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El gobierno envía a la frontera con Guatemala a solicitantes de asilo devueltos por EU

La Agencia de la ONU para los Refugiados muestra su preocupación por las condiciones del traslado, y dice que algunos ni siquiera sabían dónde habían sido conducidos.
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El gobierno ya no quiere que se queden en la frontera norte los migrantes que solicitan asilo a Estados Unidos, y que este país devuelve a México. Ahora, los traslada a la frontera con Guatemala para que esperen la respuesta del gobierno estadounidense, a 2 mil 200 kilómetros de distancia.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, este plan de enviar a los migrantes al sur ya se implementa en las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, consideradas de alto riesgo por los altos índices de violencia y la presencia del crimen organizado.

“Esta oferta de transportación tiene como objeto ofrecer una alternativa más segura para aquellas personas que no desean permanecer en la frontera de México con Estados Unidos, así como desahogar la presión que sufren los albergues ubicados en las localidades de frontera”, según la versión oficial.

Estos son los migrantes que son devueltos a México como parte del programa “Remain in Mexico”, la iniciativa de Donald Trump para que los refugiados esperen fuera de su territorio a que un juez decida sobre su caso. Y su destino es Tapachula, Chiapas, porque ahí “hay mejores instalaciones y albergues”.

Sin embargo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) contradice esta versión. “El Acnur tuvo conocimiento de estos traslados y pudo comprobar que las personas que fueron trasladadas estaban confundidas y algunas no tenían claro que habían llegado a la frontera”, confirma Silvia Garduño, oficial de Información Pública de la institución.

El miércoles llegaron a Chiapas al menos cinco autobuses. No se detuvieron hasta alcanzar la entrada del puente internacional Rodolfo Robles, en Ciudad Hidalgo, el último municipio antes de llegar a Guatemala.

De la llegada de los camionetas fue testigo Adam Isaacson, integrante de Washington Office in Latin America (Wola), una ONG estadounidense. Junto a él se encontraban funcionarios de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según relata Isaacson, tres de los autobuses se estacionaron frente a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula. Después de que los pilotos hablasen con personal del centro de detención retomaron la ruta hasta Ciudad Hidalgo, a 37 kilómetros, el último municipio mexicano antes de cruzar el río Suchiate y entrar en Guatemala. Allí se encontraban los otros dos autobuses.

Todos los trasladados en estos vehículos fueron previamente devueltos por Estados Unidos. Todos tienen una cita con un juez para solicitar refugio. Todos fueron conducidos a Chiapas, el estado más pobre de México, el más alejado la frontera norte.

De acuerdo con el relato de Isaacson, algunos regresaron a Guatemala, con el objetivo de esperar la cita en sus países de origen o, simplemente, desistir. Otros quedaron en Ciudad Hidalgo. Si quieren pelear por su caso, deberán desandar más de 2,200 kilómetros. Lo tendrán que hacer “con sus propios recursos”, según estas fuentes de la SRE. El transporte gratuito solo tiene dirección hacia el sur, no hacia el norte.

Esta misma fuente aseguró que los migrantes fueron informados en todo momento de cuál es su destino, y que podían bajar del autobús en cualquier momento.

Christofer Gascón, representante de la OIM en México, insiste en establecer diferencias entre este procedimiento y los programas de su institución. Dice que ellos tienen planes de “retorno asistido” desde lugares como Ciudad Juárez, en Chihuahua, y desde Tijuana, en Baja California. Afirma que existe un protocolo para asegurarse de que los migrantes desean realmente regresar a su país, que conocen el procedimiento y las opciones que tienen en México y que no corren riesgo en su retorno.

La nota de la SRE no hace mención a protocolo alguno para determinar los peligros que pueden enfrentan los solicitantes de refugio en sus países. “El gobierno de México no puede retener a ningún solicitante de asilo contra su voluntad”, dice la nota.

Los autobuses a Chiapas comenzaron en agosto. Pero fuentes de la SRE aseguran que los traslados desde Tamaulipas se iniciaron cuando Estados Unidos comenzó su política de devoluciones. La diferencia es que antes los migrantes eran enviados a Monterrey, en Nuevo León, a 224 kilómetros de la frontera. Fotografías tomadas el 31 de agosto en la estación de Monterrey muestran camionetas con el logo del INM dejando a los migrantes. Ahora, la SRE dice que es “el Gobierno de México” el que desarrolla el plan.

No hay cifras oficiales sobre cuántos fueron trasladados. Los vehículos no llevan ningún distintivo oficial, y en su interior no hay funcionarios adscritos a ningún departamento del gobierno mexicano.

Animal Político preguntó al INM sobre su participación en estos traslados, pero no obtuvo respuesta.

Julio López, sacerdote y responsable de la Casa del Migrante Nazareth, en Nuevo Laredo, fue una de las primeras voces que se alzó contra esta práctica. Asegura que desde inicios de agosto interpuso una queja en la ofician de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) en Reynosa. Todavía no hay resolución.

Según explica el religioso, los albergues de Nuevo Laredo están colapsados solo con las personas que esperan su proceso legal para pedir asilo. Se trata de aquellos solicitantes que aguardan un turno para entrar por la frontera, pero que terminan sufriendo el mismo destino que aquellos que cruzan el río y alcanzan ilegalmente territorio norteamericano para, una vez detenidos, pedir refugio.

El procedimiento, tanto para quienes fueron expulsados a Monterrey como para los desplazados a Chiapas, es el siguiente: los migrantes son devueltos de Estados Unidos. Todos ellos son conducidos a las instalaciones del INM junto al puente 1, en la frontera. Allí se les entrega una Forma Migratoria Múltiple, de 180 días de duración. Allí se ven obligados a esperar. Se trata de un recinto cerrado pero que no tiene condiciones como albergue. Reciben una comida al día.

No tienen más opciones: tomar el autobús, para el que esperan entre uno o dos días, o aventarse a Nuevo Laredo, un municipio que no conocen y con problemas de inseguridad.

Francisco Oswaldo Barrera, salvadoreño de 28 años, es uno de los afectados. El 3 de agosto, justo cuando comenzaron los autobuses hacia Chiapas, mostraba su intranquilidad mientras aguardaba ser trasladado. Relataba haber cruzado por Miguel Alemán, en Tamaulipas, junto a su hijo de siete años. Pasó varios días en la “hielera”, las celdas de la Patrulla Fronteriza. Incluso relató que un día iban a entregarlo a México, pero lo rechazaron porque no había espacio. Cuando regresó al centro de detención vio cómo otros solicitantes de asilo, que iban con menores como él, fueron puestos en libertad en territorio norteamericano.

Maldice su mala suerte. Ojalá hubiese sido uno de ellos, se repite.

Dice Barrera que tiene su cita con un juez el 29 de octubre. ¿Qué hacer hasta entonces?

“No sé dónde estar. Para Monterrey hay albergues, pero están llenos. Lo que quieren es sacarnos de aquí”, dice. “Mi idea es esperar, pero ¿dónde? Quiero que me den una opción”, se quejaba.

Barrera tomó uno de estos autobuses. Quizás haya regresado a El Salvador. Puede que esté en Ciudad Hidalgo, donde algunos migrantes durmieron en la plaza o fueron apoyados por pobladores. Puede que intentase retomar el camino al norte.

El gobierno de México reivindica su plan, argumentando que pone a salvo a los solicitantes de asilo. No todas las instituciones comparten esta visión.

“El Acnur ha expresado su preocupación a las autoridades sobre la falta de información clara, por ejemplo, para volver a entrar a México y desde ahí a Estados Unidos para asistir a las audiencias programadas más adelante. Es importante que las personas sean informadas de manera clara sobre los traslados y los destinos para evitar que quienes tienen necesidades de protección internacional terminen devolviéndose a sus países de origen a situaciones de riesgo”, dijo Silvia Garduño.

“Parece ser una clara y descarada violación del derecho de solicitar protección en otro país”, dijo Adam Isaacson. “Aún si solo el 10% de ellos tenían casos fuertes de asilo, eso implicaría que decenas de personas ya corren un grave riesgo a sus vidas ya de nuevo en Centroamérica”, añadió.

Para el integrante de Wola, “parece que sacaron a personas vulnerables, atemorizadas, en la parte más peligrosa de la frontera norte, les dieron poca o mala información, les llevaron 2,000 kilómetros solo custodiados por el chófer del bus y las dejaron con opciones poco viables para continuar sus procesos de asilo”.

Con información de Francisco Sandoval y Alberto Carrasco

Fotos de Daniel Méndez, de El Mañana de Nuevo Laredo

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El precio de comprar ropa barata: ¿quién paga realmente la cuenta?

Una investigación de la BBC siguió el recorrido de algunas prendas de vestir para analizar cuáles son los verdaderos costos ambientales y sociales que hay detrás de una oferta de ropa tan barata en los mercado mundiales.
8 de agosto, 2019
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Atrás quedó la época en que la gente se compraba ropa cuando recibía el salario una vez al mes o solamente para ocasiones especiales.

La tendencia actual para muchos es comprarse ropa por internet en cualquier momento o “salir de compras” los fines de semana, dado que algunos precios han llegado a niveles increíblemente bajos.

Los británicos, por ejemplo, compran cinco veces más prendas de las que adquirían en la década de los 80, dice Dharshini David, reportera de economía de la BBC.

“Está lleno de vestidos por US$10 o bikinis a poco más de US$1”, dijo de lo que puede encontrarse en tiendas locales.

La globalización permite que la ropa sea producida a bajo costo en zonas remotas, lo que trae como resultado precios más bajos y mayor variedad.

Pero ¿cómo es posible? ¿Y cuál es el costo ambiental de nuestros hábitos de consumo?

Una investigación de BBC Radio 4 hizo un recorrido desde España a Etiopía para examinar cómo el planeta y las personas con escasos recursos económicos terminan pagando la cuenta de nuestra imparable sed por la moda, y cómo podríamos evitarlo.

¿Cómo lo hacen?

La presión sobre las marcas para llevar las tendencias de moda desde las pasarelas hasta los clientes comunes y, al mismo tiempo, repartir ganancias entre los inversores, puede llevar a una guerra comercial para conseguir la fuente más barata.

Es un fenómeno que los críticos califican como “perseguir la aguja”.

La difícil situación de algunos trabajadores que fabrican nuestra ropa se hizo aún más evidente en 2014, cuando 1.138 trabajadores de la confección perdieron la vida en el colapso del complejo textil Rana Plaza, en Bangladesh.

La presión para mejorar las condiciones laborales de estas personas fue inmensa, y arrojó resultados.

Algunos grandes minoristas, como H&M y Converse, comenzaron a publicar listas de sus proveedores y, a veces, de subcontratistas (que pueden llegar a miles) en respuesta a las peticiones globales de mayor transparencia.

¿Son cosa del pasado las fábricas de explotación?

Pero también hubo consecuencias imprevistas a partir de los últimos cambios. Como los salarios aumentaron en Bangladesh, muchas compañías se fueron a otros lugares para mantener bajos los costos.

En Etiopía, por ejemplo, los salarios son en promedio un tercio de los que se pagan en Bangladesh. Los salarios de menos de US$7 por semana son muy habituales.

Hablando bajo condición de anonimato, los trabajadores de una fábrica cerca de la ciudad de Adís Abeba dijeron que ese salario era insuficiente para vivir.

También dijeron que las condiciones laborales -desde baños insalubres hasta el abuso verbal- son intolerables.

Esta situación fue denunciada por el grupo activista del Consorcio de Derechos de los Trabajadores. Penélope Kyritsis, quien escribió el informe, dice que a muchas trabajadoras no les pagaban las horas extra y que hay casos de empleadores que le tocan la barriga a las mujeres para saber si están embarazadas.

Kyritsis asegura que ha habido muy poco avance desde que salió el informe hace unos meses.

Para hacer frente a la competencia, el gobierno de Etiopía destaca los bajos costos laborales como si se tratara de una virtud.

Trabajadoras en fábrica de Etiopía

Getty Images
Un gran número de mujeres se dedica a fabricar ropa en Adís Abeba, Etiopía.

Pero Kyritsis argumenta que la industria de la confección de ese país no puede usar la excusa de que, al menos, está proporcionando un medio de vida donde nadie más podría hacerlo.

“Hay una rotación extremadamente alta, con empleados que dejan los trabajos en el gobierno por otros empleos en sectores informales o en la agricultura”, apunta.

Orsola de Castro cofundó el grupo activista Fashion Revolution a raíz del desastre de Rana Plaza. Su organización está alentando a los clientes a hacer preguntas sobre sus marcas favoritas a través de una campaña de tarjetas postales.

“Hay dos grandes conceptos erróneos sobre la sostenibilidad y la ética: uno es que la culpa la tiene la moda rápida, y esto permite que el sector del lujo quede libre cuando en realidad es toda la industria de la moda etíope la que debe ser cuestionada”, le dice la BBC.

“Y el otro es que la ropa fabricada localmente es ética y sustentable. No lo es”.

¿Qué pasa con el costo ambiental?

Se afirma que la producción textil contribuye más al cambio climático que la aviación y el transporte marítimo juntos.

Y lo cierto es que hay consecuencias en cada etapa del ciclo de vida de una prenda de vestir: abastecimiento, producción, transporte, venta minorista, uso y eliminación.

Para comenzar con los tejidos básicos que se utilizan en la fabricación de una prenda de vestir, no es tan simple como pensar que el problema es el uso del algodón frente a la tela sintética.

El algodón es un cultivo extraordinariamente necesitado de agua.

Como destacó el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en un informe reciente, la fabricación de una sola camisa y un par de jeans puede requerir hasta 20.000 litros de agua.

Llegó a la conclusión de que “sin saberlo, estamos usando el suministro de agua dulce de Asia Central”.

Fábrica de vaqueros

Getty Images
La industria textil contamina más que la aviación y el transporte.

Sin embargo, una camisa de poliéster hecha de plástico virgen tiene una huella de carbono mucho mayor. El transporte de los productos aumenta aún más esa huella y la coloración de las telas puede introducir más contaminantes.

El desprendimiento de fibras microplásticas en las vías fluviales se está convirtiendo en un problema creciente: una sola carga de la lavadora puede liberar cientos de miles de fibras.

Además, un millón de toneladas de ropa se eliminan cada año en Reino Unido, y el 20% de eso termina en un vertedero.

Pero ¿de quién es la responsabilidad de abordar este problema?

¿Qué están haciendo las autoridades?

En Reino Unido, el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes ha hecho 18 recomendaciones sobre el tema: desde gravar con un centavo el precio de un producto para financiar centros de reciclaje, o reducir la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios de reparación de ropa, hasta dar más lecciones de costura en las escuelas.

Hasta el momento, ninguna de estas medidas ha sido puesta en marcha.

Los críticos dicen que si nos tomamos en serio la moda sostenible, el objetivo de la política debería ser persuadirnos de comprar menos. Eso podría necesitar una acción más drástica, tal vez con un impuesto ambiental sobre la ropa.

Pero dado el frágil estado del retail y la importancia del gasto del consumidor para la economía, es difícil imaginar a un político haciendo esa propuesta.

¿Cuánto está ganando realmente la industria?

A medida que aumenta la presión de los consumidores, algunos minoristas están tratando de hacer frente a este desafío.

Zara

LightRocket / Getty Images
Zara se ha comprometido a usar telas 100% sustentables para el año 2025.

Justo en las afueras de la ciudad costera española de A Coruña se encuentra la sede mundial de Inditex. No es un nombre familiar para todos, pero seguro que su principal marca de moda, Zara, lo es.

Lo que comenzó como un pequeño negocio de fabricación textil, es ahora uno de los minoristas más grandes del planeta. Además, Zara cambió la forma en que compramos, al llevar la moda de la pasarela a la calle en solo tres semanas y a precios asequibles.

La cadena se comprometió recientemente a usar telas 100% sostenibles para el año 2025. Por supuesto, no es solo Inditex: son muchas otras las empresas que buscan mejorar sus procesos de fabricación y la forma en que se abastecen.

¿Una técnica de lavado de imagen? Bueno, algunos grandes minoristas al menos parecen estar involucrados en el tema y tomando medidas. Pero en el corazón de su modelo de negocio está la novedad, la idea de convencernos de seguir comprando.

¿Es responsabilidad de las empresas convencernos de comprar menos?

Pablo Isla, de Zara, argumenta que no, que el minorista simplemente responde a los deseos de los consumidores y que esos clientes deben tener la libertad de elección.

¿Qué pasa con los clientes?

Con las protestas contra el cambio climático que ocurren fuera de sus ventanas, los diseñadores emergentes de la universidad London College of Fashion dicen que ellos se suman a las “huelgas de la moda”, prometiendo no gastar dinero durante varios meses o incluso un año.

Dicha acción está creciendo en popularidad, y hay un enfoque cada vez mayor centrado en comprar mejor ropa y en arreglar las prendas rotas.

Uno de los diseñadores, por ejemplo, está haciendo ropa con la multitud de carpas que se usan en tantos festivales de música.

Livia Firth

Getty Images
Livia Firth creó una consultora para ayudar a las empresas de la moda a volverse más sustentables.

Pero puede que no sea suficiente. A medida que la popularidad de las personas influyentes en las redes sociales se ha disparado, también lo han hecho las preocupaciones sobre el impacto que pueden tener en nuestra actitud hacia las compras.

Uno de cada seis influencers admite no volver a usar una prenda de vestir después de mostrarla una vez en redes sociales.

La activista y ecologista Livia Firth ha estado haciendo apariciones en alfombras rojas junto a su esposo Colin para exhibir telas sostenibles, incluyendo bolsos de cuero de piel de pescado.

Incluso lo persuadió para que usara un esmoquin hecho con botellas recicladas. Ella dice que los influencers necesitan cambiar su enfoque, diciendo que “si Kim Kardashian fuera a promover la moda sostenible, yo podría jubilarme”.

Ella compara nuestra relación con la moda con una adicción. Y dado que se pronostica un aumento de la demanda de ropa equivalente a 500.000 millones de camisetas en la próxima década, ella podría tener razón.

Pero lo cierto es que aún nadie ha encontrado la solución.


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https://www.youtube.com/watch?v=o8u_cuNTP8E

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