México oculta la letalidad de sus policías y militares, señala informe internacional
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México oculta la letalidad de sus policías y militares, señala informe internacional

Algunas fuerzas en el país, como la Marina, presentan niveles de letalidad que multiplican lo aceptado en parámetros internacionales e incluso superan al de países como Venezuela o Brasil. México también reporta el mayor grado de agentes que pierden la vida.
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29 de agosto, 2019
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La opacidad y el abuso son factores frecuentes en el uso de la fuerza por parte de las autoridades México. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional y policías como la de Ciudad de México ocultan a cuantos civiles matan sus elementos, los registros de letalidad de la Secretaría de Marina y de diversas policías multiplican los límites establecidos en parámetros internacionales, e incluso superan los registrados en países como Brasil o Venezuela.

Así lo revela el informe “Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina”, elaborado por el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras instituciones, y que por primera vez compara los índices de uso de la fuerza y posibles abusos en cinco países del continente: México, Venezuela, Brasil, El Salvador y Colombia.

El estudio –que se hace público hoy– concluye que la región padece de focos de alarma en el uso de la fuerza no solo porque la letalidad está por encima de parámetros aceptables sino, además, porque existen indicadores poco confiables y transparentes, siendo México el caso más preocupante pues de los 12 indicadores que se analizan, ocho tuvieron que hacerse con estimaciones de prensa y dos más fueron imposibles de calcular por la falta de información oficial.

La Ley de Uso de la Fuerza: ¿Qué reglas contiene y qué derechos deja fuera?

Al profundizar en el caso de nuestro país el análisis destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional (sobre la que ahora recae la operación de la Guardia Nacional y es pilar en el plan de seguridad) se ha negado, desde el 5 de enero de 2014 hasta la fecha, a revelar el número de civiles que mueren por disparos de sus elementos.

Lo anterior pese a que existen varias resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Peronales (INAI) que ordenan revelar esos datos, y a que sí cuenta con la información como quedó de manifiesto en el debate de aprobación de Guardia Nacional, cuando el titular de la Sedena refirió en enero pasado que en 2018 murieron más de 700 civiles en enfrentamientos con el Ejército.

Pero la Sedena no es el único caso. El informe revela que se solicitaron vía transparencia datos de uso de la fuerza a las 32 entidades del país, pero solo 24 de ellas respondieron en alguna medida y solo la mitad de forma completa. Entre las entidades que no revelaron información se encuentra Ciudad de México, situación especialmente delicada pues cuenta con la policía más numerosa de todo el país.

También se requirieron datos a 10 fuerzas de seguridad municipal y solo una proporcionó la información.

En ese contexto el informe realizó un análisis utilizando datos oficiales de las corporaciones donde sí se obtuvieron, y reportes de prensa en donde la información oficial no fue transparentada.

Entre los resultados destaca el elevado índice de letalidad de la Marina. Según los datos oficiales que esa institución sí proporcionó, en 2013 y 2014 los marinos abatieron a más de 60 personas por cada una que lesionaron; para 2015  bajó a un promedio de nueve muertos por cada herido; en 2016 volvió a subir 30 por cada herido, y en 2017 el dato fue de 21.

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La Policía Federal reportó que en 2013, hasta 17 civiles fueron abatidos en enfrentamientos por cada uno que lesionó, disminuyendo en los siguientes años hasta llegar a tres civiles muertos por cada herido en 2016, para después repuntar a cuatro en 2017.

Todos esos son datos preocupantes según lo que marca el informe, pues la experiencia internacional indica que en los conflictos modernos y donde hay un uso racional de la fuerza, el número es justo a la inversa: la proporción de heridos siempre es mayor a la de muertos hasta en una relación de 4 a 1.

“En suma, el índice de letalidad (civiles muertos frente a heridos) debería ser siempre inferior a 1. Cuando el valor supera este umbral, es decir, cuando registramos más muertos que heridos, estamos ante un escenario de uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, en presencia de ejecuciones sumarias”, alerta el informe.

Si el análisis se hace a partir de datos de prensa para extenderlo a otras corporaciones, la proporción en todos los casos también es superior a uno, aun con el sesgo de que no todos los casos se conocen en medios. Por ejemplo, en 2017 el índice de letalidad del Ejército fue de 4.1; el de policías estatales de 2.6 y el de policías municipales de 1.6. Mientras que en operativos conjunto el índice de letalidad crece hasta los 18.6.

Entre otros datos que el informe presenta se encuentra el de la relación entre agentes de la autoridad caídos, frente a los civiles abatidos en enfrentamientos. Los expertos destacan que según la experiencia internacional, los agentes (por su entrenamiento y equipo) matan en mayor medida de lo que son abatidos, pero que dicho parámetro como máximo debería ser de 10 civiles muertos por cada policía o militar.

En el caso de la Marina, que es la corporación que proporcionó datos oficiales, dicho índice se rebasó en todos los años de 2013 a 2017, siendo el caso más grave el de 2016 donde se reportaron hasta 60 civiles muertos por cada marino abatido, es decir, seis veces más de lo que marca como máximo la experiencia internacional.

Si la revisión solo se hace con notas de prensa ante la falta de información oficial, aun así se identifican indicadores elevados como en el Ejército Mexicano donde el indicador fue de 11.6 civiles abatidos por cada soldado, o de la policía estatal con una relación de 10.3, ambos por encima del promedio.

“En conclusión, luego de que en 2011 pareciera haber un descenso, la incidencia de la fuerza letal puede estar repuntando en 2017 y, como consecuencia, se hace aún más urgente la construcción de datos oficiales a nivel de todas las instituciones del país, policiales y militares”, sentencia el informe.

País y región problemática

El informe “Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina” muestra varios puntos que despiertan preocupaciones respecto a niveles de violencia y uso de la fuerza.

En el caso de México, como ya se dijo, destaca la opacidad en la mayoría de los indicadores, pero también se identifican datos preocupantes. Por ejemplo, la relación de los civiles que los marinos en México abaten respecto a los que resultan lesionados en los enfrentamientos, que ha llegado a ser de 65 a  1, supera a la de las fuerzas del orden en Brasil que es de 58 abatidos por 1 herido, o de Colombia que es de 1.2 a 1.

Otro foco de alarma para México es el número de agentes muertos, pues tan solo en 2017 ascendió a 251 militares y policías abatidos, que supera por mucho a los otros países. Por ejemplo, Colombia registró 143 agentes asesinados, Brasil 81, Venezuela 57 y El Salvador solo cuatro.

Los otros países también presentan datos que despiertan preocupación ante posibles abusos.

“Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios de los países estudiados. El caso extremo es Venezuela, donde más de un cuarto de los homicidios son debidos a la intervención de los agentes del Estado. El Salvador también supera el límite de 10% que está asociado al abuso de la fuerza; Brasil posee un indicador más moderado, pero aún elevado (7.3%)”. indica el informe.

El estudio añade que la relación entre civiles y agentes públicos muertos alcanza valores “alarmantes” en El Salvador, donde mueren más de 100 civiles por cada agente fallecido. En Brasil,  indica el estudio, el valor es inferior pero aún muy alto: 58 civiles por cada agente.

“En suma, las informaciones obtenidas por este estudio permiten llegar a dos conclusiones de gran relevancia. La primera es la limitada transparencia en lo que atañe al uso de la fuerza letal en América Latina y, en función de ello, la necesidad de exigir la divulgación pública (…) y la segunda es que los datos apuntan a un uso excesivo de la fuerza en varios países de la región”, subraya el informe.

¿Qué hacer frente a esto?

Los coordinadores del estudio, Catalina Pérez Correa, Carlos Sirva Forné e Ignacio Cano, establecieron en el informe  algunas recomendaciones para hacer frente a los problemas ya descritos en el uso de la fuerza en la región.

En cuanto al problema de la opacidad consideraron fundamental que exista a nivel nacional y subnacional un registro preciso sobre personas muertas y heridas en incidentes en los que participen miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Es indispensable, además, que estos datos sean divulgados regularmente, de forma que sea posible monitorear el fenómeno y tomar, en su caso, medidas preventivas o correctivas. La información registrada y divulgada debe contar con suficientes detalles sobre el contexto del incidente, su localización y horario, si los agentes estaban o no de servicio, el tipo de armas empleada”, señalaron los expertos.

En cuanto a regulación, señalaron que es indispensable que cada país cuente con una norma específica de uso de la fuerza de alcance nacional y que sea compatible con los estándares internacionales, situación que en varios de los países de América Latina no ocurre.

El informe destaca la importancia de que cada incidente donde se haya usado fuerza letal y resulte en la pérdida de vidas humanas se registre y se investigue de forma rigurosa, tanto administrativa como penalmente.

“Por su parte, la investigación de los hechos debe ser realizada por miembros de otras instituciones o, por lo menos, de otras unidades diferentes de aquellas que participaron en la acción, de modo que se garantice la independencia de la investigación, de acuerdo con la jurisprudencia existente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluye.

Aquí puedes consultar el informe Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina

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Condenan a 4 años de prisión a una periodista que cubrió el inicio del brote de COVID en Wuhan, China

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus en Wuhan y que se encuentra en huelga de hambre, se enfrenta a cuatro años de prisión.
28 de diciembre, 2020
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Zhang Zhan

YOUTUBE
La exabogada Zhang Zhan había sido detenida en mayo.

Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan, ha sido condenada a cuatro años de prisión.

Zhan fue declarada culpable de “buscar altercados y provocar problemas”, un cargo que se usa frecuentemente en ese país contra activistas.

La exabogada de 37 años fue detenida en mayo y lleva varios meses en huelga de hambre. Sus abogados dicen que se encuentra en mal estado de salud.

Zhang es una entre varios periodistas ciudadanos que han enfrentado problemas por informar sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la localidad china donde comenzó el brote de SARS-CoV-2.

En China no hay medios de comunicación que no sean oficiales y se sabe que las autoridades toman medidas drásticas contra activistas o informantes cuyas denuncias consideran socavan la respuesta del gobierno al brote.

El presidente de China, Xi Jinping, ha insistido en varias oportunidades en que su gobierno manejó correctamente el brote.

“Zhang Zhan parecía devastada cuando se anunció la sentencia”, dijo Ren Quanniu, uno de sus abogados defensores, a la agencia de noticias AFP.

Ren agregó que la madre de Zhang, que estaba en el tribunal, sollozó en voz alta cuando se leyó el veredicto.

Otras detenciones

Zhang había viajado a Wuhan en febrero para informar de forma independiente sobre el brote.

Un ciudadano de Wuhan

Getty Images
La ciudad china de Wuhan es considerada el primer epicentro de la pandemia.

Sus informes transmitidos en vivo y sus escritos se compartieron ampliamente en las redes sociales, lo cual llamó la atención de las autoridades chinas.

La organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés Chinese Human Rights Defenders) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas independientes y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas que pedían una rendición de cuentas.

En una entrevista en video con un cineasta independiente antes de su arresto, Zhang dijo que decidió visitar Wuhan después de leer una publicación en línea de un residente sobre la vida en la ciudad durante el brote.

Una vez allí, comenzó a documentar lo que vio en las calles y hospitales en transmisiones en vivo, a pesar de las amenazas de las autoridades.

“Quizás tengo un alma rebelde. Solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?”, dijo en un clip de la entrevista obtenido por la BBC.

“No dejaré de hacer lo que hago porque este país no puede retroceder”.

“Información falsa”

Zhang desapareció el 14 de mayo, según el CHRD. Un día después, se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 km de distancia.

El presidente de China, Xi Jinping, con otros funcionarios

Reuters
En marzo, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el virus había sido controlado con éxito en la provincia de Wuhan y Hubei.

A principios de noviembre se le presentaron cargos formales.

El documento de la acusación señala que Zhang envió “información falsa a través de texto, video y otros medios vía (plataformas como) WeChat, Twitter y YouTube”.

También está acusada de aceptar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y de “difundir maliciosamente” información sobre el virus en Wuhan. Se recomendó una sentencia de cuatro a cinco años.

En protesta por su arresto, Zhang hizo una huelga de hambre, lo cual ha deteriorado su salud.

Uno de sus abogados dijo en un comunicado que cuando la visitó a principios de diciembre, ella le había dicho que la estaban alimentando a la fuerza mediante una sonda.

También dijo que sufría dolores de cabeza, mareos y dolor de estómago.

“Restringida las 24 horas del día, necesita ayuda para ir al baño”, dijo el abogado Zhang Keke, quien también indicó que tiene problemas para dormir.

“Se siente psicológicamente agotada, como si cada día fuera un tormento”, dijo el abogado que había solicitado el aplazamiento del juicio dado su estado de salud.

Zhang había sido detenida en 2019 por expresar su apoyo a los activistas en Hong Kong.

“Sentencia alarmante”

Leo Lan, consultor de investigación y defensa del grupo de derechos humanos Network of Chinese Human Rights Defenders, dijo que la sentencia de Zhang es “alarmante”.

“(Su) sentencia es muy dura. El gobierno chino está muy decidido a silenciarla e intimidar a otros ciudadanos que intentaron exponer lo que sucedió en Wuhan”, le dijo a la BBC.

“Me preocupa el destino de otros ciudadanos detenidos que también informaron sobre la pandemia”.

Varios reporteros ciudadanos que informaron desde Wuhan, entre ellos: Li Zehua, Chen Qiushi y Fang Bin, desaparecieron a principios de este año.

Li finalmente apareció y explicó que había sido puesto en cuarentena a la fuerza, mientras que se informó que Chen está con su familia, pero bajo supervisión del gobierno.

Aún se desconoce el paradero de Fang Bin.


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