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Cuartoscuro

Gobierno aplica exámenes de confianza exprés y operados por militares para entrar a la Guardia

Pese a ser una policía civil, más de la mitad de las pruebas se aplican en instalaciones castrenses; el proceso de exámenes se acortó a dos días.
Cuartoscuro
1 de agosto, 2019
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Con el objetivo de tener lo más pronto posible a miles de guardias desplegados en las calles con los requisitos que marca la ley, el gobierno federal puso en marcha un nuevo esquema de exámenes de control de confianza, que consiste en aplicar las cinco pruebas que se requieren en dos días, y tres de ellas en instalaciones militares, pese a que por definición constitucional la Guardia Nacional es una policía civil.

Se trata de un modelo especial aprobado el pasado 30 de abril, que no se aplica a ninguna otra fuerza de seguridad policial en México, y que promete “cumplir con las metas establecidas” en cuanto al despliegue de la nueva fuerza, pero “sin perder rigor metodológico”.

Uno de cada cuatro agentes del INM carece de control de confianza vigente; es la fuerza federal menos confiable

Animal Político obtuvo los detalles de este nuevo modelo denominado “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”, cuya aprobación estuvo a cargo de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El documento ya también se encuentra disponible en la sección de transparencia proactiva del Secretariado Ejecutivo.

El esquema justifica la necesidad de modificar el modelo de evaluación convencional para cumplir con las metas planteadas, pues el gobierno ha prometido tener a 20 mil nuevos reclutas antes de que acabe el año, que se sumen a cerca de 50 mil efectivos transferidos desde las policías militar, naval y federal. 

Pero como la Ley de la Guardia Nacional marca, esta es una policía civil que debe cumplir con los requisitos de ingreso para sus elementos que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad. Entre esos requisitos se encuentra el control de confianza, que consiste en una serie de cinco exámenes: polígrafo (detector de mentiras), socioeconómico, toxicológico, médico y psicológico.

“Considerando la emergencia nacional de dotar a la población a la brevedad de personal policial que atienda su seguridad, es necesario establecer mecanismos que garanticen la confiabilidad de los elementos que conforman la Guardia Nacional”, señala el documento.

En tanto, el Centro Nacional de Certificación y Evaluación llevó a cabo “visitas de supervisión técnicas” a las áreas de evaluación de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y determinó que son aptas para operar de forma coordinada con los exámenes de control de confianza, bajo un nuevo esquema que a continuación se describe.

Consulta aquí el nuevo modelo “Esquema de Evaluación de Control de Confianza Específico para la Guardia Nacional”.

¿Cuáles son las diferencias?

El esquema convencional de exámenes de control de confianza, que se aplica desde diciembre de 2013 a todas las fuerzas policiales del país, contempla una batería de cinco pruebas ya mencionadas arriba, algunas de las cuales se realizan de forma sorpresiva o con varios días de preparación y ejecución.

Por ejemplo, el modelo detalla que el examen toxicológico tiene que ser sorpresivo, mientras que la investigación socioeconómica debe incluir visitas en el terreno para verificar el entorno del elemento investigado, así como practicar solicitudes de referencia en cualquier ámbito.

En el caso de las pruebas de polígrafo se detalla que este tiene que ser diferenciado de acuerdo con niveles jerárquicos y de riesgo del elemento en particular.  De acuerdo con personas que conocen de estos procedimientos, hay casos como el de la Fiscalía General de la República (FGR) donde la sola prueba de polígrafo y la psicológica llevan tres días.

La totalidad de estas cinco pruebas se llevan a cabo en centros de evaluación por personal certificado para dicha tarea. 

En comparación con todo lo anterior, el modelo especial aprobado para la Guardia Nacional plantea ejecutar todo el procedimiento de cinco exámenes en únicamente dos días, y con más de la mitad de las evaluaciones aplicándose en instalaciones militares y no en los centros.

Militares no harán pruebas de control de confianza al unirse a la Guardia Nacional

La primera parte será ejecutada por las fuerzas armadas. Consistirá en la aplicación de las evaluaciones psicológicas y “médico-toxicológicas” en sus instalaciones, aprovechando que las secretarías de la Defensa y Marina están a cargo del reclutamiento de la Guardia. A esto se le denomina “fase previa” y se ejecuta en un día.

Y la segunda fase o “complementaria” sí se realiza en los centros de evaluación civiles y corresponde al polígrafo y a la investigación socioeoconómica, las cuales también deberán desarrollarse en un solo día.

Este nuevo procedimiento genera, según el documento del esquema, cuatro beneficios: optimiza recursos y economiza tiempo de aplicación; homologa procesos de evaluación acordes al perfil que la Guardia Nacional requiere; permite tener resultados en los tiempos establecidos, y se tiene una corporación que cumple con lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad.

Experta ve dudas en nuevo esquema

La abogada Reyna Velasco Guerrero, experta en el análisis y litigio de casos de control de confianza, expresó dudas respecto a la legalidad y constitucionalidad del esquema específico de control de confianza que se aprobó para la Guardia Nacional. 

“De entrada llama la atención el hecho de que la Guardia Nacional se supone es una institución policial de carácter civil, pero que de acuerdo a este documento para efectos del control de confianza se tendrá que regir por los criterios de Sedena y Marina al menos en una parte de las evaluaciones. Y no queda claro porque no se mantiene todo el procedimiento en los centros de evaluación que además de ser civiles están certificados”, señaló.

La litigante subrayó que la Policía Federal cuenta con un centro muy importante de evaluación y certificación que bien podría haber asumido toda la tarea de evaluación.

Velasco subrayó que el artículo 22 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que son los centros de evaluación (de los que según datos oficiales hay 34 en el país) los responsables de aplicar los procedimientos bajo los protocolos y supervisión del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 

No se contempla que lo anterior se realice en cualquier cuartel policial y menos en instalaciones militares. Ello aun cuando ahora se señale que un consejo avaló que las Fuerzas Armadas lo puedan hacer parcialmente.

“Que las Fuerzas Armadas practiquen una parte de estos exámenes me parece una violación de la misma ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque esta establece que son los centros de confianza de las instituciones de seguridad pública y civil los encargados, Y ni la Defensa ni la Marian son instituciones de seguridad pública. Habría que ver incluso si la misma comisión que avaló esto no está violando la Constitución”, dijo la abogada.

¿Por qué militares en activo pueden estar en la Guardia Nacional? Esta fue la negociación

Animal Político solicitó oficialmente a la Vocería de la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana las razones por las cuales se decidió delegar en las Fuerzas Armadas tres de las cinco pruebas del control de confianza, así como conocer si las instalaciones militares están certificadas. Hasta la fecha de publicación de esta nota se sigue en espera de la respuesta.

Opacidad en guardias confiables

Animal Político intentó conocer el número de elementos de la Guardia Nacional desplegados en el terreno que ya se encuentran aprobados en los exámenes de control de confianza, o que por lo menos ya se encuentran en el referido proceso de evaluación.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina señalaron en sus respuestas que es información inexistente en sus archivos o que no tienen información documental para dar algún detalle. En el caso específico de la Defensa Nacional esta solo respondió que ha transferidos a 23 mil 635 policías militares a la Guardia Nacional.

También se requirió desde el martes pasado la misma información a las áreas de comunicación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Vocería de la Guardia Nacional, sin que al momento de la publicación de esta nota se haya recibido respuesta.

En la última actualización que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó sobre las evaluaciones de control de confianza, con corte al 30 de junio, continúa sin aparecer los datos sobre Guardia Nacional, aun cuando el modelo de exámenes fue aprobado dos meses antes, y a que la nueva fuerza ya opera oficialmente en el terreno desde mayo.

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Protestas en Chile: las 6 grandes deudas sociales por las que muchos chilenos dicen sentirse 'abusados'

El sistema de pensiones, la salud, el transporte público, la educación, el agua y una respuesta ante los casos de abusos y corrupción son parte de las demandas sociales de muchos chilenos.
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21 de octubre, 2019
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“No es por 30 pesos, es por 30 años”.

Esta frase se ha repetido en diversas ocasiones desde que estalló la crisis social que tiene a varias ciudades de Chile en estado de emergencia.

Es una oración que, sin duda, explica parte del profundo malestar que hay detrás de las violentas protestas ocurridas durante el fin de semana en el país sudamericano.

Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesos fue solo la “gota que rebalsó el vaso”. Prueba de ello es que el anuncio este sábado del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público, no calmó en lo más mínimo a los manifestantes.

Al contrario, las protestas se tornaron más violentas, con saqueos a supermercados, quema de una decena de estaciones de metro y buses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Muchos chilenos dicen sentirse “abusados” por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad “justa”.

Pero ¿cuáles son estas “deudas sociales” por las que reclama parte de la sociedad chilena?

1. El sistema de pensiones

Es quizás uno de los temas más polémicos de los últimos años en Chile.

El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país—creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.

En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.

Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.

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En los últimos años ha habido diversas protestas en contra de las administradoras de fondo de las pensiones AFP.

Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar “pensiones dignas”, y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.

Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: “Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo”.

Los cuestionamientos a este modelo —que, precisamente, fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera— han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.

Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama “No+AFP”. Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile “son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país”. “(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos”, dicen.

Bettina Horst, subdirectora del centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo, no comparte esta consigna aunque reconoce que efectivamente se ha instalado un discurso en contra de las AFP.

“Cuando se habla de que las AFP nos están robando los recursos, no es así; ni una AFP ha robado ni un peso . Pero está instalado de que las AFP nos roban”, explica a BBC Mundo.

Por su parte, la cientista política y presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que ver con que “las personas en este país pueden trabajar toda su vida, cotizar toda su vida, y recibir una miseria”.

“El 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo”, le dice a BBC Mundo.

Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile.

El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los empleadores.

La iniciativa, sin embargo, genera dudas en asociaciones como “No+AFP” y en sectores políticos de oposición.

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“No más humillación para nuestros abuelos”, decían las consignas de una de las manifestaciones en contra del sistema de pensiones actual chileno.

“La reforma de este gobierno no soluciona el problema, ni ahora ni cuando esté en régimen -en 48 años más-. Debemos actuar hoy para los nueve de cada diez pensionados que reciben menos de 300.00 pesos como jubilación”, dijo el diputado del partido Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

Para De la Fuente, estas últimas manifestaciones representan un “punto de inflexión” y, por lo mismo, la discusión en torno a las pensiones va a tener que cambiar.

“Si antes estaba centrada en si manteníamos o no el sistema de AFP, ahora el foco va a ser cómo hacemos para que las personas se jubilen de una manera digna”, dice.

Con esto, se podría abrir el debate respecto a otro de los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario.

“En este país, la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el calculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las personas más ricas”, explica De la Fuente.

2. Salud y desprotección

El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.

Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.

Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.

Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.

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El presidente Sebastián Piñera se reunió este domingo con los líderes del Parlamento y de la Corte Suprema con el fin de “reordenar prioridades” y contener el estallido social.

En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que “más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello”.

“Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar”, agregó.

Y esta fuerte sensación de desprotección ha generado descontento.

“En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público. Eso genera una diferencia enorme porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y, además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida”, explica Gloria de la Fuente.

Bettina Horst, en tanto, asegura que aunque en Chile se han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los mejores. “Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día, porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, no se controlan bien los insumos, etc”, dice.

3. Transporte público: un problema sin resolverse

La red de transporte “transantiago” (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.

Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago.

Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.

Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.

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Desde sus inicios en 2007, el “transantiago” experimentó problemas de planificación, diseño e implementación.

En definitiva, el “transantiago” tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.

Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.

A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.

Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.

Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.

Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.

“Estructuralmente, la política pública implementada por Michelle Bachelet fue un error y hoy día estamos pagando las consecuencias”, dice la subdirectora de Libertad y Desarrollo.

Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.

4. Privatización del agua

Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.

El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.

Además, se alega que es un sistema “absolutamente privado”.

Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha insistido en el cambio de esta regulación y ha señalado públicamente que en Chile no hay sequía sino “saqueo”.

Sequía en Chile

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Para Rodrigo Mundaca, en Chile no hay sequía sino “saqueo”.

Para él, los privados hacen un “aprovechamiento” del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.

“Chile es el único país del mundo que mantiene privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura”, dice. El activista agrega que “aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua”.

Hoy, si bien hay una reforma al Código de Aguas en el Parlamento, sus críticos dicen que no es suficiente.

Para Mundaca, por ejemplo, la única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada.

Sin embargo, para hacer una reforma a la Constitución en Chile se necesita la aprobación de dos tercios del Senado. Y esos votos no están”, reconoce Mundaca.

5. Educación y la movilidad social

La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa “revolución pingüina”, cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.

Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.

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Movilizaciones en Chile exigieron gratuidad y una mejor calidad en la educación en 2016.

Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.

“Cuando la gente accede a la educación superior, lo hace desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa. La educación básica y media en Chile son espacios de segregación también porque si puedes pagar por una educación básica de calidad, entonces vas a poder acceder a una educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social”, explica De la Fuente.

“Hay una demanda que está ahí, hoy calmada, pero es un tema que no ha desaparecido porque la promesa de la educación es la movilidad social”, agrega.

De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

6. Abusos y corrupción

Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.

“Los abusos están en el medio de este malestar de la gente”, dice Gloria de la Fuente.

Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.

Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.

Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.

De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.

Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos.

A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.

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El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos (a la derecha), se vio involucrado en el Caso Caval.

En aquella ocasión, tanto la coalición política de derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michellet Bachelet (con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas.

La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.

Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.

“Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de confianza en las instituciones, finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos capaces de solucionar a tiempo, como país”, explica Gloria de la Fuente.

Según la cientista política, hoy casi el 80% de las personas dice que la administración del Estado es “corrupta o muy corrupta”.

“Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente presa e investigaciones, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga”, agrega.

Por su parte, Bettina Horst matiza que “hoy día la gente se siente frustrada porque, efectivamente, ve corrupción; pero no somos un país corrupto como lo fue en su momento el estallido en Brasil”.

Horst, sin embargo, agrega que “sí se ha instalado un discurso del abuso, sobre la base de muchas consignas. Tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con fuerza”.

Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas “deudas sociales”, los expertos coinciden en que será difícil calmar la “furia” de los ciudadanos.


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