Gobierno aplica exámenes de confianza exprés y operados por militares para entrar a la Guardia
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Gobierno aplica exámenes de confianza exprés y operados por militares para entrar a la Guardia

Pese a ser una policía civil, más de la mitad de las pruebas se aplican en instalaciones castrenses; el proceso de exámenes se acortó a dos días.
Cuartoscuro
1 de agosto, 2019
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Con el objetivo de tener lo más pronto posible a miles de guardias desplegados en las calles con los requisitos que marca la ley, el gobierno federal puso en marcha un nuevo esquema de exámenes de control de confianza, que consiste en aplicar las cinco pruebas que se requieren en dos días, y tres de ellas en instalaciones militares, pese a que por definición constitucional la Guardia Nacional es una policía civil.

Se trata de un modelo especial aprobado el pasado 30 de abril, que no se aplica a ninguna otra fuerza de seguridad policial en México, y que promete “cumplir con las metas establecidas” en cuanto al despliegue de la nueva fuerza, pero “sin perder rigor metodológico”.

Uno de cada cuatro agentes del INM carece de control de confianza vigente; es la fuerza federal menos confiable

Animal Político obtuvo los detalles de este nuevo modelo denominado “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”, cuya aprobación estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El documento ya también se encuentra disponible en la sección de transparencia proactiva del Secretariado Ejecutivo.

El esquema justifica la necesidad de modificar el modelo de evaluación convencional para cumplir con las metas planteadas, pues el gobierno ha prometido tener a 20 mil nuevos reclutas antes de que acabe el año, que se sumen a cerca de 50 mil efectivos transferidos desde las policías militar, naval y federal. 

Pero como la Ley de la Guardia Nacional marca, esta es una policía civil que debe cumplir con los requisitos de ingreso para sus elementos que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. Entre esos requisitos se encuentra el control de confianza, que consiste en una serie de cinco exámenes: polígrafo (detector de mentiras), socioeconómico, toxicológico, médico y psicológico.

“Considerando la emergencia nacional de dotar a la población a la brevedad de personal policial que atienda su seguridad, es necesario establecer mecanismos que garanticen la confiabilidad de los elementos que conforman la Guardia Nacional”, señala el documento.

En tanto, el Centro Nacional de Certificación y Evaluación llevó a cabo “visitas de supervisión técnicas” a las áreas de evaluación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y determinó que son aptas para operar de forma coordinada con los exámenes de control de confianza, bajo un nuevo esquema que a continuación se describe.

Consulta aquí el nuevo modelo “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”.

¿Cuáles son las diferencias?

El esquema convencional de exámenes de control de confianza, que se aplica desde diciembre de 2013 a todas las fuerzas policiales del país, contempla una batería de cinco pruebas ya mencionadas arriba, algunas de las cuales se realizan de forma sorpresiva o con varios días de preparación y ejecución.

Por ejemplo, el modelo detalla que el examen toxicológico tiene que ser sorpresivo, mientras que la investigación socioeconómica debe incluir visitas en el terreno para verificar el entorno del elemento investigado, así como practicar solicitudes de referencia en cualquier ámbito.

En el caso de las pruebas de polígrafo se detalla que este tiene que ser diferenciado de acuerdo con niveles jerárquicos y de riesgo del elemento en particular.  De acuerdo con personas que conocen de estos procedimientos, hay casos como el de la Fiscalía General de la República (FGR) donde la sola prueba de polígrafo y la psicológica llevan tres días.

La totalidad de estas cinco pruebas se llevan a cabo en centros de evaluación por personal certificado para dicha tarea. 

En comparación con todo lo anterior, el modelo especial aprobado para la Guardia Nacional plantea ejecutar todo el procedimiento de cinco exámenes en únicamente dos días, y con más de la mitad de las evaluaciones aplicándose en instalaciones militares y no en los centros.

Militares no harán pruebas de control de confianza al unirse a la Guardia Nacional

La primera parte será ejecutada por las fuerzas armadas. Consistirá en la aplicación de las evaluaciones psicológicas y “médico-toxicológicas” en sus instalaciones, aprovechando que las secretarías de la Defensa y Marina están a cargo del reclutamiento de la Guardia. A esto se le denomina “fase previa” y se ejecuta en un día.

Y la segunda fase o “complementaria” sí se realiza en los centros de evaluación civiles y corresponde al polígrafo y a la investigación socioeoconómica, las cuales también deberán desarrollarse en un solo día.

Este nuevo procedimiento genera, según el documento del esquema, cuatro beneficios: optimiza recursos y economiza tiempo de aplicación; homologa procesos de evaluación acordes al perfil que la Guardia Nacional requiere; permite tener resultados en los tiempos establecidos, y se tiene una corporación que cumple con lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad.

Experta ve dudas en nuevo esquema

La abogada Reyna Velasco Guerrero, experta en el análisis y litigio de casos de control de confianza, expresó dudas respecto a la legalidad y constitucionalidad del esquema específico de control de confianza que se aprobó para la Guardia Nacional. 

“De entrada llama la atención el hecho de que la Guardia Nacional se supone es una institución policial de carácter civil, pero que de acuerdo a este documento para efectos del control de confianza se tendrá que regir por los criterios de Sedena y Marina al menos en una parte de las evaluaciones. Y no queda claro porque no se mantiene todo el procedimiento en los centros de evaluación que además de ser civiles están certificados”, señaló.

La litigante subrayó que la Policía Federal cuenta con un centro muy importante de evaluación y certificación que bien podría haber asumido toda la tarea de evaluación.

Velasco subrayó que el artículo 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que son los centros de evaluación (de los que según datos oficiales hay 34 en el país) los responsables de aplicar los procedimientos bajo los protocolos y supervisión del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

No se contempla que lo anterior se realice en cualquier cuartel policial y menos en instalaciones militares. Ello aun cuando ahora se señale que un consejo avaló que las Fuerzas Armadas lo puedan hacer parcialmente.

“Que las Fuerzas Armadas practiquen una parte de estos exámenes me parece una violación de la misma ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque esta establece que son los centros de confianza de las instituciones de seguridad pública y civil los encargados, Y ni la Defensa ni la Marian son instituciones de seguridad pública. Habría que ver incluso si la misma comisión que avaló esto no está violando la Constitución”, dijo la abogada.

¿Por qué militares en activo pueden estar en la Guardia Nacional? Esta fue la negociación

Animal Político solicitó oficialmente a la Vocería de la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana las razones por las cuales se decidió delegar en las Fuerzas Armadas tres de las cinco pruebas del control de confianza, así como conocer si las instalaciones militares están certificadas. Hasta la fecha de publicación de esta nota se sigue en espera de la respuesta.

Opacidad en guardias confiables

Animal Político intentó conocer el número de elementos de la Guardia Nacional desplegados en el terreno que ya se encuentran aprobados en los exámenes de control de confianza, o que por lo menos ya se encuentran en el referido proceso de evaluación.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina señalaron en sus respuestas que es información inexistente en sus archivos o que no tienen información documental para dar algún detalle. En el caso específico de la Defensa Nacional esta solo respondió que ha transferidos a 23 mil 635 policías militares a la Guardia Nacional.

También se requirió desde el martes pasado la misma información a las áreas de comunicación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Vocería de la Guardia Nacional, sin que al momento de la publicación de esta nota se haya recibido respuesta.

En la última actualización que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó sobre las evaluaciones de control de confianza, con corte al 30 de junio, continúa sin aparecer los datos sobre Guardia Nacional, aun cuando el modelo de exámenes fue aprobado dos meses antes, y a que la nueva fuerza ya opera oficialmente en el terreno desde mayo.

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¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca pese al triunfo de Biden?

El anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.
8 de noviembre, 2020
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En 244 años de historia de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca después de haber perdido una elección.

La transferencia ordenada, legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense.

Por eso, el anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden, genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.

Y presenta para los analistas el reto de considerar escenarios antes impensables.

“Lejos de haber terminado”

Trump jugaba golf a las afueras de Washington cuando se confirmó el triunfo electoral de Biden este 7 de noviembre.

Poco después, la campaña del candidato derrotado emitió un comunicado asegurando que la “elección está lejos de haber terminado”.

Donald Trump jugando al golf.

Getty Images
Trump estaba jugando al golf cuando se conoció la victoria de Joe Biden.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, señala el comunicado, en donde además indica que Trump seguiría oponiéndose mediante demandas judiciales al resultado anunciado, alegando la existencia de supuestos fraudes.

La constitución estadounidense es clara, más allá de cualquier duda, en establecer que el actual período presidencial termina “al mediodía del día 20 de enero”.

Joe Biden ha conseguido ganar en una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el Colegio Electoral. Por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años.

Donald Trump tiene recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación.

Pero a no ser que ocurra de aquí a allá un giro dramático en las cortes y que pueda probar en los juzgados la existencia de las irregularidades en la elección que él reclama, todavía sin presentar evidencia, el 20 de enero es la fecha en que el actual presidente debe abandonar el poder.

Trump con su equipo en la oficina oval de la Casa Blanca.

Getty Images
¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca?

Posición anunciada

Trump fue claro a lo largo de la actual campaña en advertir que no aceptaría una derrota.

Dijo en repetidas ocasiones que estaba decidido a seguir al mando, sin importar lo que dijeran las autoridades electorales, indicando que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones.

Por lo que el país empezó a discutir qué pasaría en el caso de que Trump cumpliera su amenaza e intentara aferrarse al poder a la fuerza.

Una hipótesis incluso comentada por el propio Joe Biden cuando era candidato.

En una entrevista televisada el pasado 11 de junio, el humorista Trevor Noah le preguntó a Biden si había pensado en la posibilidad de que un Trump perdedor se negara a desocupar la residencia presidencial.

“Sí, lo he pensado”, respondió Biden, agregando que estaba convencido de que en una situación semejante, las fuerzas militares se encargarían de impedir que se quedase en el cargo y lo desalojarían sin más de la Casa Blanca.

También se ha dicho que podría ser el Servicio Secreto el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Ese cuerpo civil, encargado de la seguridad del mandatario, tiene por ley también la obligación de proteger a todos los ex presidentes, y seguirá escoltando al ya expresidente a partir del 20 de enero.

Donald Trump con un miembro del Servicio Secreto en la Casa Blanca

Getty Images
El Servicio Secreto es el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Desde que se hizo evidente la ventaja electoral de Biden y parecía inminente el anuncio de su victoria, el Servicio Secreto extremó las medidas de protección sobre el presidente-electo, empezando a darle efectivamente un nivel de seguridad “presidencial”, pese a que Trump insistía en que el demócrata había sido derrotado.

¿El escenario impensable?

Pero en ese punto habría que entrar a evaluar la lealtad a este presidente de las fuerzas de seguridad, tal como lo hacen los analistas que buscan entender la situación de cualquier país en un momento de inestabilidad institucional.

BBC Mundo le preguntó a expertos si era factible que Trump intentase utilizar a las fuerzas de seguridad del estado para quedarse ilegalmente en el poder.

“Que un presidente llegara a abusar de los poderes de la presidencia para quedarse en el cargo después de aparentemente perder la elección, sería duro y destruiría normas vitales. Pero no es inconcebible“, le dice a BBC Mundo el profesor Dakota Rudesill, experto en legislación y política de seguridad nacional, afiliado a la Universidad Ohio State en Estados Unidos.

Causaría un gran daño al país, a principios importantes de las relaciones entre civiles y militares, y a los prospectos globales para la democracia”, advierte.

Sin embargo, aclara que, en su opinión, el escenario en que Trump pudiera aferrarse a la presidencia apoyado en las fuerzas de seguridad es difícil de realizarse.

“El personal militar jura lealtad a la Constitución, no al político que actualmente ocupe la presidencia. Y el que es en este momento el militar de mayor rango en el país, el General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho repetidamente que los militares no tendrán rol alguno en esta elección”.

Gráfico de quién podría involucrarse si se impugnan los resultados

BBC

Rudesill no es el único que se hace estas preguntas. Keisha Blaine es catedrática de la Universidad de Pittsburgh y experta en el estudio de movimientos de protesta social.

“El solo hecho que tengamos que preguntarnos si las fuerzas armadas intervendrán en la elección revela mucho acerca del triste estado de las cosas en nuestro país“, le dice a BBC Mundo.

Agrega Blaine que “hace cuatro años la mayoría de los estadounidenses no se preguntaban esto. Pero después de haber visto a Trump desplegar agentes federales en Portland y Washington en los últimos meses, es una preocupación seria. No creo que esto sea un escenario probable, pero no podemos descartarlo como una posibilidad seria, teniendo en cuenta todo lo que pasó este año”.

Efectivamente, durante las protestas sociales que surgieron con el movimiento anti-racismo de mediados de año, Trump consideró movilizar a las fuerzas armadas para disolver las manifestaciones.

El pasado 5 de junio, el diario New York Times aseguraba que el general Milley “convenció a Trump de no invocar la Ley de Insurrección de 1807 para movilizar tropas regulares en todo el país para reprimir las protestas, una línea que varios oficiales del ejército estadounidense han dicho que no cruzarán, ni siquiera si el presidente se los ordena”.

Al final, ante la negativa del ejército regular a verse involucrado, Trump ordenó para contener las protestas el uso de efectivos de la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores de cada estado.

Trump con Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto

Getty Images
El 1 de junio, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, acompañó a Trump a tomarse una foto con una biblia a metros de la Casa Blanca y en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. A los días, Milley se arrepintió.

También estuvieron involucrados en la contención de las protestas en Washington, Portland y otras ciudades, miembros de las fuerzas de seguridad no militares que dependen del Ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security).

Por lo que algunos contemplan que en una crisis surgida a raíz de las elecciones, Trump potencialmente tendría acceso a ordenar el despliegue de cierto número de personal armado no militar.

Sin embargo, asumiendo que las fuerzas armadas no se pondrían a disposición de la supervivencia política del presidente, es difícil imaginar una maniobra exitosa de Trump para quedarse en el poder en esas condiciones.

¿Violencia en la espera?

Rudesill dice que le produce preocupación escenarios relacionados.

“He escrito acerca de la posibilidad de que el presidente Trump intente usar un decreto ejecutivo, o que el Departamento de Justicia controlado por sus aliados políticos intente emitir una ‘directriz’, indicando que la Rama Ejecutiva debe considerar a Trump como el ganador de una elección disputada”, el experto le dice a BBC Mundo, pero advierte que eso sería “totalmente inapropiado e impermisible”.

“Ordenar al ejército continuar rindiendo saludo al presidente mas allá del final de su período al mediodía del 20 de enero pondría a los militares en una situación imposible”, señala.

Un seguidor de Trump armado en Minesota este 7 de noviembre.

Getty Images
Los analistas dicen que una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado puede llevar a “la posibilidad de desorden civil serio”.

“La mitad del país y mucha gente alrededor del mundo pensaría que las fuerzas armadas apolíticas estadounidenses habían tomado una posición partidista. Los militares nunca, nunca deben recibir esa orden“, puntualiza Rudesill.

Y sin llegar al caso extremo de una situación en la que se ponga en juego la autonomía de las fuerzas armadas ante las disputas partidistas, otros advierten que una extensión de la actual coyuntura política puede generar violencia en otros campos.

Una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado ciertamente lleva a “la posibilidad de desorden civil serio”, le dice a BBC Mundo Keisha Blaine.

La retórica presidencial “ha incrementado la posibilidad de protestas e incluso de violencia”, argumenta.

La situación presenciada en distintas ciudades estadounidenses en los últimos meses, de manifestantes armados hasta los dientes expresando su apoyo por el presidente, así como la aparición en las calles de esas mismas urbes de grupos radicales de oposición, son un recordatorio del potencial de violencia que conlleva la actual tensión política en Estados Unidos.

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BBC

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