Un migrante hondureño murió baleado la noche del 31 de julio en Saltillo, Coahuila. Se llamaba Marcos, tenía 29 años y se encontraba con su hija de ocho años, que le vio caer malherido. Ambos querían llegar a Estados Unidos y formaban parte de un grupo de unas 20 personas acababa de abandonar la Casa del Migrante, con la intención de tomar el tren y seguir su camino hacia el norte. La siguiente parada era Piedras Negras.
Sus planes fueron interrumpido a tiros.
Ahora hay que determinar quién apretó el gatillo, y por qué se iniciaron los disparos.
Las versiones de los testigos y de las autoridades son incompatibles. Solo hay una certeza: en el suceso se vieron involucrados agentes de investigación criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Los migrantes les señalan a ellos como autores únicos de las detonaciones. La Fiscalía dice que hubo una persecución a presuntos narcomenudistas que no han sido detenidos, y que ahí se dieron los disparos.
El resultado: un migrante muerto y una niña que se ha quedado sin su padre, y un caso con muchas interrogantes.
El homicidio llega después de varias semanas en las que organizaciones de Derechos Humanos denunciaron el hostigamiento al que Ejército y policía estatal sometieron a la Casa de Migrante.
Desde que se conoció el suceso, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal reiteraron que no tenían nada qué ver. A mediodía emitieron un comunicado junto a la secretaría de Relaciones Exteriores y la de Seguridad, desligándose por completo del operativo.
Así que la situación queda del lado del Estado de Coahuila, que es donde debe investigarse la muerte.
Los testigos hablan a través de su abogado
“Llegaron unas camionetas, gente con pasamontañas, con rodilleras, coderas, chalecos, todos de negro con casco. Al verlos tratan de correr porque piensan que es una redada de migración, ya que últimamente se registraron muchas. Escucharon balazos y vieron caer a su compañero”.
Esta es la versión que ofrece Javier Martínez, abogado y coordinador del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo. Él asistió en sus declaraciones a ocho sobrevivientes, que presentaron denuncia ante la FGE por un delito de homicidio.
Según estos testimonios, la reconstrucción de los hechos que derivaron en el asesinato del migrante hondureño es la siguiente: el grupo sale de Casa del Migrante en dirección a las vías del tren, en una zona ubicada junto a la colonia 5 de mayo. El trayecto es de aproximadamente kilómetro y medio. En el tránsito, los migrantes, hondureños y salvadoreños, se sienten intranquilos hasta el punto en el que uno de ellos resguarda a su hijo en una abarrotería cercana.
Una vez en el arroyo, en la zona cercana a la vía del tren, llega la tragedia. Policías encapuchados, una persecución y los disparos que acaban con la vida del hombre.
Del grupo de 20, algunos siguieron su camino hacia el norte y otros once regresaron al albergue. De ellos, seis son menores de edad. Una es la hija de la víctima.
Ocho de ellos interpusieron la denuncia y podrían optar a una tarjeta de visitante por motivos humanitarios, por haber sido testigos de un crimen. Solicitarla o no es su decisión. Ahora están intranquilos. Quieren pasar desapercibidos del foco mediático.
La FGE cambia de relato
La versión de la FGE es completamente distinta. Desde el primer momento reconoce que son sus agentes los que están involucrados. Pero su relato se modifica con el paso del tiempo.
En la madrugada del 1 de agosto emite una primera comunicación.
“La noche del 31 de julio, a la altura de las vías del ferrocarril, cuatro personas de sexo masculino agreden verbalmente a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas un arma de fuego y realiza disparos, mientras que las otras personas huyeron en forma pedestre, los oficiales repelen la agresión con sus armas de cargo por lo que el agresor cae abatido”, dice la tarjeta informativa.
Esa primera nota señala al migrante de portar un arma. Pero la explicación cae horas después.
El jueves 1 de agosto, pasadas las 16.30 horas, comparece el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara.
Su relato es el siguiente: dos unidades de investigación criminal de la PGE identifican a cuatro sospechosos de vender drogas. Los tenían en la mira desde hace una semana, cuando se produjeron otros dos arrestos, y los vinculan incluso con un homicidio. Se dirigen a ellos, pero se produce una confrontación. Los cuatro delincuentes se separan. Dos corren hacia el arroyo, hacia la zona cercana al ferrocarril, donde se encuentra el grupo de migrantes. Se producen disparos, tanto por parte de los presuntos criminales como de los agentes. Hasta que los policías se encuentran con el hondureño malherido y piden una ambulancia.
Según esta versión, en la zona se asegura un arma escuadra, aunque no se ofrece el calibre para no perjudicar la investigación.
Los seis policías involucrados están concentrados en la dirección general. No están detenidos, pero serán investigados. Lo primero es cotejar de quién era el arma que mató a Marcos. El fiscal general pidió tiempo hasta que se judicialice la causa para determinar si hubo excesos o de quién es la culpa.
En términos optimistas se expresó Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. “De acuerdo al camino que se está trazando, veo posible que haya voluntad para poder judicializar en un término breve”, dijo.
Este viernes podría haber datos sobre autopsia y balística
Según Márquez Guevara este viernes podrían conocerse datos relevantes sobre las pruebas de balística y la necropsia. Es decir, los estudios que deberían determinar de quién era la bala que mató al hondureño. Porque las versiones de los testigos y de los vecinos recogidas por la prensa local hablan de que solo los policías dispararon. Únicamente la FGE, a la que están adscritos los agentes señalados, menciona una supuesta persecución y tiroteo.
A pesar de ello, el fiscal general insiste en que “no habrá impunidad”. Rechaza que su institución tenga intención de proteger a los agentes.
Sin embargo, Javier Martínez no se fía. Por eso indica que podrían pedir que sea la Fiscalía General de la República la que se haga cargo de la investigación.
Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos, pone en valor la presencia de su institución, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), y de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México como garantía de transparencia.
Por el momento, diversas instancias gubernamentales han entrevistado a los sobrevivientes. Martínez cree que como el caso se ha convertido en algo mediático, las instituciones se ven obligadas a moverse. Pero el foco se marchará y el abogado teme que la muerte de Marcos termine impune.
El homicidio generó un amplio rechazo entre diversos sectores que apoyan a los migrantes.
El obispo Raúl Vera López calificó de “asesinos” a los policías que, presuntamente, apretaron el gatillo. “Esta sociedad se está pudriendo. ¿Cómo es posible que tengamos autoridades para asesinar a gente inocente? Tienen que ir a la cárcel. Que el fiscal, con todos sus esbirros vayan a la cárcel. Deben de ir a la cárcel porque son asesinos”, dijo el religioso, durante una misa oficiada el jueves.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicana como centroamericana, emitieron un comunicado en el que exigían una investigación que esclarezca los hechos, un castigo a los culpables y una revisión de la política migratoria.
“Vamos a transparentar todo. No vamos a cubrir nada. Queremos aclarar la situación”, dijo Márquez Guevara. Eso es lo que piden las organizaciones de la sociedad civil, que no separan el homicidio de un contexto de incremento de la presión sobre los migrantes.
