Contradicciones de la Procuraduría de CDMX marcan el caso de la muerte de un joven criminalista
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Contradicciones de la Procuraduría de CDMX marcan el caso de la muerte de un joven criminalista

Las autoridades capitalinas han cambiado su versión sobre la muerte de un joven criminalista en por lo menos dos ocasiones, generando más dudas que respuestas.
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23 de agosto, 2019
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A poco más de una semana de la muerte de un joven criminalista de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) en el Barrio de Tepito, las autoridades capitalinas han cambiado su versión de los hechos en por lo menos dos ocasiones, generando más dudas que respuestas sobre el perfil y el móvil de este homicidio.

La última versión de la Procuraduría, entregada a Animal Político, es que el pasado 14 de agosto el funcionario, de nombre Adolfo, estaba ejerciendo una función asignada dentro de una inspección a un “inmueble asegurado previamente”.

De 23 años de edad, Adolfo recibió un disparo de arma y el presunto responsable fue un Policía Federal que actuaba en la diligencia.

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La dependencia dijo que, contrario a las versiones que circularon en medios de comunicación, el homicidio no ocurrió en un operativo.

“Fue una acción comandada por policías ministeriales en la que se pidió apoyo de la Policía Federal para que les brindara seguridad”, aseguró la institución.

Las primeras contradicciones

Sin embargo, de acuerdo con una tarjeta informativa difundida a los medios el día de los hechos, la Procuraduria dijo que de acuerdo a “las primeras indagatorias” del caso se había iniciado una carpeta de investigación “por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego”, donde la víctima era un elemento de la Policía Federal de 38 años.

“De acuerdo con el expediente, el agraviado ingresó al nosocomio, después de que aproximadamente a las 14:30 horas resultó lesionado durante un operativo que realizaba la autoridad federal en la esquina de las calles Jesús Carranza y Callejón Estanquillo, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc”.

La dependencia explicó que esa información era preliminar y que debía ser “corroborada posteriormente”.

Esa primera versión causó molestia en un familiar de la víctima, quien publicó dos mensajes en Twitter donde cuestionó la información de la Procuraduría.

Dijo que su “sobrino Adolfo… hacía su servicio social en la @PGJ_CDMX” y que las versiones que señalaban que se trataba de una Policía Federal de 38 años eran incorrectas, pues tenía 23 años y estudiaba criminalística. El familiar cuestionó si era correcto que su sobrino estuviera ahí.

Publicó dos mensajes más. En uno habló del número de impactos de bala que Adolfo habría recibido: “Se dice que murió de un balazo que se le escapó a un agente, pero su cuerpo presentaba MÁS DE UNA HERIDA DE BALA ¿Qué debemos hacer?”.

Y en otro más cuestionó si un prestador de servicio social debía estar en un operativo como ése: “Los familiares de Adolfo queremos certeza de lo ocurrido, ¿los prestadores de servicio social deben estar en los operativos de alto riesgo?”.

Cambian versión

Dos días después de su primera tarjeta informativa, la Procuraduría envió otra más en la que cambió la versión de los hechos y dio a conocer que, efectivamente, la persona fallecida había realizado su servicio social en esa dependencia pero que ya estaba contratada “ya que era egresado de la carrera de criminología”.

Textualmente dijeron: “Con relación a las versiones sobre el deceso de un becario en un operativo implementado por la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, en días pasados en Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informa que lamentablemente se trató de un trabajador administrativo recién contratado por esta institución”.

“Por lo que se aclara que sí realizó su servicio social y con posterioridad ingresó a la PGJCDMX ya que era egresado de la carrera de criminología”.

Una fuente consultada indicó a Animal Político el por qué del cambio en las versiones: “Inicialmente fue identificado como policía federal, ya que fue un elemento de esa corporación quien lo trasladó al hospital y ahí quedó registrado así.”

La Procuraduría lamentó este hecho, y dijo estar brindando apoyo integral a los familiares del joven Adolfo.

La Policía Federal, por su parte, prefirió no hablar del tema al ser cuestionada sobre lo ocurrido en Tepito.

Animal Político buscó la versión de la corporación, pero solicitaron que se realizara una petición de información vía correo electrónico, lo que se hizo.

Cuatro días después de esa petición, el departamento de Comunicación Social dijo que la información solicitada no podría ser entregada, y recomendaron hacer una solicitud a través del sistema de Transparencia gubernamental, que tarda por lo menos 20 días hábiles.

No era operativo

En la última versión de los hechos ofrecida por la Procuraduría, ofrecida 9 días después, la dependencia sostiene que el joven no participaba en ningún operativo contra el narcomenudeo, como ellos mismos lo informaron en un par de ocasiones, sino que actuaba bajo un protocolo de actuación y que “no era ajeno a una diligencia así”.

“Se trató de un inspección realizada en la colonia Morelos de la Alcaldía Cuauhtémoc, para constatar que el inmueble tuviera aún los sellos de seguridad, que las personas desalojadas de ahí no hubieran regresado o que alguien más hubiera tomado el lugar de manera irregular”, explicó la Procuraduría.

La investigación por la muerte de este joven criminalista de 23 años continúa, pero en ésta existen más dudas que respuestas. Dudas que surgieron de la misma institución donde laboraba Adolfo.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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