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Cuartoscuro Archivo

Expediente Lozoya: así fueron los presuntos pagos de Odebrecht a campañas de Duarte y Torre Cantú

Odebrecht habría inyectado más de 850 mil dólares a campañas en Veracruz y Tamaulipas en una operación denominada "Batman y Robin", según Fiscalía.
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26 de agosto, 2019
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De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente inyectó en 2010 al menos 850 mil dólares a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación  que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.

Las versiones sobre estos pagos ya habían trascendido en los últimos años, pero cobran relevancia ahora debido a que la FGR las retomó a través de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, y las incluyó en los documentos que mandó a un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Aunque la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por este caso (Torre Cantú fue asesinado poco antes de la votación), el Ministerio Público decidió incluir dichos señalamientos para fortalecer la hipótesis de su caso en contra de Lozoya, ya que supuestamente habría sido este quien propuso a la empresa dichas “inversiones”.

 

¿Pero cómo es que se dio esta propuesta, y cómo es que se efectuaron dichos pagos? ¿Quién los autorizó y quiénes fueron los intermediarios? A continuación se detalla la información contenida en el expediente enviado al juez, al que Animal Político tuvo acceso:

¿Invirtiendo a futuro?

Según lo narrado por la FGR al juez federal, el interés de la constructora Odebrecht por invertir en México surgió en 2009, cuando su entonces Director Superintendente en México, Luis Alberto de Menesses Weyll, conoció a Emilio Lozoya Austin, quien por aquel entonces ejercía el cargo de Director del Foro Económico Mundial de América Latina.

“Al tener ese cargo y por ser mexicano, (Lozoya) tenía conocimientos que Luis Weyll consideró útiles para su plan de acción. De 2009 a 2012 tuvieron un sinfín de reuniones siempre que Emilio (Lozoya) estaba en México, donde él (Weyll) lo consultaba para que lo orientara sobre la manera en que podrían desarrollar negocios”, señalaron los fiscales.

Lee: “Es un ataque cobarde y sin fundamento”: Lozoya acusa persecución política

La recomendación específica de Lozoya para Weyll, según lo descrito por la FGR, fue que se asociara con empresarios de nivel estatal para fortalecer su presencia en el país, y específicamente le habría recomendado dirigirse a Veracruz y Tamaulipas, entidades que para 2010 estaban bajo administración priista y con la posibilidad de repetir sexenio.

Los fiscales sostienen que fue el propio Lozoya quien personalmente presentó a los directivos de Odebrecht con varias personas con la finalidad de asociarse. Ello le permitió a la constructora ganar diversos contratos en sociedad con empresas locales.

Como “agradecimiento” a las gestiones realizadas a nivel local que ayudaron a Odebrecht a posicionarse en México, pero también como un aliciente para ser favorecidos con contratos  a nivel federal en el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, Odebrecht transfirió en 2012 más de tres millones de dólares a Lozoya. El pago se hizo en cinco partes a través de cuentas fachada, como se describe en esta nota. 

‘Batman’ y el medio millón a Duarte

El expediente entregado al juez detalla que Lozoya le recomendó a los directivos de Odebrecht que invirtieran en Veracruz, uno de los estados más poblados del país y con una fuerte infraestructura relacionada con la producción y transporte de combustibles, y sus derivados.

En específico les recomendó que buscaran asociarse con un empresario local de nombre Felipe Ruz quien, junto con su hijo, era propietario de la compañía “Constructora Ruso”, a través de la cual podrían buscar distintas inversiones.

Entérate: Un inmueble conecta el caso Odebrecht con La Estafa Maestra

Sin embargo, según los fiscales de la FGR, las recomendaciones de Lozoya no se limitaron a alianzas empresariales, sino que les sugirió que era importante aprovechar el contexto político local de cambio de gobierno.

“Cabe resaltar que en julio de 2010 habría elecciones estatales y que el entonces gobernador Fidel Herrera se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte de Ochoa. Por ello la compañía Odebrecht, con la finalidad de obtener un buen posicionamiento en el futuro gobierno, aportó a la campaña de Javier Duarte de Ochoa la cantidad de 500 mil dólares americanos”, indica el documento entregado al juez.

Este pago habría sido autorizado directamente por Luiz Antonio Mameri, entonces director regional para América Latina de Odebrecht, y la transferencia se habría realizado a través de la denominada División de Operaciones Estructuradas, como se le denominaba formalmente al departamento de pago de sobornos de la compañía brasileña.

Se detalla que estos pagos en específico fueron catalogados con los nombres clave “Batman y Robin”, dentro del sistema construido por Odebrecht para dar seguimiento a estos pagos de nombre “Drousys”.

Te puede interesar: Gobierno de EPN pagó 180 mdp a empresas “fantasma” utilizadas por Odebrecht

Lo que no detalla la FGR es exactamente a qué empresa o intermediario relacionado con la campaña de Javier Duarte se había transferido dicho dinero.

“Como consecuencia de dichos pagos a mediados de 2013 el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a la empresa Constructora Norberto Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples en Xalapa, siendo subcontratada para dicha obra la empresa Constructora Ruso”, indicaron los fiscales.

Cabe señalar que exfuncionarios cercanos al gobierno de Javier Duarte han señalado con anterioridad a Animal Político que sí existieron pagos ilegales de Odebrecht en Veracruz, sobre todo para ganar contratos relacionados con el manejo de agua. No obstante el exgobernador ya ha refutado antes que eso sea verdad.

Duarte niega pago a su campaña

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa rechazó que a su campaña para gobernador del estado de Veracruz hayan llegado recursos provenientes de la empresa Odebrecht como declararon sus directivos.

Confirmó que la empresa invirtió en la entidad lo que generó miles de empleos pero negó que detrás de dichos contratos hubieran irregularidades.

“No sé por qué lo haya declarado este señor Luis Meneses Weyll ese tema, pero a mí no me entregaron ningún recurso, tan es así que no les di nada, no hubo ningún compromiso” dijo.

Leer: Gobierno de AMLO asciende a funcionario de Pemex que validó contratos a Odebrecht

“Yo a los brasileños no los conocí por Emilio Lozoya, yo a los brasileños los conocí porque ya estaban invirtiendo en Veracruz cuando yo llego al Gobierno. El proyecto Etileno XXI ya se estaba desarrollando en Veracruz cuando yo llego al Gobierno del estado… viene desde Fidel Herrera. Y cuando yo llego ya la obra está en marcha y allí es donde conozco a Marcelo Odebrecht, conozco a todos estos tipos, pero los conozco porque están invirtiendo en Veracruz” añadió.

Los 350 mil a Torre Cantú

Los fiscales de la FGR señalaron al juez que “siguiendo los lineamientos que había señalado Emilio Lozoya” Odebrecht decidió intervenir también en Tamaulipas, y para ello recomendó Meneses Weyll reunirse con Jorge Eduardo Rivera Schotte, empresario tamaulipeco accionista de la compañía “Petrochem México”.

Los fiscales detallan que Rivera Schotte formaba parte de un círculo empresarial que apoyaba al entonces candidato del PRI al gobierno del estado Rodolfo Torre Cantú. Según la narración, Rivera le comentó a Weyll que si quería posicionarse en la entidad “era necesario que contribuyera a la campaña” del referido candidato.

“Por ello Odebrecht durante el primer semestre de 2010 efectuó un pago de 350 mil dólares americanos, siguiendo la misma mecánica que en el Estado de Veracruz, es decir, el pago fue autorizado directamente por Luiz Mameri y realizado mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa”, indicaron los fiscales.

Lee: Expediente Lozoya: Paso a paso, cómo presuntamente le entregaron los sobornos de Odebrecht y Altos Hornos

En este caso se añade que la transferencia se realizó a una cuenta del Banco Mercantil del  Norte, a nombre de la empresa Blunderbuss Company de México.

Blunderbuss es una compañía constituida en 2008 en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, la cual en el objeto social de su acta constitutiva (de la que Animal Político tiene copia) dice dedicarse a múltiples cosas, desde la construcción hasta el comercio. El SAT ya la etiquetó este año como presunta empresa fantasma. 

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó –en esta nota– que dicha compañía está ligada a una red de empresas fachada que ha canalizado millones de dólares en sobornos provenientes de Odebrecht.

Lo que no se detalla en el expediente enviado al juez es qué tipo de contrato o de inversión habría ganado la constructora brasileña en Tamaulipas, por los miles de dólares que presuntamente inyectó en la campaña de Cantú.

Inversiones en Hidalgo

En los oficios entregados al juez los fiscales sostienen que la constructora hizo las conexiones necesarias –de nuevo con la presunta ayuda de Lozoya- para invertir en el estado de Hidalgo, aunque aquí no se detalla algún pago electoral o soborno en específico.

“Emilio Lozoya Austin le recomendó a Luis Weyll se asociara con el empresario Juan Carlos Tapia Vargas, accionista de la empresa Construcciones Industriales Tapia, quien tenía gran presencia e influencia política en el estado de Hidalgo y principalmente con sindicatos, que, a su decir, en México eran de gran relevancia para ganar y ejecutar proyectos”.

Se añade que entre 2011 y 2012 Odebrecht formalizó una alianza con la empresa local Construcciones industriales Tapia, para ganar contratos de diversas obras.

De ser ciertos dichos contratos locales, ellos habrían ocurrido durante la gestión de los gobernadores Miguel Angel Osorio Chong y Francisco Olvera Ruiz, ambos de extracción priista

De acuerdo con los fiscales, a la postre estas alianzas empresariales le ayudaron a Odebrecht a fortalecer su posición en la búsqueda de contratos a nivel federal, como los de Pemex en torno a la refinería de Tula, en Hidalgo.

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¿Podría EU borrar "de la faz de la tierra" al crimen en México como ofreció Trump?

El reciente ofrecimiento del presidente Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para combatir y eliminar el crimen organizado tiene muchos problemas, opina el analista político Mariano Aguirre.
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11 de noviembre, 2019
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El reciente ofrecimiento de Donald Trump de mandar el ejército de Estados Unidos a México para “borrar de la faz de la tierra” al crimen organizado tiene muchos problemas.

El estado mexicano lleva 13 años combatiendo con las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales, sin haber podido desmantelarlas. El ejército estadounidense ha intervenido masivamente desde 2001 en Afganistán y en Irak desde 2003 sin acabar con las milicias en los dos países.

En los tres casos los grupos armados han ganado poder, se multiplicaron y diversificaron. Una intervención militar de Estados Unidos incrementaría la violencia, y retrasaría soluciones de largo plazo.

Inmediatamente después de la matanza de miembros de una comunidad mormona por parte de criminales mexicanos, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar a México para que “libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el ofrecimiento, pero indicó que es un asunto que “corresponde resolver al gobierno de México”. En 2017 Trump amenazó al expresidente Enrique Peña Nieto con enviar el ejército para frenar a los “malos hombres” mexicanos que quieren entrar en Estados Unidos.

La compleja relación entre México y Estados Unidos se ha vuelto más crítica sobre cómo luchar contra las organizaciones traficantes de droga (DTO, en sus siglas en inglés). Se calcula que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de México, y que las organizaciones criminales obtienen unos beneficios de US$60.000 millones anuales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa a raíz de la matanza de una familia religiosa en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora.

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la intervención de EE.UU. en sus asuntos como interferencia en la soberanía.

En octubre pasado, el frustrado intento de apresar a un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán (el Chapo) en la ciudad de Culiacán mostró las limitaciones del Estado ante la capacidad operativa y de fuego que tiene el crimen organizado.

El Gobierno admitió haber lanzado la operación sin prever una respuesta tan contundente por parte del cartel de Sinaloa, y que continuar con ella habría supuesto más víctimas.

En círculos del gobierno de Estados Unidos aumentan las críticas hacia el gobierno de López Obrador por haber cedido ante los criminales.

El subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley, Richard Glenn, dijo ante el Congreso en Washington: “es de gran importancia que en este momento México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia amplia para enfrentar al crimen transnacional organizado. Si eso no ocurre no veremos progresos”.

El presidente mexicano criticó esa intervención como interferencia en la soberanía.

Estados Unidos y México llevan muchos años cooperando contra el crimen organizado, con pocos resultados exitosos.

Paradójicamente, la política militar del Estado mexicano, especialmente durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de enfrentar a las organizaciones criminales no logró desmantelarlas, sino que se multiplicaron y volvieron más violentas.

Esta fragmentación es una característica de los conflictos violentos no convencionales en los que se cruzan crimen, competencia por la explotación de recursos y producciones ilícitas, control de comunidades, mercados y rutas de comercialización, corrupción, e internacionalización.

Neutralizar a los jefes

Desde 2016 hasta fin de 2017, Washington invirtió US$2.900 millones en la lucha contra los carteles en México, aparte de US$108 millones en el programa de informantes.

La ayuda contempla reforma de la política y del sector de la justicia, y controlar los movimientos ilícitos de dinero. Pero la estrategia central ha sido apresar o matar a los jefes de los carteles (kingpin strategy, en inglés).

Esta fue promovida por la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés) desde la década de 1990 en Colombia y luego en México. Fue exitosa por el número de jefes presos o muertos (y con gran impacto mediático, como se ha visto en el juicio de El Chapo). Sin embargo, acarrea consecuencias indeseadas.

Agentes especiales de Estados Unidos escoltan al capo "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a ese país

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La extradición a Estados Unidos, juicio y condena del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán es uno de los éxitos de la estrategia de Washington contra los carteles de las drogas.

Diversas investigaciones muestran que, al descabezar a las organizaciones criminales, estas se fragmentan y reproducen, los mandos intermedios pugnan brutalmente por el poder, y las dinámicas se vuelven más violentas. La falta de control de los líderes genera un vacío que produce más enfrentamientos.

Entre tanto, se debilitan los esfuerzos del Estado en desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., en 2006 había seis grandes organizaciones de narcotraficantes en México. Actualmente hay diez: cartel de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana/Alejandro Félix, Juárez/Vicente Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, el Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cartel Jalisco-Nueva Generación, y los CUINIS.

Estos, a la vez, subcontratan a grupos criminales locales y regionales, cubriendo diversas actividades ilícitas (extorsión, prostitución, tráfico de emigrantes, robos, entre otras).

La implantación social de los carteles se debe también a la falta de presencia y legitimidad del Estado, el uso brutal de la violencia y la provisión de servicios sociales (básicos) y mecanismos de resolución de conflictos a la población que controlan, como indica un estudio de Brookings Institution.

Violaciones de derechos humanos

La ofensiva del gobierno de Calderón (proseguida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto) fue acompañada de acusaciones de violación de derechos humanos por parte del ejército contra la población civil.

Por su lado, las organizaciones criminales incrementaron los asesinatos masivos y extra judiciales, secuestros, extorsiones, y desapariciones. Diversas comunidades se organizaron militarmente para defenderse (y fueron, a la vez, cooptadas por los carteles de la droga).

Un miembro de un grupo civil armado monta guardia en Tlacotepec, Guerrero

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Varias comunidades han creado grupos armados para defenderse de la violencia relacionada al narcotráfico.

La falta de control civil sobre el ejército y las violaciones de derechos humanos llevaron a la Corte Suprema a pronunciarse en 2017 en contra de la Ley de Seguridad Interior que pretendía aprobar el gobierno.

El presidente López Obrador ha creado una Guardia Nacional de 60.000 miembros, que sustituye a la policía (mal pagada, mal entrenada y, en general, corrompida).

Según Gema Santamaría, profesora en Loyola University (Chicago) el conflicto mexicano es plural por el alto número de actores, dinámico por la rápida capacidad de adaptación de los actores armados, e híbrido porque del mismo forman parte actores estatales y no estatales.

Entre esos actores se dan alianzas, confrontaciones y subordinaciones que desmienten que haya una línea clara de “nosotros contra ellos”. El ambiente menos propicio para una intervención extranjera.

Insurgencia criminal

Trabajadores forenses descargan los ataúdes de víctimas no identificadas de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua

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El número de personas asesinadas en la última década en México se cuenta en los cientos de miles.

El impacto social de la ofensiva del Estado y la respuesta de las organizaciones criminales ha sido devastador.

Desde 2006 murieron asesinadas 250.000 personas, y otras 40.000 han desaparecido. En 2018 los homicidios superaron los 33.000 casos, un 33% más que el año anterior.

Entre enero y junio de 2019 han sido asesinadas 17.000 personas. La mayor violencia se da en los estados donde enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de producción, tráfico y venta de droga, y con las fuerzas de seguridad.

Un estudio del centro británico Chatham House dice que en México hay una “insurgencia criminal”. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, el número víctimas producido por la violencia mexicana le equipara a una guerra.

Sin embargo, no es una guerra convencional, ni puede ser sólo enfrentada como la imagina Trump.

Combatir las complicidades

El presidente Obrador ha cuestionado la política de sus predecesores, poniendo el énfasis en programas educativos para jóvenes, planes de desarrollo y políticas de diálogo con las organizaciones criminales.

También ha especulado con una amnistía para quienes no hayan cometido crímenes de sangre. Pero su plan es poco concreto.

Protesta contra la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, 26 de septiembre de 2015

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Muchos vinculan a funcionarios del gobierno y otras élites con atrocidades cometidas como la desaparición y supuesta muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en 2015.

La organización Justice in Mexico, de la Universidad de San Diego, considera que además de ocuparse de los déficits socioeconómicos que llevan a muchos hombres jóvenes a integrarse en grupos criminales, el Estado debe hacer responsable a los actores violentos, y combatir la corrupción y vínculos con el narcotráfico que tienen funcionarios de gobierno y grupos de la élite económica en los niveles regionales y locales.

Son esas complicidades las que sostienen al crimen organizado.

Se debe, así mismo, remediar la impunidad que permite la falta de condenas a socios “de cuello blanco” del narcotráfico que lavan dinero, cometen fraudes y manejan esquemas de manejo de fondos y evasión. Para ello se precisa capacidad de análisis e investigación y seguimiento a los desafíos al estado de derecho,

Otras medidas, en las que coinciden expertos como Santamaría, son priorizar los planes sociales en zonas altamente afectadas por la violencia, invertir más en prevención que en castigo, prevenir el reclutamiento de niños, jóvenes e inmigrantes, y proveer protección a políticos no corruptos (en particular alcaldes), comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Migración, tráfico de armas y el mercado del Norte

Efectivos de la Marina de México escoltan a 5 supuestos miembros del cartel de los Zetas, frente a una multitud de armas confiscadas

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Muchas de las armas en posesión de los carteles son adquiridas sin restricciones por intermediarios en de Estados Unidos.

Parte del problema de México es la demanda de droga en Estados Unidos y otros países. En vez de ofrecer el ejército para continuar una estrategia errada, el presidente Trump debería plantearse combatir a los intermediarios del mercado interno estadounidense, e interrogarse por las razones que producen esa demanda masiva.

Otra cuestión que la Casa Blanca podría revisar es la compra de armas estadounidenses que realizan las organizaciones criminales mexicanas.

Armas automáticas y semi-automáticas (altamente letales) son adquiridas sin restricciones por intermediarios en Texas y otros estados para ser revendidas en México, donde rige una prohibición muy estricta sobre posesión de armamento.

Según la Government Accountability Office siete de cada 10 armas que son confiscadas en ese país a grupos armados provienen de su vecino del Norte.

La preocupación principal del presidente de Estados Unidos respecto de México es que el gobierno de ese país colabore en frenar la migración centroamericana y mexicana, y obtener ventajas en el marco del tratado de libre comercio (NAFTA, en sus siglas en inglés) con ese país y Canadá.

Después de haberlo presionado y chantajeado durante meses, Trump agradeció a López Obrador que México haya desplegado miles de efectivos en la frontera con Guatemala para bloquear el paso a miles de centroamericanos que tratan de emigrar a Estados Unidos.

En reciprocidad, acaba de ofrecerle el ejército, algo que resuena bien entre su base electoral, y que aceleraría la inseguridad en México.

Mariano Aguirre es analista de cuestiones internacionales. Autor de Salto al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017).


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