Juez libera a médico acusado de violación; tengo más miedo ahora, dice la víctima
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Juez libera a médico acusado de violación; tengo más miedo ahora, dice la víctima

De acuerdo con la abogada de la víctima, la Procuraduría hizo un peritaje que prueba que su representada fue víctima de violación, pero señaló que el juez desechó esa y otras pruebas.
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Por Rodrigo Soberanes
15 de agosto, 2019
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Un doctor con diversos antecedentes por presuntas practicas de abuso sexual, que había sido detenido hace días tras ser acusado de violar a una paciente en un hospital público, fue liberado este miércoles por un juez de la Ciudad de México.

El médico identificado como Agustín “N” quedó en libertad luego de una audiencia privada, en la que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Federico Mosco González, determinó no vincularlo a proceso por el delito de violación agravada.

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De acuerdo con la defensa de Wendy, el juez decidió descartar el delito de violación, con lo cual enfrentará cargos sólo por el delito de abuso sexual y podrá hacerlo en libertad, sin pago de fianza y sin medidas cautelares.

La audiencia y el anuncio de la decisión del juez fue escuchada por la víctima, Wendy “N”, una chica de 21 años que en 2018 acudió al Hospital General de Iztapalapa para ser atendida de un padecimiento en las vías renales, con el doctor al que posteriormente habría de acusar de violación.

Ella estuvo en la audiencia de principio a fin, acompañada de familiares en una habitación contigua a la sala oral donde se desarrolló la audiencia. Pudo ver y escuchar a su presunto agresor través de una cámara de circuito cerrado.

“Me siento cansada. Tengo más miedo del que ya tenía. A pesar de las pruebas que se presentaron el juez lo dejó libre. Tuve que escucharlo y me volvió a poner nerviosa”, dijo Wendy después de una audiencia que comenzó a las 10:30 de la mañana y terminó alrededor de las 15:00 horas.

Los medios de comunicación no pudieron entrar a la audiencia porque el juez la declaró privada, y no fue posible localizar al acusado y su defensa, para hablar con ellos a la salida.

Según el relato de la defensa, que quedó asentado en la denuncia, el doctor acusado pidió que Wendy se trasladara a la clínica 120 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para valorar si estaba enferma de salmonelosis, debido a que presentaba un cuadro estomacal que no estaba relacionado con sus problemas renales.

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El doctor se encontró con ella al IMSS y es ahí donde presuntamente fue cometida la violación.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), dependencia a la cual está adscrito el Hospital General de Iztapalapa, informó que el 23 de enero de 2019 separó de su cargo al acusado cuando fue interpuesta una queja en su contra ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

“Se señala comportamiento inapropiado, actitudes indebidas y presuntos actos de abuso sexual de parte del médico Agustín ‘N’ adscrito al Hospital General Iztapalapa, a Secretaría de Salud (SEDESA)”, señaló la dependencia.

La separación del doctor fue señalada como una “medida precautoria” para que no pudiera realizar ninguna actividad que implicara contacto con pacientes. Después de separar de su cargo al acusado, la Secretaría de Salud recibió el 30 de abril de 2019 un oficio firmado por la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, pidiendo que se investigue la acusación de violación.

“La SEDESA realiza una investigación interna en la cual se identificó que el caso también se encontraba en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México (noviembre de 2018)”.

Fue así como el doctor Agustín “N” fue separado de manera definitiva de su puesto en la Secretaría de Salud.

De acuerdo con la abogada defensora, la Procuraduría capitalina realizó un peritaje que prueba que su representada efectivamente fue víctima de una violación, sin embargo -dijo- el juez desechó esa y otras pruebas. Animal Político buscó versión sobre este caso tanto en la Procuraduría como en el Tribunal Superior de Justicia, pero no consiguió respuesta hasta el momento.

Tanto Wendy como sus familiares estaban visiblemente afectados por el resultado de la audiencia, y la abogada defensora informó que apelarán la decisión del juez en un plazo de tres meses.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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