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Archivo Cuartoscuro

No hubo enfrentamiento: militares mataron a 6 civiles que nunca dispararon en Luvianos, Edomex, dice CNDH

El 30 de octubre de 2014, seis civiles murieron en un operativo en Luvianos, Estado de México. La CNDH rechaza la versión ofrecida por los militares y dice que las víctimas no dispararon. 
Archivo Cuartoscuro
21 de agosto, 2019
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a militares de la muerte de seis personas, entre ellas dos adolescentes, en un supuesto enfrentamiento ocurrido el 30 de octubre de 2014, en el municipio de Luvianos en el Estado de México.

Así lo determinó el organismo este 18 de agosto al emitir la recomendación 22VG/2019 (de 164 páginas), dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General, así como a la del Estado de México por violaciones graves a los derechos humanos y por fallas de servidores públicos de ambas dependencias en el caso.

Los hechos ocurrieron en un el paraje conocido como cerro El Ocotillo, en el municipio de Luvianos.

Sobre las 19:45 horas, integrantes de la 102 Brigada de Infantería de la Secretaría de la Defensa, aseguraron haber sorprendido a un grupo de entre 10 y 15 personas que se encontraba en un campamento y que comenzó a disparar. En ese supuesto enfrentamiento, para defenderse cayeron abatidas seis personas: dos menores de 14 y 16 años; un hombre de 60, cuyos familiares habían denunciado su desaparición; un hombre de 20 años; una mujer de 30 y otro hombre al que nunca se identificó, pero del que se estima una edad de entre 45 y 50 años. 

De acuerdo con la investigación de CNDH, la Sedena argumentó que al llegar a la parte más alta del cerro, el personal militar “fue agredido por un grupo de entre 10 y 15 personas” que habrían disparado armas de fuego en contra del personal militar.

En su informe, la dependencia dijo que bajo esas circunstancias los elementos castrenses “se vieron obligados” a repeler el ataque, disparando por cerca de un minuto y medio o dos, hacia el grupo de personas que supuestamente los agredieron y que el uso de la fuerza en este caso fue “en ejercicio de su derecho de legítima defensa, al ser objeto de una agresión actual, real, violenta inminente y sin derecho”.  

Sin embargo, la CNDH consideró que el operativo militar no tenía sustento legal. En su informe, el organismo dice que “no respetó las garantías de legalidad y certeza jurídica”, puesto que el personal militar involucrado actuó “sin facultades legales para llevar a cabo un operativo de tal naturaleza en las circunstancias en que lo hicieron, esto es, actuando por su cuenta, sin la conducción ni participación de la autoridad civil competente”.

Te puede interesar: La mitad de los mexicanos vive en municipios donde Fuerzas Armadas han tenido enfrentamientos

La Comisión destacó incluso “la situación de marginación socioeconómica en que vive la población de algunos municipios del Estado de México, entre éstos, Luvianos”, pues según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el 2015, esta localidad ocupaba el segundo lugar entre los cinco municipios del Estado de México con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, con el 84.9% de sus habitantes, mientras que el 32.1% vivía en pobreza extrema.

También advierte la presencia de grupos de crimen organizado, según los testimonios recabados entre familiares de las víctimas y los propios militares. 

¿Cómo aparecieron las víctimas?

Cuatro de las víctimas estaban de espaldas o tratando de escapar, según los informes periciales.

Además, “la prueba de química forense (Griess) practicada a las seis armas halladas próximas a los cadáveres de las víctimas, con las que la autoridad afirma que habrían perpetrado la agresión, resultaron negativas a la presencia de nitritos 45 en el ánima del cañón, lo que es indicativo de que no habían sido disparadas”.

Sí reconoce la CNDH que otras pruebas realizadas con posterioridad a las víctimas indican que pudieron tener armas en sus manos. “Sin embargo, esa prueba no permite determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían manipulado armas de fuego, por lo que no puede, por sí sola, constituir prueba plena de que las seis víctimas realizaran disparos”, afirma. 

“No hubo enfrentamiento”

En el caso de cinco de las víctimas, “tomando en cuenta la posición respecto de su victimario, es probable que no hayan sido privados de la vida en el contexto de un enfrentamiento, puesto que al momento de su deceso no se encontraban frente a frente a su victimario o recibieron disparos por la espalda en dirección de atrás hacia adelante, además de que en el caso de tres de ellas fue un sólo disparo el que les produjo la muerte”, argumentó la CNDH.

La Comisión Nacional dijo tener indicios para poner en duda la versión de los militares sobre la manera en que los civiles fueron abatidos, pues la sola presencia militar en el lugar y momento de los hechos, sumada a las circunstancias de falta de legalidad en su actuación, apunta a un “uso arbitrario y excesivo de la fuerza letal por parte del personal militar involucrado”.

Falta de testigos y grabaciones

Por la falta de testigos en los hechos, el organismo señaló que no se tiene la certeza de que el empleo de la fuerza letal por parte de tres de los militares “haya obedecido a un fin legítimo, como puede ser la defensa propia”.

Además, el informe cuestionó que Sedena no haya aportado grabaciones de lo ocurrido a pesar de que así lo determina el “Manual del uso de la Fuerza”.

“Los hechos del presente caso constituyen un ejemplo en que se evidencia que el despliegue de personal militar en operaciones de combate a la delincuencia –cuando su participación se da sin la conducción de la autoridad competente- puede comportar riesgos considerables de uso excesivo de la fuerza y otros hechos que pueden configurar violaciones a derechos humanos”, señaló la Comisión sobre la falta de formación policial en el personal militar y sus labores de vigilancia en la zona.

El mismo batallón que perpetró la “masacre de Tlatlaya”

Los hechos ocurrieron un mes antes de la masacre de Tlatlaya, en la que 22 civiles fueron asesinados por unidades pertenecientes al mismo batallón. La CNDH recuerda las órdenes recibidas por el mando que le autorizaban a “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Los elementos militares, entonces adscritos al Batallón 102 de Infantería de la Sedena que incumplieron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas como resultado del uso arbitrario e irracional de la fuerza, son responsables por la violación al derecho humano a la vida”, expuso.

También denuncia que se violó el derecho a la procuración de justicia, pues a los familiares de las víctimas no se les ha otorgado el carácter de ofendidos del delito y no han accedido a atención como tal.

En este sentido la Comisión llamó a las autoridades a investigar hechos relacionados con privaciones arbitrarias de la vida, y a “fortalecer e intensificar los cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos dirigidos al personal castrense que coadyuva en operativos de seguridad y se encuentra en contacto con la población civil y, de forma inmediata, dirigido al personal del 102/o. Batallón de Infantería”, así como a la compensación de las víctimas.

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AFP

Cómo se convirtió Colombia en el primer país sudamericano en 'sacar' a Uber

La aplicación de servicios de transporte más importante del mundo abandona el país sudamericano. Dejará de operar a partir del 31 de enero.
AFP
13 de enero, 2020
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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Eso dijo Uber en el comunicado en que anuncia que desde el 31 de enero dejará de funcionar en Colombia.

Es inédito que Uber informe de manera explícita que se va.

Y es que aunque en países como Argentina o Chile las autoridades ya habían declarado ilegal la aplicación, Colombia ha llegado al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.

El servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats, informó la empresa, no se verá afectado.

El anuncio se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una demanda contra la aplicación.

El alegato de los taxistas, radicado hace tres años y basado en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente.

Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región.

Taxis protestan en Colombia
AFP

Pese a que Colombia tiene una de las tasas de menor representatividad sindical en América Latina, los taxistas son particularmente poderosos en ese país.

En el caso de Colombia, sin embargo, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente“.

Desde que Uber llegó a Colombia, sus críticos han pedido que su funcionamiento y sus compromisos laborales e impositivos sean regulados, pero, como en otros países, hasta ahora su figura no ha sido formalizada.

“Contra el TLC”

Uber aseguró que “la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

La empresa anunció que apelará el dictamen para “defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada “economía naranja” y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que “no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano”.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

¿Caso político o jurídico?

Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.

El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.

Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.

Rappi, un servicio de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.

Duque celebró la inversión como un “gran mensaje de confianza en Colombia”.

Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región”, dijo el mandatario en su momento.

Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.

Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado para entablar mesas de negociación con Uber.

La capital colombiana, Bogotá, suele puntear las listas de las ciudades con peor tráfico del mundo. En horas pico, incluso cuando opera Uber, es usual que sea difícil encontrar servicio de transporte en automóvil.

Es probable que la suspensión de Uber complique la vida de los millones de bogotanos que luchan contra el tráfico todos los días.

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