Posponen audiencia de Emilio Lozoya porque juez atendía el caso Robles; defensa pedirá nueva fecha
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Posponen audiencia de Emilio Lozoya porque juez atendía el caso Robles; defensa pedirá nueva fecha

Entre las diligencias que quieren conocer los abogados se encuentran declaraciones y el rastreo de operaciones bancarias en Suiza. Este jueves está prevista una audiencia, para que un juez resuelva la petición.
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8 de agosto, 2019
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La audiencia por el caso contra Emilio Loyoza Austin programada para este jueves fue diferida ya que el juez Felipe de Jesús Delgadillo se encuentra aún en la audiencia inicial de la extitular de Sedatu, Rosario Robles, que se realiza también en el Reclusorio Sur.

En esta audiencia la defensa de Lozoya analizaría la petición de la defensa de acceder a las últimas pruebas del caso Odebrecht. Uno de los abogados del extitular de Pemex, Javier Coello Zuarth confirmó que solicitarán una nueva fecha.

Qué busca la defensa de Lozoya

Los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, buscan que la Fiscalía General de la República (FGR) les autorice el acceso a las últimas diligencias de  la carpeta de investigación abierta por el llamado Caso Odebrecht, por el cual ya se giró una de las dos órdenes de aprehensión en su contra.

Entre esas diligencias se encuentran declaraciones de exfuncionarios, construcciones de redes de vínculos, así como el rastreo de operaciones bancarias en Europa y concretamente en Suiza, país en el que se reportó la apertura de una de las cuentas involucradas en las supuestas actividades de lavado de dinero que se imputan a Lozoya.

Para lograr lo anterior, la defensa promovió ante un juez federal del Reclusorio Preventivo Sur un recurso para que sea este quien, a su vez, ordene a al FGR que entregue las copias de dicho expediente.

Lo que los abogados del exdirector de Pemex sostienen es que la Fiscalía General de la República les ha negado desde enero de este año el poder revisar y sacar copias de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, situación que atentaría en contra de su derecho a una buena defensa.

La referida carpeta fue abierta en enero de 2017 por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delitos Federales (SEIDF), derivado de indicios iniciales que apuntaban a que la constructora brasileña Odebrecht había pagado sobornos a altos funcionarios de Pemex, a cambio de conseguir diversos contratos

Según la defensa de Lozoya, la entonces PGR les había permitido revisar el caso periódicamente, situación que cambió este año cuando ya no quisieron darles acceso. Fue justo en ese contexto cuando la Fiscalía decidió judicializar el caso ante un juez para solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya, por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Para tratar de defender su argumento, los abogados defensores sostendrán que desde el pasado 15 de febrero hay una jurisprudencia emitida por un tribunal colegiado que sostiene que cuando se generan “actos de molestia” (como lo es una orden de aprehensión) en contra de una persona, esta tiene el derecho a conocer sin restricciones la investigación.

Lo anterior atendiendo el principio de igualdad de las partes, así como de una defensa adecuada que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe señalar que bajo las reglas del nuevo sistema penal, según abogados consultados, la FGR sí está obligada a entregar en la audiencia inicial o previo a la misma una copia de la carpeta de investigación a Emilio Lozoya, para que pueda conocer el caso y presentar argumentos con los que intente frenar su posible vinculación a un proceso penal.

Sin embargo ello no ha ocurrido dado que Lozoya no se ha presentado a la audiencia, y de hecho se encuentra legalmente prófugo de la justicia, con dos órdenes de aprehensión en su contra. Una de ellas es por este caso y la otra por presuntas irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados.

Es en este contexto en el que la defensa del exdirector de Pemex decidió llevar ante un juez de control su demanda de acceso a los últimos tomos de la carpeta de investigación. En respuesta el juez convocó a las partes para que en audiencia pública se debata el asunto, y se tome una determinación.

Al tratarse de un asunto que directamente lo involucra, Emilio Lozoya debería estar presente en la audiencia. Si no acude será facultad del juez de control definir si desahoga o no la petición.

Las pruebas “ocultas”

Las investigaciones que en los últimos meses la FGR ha llevado a cabo en torno al caso Odebrecht, y a las cuales intentan acceder los abogados de Lozoya, se ha centrado en el rastro de diversas operaciones bancarias al extranjero, a través de las cuales se habrían llevado a cabo supuestas actividades de lavado de dinero.

Fue el propio subprocurador de la entonces PGR el que detalló parte de estas investigaciones en un oficio dirigido al fiscal Gertz Manero, que la dependencia hizo público el pasado 14 de febrero.

Se informó que se había recibido un nuevo paquete de datos bancarios provenientes de Suiza, a partir de los cuales el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información realizaría una red de vínculos identificando transferencias, depósitos y diversas personas involucradas en estos hechos. A lo anterior se sumarían dictámenes periciales en materia de contabilidad.

De forma paralela los fiscales recabaron otras declaraciones ministeriales que complementan la de posibles testigos en el caso.

En las últimas semanas investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento Lab revelaron que es justamente en Suiza donde se abrió la cuenta bancaria de una empresa llamada “Tochos Holding Limited”, desde la cual supuestamente se habrían triangulado recursos a familiares de Lozoya, para la adquisición de una propiedad.

Incluso el reportaje de Quinto Elemento Lab, en colaboración con un medio alemán, advirtió que Suiza podría ser uno de los países en los cuales se encuentre actualmente el exdirector de Pemex.

Expediente Odebrecht: retrasos y opacidad

La carpeta de investigación iniciada por la PGR en relación con el Caso Odebrecht ha sido centro de la polémica en los últimos dos años, principalmente por la falta de transparencia y de resultados concretos. Ello a diferencia de lo ocurrido en otros países como Perú, donde ya suman cuatro los expresidentes acusados formalmente de recibir sobornos de la empresa brasileña.

Los cuestionamientos en México cobraron fuerza luego de que en octubre de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes anunció, tras renunciar al cargo, que la investigación relacionada con Odebrecht estaba prácticamente terminada, y lista para ser enviada ante un juez. Pero el sexenio anterior transcurrió  y concluyó sin que ello ocurriera.

En enero de este año el fiscal General Alejandro Gertz Manero declaró que el expediente con el que se encontraron en realidad estaba incompleto y desordenado, aunque prometió que en el corto plazo se tendrían resultados. El 14 de febrero la Fiscalía dio a conocer un resumen de las diligencias realizadas en los últimos dos años, así como el anuncio de varias pruebas que aún faltaban por recabar.

Finalmente el pasado 5 de julio la FGR informó que había obtenido de un juez una orden de aprehensión en contra de Lozoya, así como de su esposa, su madre y su hermana, como resultado de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

El tema que sí llevo el caso Odebrecht a los tribunales desde finales del año pasado fue el de la transparencia.

Lo anterior luego de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) resolvió en octubre del año pasado que la carpeta de investigación debía transparentarse por ser de interés público. Esto como respuesta a varias solicitudes de información en las que se pedían versiones públicas de la misma, así como los nombres y declaraciones de los involucrados.

Y apenas en mayo pasado el INAI añadió un nuevo criterio en el cual consideró que, por tratarse de un caso de corrupción, tendría que desclasificarse la investigación de Odebrecht.

Pero nada de lo anterior ha ocurrido ya que tanto la PGR y la hoy FGR, así como el propio Emilio Lozoya, han obtenido suspensiones definitivas dentro de demandas de amparo promovidas en contra de las órdenes del INAI. Dichos juicios continúan en trámite, sin que aún se defina el fondo del asunto.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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