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Cuartoscuro

El asesinato de Marcos: versiones sobre la muerte del migrante hondureño en Saltillo

Ocho migrantes que acompañaban a la víctima han presentado denuncia por homicidio. La Fiscalía de Coahuila dice que investiga a sus agentes, señalados de matar al hondureño, y que alegan una supuesta persecución a narcomenudistas
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Un migrante hondureño murió baleado la noche del 31 de julio en Saltillo, Coahuila. Se llamaba Marcos, tenía 29 años y se encontraba con su hija de ocho años, que le vio caer malherido. Ambos querían llegar a Estados Unidos y formaban parte de un grupo de unas 20 personas acababa de abandonar la Casa del Migrante, con la intención de tomar el tren y seguir su camino hacia el norte. La siguiente parada era Piedras Negras.

Sus planes fueron interrumpido a tiros.

Ahora hay que determinar quién apretó el gatillo, y por qué se iniciaron los disparos.

Las versiones de los testigos y de las autoridades son incompatibles. Solo hay una certeza: en el suceso se vieron involucrados agentes de investigación criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Los migrantes les señalan a ellos como autores únicos de las detonaciones. La Fiscalía dice que hubo una persecución a presuntos narcomenudistas que no han sido detenidos, y que ahí se dieron los disparos.

El resultado: un migrante muerto y una niña que se ha quedado sin su padre, y un caso con muchas interrogantes.

El homicidio llega después de varias semanas en las que organizaciones de Derechos Humanos denunciaron el hostigamiento al que Ejército y policía estatal sometieron a la Casa de Migrante.

Entérate: Tras la amenaza de Trump, las detenciones de migrantes en México rompen récord

Desde que se conoció el suceso, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal reiteraron que no tenían nada qué ver. A mediodía emitieron un comunicado junto a la secretaría de Relaciones Exteriores y la de Seguridad, desligándose por completo del operativo.

Así que la situación queda del lado del Estado de Coahuila, que es donde debe investigarse la muerte.

Los testigos hablan a través de su abogado

“Llegaron unas camionetas, gente con pasamontañas, con rodilleras, coderas, chalecos, todos de negro con casco. Al verlos tratan de correr porque piensan que es una redada de migración, ya que últimamente se registraron muchas. Escucharon balazos y vieron caer a su compañero”.

Esta es la versión que ofrece Javier Martínez, abogado y coordinador del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo. Él asistió en sus declaraciones a ocho sobrevivientes, que presentaron denuncia ante la FGE por un delito de homicidio.

Según estos testimonios, la reconstrucción de los hechos que derivaron en el asesinato del migrante hondureño es la siguiente: el grupo sale de Casa del Migrante en dirección a las vías del tren, en una zona ubicada junto a la colonia 5 de mayo. El trayecto es de aproximadamente kilómetro y medio. En el tránsito, los migrantes, hondureños y salvadoreños, se sienten intranquilos hasta el punto en el que uno de ellos resguarda a su hijo en una abarrotería cercana.

Una vez en el arroyo, en la zona cercana a la vía del tren, llega la tragedia. Policías encapuchados, una persecución y los disparos que acaban con la vida del hombre.

Del grupo de 20, algunos siguieron su camino hacia el norte y otros once regresaron al albergue. De ellos, seis son menores de edad. Una es la hija de la víctima.

Ocho de ellos interpusieron la denuncia y podrían optar a una tarjeta de visitante por motivos humanitarios, por haber sido testigos de un crimen. Solicitarla o no es su decisión. Ahora están intranquilos. Quieren pasar desapercibidos del foco mediático.

La FGE cambia de relato

La versión de la FGE es completamente distinta. Desde el primer momento reconoce que son sus agentes los que están involucrados. Pero su relato se modifica con el paso del tiempo.

En la madrugada del 1 de agosto emite una primera comunicación.

“La noche del 31 de julio, a la altura de las vías del ferrocarril, cuatro personas de sexo masculino agreden verbalmente a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas un arma de fuego y realiza disparos, mientras que las otras personas huyeron en forma pedestre, los oficiales repelen la agresión con sus armas de cargo por lo que el agresor cae abatido”, dice la tarjeta informativa.

Esa primera nota señala al migrante de portar un arma. Pero la explicación cae horas después.

El jueves 1 de agosto, pasadas las 16.30 horas, comparece el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara.

Su relato es el siguiente: dos unidades de investigación criminal de la PGE identifican a cuatro sospechosos de vender drogas. Los tenían en la mira desde hace una semana, cuando se produjeron otros dos arrestos, y los vinculan incluso con un homicidio. Se dirigen a ellos, pero se produce una confrontación. Los cuatro delincuentes se separan. Dos corren hacia el arroyo, hacia la zona cercana al ferrocarril, donde se encuentra el grupo de migrantes. Se producen disparos, tanto por parte de los presuntos criminales como de los agentes. Hasta que los policías se encuentran con el hondureño malherido y piden una ambulancia.

Según esta versión, en la zona se asegura un arma escuadra, aunque no se ofrece el calibre para no perjudicar la investigación.

Los seis policías involucrados están concentrados en la dirección general. No están detenidos, pero serán investigados. Lo primero es cotejar de quién era el arma que mató a Marcos. El fiscal general pidió tiempo hasta que se judicialice la causa para determinar si hubo excesos o de quién es la culpa.

En términos optimistas se expresó Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos. “De acuerdo al camino que se está trazando, veo posible que haya voluntad para poder judicializar en un término breve”, dijo.

Este viernes podría haber datos sobre autopsia y balística

Según Márquez Guevara este viernes podrían conocerse datos relevantes sobre las pruebas de balística y la necropsia. Es decir, los estudios que deberían determinar de quién era la bala que mató al hondureño. Porque las versiones de los testigos y de los vecinos recogidas por la prensa local hablan de que solo los policías dispararon. Únicamente la FGE, a la que están adscritos los agentes señalados, menciona una supuesta persecución y tiroteo.

A pesar de ello, el fiscal general insiste en que “no habrá impunidad”. Rechaza que su institución tenga intención de proteger a los agentes.

Sin embargo, Javier Martínez no se fía. Por eso indica que podrían pedir que sea la Fiscalía General de la República la que se haga cargo de la investigación.

Hugo Morales, presidente de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos, pone en valor la presencia de su institución, de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), y de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México como garantía de transparencia.

Por el momento, diversas instancias gubernamentales han entrevistado a los sobrevivientes. Martínez cree que como el caso se ha convertido en algo mediático, las instituciones se ven obligadas a moverse. Pero el foco se marchará y el abogado teme que la muerte de Marcos termine impune.

El homicidio generó un amplio rechazo entre diversos sectores que apoyan a los migrantes.

El obispo Raúl Vera López calificó de “asesinos” a los policías que, presuntamente, apretaron el gatillo. “Esta sociedad se está pudriendo. ¿Cómo es posible que tengamos autoridades para asesinar a gente inocente? Tienen que ir a la cárcel. Que el fiscal, con todos sus esbirros vayan a la cárcel. Deben de ir a la cárcel porque son asesinos”, dijo el religioso, durante una misa oficiada el jueves.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicana como centroamericana, emitieron un comunicado en el que exigían una investigación que esclarezca los hechos, un castigo a los culpables y una revisión de la política migratoria.

“Vamos a transparentar todo. No vamos a cubrir nada. Queremos aclarar la situación”, dijo Márquez Guevara. Eso es lo que piden las organizaciones de la sociedad civil, que no separan el homicidio de un contexto de incremento de la presión sobre los migrantes.

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Islas Marshall, donde los niveles de radiación son más altos que en Chernóbil y Fukushima

Estados Unidos condujo en el país insular más de 60 detonaciones de armas nucleares, una de ellas 1.000 veces más potente que la de bomba de Hiroshima.
20 de julio, 2019
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“El cielo se volvió rojo como la sangre”. Tony de Brum tenía 9 años en 1954 cuando pescaba con su abuelo en las Islas Marshall, un archipiélago de más de mil islas en el Pacífico, a medio camino entre Hawái y Australia.

A unos 200km de donde estaba su bote, Estados Unidos hizo explotar una bomba de hidrógeno 1.000 veces más potente que la de Hiroshima.

“Varias islas se vaporizaron. Muchas personas murieron, sufrieron defectos de nacimiento y batallan el cáncer como resultado de la contaminación”, afirmó De Brum en un testimonio en 2016.

La explosión a que se refería De Brum tuvo lugar en el atolón Bikini y es conocida como Castle Bravo. Fue la mayor de las 67 explosiones realizadas por Estados Unidos en las Islas Marshall entre 1946 y 1958 para medir el poder de las armas nucleares.

Explosión nuclear en las Islas Marshall

Getty Images
La detonación de Castle Bravo, el 1 de marzo de 1954, fue 1.000 veces más potente que la de la bomba de Hiroshima.

Seis décadas después de las detonaciones, su legado tóxico sigue presente en el archipiélago de cerca de 70.000 habitantes.

Tres nuevos estudios de la Universidad de Columbia en Estados Unidos constataron que los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall siguen siendo más altos que en Chernóbil y Fukushima.

La radiación en algunos sitios de las Islas Marshall es tan alta, que de acuerdo a la Universidad de Columbia, que será imposible durante mucho tiempo el regreso de los pobladores locales a sus hogares ancestrales.

Suelo radioactivo

Las Islas Marshall fueron ocupadas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y pasaron en 1944 a estar bajo control administrativo de Estados Unidos durante más de 40 años. El archipiélago es actualmente una nación independiente con la categoría de estado asociado de Estados Unidos.

De todos los test nucleares realizados en las islas Marshall, 23 fueron realizados en el atolón Bikini y 44 cerca del atolón Enewetak, pero partículas radiactivas se esparcieron en todo el archipiélago.

Atolón Bikini

Getty Images
Los niveles de radiación en los sitios analizados en el atolón Bikini superan ampliamente los límites que habían sido acordados entre los gobiernos de Estados Unidos y de las Islas Marshall, de acuerdo al estudio.
Explosión nuclear en las Islas Marshall en 1954

Getty Images
Un testigo de la explosión de Castle Bravo señaló que “el cielo se volvió rojo como la sangre”.

Los tres nuevos estudios fueron realizados por un equipo liderado por Emlyn Hughes, Malvin Ruderman e Ivana Nikolic, del Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia.

El primer estudio midió la radiación gama en muestras de suelo tomadas de cuatro atolones entre 2017 and 2018: Bikini, Enewetak, Rongelap, y Utirik.

Los niveles superan ampliamente los límites que habían sido acordados entre los gobiernos de Estados Unidos y de las Islas Marshall, según el estudio.

En Bikini, los niveles llegaban a 648 millirems por año y en Naen a 460 millirems por año. El acuerdo entre ambos gobiernos estipula un nivel seguro de exposición de 100 millirems por año, de acuerdo a los investigadores.

Traslado de la población del atolón Bikini

Getty Images
La población del atolón Bikini fue trasladadas a otros sitios en las Islas Marshall antes de las detonaciones.

Estos niveles son “significativamente más altos que los hallados en áreas afectadas por los accidentes nucleares en Chernóbil y Fukushima”. (El reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, explotó en 1986, y la central de Fukushima fue destruida tras el terremoto y tsunami que devastó esa zona de Japón en 2011).

Antes de las pruebas nucleares se trasladó forzadamente a los habitantes de Bikini a otras islas en el archipiélago.

El estudio señala que “los niveles de radiación en el atolón de Bikini, que era la principal sede para los pobladores antes de las pruebas, son demasiado altos para que pueda volver a ser habitado“.

Sedimentos oceánicos y frutas

El segundo estudio de la Universidad de Columbia analizó la radiación en el cráter de Castle Bravo, donde la explosión de 15 megatones fue tan potente que vaporizó el suelo y formó un cráter de 15 km de ancho y 75 metros de profundidad.

Trazas de partículas radioactivas fueron detectadas en India, Europa y Estados Unidos.

El material radioactivo producto de Castle Bravo se depositó en los sedimentos oceánicos, donde seis décadas después los niveles de radiación son “varios órdenes de magnitud” por encima de lo normal.

Domo de cemento de un cráter con restos radiactivos

Getty Images
Soldados estadounidenses colocaron restos radiactivos en un cráter que fue sellado con cemento en 1980.

Las pruebas de armas nucleares causaron un cambio dramático en la composición de los sedimentos. “Pruebas adicionales para determinar el impacto en la vida en las lagunas del cráter, especialmente a mayores profundidades, serían muy valiosas”, de acuerdo a los investigadores.

El tercer estudio analizó frutos, especialmente cocos y una fruta local llamada pandano.

En 11 islas las frutas tienen niveles de radiación que exceden tanto los niveles en Chernobil y Fukushima como los límites establecidos por organizaciones internacionales como Médicos Internacionales por la Prevención de una Guerra Nulear, IPPNW por sus siglas en inglés.

Cáncer y defectos de nacimiento

Entre 1977 y 1980 Estados Unidos llevó soldados a las Islas Marshall para limpiar sitios contaminados. Los soldados colocaron suelo contaminado y materiales en un cráter dejado por una de las explosiones, que fue sellado con cemento.

El sitio de este domo es conocido localmente como “La Tumba”.

Doctor examinando un bebé mientras la madre observa

Getty Images
El gobierno estadounidense envió médicos a realizar exámenes en la población local expueta a la radiación. (Foto gentileza del Departamento de Energía de Estados Unidos).

La Comisión Nuclear Nacional de las Islas Marshall, un comité creado con un mandato oficial para obtener justicia para las víctimas de las explosiones, asegura que Washington debe hacer mucho más por los habitantes locales.

Un estudio de la Sociedad Estadounidense del Cáncer de 1998 estableció que los niveles de cáncer en las Islas Marshall eran alarmantes, y atribuyó a la radiación particularmente los casos de leucemia, cáncer de tiroides y de mama”, afirmó la comisión en un comunicado a BBC Mundo.

“Las Islas Marshall tienen el mayor índice en el mundo de cáncer cervical, aunque se reconoce que son necesarios más estudios para determinar las causas y el papel de la radiación en este tipo de cáncer”.

Además de casos de cáncer, “hay enfermedades relacionadas con la radiación que son probablemente intergeneracionales, y la investigación sobre esto continúa”.

Ivana Nikolic, directora del Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia, señaló a BBC Mundo que luego de las detonaciones “hubo índices elevados de cáncer en personas expuestas a la radiación durante las pruebas, especialmente de tiroides y otros tipos. También hubo un alto índice de abortos espontáneos, y de defectos de nacimiento”.

Falta de fondos

El gobierno de Estados Unidos estableció fondos para reubicar a los habitantes de los atolones de Bikini, Rongelap y Enewetak, aunque Bikini y Rongelap permanecen deshabitados por los altos niveles de contaminación.

Un acuerdo entre Estados Unidos y las Islas Marshall estableció un tribunal de arbitraje, el Tribunal Nuclear de Reclamos (Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal), para decidir las demandas de indemnización en relación a las detonaciones.

Explosión nuclear en las Islas Marshall

Getty Images
Las Islas Marshall pidieron al Congreso de Estados Unidos fondos adicionales para compensar a la víctimas y para operaciones de limpieza.
La presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, junto a miembros del Comisión Nuclear Nacional

Gentileza Comisión Nuclear Nacional
La presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine (sentada), junto a miembros del Comisión Nuclear Nacional, revisa la lista de reclamos de víctimas que aún no recibieron pagos.

Si bien el tribunal adjudicó compensaciones, muchas no han sido pagadas porque se agotaron sus fondos aportados por Estados Unidos.

Las Islas Marshall pidieron al Congreso de Estados Unidos fondos adicionales sobre la base de “cambios de circunstancias”, pero el gobierno respondió a la petición de 2005 rechazando la existencia de circunstancias nuevas que ameriten financiación adicional.

Las Islas Marshall siguen exigiendo fondos para compensaciones y nuevas operaciones de limpieza.

“El gobierno de Estados Unidos debe aceptar que no ha cumplido sus obligaciones de restaurar la salud de los habitantes de las Islas Marshall y de nuestro medio ambiente. Los pagos permitirían que la gente pueda tratar enfermedades causadas por la radiación”, afirmó a BBC Mundo la Comisión Nuclear Nacional.

“Raspar el suelo”

Las Islas Marshall no solo lidia con las consecuencias de las explosiones nucleares de Estados Unidos.

“También enfrentamos la amenaza del cambio climático y el aumento en el nivel del mar que tiene consecuencias drásticas para las comunidades de atolones bajos, que también batallan la erosión costera y sequías extremas por el calentamiento global”, afirmó la Comisión Nuclear Nacional.

Niños en las Islas Marshall

Getty Images
Los pobladores de las Islas Marshall enfrentan el doble desafío del legado de las explosiones nucleares y del cambio climático.

La Universidad de Columbia señaló en sus estudios: “Basados en nuestros resultados, concluimos que para permitir la reubicación segura en los atolones de Bikini y Rongelap parece necesario realizar acciones para remediar la situación ambiental, para evitar la potencial exposición dañina a la radiación”.

“Esas acciones para remediar pueden tener muchas formas”, explicó Nikolic a BBC Mundo.

Se puede por ejemplo raspar la capa superior del suelo para retirar isótopos radioactivos y aplicar fertilizantes con potasio para evitar que las plantas absorban cesio137“, señaló la investigadora de la Universidad de Columbia.

“Personalmente, yo tengo esperanza de que será posible limpiar las islas afectadas en los atolones de Bikini y Rongelap. Japón ha hecho un trabajo extraordinario limpiando áreas contaminadas en torno a Fukushima”.


https://www.facebook.com/BBCnewsMundo/posts/10157613595709665


https://www.youtube.com/watch?v=WHVHsbI4oYs&t=

https://www.youtube.com/watch?v=d4L-tZXPhxY

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI&t=


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