El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, ratificó la solicitud para cambiar la medida cautelar y terminar con la prisión preventiva que se extendió durante 17 años para dos hombres, que en ese lapso no recibieron sentencia, al estar acusados por un homicidio cometido en 2001. Es el caso de Daniel García y Reyes Alpizar.

Con la ratificación del fiscal, ellos podrán continuar su proceso en libertad, bajo la condición de portar un brazalete electrónico de seguimiento, no acercarse al domicilio de la víctima y acudir puntualmente a las audiencias de desahogo de pruebas.

García y Alpizar fueron acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamés Pérez, quien fuera regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en 2001.

De acuerdo con un documento del Consejo de Derechos Humanos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, Daniel García Rodríguez, un exfuncionario público que se dedicaba a engordar ganado, fue detenido el 25 de febrero de 2002 a las afueras de su domicilio. Hombres a bordo de un vehículo particular le informaron que era requerido por la Subprocuraduría de Justicia, quienes no le mostraron una orden de presentación ni de aprehensión.

Tras negarse a declarar incriminatoriamente por cuestiones que desconocía, Daniel García fue amenazado con la advertencia de que, si no cooperaba, su entorno sufriría las consecuencias.

Por su parte, Reyes Alpízar Ortiz, quien se desempeñaba como asesor sindical y artista plástico, fue detenido el 25 de octubre de 2002 en Tlalnepantla, Estado de México, cuando esperaba el camión que lo llevaría a su domicilio en el estado de Hidalgo, sin orden de presentación ni de aprehensión.

Durante el periodo de arraigo en que estuvo, Alpízar Ortiz fue víctima de tortura con golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras e inyecciones para obligarlo a firmar comentos sin conocer su contenido, señaló la oficina de la ONU.