Gobierno aplica exámenes de confianza exprés y operados por militares para entrar a la Guardia
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Gobierno aplica exámenes de confianza exprés y operados por militares para entrar a la Guardia

Pese a ser una policía civil, más de la mitad de las pruebas se aplican en instalaciones castrenses; el proceso de exámenes se acortó a dos días.
Cuartoscuro
1 de agosto, 2019
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Con el objetivo de tener lo más pronto posible a miles de guardias desplegados en las calles con los requisitos que marca la ley, el gobierno federal puso en marcha un nuevo esquema de exámenes de control de confianza, que consiste en aplicar las cinco pruebas que se requieren en dos días, y tres de ellas en instalaciones militares, pese a que por definición constitucional la Guardia Nacional es una policía civil.

Se trata de un modelo especial aprobado el pasado 30 de abril, que no se aplica a ninguna otra fuerza de seguridad policial en México, y que promete “cumplir con las metas establecidas” en cuanto al despliegue de la nueva fuerza, pero “sin perder rigor metodológico”.

Uno de cada cuatro agentes del INM carece de control de confianza vigente; es la fuerza federal menos confiable

Animal Político obtuvo los detalles de este nuevo modelo denominado “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”, cuya aprobación estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El documento ya también se encuentra disponible en la sección de transparencia proactiva del Secretariado Ejecutivo.

El esquema justifica la necesidad de modificar el modelo de evaluación convencional para cumplir con las metas planteadas, pues el gobierno ha prometido tener a 20 mil nuevos reclutas antes de que acabe el año, que se sumen a cerca de 50 mil efectivos transferidos desde las policías militar, naval y federal. 

Pero como la Ley de la Guardia Nacional marca, esta es una policía civil que debe cumplir con los requisitos de ingreso para sus elementos que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. Entre esos requisitos se encuentra el control de confianza, que consiste en una serie de cinco exámenes: polígrafo (detector de mentiras), socioeconómico, toxicológico, médico y psicológico.

“Considerando la emergencia nacional de dotar a la población a la brevedad de personal policial que atienda su seguridad, es necesario establecer mecanismos que garanticen la confiabilidad de los elementos que conforman la Guardia Nacional”, señala el documento.

En tanto, el Centro Nacional de Certificación y Evaluación llevó a cabo “visitas de supervisión técnicas” a las áreas de evaluación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y determinó que son aptas para operar de forma coordinada con los exámenes de control de confianza, bajo un nuevo esquema que a continuación se describe.

Consulta aquí el nuevo modelo “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”.

¿Cuáles son las diferencias?

El esquema convencional de exámenes de control de confianza, que se aplica desde diciembre de 2013 a todas las fuerzas policiales del país, contempla una batería de cinco pruebas ya mencionadas arriba, algunas de las cuales se realizan de forma sorpresiva o con varios días de preparación y ejecución.

Por ejemplo, el modelo detalla que el examen toxicológico tiene que ser sorpresivo, mientras que la investigación socioeconómica debe incluir visitas en el terreno para verificar el entorno del elemento investigado, así como practicar solicitudes de referencia en cualquier ámbito.

En el caso de las pruebas de polígrafo se detalla que este tiene que ser diferenciado de acuerdo con niveles jerárquicos y de riesgo del elemento en particular.  De acuerdo con personas que conocen de estos procedimientos, hay casos como el de la Fiscalía General de la República (FGR) donde la sola prueba de polígrafo y la psicológica llevan tres días.

La totalidad de estas cinco pruebas se llevan a cabo en centros de evaluación por personal certificado para dicha tarea. 

En comparación con todo lo anterior, el modelo especial aprobado para la Guardia Nacional plantea ejecutar todo el procedimiento de cinco exámenes en únicamente dos días, y con más de la mitad de las evaluaciones aplicándose en instalaciones militares y no en los centros.

Militares no harán pruebas de control de confianza al unirse a la Guardia Nacional

La primera parte será ejecutada por las fuerzas armadas. Consistirá en la aplicación de las evaluaciones psicológicas y “médico-toxicológicas” en sus instalaciones, aprovechando que las secretarías de la Defensa y Marina están a cargo del reclutamiento de la Guardia. A esto se le denomina “fase previa” y se ejecuta en un día.

Y la segunda fase o “complementaria” sí se realiza en los centros de evaluación civiles y corresponde al polígrafo y a la investigación socioeoconómica, las cuales también deberán desarrollarse en un solo día.

Este nuevo procedimiento genera, según el documento del esquema, cuatro beneficios: optimiza recursos y economiza tiempo de aplicación; homologa procesos de evaluación acordes al perfil que la Guardia Nacional requiere; permite tener resultados en los tiempos establecidos, y se tiene una corporación que cumple con lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad.

Experta ve dudas en nuevo esquema

La abogada Reyna Velasco Guerrero, experta en el análisis y litigio de casos de control de confianza, expresó dudas respecto a la legalidad y constitucionalidad del esquema específico de control de confianza que se aprobó para la Guardia Nacional. 

“De entrada llama la atención el hecho de que la Guardia Nacional se supone es una institución policial de carácter civil, pero que de acuerdo a este documento para efectos del control de confianza se tendrá que regir por los criterios de Sedena y Marina al menos en una parte de las evaluaciones. Y no queda claro porque no se mantiene todo el procedimiento en los centros de evaluación que además de ser civiles están certificados”, señaló.

La litigante subrayó que la Policía Federal cuenta con un centro muy importante de evaluación y certificación que bien podría haber asumido toda la tarea de evaluación.

Velasco subrayó que el artículo 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que son los centros de evaluación (de los que según datos oficiales hay 34 en el país) los responsables de aplicar los procedimientos bajo los protocolos y supervisión del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

No se contempla que lo anterior se realice en cualquier cuartel policial y menos en instalaciones militares. Ello aun cuando ahora se señale que un consejo avaló que las Fuerzas Armadas lo puedan hacer parcialmente.

“Que las Fuerzas Armadas practiquen una parte de estos exámenes me parece una violación de la misma ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque esta establece que son los centros de confianza de las instituciones de seguridad pública y civil los encargados, Y ni la Defensa ni la Marian son instituciones de seguridad pública. Habría que ver incluso si la misma comisión que avaló esto no está violando la Constitución”, dijo la abogada.

¿Por qué militares en activo pueden estar en la Guardia Nacional? Esta fue la negociación

Animal Político solicitó oficialmente a la Vocería de la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana las razones por las cuales se decidió delegar en las Fuerzas Armadas tres de las cinco pruebas del control de confianza, así como conocer si las instalaciones militares están certificadas. Hasta la fecha de publicación de esta nota se sigue en espera de la respuesta.

Opacidad en guardias confiables

Animal Político intentó conocer el número de elementos de la Guardia Nacional desplegados en el terreno que ya se encuentran aprobados en los exámenes de control de confianza, o que por lo menos ya se encuentran en el referido proceso de evaluación.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina señalaron en sus respuestas que es información inexistente en sus archivos o que no tienen información documental para dar algún detalle. En el caso específico de la Defensa Nacional esta solo respondió que ha transferidos a 23 mil 635 policías militares a la Guardia Nacional.

También se requirió desde el martes pasado la misma información a las áreas de comunicación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Vocería de la Guardia Nacional, sin que al momento de la publicación de esta nota se haya recibido respuesta.

En la última actualización que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó sobre las evaluaciones de control de confianza, con corte al 30 de junio, continúa sin aparecer los datos sobre Guardia Nacional, aun cuando el modelo de exámenes fue aprobado dos meses antes, y a que la nueva fuerza ya opera oficialmente en el terreno desde mayo.

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El poderoso cardenal y las otras 9 personas que enfrentan un insólito juicio en el Vaticano por malversación

Angelo Becciu, antiguo asesor del Papa, es una de 10 personas que comparecen ante un tribunal acusado de delitos financieros.
27 de julio, 2021
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El cardenal Angelo Becciu es el clérigo de mayor rango que se sienta en el banquillo por presuntos delitos financieros.

Junto a Beccio otras 9 personas enfrentan el juicio que inicia este 27 de julio en el Vaticano por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

El influyente cardenal de 73 años, que niega las acusaciones, fue forzado a dimitir el pasado septiembre, pero mantiene su título.

Las acusaciones están relacionadas a la compra multimillonaria de una propiedad en Londres con fondos de la Iglesia.

Becciu era un cercano asesor del papa Francisco que anteriormente había ocupado un cargo clave en el Secretariado de Estado del Vaticano, que administra las donaciones de la Iglesia.

El cardenal deberá responder preguntas sobre una controvertida inversión en un edificio de lujo en Londres que conllevó pérdidas durante su tiempo a cargo del Secretariado: desde entonces, la transacción ha estado bajo una investigación financiera.

El pago de US$200 millones por un edificio de apartamentos en la elegante avenida Sloane de Londres se hizo con dinero de la Iglesia a través de fondos y compañías en paraísos fiscales, una transacción que el cardenal había defendido en el pasado.

En un comunicado emitido a principios de mes por personas allegadas, el cardenal expresó que era “la víctima de una conspiración” y manifestó su “absoluta inocencia”, informó la agencia AFP.


¿Mayor escrutinio de la Santa Sede?

Análisis de John McManus, experto en temas religiosos de la BBC

Llegar al fondo de la problemática relación entre el Vaticano y sus finanzas se ha convertido en tema central del Vaticano bajo el papa Francisco.

En paralelo con su deseo de convertir a la Iglesia en un santuario donde todos, no importa cuán imperfectos, puedan encontrar un lugar, está su labor para lograr que el Vaticano sea un destino especialmente hostil para aquellos que busquen usarlo para enriquecerse.

Los supuestos crímenes enumerados ahora todavía tienen que ser probados en el tribunal.

Pero el simple hecho de que el Papa estuviera dispuesto al proceso y el juicio de un cardenal que no sólo era un alto miembro de la jerarquía en el Vaticano, sino también un amigo de Francisco, es una señal de su clara intención de que cuando se trata de delitos financieros, está preparado para tomar medidas sin precedentes para limpiar la reputación de la Iglesia.

El riesgo para el Papa, y para la iglesia, es que este juicio abrirá la posible mala gestión de las finanzas de la Santa Sede a un mayor escrutinio público.


Edificio en la avenida Sloane, Londres

Getty Images
El edificio en el que el cardenal Becciu invirtió el dinero del Vaticano queda en la elegante avenida Sloane, de Londres.

Dos antiguos directores de la unidad de inteligencia financiera del Vaticano están entre los diez imputados.

Enfrentan cargos de malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.

Una mujer italiana que trabajó para el cardenal Becciu fue acusada de malversación el año pasado.

Se espera que el juicio dure dos meses. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de prisión o multas.


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