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México oculta la letalidad de sus policías y militares, señala informe internacional

Algunas fuerzas en el país, como la Marina, presentan niveles de letalidad que multiplican lo aceptado en parámetros internacionales e incluso superan al de países como Venezuela o Brasil. México también reporta el mayor grado de agentes que pierden la vida.
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29 de agosto, 2019
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La opacidad y el abuso son factores frecuentes en el uso de la fuerza por parte de las autoridades México. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional y policías como la de Ciudad de México ocultan a cuantos civiles matan sus elementos, los registros de letalidad de la Secretaría de Marina y de diversas policías multiplican los límites establecidos en parámetros internacionales, e incluso superan los registrados en países como Brasil o Venezuela.

Así lo revela el informe “Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina”, elaborado por el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras instituciones, y que por primera vez compara los índices de uso de la fuerza y posibles abusos en cinco países del continente: México, Venezuela, Brasil, El Salvador y Colombia.

El estudio –que se hace público hoy– concluye que la región padece de focos de alarma en el uso de la fuerza no solo porque la letalidad está por encima de parámetros aceptables sino, además, porque existen indicadores poco confiables y transparentes, siendo México el caso más preocupante pues de los 12 indicadores que se analizan, ocho tuvieron que hacerse con estimaciones de prensa y dos más fueron imposibles de calcular por la falta de información oficial.

La Ley de Uso de la Fuerza: ¿Qué reglas contiene y qué derechos deja fuera?

Al profundizar en el caso de nuestro país el análisis destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional (sobre la que ahora recae la operación de la Guardia Nacional y es pilar en el plan de seguridad) se ha negado, desde el 5 de enero de 2014 hasta la fecha, a revelar el número de civiles que mueren por disparos de sus elementos.

Lo anterior pese a que existen varias resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Peronales (INAI) que ordenan revelar esos datos, y a que sí cuenta con la información como quedó de manifiesto en el debate de aprobación de Guardia Nacional, cuando el titular de la Sedena refirió en enero pasado que en 2018 murieron más de 700 civiles en enfrentamientos con el Ejército.

Pero la Sedena no es el único caso. El informe revela que se solicitaron vía transparencia datos de uso de la fuerza a las 32 entidades del país, pero solo 24 de ellas respondieron en alguna medida y solo la mitad de forma completa. Entre las entidades que no revelaron información se encuentra Ciudad de México, situación especialmente delicada pues cuenta con la policía más numerosa de todo el país.

También se requirieron datos a 10 fuerzas de seguridad municipal y solo una proporcionó la información.

En ese contexto el informe realizó un análisis utilizando datos oficiales de las corporaciones donde sí se obtuvieron, y reportes de prensa en donde la información oficial no fue transparentada.

Entre los resultados destaca el elevado índice de letalidad de la Marina. Según los datos oficiales que esa institución sí proporcionó, en 2013 y 2014 los marinos abatieron a más de 60 personas por cada una que lesionaron; para 2015  bajó a un promedio de nueve muertos por cada herido; en 2016 volvió a subir 30 por cada herido, y en 2017 el dato fue de 21.

Te puede interesar: Con Peña aumentó la letalidad en operativos de la Marina, por cada herido hubo 20 muertos

La Policía Federal reportó que en 2013, hasta 17 civiles fueron abatidos en enfrentamientos por cada uno que lesionó, disminuyendo en los siguientes años hasta llegar a tres civiles muertos por cada herido en 2016, para después repuntar a cuatro en 2017.

Todos esos son datos preocupantes según lo que marca el informe, pues la experiencia internacional indica que en los conflictos modernos y donde hay un uso racional de la fuerza, el número es justo a la inversa: la proporción de heridos siempre es mayor a la de muertos hasta en una relación de 4 a 1.

“En suma, el índice de letalidad (civiles muertos frente a heridos) debería ser siempre inferior a 1. Cuando el valor supera este umbral, es decir, cuando registramos más muertos que heridos, estamos ante un escenario de uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, en presencia de ejecuciones sumarias”, alerta el informe.

Si el análisis se hace a partir de datos de prensa para extenderlo a otras corporaciones, la proporción en todos los casos también es superior a uno, aun con el sesgo de que no todos los casos se conocen en medios. Por ejemplo, en 2017 el índice de letalidad del Ejército fue de 4.1; el de policías estatales de 2.6 y el de policías municipales de 1.6. Mientras que en operativos conjunto el índice de letalidad crece hasta los 18.6.

Entre otros datos que el informe presenta se encuentra el de la relación entre agentes de la autoridad caídos, frente a los civiles abatidos en enfrentamientos. Los expertos destacan que según la experiencia internacional, los agentes (por su entrenamiento y equipo) matan en mayor medida de lo que son abatidos, pero que dicho parámetro como máximo debería ser de 10 civiles muertos por cada policía o militar.

En el caso de la Marina, que es la corporación que proporcionó datos oficiales, dicho índice se rebasó en todos los años de 2013 a 2017, siendo el caso más grave el de 2016 donde se reportaron hasta 60 civiles muertos por cada marino abatido, es decir, seis veces más de lo que marca como máximo la experiencia internacional.

Si la revisión solo se hace con notas de prensa ante la falta de información oficial, aun así se identifican indicadores elevados como en el Ejército Mexicano donde el indicador fue de 11.6 civiles abatidos por cada soldado, o de la policía estatal con una relación de 10.3, ambos por encima del promedio.

“En conclusión, luego de que en 2011 pareciera haber un descenso, la incidencia de la fuerza letal puede estar repuntando en 2017 y, como consecuencia, se hace aún más urgente la construcción de datos oficiales a nivel de todas las instituciones del país, policiales y militares”, sentencia el informe.

País y región problemática

El informe “Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina” muestra varios puntos que despiertan preocupaciones respecto a niveles de violencia y uso de la fuerza.

En el caso de México, como ya se dijo, destaca la opacidad en la mayoría de los indicadores, pero también se identifican datos preocupantes. Por ejemplo, la relación de los civiles que los marinos en México abaten respecto a los que resultan lesionados en los enfrentamientos, que ha llegado a ser de 65 a  1, supera a la de las fuerzas del orden en Brasil que es de 58 abatidos por 1 herido, o de Colombia que es de 1.2 a 1.

Otro foco de alarma para México es el número de agentes muertos, pues tan solo en 2017 ascendió a 251 militares y policías abatidos, que supera por mucho a los otros países. Por ejemplo, Colombia registró 143 agentes asesinados, Brasil 81, Venezuela 57 y El Salvador solo cuatro.

Los otros países también presentan datos que despiertan preocupación ante posibles abusos.

“Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios de los países estudiados. El caso extremo es Venezuela, donde más de un cuarto de los homicidios son debidos a la intervención de los agentes del Estado. El Salvador también supera el límite de 10% que está asociado al abuso de la fuerza; Brasil posee un indicador más moderado, pero aún elevado (7.3%)”. indica el informe.

El estudio añade que la relación entre civiles y agentes públicos muertos alcanza valores “alarmantes” en El Salvador, donde mueren más de 100 civiles por cada agente fallecido. En Brasil,  indica el estudio, el valor es inferior pero aún muy alto: 58 civiles por cada agente.

“En suma, las informaciones obtenidas por este estudio permiten llegar a dos conclusiones de gran relevancia. La primera es la limitada transparencia en lo que atañe al uso de la fuerza letal en América Latina y, en función de ello, la necesidad de exigir la divulgación pública (…) y la segunda es que los datos apuntan a un uso excesivo de la fuerza en varios países de la región”, subraya el informe.

¿Qué hacer frente a esto?

Los coordinadores del estudio, Catalina Pérez Correa, Carlos Sirva Forné e Ignacio Cano, establecieron en el informe  algunas recomendaciones para hacer frente a los problemas ya descritos en el uso de la fuerza en la región.

En cuanto al problema de la opacidad consideraron fundamental que exista a nivel nacional y subnacional un registro preciso sobre personas muertas y heridas en incidentes en los que participen miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Es indispensable, además, que estos datos sean divulgados regularmente, de forma que sea posible monitorear el fenómeno y tomar, en su caso, medidas preventivas o correctivas. La información registrada y divulgada debe contar con suficientes detalles sobre el contexto del incidente, su localización y horario, si los agentes estaban o no de servicio, el tipo de armas empleada”, señalaron los expertos.

En cuanto a regulación, señalaron que es indispensable que cada país cuente con una norma específica de uso de la fuerza de alcance nacional y que sea compatible con los estándares internacionales, situación que en varios de los países de América Latina no ocurre.

El informe destaca la importancia de que cada incidente donde se haya usado fuerza letal y resulte en la pérdida de vidas humanas se registre y se investigue de forma rigurosa, tanto administrativa como penalmente.

“Por su parte, la investigación de los hechos debe ser realizada por miembros de otras instituciones o, por lo menos, de otras unidades diferentes de aquellas que participaron en la acción, de modo que se garantice la independencia de la investigación, de acuerdo con la jurisprudencia existente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluye.

Aquí puedes consultar el informe Monitor de Uso de la fuerza Letal en América Latina

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BBC

Guadalajara, la ciudad en México donde "puedes sentir el miedo" en el ambiente

Una de las tácticas de los grupos criminales en Jalisco para ocultar sus asesinatos provoca miedo en los suburbios de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.
BBC
5 de septiembre, 2019
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La señal de que algo anda mal en La Estancia, un arbolado suburbio de la ciudad mexicana de Guadalajara, son las decenas de carteles colocados afuera de las casas que dicen “en venta”.

La gente comenzó a irse de ahí en mayo, cuando la policía encontró un cuerpo en descomposición en el interior de una casa de ese tranquilo barrio.

El mes pasado, una víctima de secuestro pudo escapar a sus captores y pidió a la policía entrar a otro domicilio en la misma calle. En el interior fue hallado un cadáver y tres cabezas decapitadas.

En lo que va de año, se han ubicado más de 15 sitios de asesinatos y entierros clandestinos, algunos con docenas de cadáveres, dentro de casas en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco.

Este es un acontecimiento aterrador en un país donde más de 40,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 2006.

Cuando los delincuentes entierran a las víctimas en propiedades privadas, se benefician de barreras legales que impiden a las autoridades llegar hasta donde están los cadáveres.

“Puedes sentir el miedo”

Los grupos de búsqueda en Guadalajara ya no pueden valerse solo de las palas; ahora necesitan excavadoras y taladros para perforar el hormigón.

Una cinta de "prohibido el paso" en una calle de Guadalajara

BBC
Los habitantes de los alrededores de Guadalajara no reportan los crímenes por temor a las represalias.

El silencio de los vecinos alimenta la impunidad. Aunque algunos llegan a escuchar gritos o perciben un olor a carne en descomposición, pocos se atreven a llamar a la policía.

“Nadie reporta lo que sabe”, dijo un habitante de La Estancia que por seguridad pidió no ser identificado.

Puedes sentir el miedo… es palpable”, dice.

Desde que el gobierno de México desplegó tropas para luchar contra los carteles de la droga en 2006, se han descubierto fosas comunes con una frecuencia asombrosa.

Un estudio dirigido por los periodistas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati encontró que al menos 1,978 fosas clandestinas fueron halladas entre 2006 y 2016.

Las autoridades han hecho poco por encontrar esas tumbas.

Campo exterminio Tamaulipas

Mónica González/Pie de Página
Organizaciones civiles han creado grupos para la búsqueda e identificación de víctimas de fosas clandestinas.

En cambio, los políticos han retratado rutinariamente a los desaparecidos como criminales, a pesar de la abrumadora evidencia de que hay muchos civiles inocentes entre ellos.

Cavando por los muertos

En todo México, muchos padres desesperados han emprendido la tarea de buscar los restos de sus hijos desaparecidos. Estas investigaciones informales han llevado a descubrimientos impactantes.

En 2016, una llamada anónima condujo a un colectivo a una zona boscosa en el estado de Veracruz, en el este de México. Allí fueron desenterrados al menos 298 cuerpos y miles de fragmentos óseos.

Pero los obstáculos para encontrar personas desaparecidas en Guadalajara se han multiplicado en los últimos años, según cuenta Guadalupe Aguilar, miembro fundador de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco.

Guadalupe Aguilar sostiene una foto de su hijo José Luis

BBC
Guadalupe Aguilar ha pasado 8 años buscando a su hijo desaparecido, José Luis,

Ella ha estado buscando a su hijo, José Luis Arana, desde que desapareció en las afueras de Guadalajara en 2011.

“En otras regiones, los delincuentes están más cerca de zonas rurales”, indica Aguilar.

Explica que como en la ciudad es mucho más riesgoso transportar un cadáver, los criminales utilizan casas para esconder los cuerpos de sus víctimas.

“Siempre es más difícil buscar en una propiedad privada, porque se necesita una orden judicial para ingresar”, dice.

Una ciudad en guerra

Un funcionario de la policía que habló con la BBC bajo condición de anonimato dice que dos organizaciones criminales están detrás de las fosas clandestinas en las casas de los alrededores de Guadalajara.

El primero es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que el gobierno considera la organización criminal más violenta del país en la actualidad.

El segundo es Cartel Nueva Plaza, un grupo rival que se separó del CJNG en 2017, una ruptura que ha provocado la violencia en toda la ciudad.

Una puerta con una cadena

BBC
Las autoridades deben obtener órdenes judiciales para inspeccionar viviendas privadas, lo que beneficia a los criminales.

“Estos grupos rentan (casas) a propietarios que no tienen idea de para qué se utiliza su propiedad“, dijo el funcionario.

“También hemos documentado casos en los que simplemente las invaden. Encuentran propiedades deshabitadas y las convierten en casas de tortura o sitios de entierro”, afirma.

Esta estrategia no se había visto en esta escala en México desde 2011, después de una serie de asesinatos masivos en el estado de Durango, ubicado en el norte del país.

Pero el funcionario de la policía advirtió que la táctica del entierro podría extenderse pronto a otras ciudades, ya que los delincuentes de Jalisco, particularmente los del CJNG, están ampliando su control en todo el país.

Las áreas pobres y poco pobladas son particularmente vulnerables a las invasiones de carteles.

Desaparecidos en México

AFP
Las familias de los desaparecidos encabezan las búsquedas en México.

El problema es tan grave en Chulavista, una zona de viviendas en las afueras de Guadalajara, que los lugareños tapan las puertas de las casas abandonadas para evitar que los delincuentes las tomen.

“Nadie está buscando”

La crisis de seguridad de Jalisco fue noticia internacional en septiembre del año pasado, cuando las autoridades dejaron en una calle un tráiler refrigerado con 273 cuerpos de personas no identificadas en los suburbios de Guadalajara.

El gobierno del estado había alquilado el contenedor después de un aumento de la violencia que saturó las instalaciones forenses.

Los políticos atribuyeron el escándalo al mal manejo del entonces jefe de los forenses de Jalisco, Octavio Cotero. Pero Cotero acusó al estado de ignorar sus alertas de destinar fondos para el manejo de cadáveres.

También reveló que había un segundo tráiler que contenía más cuerpos no identificados.

En 2018, hubo cambio de gobernantes tanto en el estado de Jalisco como en el gobierno federal. Pero Cotero dice que estos nuevos liderazgos tampoco están solucionando la crisis de los desaparecidos.

Octavio Cotero junto a una foto de su hija

BBC
Octavio Cotero también busca a su hija desaparecida en 2018.

Según Cotero, el número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas en viviendas de los alrededores de Guadalajara excede la capacidad oficial para identificarlos.

“Necesitamos invertir en capacitación (forense)”, argumenta.

Para el exfuncionario, la crisis de seguridad de México también es una tragedia personal.

En julio del año pasado, su hija, Indira Cotero, desapareció sin dejar rastro.

La policía anunció que estaban buscando identificar un domicilio en Guadalajara como parte de la investigación, pero Cotero asegura que no se ha hecho nada desde entonces.

“Lo peor es no saber dónde está. Y el hecho de que nadie está buscando“, se lamenta.


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