siquiera obtuvo algún contrato, recibió las transferencias de dinero de las otras empresas.

El segundo convenio firmado por Zebadúa ocurrió el 6 de mayo de 2013 con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y su rector, Alejandro Vera, que permitió la entrega de 721 millones de pesos de la dependencia a través de cinco anexos donde se acordaron los supuestos servicios.

Los cinco anexos fueron firmados por los subalternos directos de Emilio Zebadúa: Humberto René Islas, director de Recursos Materiales; Sonia Angélica Zaragoza, directora de Recursos Humanos y Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos.

Y la Universidad debía, por ejemplo, proveer y distribuir material de apoyo para la operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en los 400 municipios más pobres del país, o crear un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del gobierno federal.

Las empresas contratadas para supuestamente hacer los servicios resultaron ser fantasma: Prodasa S. A. de C. V., Grupo Comercializador Cónclave, Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V., y Meve Soluciones SA de CV. Como la universidad del Estado de México, también contrataron a Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V., y Dumago Systems Solutions, S. A. de C. V.

También apareció otra vez en este esquema la empresa ESGER, Servicios y Construcciones, que recibió 415 millones de pesos en transferencias sólo por esta universidad sin firmar contratos. Apenas en enero de 2018 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en su lista de empresas fantasma. 

La exoneración de Zebadúa

El 25 de agosto de 2015, el entonces director de Quejas del Órgano Interno de Control-Sedesol (OIC-Sedesol), Mauricio Razo, inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de Emilio Zebadúa, y de otros tres altos funcionarios de Sedesol, en los convenios firmados por la dependencia con las universidades de Morelos y el Estado de México.

Los otros tres funcionarios investigados fueron: Humberto René Islas, entonces director de Recursos Materiales de la Sedesol; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordóñez, exdirector de Adquisiciones. Los tres eran subalternos directos de Emilio Zebadúa.

Poco más de un mes después de iniciar la investigación, Mauricio Razo presentó los resultados de su investigación, a la que Animal Político tuvo acceso, en los que exoneró a los cuatro funcionarios por falta de pruebas.

Razo hizo cinco investigaciones, según los expedientes 2015/SEDESOL/DE911 y terminación DE912, DE913, DE914 y DE918. Y en todas concluyó que “no existen elementos para atribuir presunta responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos de la Sedesol, en razón de que dicha dependencia actuó en términos de los convenios de colaboración”.

Otro argumento de Razo para exonerar a los cuatro funcionarios fue que si las universidades habían subcontratado a empresas para cumplir el 100% de los servicios, ya no era responsabilidad de la Sedesol, aunque esto suponga una violación a la ley federal de adquisiciones, que solo permite subcontratar el 49% de los servicios.

Esta investigación del OIC-Sedesol fue utilizada públicamente en medios de comunicación por Rosario Robles, extitular de la Sedesol, como prueba de la inocencia de los funcionarios a su cargo, y para deslindarse de cualquier responsabilidad por presuntos malos manejos en la dependencia.

“Sin sustento legal”

Sin embargo, tal y como publicó este medio en octubre del año pasado, la Secretaría de la Función Pública anunció que sancionó a Razo con dos años de inhabilitación, por dar carpetazo sin justificación legal a las investigaciones en contra de los cuatro funcionarios.

Además, las organizaciones civiles México Evalúa y Fundar analizaron la investigación realizada por Mauricio Razo para exonerar a los cuatro funcionarios, y concluyeron que ésta fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y carente de certeza jurídica”.

Los analistas concluyeron que Razo hizo interpretaciones erróneas o parciales de la Constitución mexicana, la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y de la Ley de Adquisiciones, bajo las cuales debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios en los convenios de la Sedesol con las universidades.

Tras el anuncio de la sanción, Mauricio Razo tenía la posibilidad de recurrirla ante un tribunal federal. Animal Político preguntó a la actual Secretaría de la Función Pública si la sanción quedó firme o se desechó, pero no hubo respuesta, aunque Razo no aparece en el registro público de funcionarios sancionados.

De hecho, el extitular de quejas del OIC-Sedesol continúa laborando en el Gobierno Federal, ahora en la administración Andrés Manuel López Obrador.

Según el último reporte al 15 de julio del portal gubernamental Nómina Transparente, Razo ocupa ahora el cargo de Subdirector de Análisis y Prospectiva Política de Estados y Municipios, en la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero.

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Desigualdad en América Latina: los países en los que más ha disminuido (y la paradoja del que más la ha reducido)

En Chile los manifestantes reclaman contra la desigualdad. ¿Pero qué ha pasado en otros países de la región? Los expertos advierten que la medida más utilizada para mirar la desigualdad de ingresos, el Índice de Gini, puede ser engañoso porque no da cuenta de la verdadera amplitud del problema.
25 de noviembre, 2019
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Argentina

Getty Images
En América Latina el 20% más pobre de la población se queda solo con el 4% del ingreso total.

Uno de los reclamos de los manifestantes que protagonizan el estallido social que comenzó en Chile a mediados de octubre y que aún se mantienen es que su país es muy desigual.

Alegan que la economía ha crecido, pero que la riqueza sigue concentrada en un sector de la sociedad, un rasgo que históricamente ha sido común en los países latinoamericanos.

Pero cuando se compara la desigualdad entre países, ¿de qué estamos hablando realmente?

La manera más común de mirar la desigualdad de un país es utilizando el Índice de Gini, el cual mide la diferencia de ingresos. Mientras más bajo el indicador, menos desigualdad existe. Es decir, el cero representa la completa igualdad.

El Salvador

Getty Images
El Salvador, Bolivia y Guatemala son los países que más han disminuido la desigualdad de ingresos en Latinoamérica en 30 años.

Pero como solo considera la desigualdad de los ingresos, no refleja todas las otras dimensiones de la vida diaria.

“Al final lo que la gente percibe como desigualdad, es la desigualdad de acceso a servicios como la salud, la educación, el transporte o la seguridad en los barrios”, le dice a BBC Mundo Luis Felipe López-Calva, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

“Hay desigualdad escondida en el Gini”, apunta.

Por otro lado, ese indicador tampoco mide la concentración de la riqueza en un país, razón por la cual puede resultar engañoso.

López-Calva explica que si miramos exclusivamente la desigualdad de ingresos, ésta se puede explicar por dos razones: porque cambia el mercado laboral o porque cambia la redistribución de ingresos (ya sea a través de impuestos o subsidios).

Básicamente, no existe una sola forma de bajar la desigualdad. Tanto es así, que por ejemplo, un país más igual no tiene por qué ser sinónimo de un país mejor o más justo. De hecho, puede ocurrir que en un país las personas sean todas más pobres y, por lo tanto, son más iguales.

Pese a las falencias del Gini, a partir de 1990 los países que más han reducido la desigualdad de ingresos son: El Salvador, Bolivia y Guatemala, utilizando los datos del Banco Mundial.

Países que más han bajado la desigualdad en 30 años. América Latina (Índice de Gini) [ El Salvador primer lugar ],[ Bolivia segundo lugar ],[ Guatemala tercer lugar ], Source: Fuente: Banco Mundial, Image:

En el caso de los países donde no se midió el indicador en 1990, utilizamos el año más cercano a esa fecha, y lo comparamos con la información más reciente.

Así es como El Salvador pasó en tres décadas de tener un índice de ingresos de 54, a uno de 38, la desigualdad más baja de toda América Latina.

Luego sigue Bolivia, que pasó de 58,1 a 44 y en tercer lugar Guatemala, que redujo su desigualdad desde un 59,6 a 48,3.

El cuarto lugar lo ocupa Nicaragua y el quinto Chile. Hay países que quedaron excluidos de la la lista, porque no había información disponible en los organismos internacionales.

Evolución de la desigualdad en América Latina en los últimos 30 años. La primera columna muestra el dato disponible más cercano al año 1990 y la segunda el más reciente. Índice de Gini. Mientras más bajo el número, menor es la desigualdad..

¿Cómo redujeron la desigualdad de ingresos?

En el caso de El Salvador y Guatemala, la mayor parte de la caída en la desigualdad, se debe al mercado laboral y no a la redistribución, señala López-Calva.

“En esos países ha habido una reducción en la brecha salarial entre aquellos que tienen más educación y aquellos que tienen menos educación”.

Lo mismo ha ocurrido en México, agrega, donde en ciertos períodos se ha reducido la brecha, pero con estancamiento de salarios.

“La razón es que han caído los salarios de los que tienen educación universitaria. Lo cual no es una buena señal. Es una caída de la desigualdad que no quieres ver”.

Colombia

Getty Images
En países como El Salvador y Guatemala ha bajado la desigualdad de ingresos por los salarios, pero no por redistribución fiscal.

Lo ideal sería ver una caída de la desigualdad con aumento de salarios para todos, pero eso no siempre ocurre.

“No todas las desigualdades se reducen de la misma manera”, apunta.

En el caso de Bolivia también se dio una disminución de la desigualdad por una caída en el mercado laboral, y no tanto por la redistribución de ingresos, pese a que sí hubo.

“Bolivia es un país que ha redistribuido y que tiene programas universales, pero como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, se redistribuye menos de lo que se debería”, dice López-Calva.

En contraste, Uruguay ha bajado la desigualdad de manera importante a partir de 2007.

“El punto de inflexión fue una reforma fiscal muy comprensiva. Pero además hubo un cambio salarial, producto de negociaciones entre sindicatos y empleadores”.

Y en el otro lado del espectro hay dos países que han seguido un camino muy diferente.

“Chile y Colombia son sistemas fiscales que redistribuyen poco. No tiene que ver con los gobiernos. Es una característica estructural de esos dos países”, argumenta López-Calva.

Países menos desiguales en la actualidad. América Latina (Gini) [ El Salvador primer lugar ],[ Uruguay segundo lugar ],[ Argentina tercer lugar ], Source: Fuente: Banco Mundial, Image:

En América Latina el 20% más pobre de la población se queda con cerca de 4% del ingreso total, explica el representante de la ONU, mientras que el 20% más rico se queda con casi la mitad de todo el ingreso.

Esa es otra manera de medir la desigualdad. Y también existen otros mecanismos como analizar la concentración de la riqueza en la parte más alta de la pirámide.

La paradoja de El Salvador

En el Banco Mundial han estudiado el tema de la desigualdad de ingresos en la región centrándose en los últimos 10 años.

Bajo esa perspectiva, los países que menos la han reducido son: Costa Rica, México, Chile y Panamá.

“Estos países tienen una desigualdad persistentemente alta con disminuciones relativamente mínimas en el tiempo”, señala en un email el organismo, en respuesta a la solicitud de información hecha por BBC Mundo.

“Puede indicar que su crecimiento económico no ha sido inclusivo”, agrega.

Y los que más han reducido la desigualdad en la última década son Bolivia, Ecuador y El Salvador, con los datos disponibles entre 2007 y 2017.

Manifestante en El Salvador

Getty Images
Aunque el Salvador es el país “más igual” de la región, persiste la pobreza, la inseguridad y las manifestaciones por acceso a servicios básicos como el agua.

El caso de El Salvador es paradójico y sirve para ejemplificar por qué en ocasiones la disminución de la desigualdad no es una señal de que el país en su conjunto está mejor.

“El Salvador es una de las sociedades más igualitarias de la región”, dicen los expertos del Banco Mundial. Y al mismo tiempo, “casi la mitad de la población tiene un ingreso cercano al umbral de pobreza”.

La reducción de la desigualdad se explicaría, entre otros factores, porque han cambiado los salarios. Sin embargo, la mayoría de los sueldos son muy bajos.

“El país ha visto un pequeño aumento en su clase media, pero su tamaño sigue estando por debajo de los estándares centroamericanos y regionales”, apuntan.

Y otro elemento importante a considerar es que la baja en la pobreza y desigualdad está relacionada con la llegada de remesas de los salvadoreños que viven en el exterior.

¿Se ha reducido la desigualdad de ingresos en Latinoamérica?

La tendencia es una mejoría en la región porque han aumentado relativamente los ingresos de los sectores más pobres”, le dice a BBC Mundo Laís Abramo, directora de División Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“A pesar de los avances, sigue siendo la región más desigual del mundo”.

El Salvador

Getty Images
En América Latina la tendencia general ha sido una reducción de la desigualdad de ingresos.

Abramo agrega que al mirar la evolución de los ingresos en Latinoamérica, queda claro que el crecimiento económico no es suficiente para que disminuya la desigualdad.

Y distingue dos grandes períodos en los últimos años: entre 2002 y 2014, donde se produjo una mayor reducción de la pobreza y la desigualdad, y un segundo período, entre 2015 y 2017, donde se produjo “una disminución del ritmo de reducción de la desigualdad de ingresos”.

Al mirar la tendencia por países, la investigadora explica que algunos han logrado reducir más la pobreza y la desigualdad porque inicialmente tenían núcleos duros familias con grandes desventajas.

Pero cuando los países reducen la pobreza en esos núcleos duros, lo que sigue después es más desafiante.

“Llega un cierto punto en el desarrollo de un país en que se hace más difícil bajar la desigualdad”.

El caso chileno

“Chile es un país con altos niveles de desigualdad”, dice Abramo, a pesar de que ha tenido una mejoría en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza.

¿Y por qué los manifestantes en Chile han puesto en el centro de sus demandas la desigualdad?

“Es que en Chile hay otros factores, como la insatisfacción con el sistema de pensiones”, contesta la investigadora.

Manifestante

Getty Images
Los manifestantes en Chile tienen una larga lista de demandas sociales, incluyendo una reforma profunda del sistema privado de pensiones.

“Chile fue primer país de América Latina que privatizó el sistema de pensiones. Cuarenta años después, los resultados son muy negativos”.

“El 82% de la población recibe pensiones inferiores a un salario mínimo”. Entonces, argumenta, la gente no solo protesta contra la concentración de los ingresos, sino por las pensiones y la falta de acceso a salud, educación y otros servicios sociales.

En eso coincide Luis Felipe López-Calva. “En Chile la desigualdad ha sido estructuralmente alta para el nivel de ingresos que tiene ese país”.


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