No hubo enfrentamiento: militares mataron a 6 civiles que nunca dispararon en Luvianos, Edomex, dice CNDH
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Archivo Cuartoscuro

No hubo enfrentamiento: militares mataron a 6 civiles que nunca dispararon en Luvianos, Edomex, dice CNDH

El 30 de octubre de 2014, seis civiles murieron en un operativo en Luvianos, Estado de México. La CNDH rechaza la versión ofrecida por los militares y dice que las víctimas no dispararon. 
Archivo Cuartoscuro
21 de agosto, 2019
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a militares de la muerte de seis personas, entre ellas dos adolescentes, en un supuesto enfrentamiento ocurrido el 30 de octubre de 2014, en el municipio de Luvianos en el Estado de México.

Así lo determinó el organismo este 18 de agosto al emitir la recomendación 22VG/2019 (de 164 páginas), dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General, así como a la del Estado de México por violaciones graves a los derechos humanos y por fallas de servidores públicos de ambas dependencias en el caso.

Los hechos ocurrieron en un el paraje conocido como cerro El Ocotillo, en el municipio de Luvianos.

Sobre las 19:45 horas, integrantes de la 102 Brigada de Infantería de la Secretaría de la Defensa, aseguraron haber sorprendido a un grupo de entre 10 y 15 personas que se encontraba en un campamento y que comenzó a disparar. En ese supuesto enfrentamiento, para defenderse cayeron abatidas seis personas: dos menores de 14 y 16 años; un hombre de 60, cuyos familiares habían denunciado su desaparición; un hombre de 20 años; una mujer de 30 y otro hombre al que nunca se identificó, pero del que se estima una edad de entre 45 y 50 años. 

De acuerdo con la investigación de CNDH, la Sedena argumentó que al llegar a la parte más alta del cerro, el personal militar “fue agredido por un grupo de entre 10 y 15 personas” que habrían disparado armas de fuego en contra del personal militar.

En su informe, la dependencia dijo que bajo esas circunstancias los elementos castrenses “se vieron obligados” a repeler el ataque, disparando por cerca de un minuto y medio o dos, hacia el grupo de personas que supuestamente los agredieron y que el uso de la fuerza en este caso fue “en ejercicio de su derecho de legítima defensa, al ser objeto de una agresión actual, real, violenta inminente y sin derecho”.  

Sin embargo, la CNDH consideró que el operativo militar no tenía sustento legal. En su informe, el organismo dice que “no respetó las garantías de legalidad y certeza jurídica”, puesto que el personal militar involucrado actuó “sin facultades legales para llevar a cabo un operativo de tal naturaleza en las circunstancias en que lo hicieron, esto es, actuando por su cuenta, sin la conducción ni participación de la autoridad civil competente”.

Te puede interesar: La mitad de los mexicanos vive en municipios donde Fuerzas Armadas han tenido enfrentamientos

La Comisión destacó incluso “la situación de marginación socioeconómica en que vive la población de algunos municipios del Estado de México, entre éstos, Luvianos”, pues según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 2015, esta localidad ocupaba el segundo lugar entre los cinco municipios del Estado de México con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, con el 84.9% de sus habitantes, mientras que el 32.1% vivía en pobreza extrema.

También advierte la presencia de grupos de crimen organizado, según los testimonios recabados entre familiares de las víctimas y los propios militares. 

¿Cómo aparecieron las víctimas?

Cuatro de las víctimas estaban de espaldas o tratando de escapar, según los informes periciales.

Además, “la prueba de química forense (Griess) practicada a las seis armas halladas próximas a los cadáveres de las víctimas, con las que la autoridad afirma que habrían perpetrado la agresión, resultaron negativas a la presencia de nitritos 45 en el ánima del cañón, lo que es indicativo de que no habían sido disparadas”.

Sí reconoce la CNDH que otras pruebas realizadas con posterioridad a las víctimas indican que pudieron tener armas en sus manos. “Sin embargo, esa prueba no permite determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían manipulado armas de fuego, por lo que no puede, por sí sola, constituir prueba plena de que las seis víctimas realizaran disparos”, afirma. 

“No hubo enfrentamiento”

En el caso de cinco de las víctimas, “tomando en cuenta la posición respecto de su victimario, es probable que no hayan sido privados de la vida en el contexto de un enfrentamiento, puesto que al momento de su deceso no se encontraban frente a frente a su victimario o recibieron disparos por la espalda en dirección de atrás hacia adelante, además de que en el caso de tres de ellas fue un sólo disparo el que les produjo la muerte”, argumentó la CNDH.

La Comisión Nacional dijo tener indicios para poner en duda la versión de los militares sobre la manera en que los civiles fueron abatidos, pues la sola presencia militar en el lugar y momento de los hechos, sumada a las circunstancias de falta de legalidad en su actuación, apunta a un “uso arbitrario y excesivo de la fuerza letal por parte del personal militar involucrado”.

Falta de testigos y grabaciones

Por la falta de testigos en los hechos, el organismo señaló que no se tiene la certeza de que el empleo de la fuerza letal por parte de tres de los militares “haya obedecido a un fin legítimo, como puede ser la defensa propia”.

Además, el informe cuestionó que Sedena no haya aportado grabaciones de lo ocurrido a pesar de que así lo determina el “Manual del uso de la Fuerza”.

“Los hechos del presente caso constituyen un ejemplo en que se evidencia que el despliegue de personal militar en operaciones de combate a la delincuencia –cuando su participación se da sin la conducción de la autoridad competente- puede comportar riesgos considerables de uso excesivo de la fuerza y otros hechos que pueden configurar violaciones a derechos humanos”, señaló la Comisión sobre la falta de formación policial en el personal militar y sus labores de vigilancia en la zona.

El mismo batallón que perpetró la “masacre de Tlatlaya”

Los hechos ocurrieron un mes antes de la masacre de Tlatlaya, en la que 22 civiles fueron asesinados por unidades pertenecientes al mismo batallón. La CNDH recuerda las órdenes recibidas por el mando que le autorizaban a “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Los elementos militares, entonces adscritos al Batallón 102 de Infantería de la Sedena que incumplieron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas como resultado del uso arbitrario e irracional de la fuerza, son responsables por la violación al derecho humano a la vida”, expuso.

También denuncia que se violó el derecho a la procuración de justicia, pues a los familiares de las víctimas no se les ha otorgado el carácter de ofendidos del delito y no han accedido a atención como tal.

En este sentido la Comisión llamó a las autoridades a investigar hechos relacionados con privaciones arbitrarias de la vida, y a “fortalecer e intensificar los cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos dirigidos al personal castrense que coadyuva en operativos de seguridad y se encuentra en contacto con la población civil y, de forma inmediata, dirigido al personal del 102/o. Batallón de Infantería”, así como a la compensación de las víctimas.

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

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Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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