Gobierno de AMLO ha hecho un gasto mínimo en ayuda a pueblos indígenas
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Gobierno de AMLO ha hecho un gasto mínimo en ayuda a pueblos indígenas

De 2 mil 533 millones que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tenía programados para el segundo trimestre del año, utilizó solo mil 177.9 millones, el 46.5%.
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7 de agosto, 2019
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El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha usado al mínimo los recursos en programas que tiene asignados para apoyar a la población originaria de México.

De 2 mil 533 millones que el organismo tenía programados para el segundo trimestre del año, utilizó solo mil 177.9 millones, el 46.5%, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Hacienda.

En donde hubo menos cumplimiento de gasto fue en el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, que tiene como objetivo financiar proyectos productivos, turísticos o acciones de mitigación del cambio climático.

El subejercicio en ese caso fue del 93.1%, que de hecho es uno de los mayores de todo el gobierno, según consta en el documento Avance financiero de los principales programas presupuestarios enero-junio 2019. Solo se gastaron 30.7 millones de los 444.9 disponibles para la primera mitad del año, es decir, que más de 400 millones de pesos se quedaron sin entregar.

Para todo 2019, se le asignaron 806.9 millones, que ya de por sí eran 7.7 millones menos que lo que tuvo este programa durante 2018.

En mal desempeño económico le sigue el Programa de Derechos Indígenas, con un subejercicio del 76.1%. Solo se han gastado 25.1 millones de los 105 disponibles. El año pasado, ya había sufrido un recorte de 33% de su presupuesto.

El dinero de este programa se entrega a comunidades, instituciones indígenas o académicas, que tengan iniciativas para reforzar los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, como de defensa legal, capacitación o investigación, excarcelación de personas, intérpretes y traductores, o proyectos culturales para promover las lenguas originarias.

El Programa de Infraestructura Indígena es el más grande de los que administra el INPI (antes Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI). Ahí quedaron en la primera mitad del año más de 600 millones de pesos sin utilizar.

Este programa está orientado a invertir en obras para atender necesidades básicas para comunidades, específicamente de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y drenaje. Además, la construcción de las obras puede quedar a cargo de la propia comunidad, si no corresponde al municipio, estado o federación.

Pero el subejercicio es de 65.7%, ya que solo se han invertido 328.9 de los 957.7 millones disponibles.

Por último, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene un subejercicio de 37.2%, ya que el gasto reportado es de 342.6 millones, cuando debería haber llegado a 545.4 millones invertidos en becas, hospedaje, alimentación y otras actividades complementarias para contribuir a la permanencia de niños y jóvenes indígenas de 5 a 29 años en la escuela, desde nivel básico hasta maestría, a través de Casas de la Niñez Indígena y Comedores Comunitarios.

En todos los casos, estos programas están dirigidos a poblaciones reconocidas como originarias porque el 40% de sus habitantes o más se reconocen como indígenas, y que tienen alta o muy alta marginación socioeconómica.

En México hay 25.7 millones de personas que se consideran a sí mismos indígenas y 1.38 millones de afromexicanos, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales, 7.3 millones hablan alguna lengua originaria.

Sus condiciones de vida son las peores respecto al resto de la población. Justo esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó su más reciente medición de la pobreza, que reveló que el 74.9% de hablantes de lengua indígena viven en situación de pobreza, y el 35.6% en pobreza extrema, cuando en el resto de la población esa condición es siete veces menor.

Al asumir la presidencia, el pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador realizó un acto de entrega de bastón de mando por parte de representantes de pueblos originarios porque prometió que serían uno de los grupos prioritarios de su gobierno. Aunque en otros programas se ha anunciado un énfasis para beneficiar sobre todo a esta población, con reglas como una menor edad para acceder a la pensión de adultos mayores, en los programas existentes para atender específicamente a los pueblos originarios las cifras no muestran mayores apoyos, sino, por el contrario, que ni siquiera se ha invertido lo presupuestado.

Animal Político preguntó al INPI la razón de los subejercicios en sus programas, pero no hubo respuesta.

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AFP

Cómo se convirtió Colombia en el primer país sudamericano en 'sacar' a Uber

La aplicación de servicios de transporte más importante del mundo abandona el país sudamericano. Dejará de operar a partir del 31 de enero.
AFP
13 de enero, 2020
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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”.

Eso dijo Uber en el comunicado en que anuncia que desde el 31 de enero dejará de funcionar en Colombia.

Es inédito que Uber informe de manera explícita que se va.

Y es que aunque en países como Argentina o Chile las autoridades ya habían declarado ilegal la aplicación, Colombia ha llegado al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.

El servicio de reparto de comida a domicilio Uber Eats, informó la empresa, no se verá afectado.

El anuncio se da después de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, un regulador estatal, que dio la razón a Cotech, una empresa de taxis que interpuso una demanda contra la aplicación.

El alegato de los taxistas, radicado hace tres años y basado en dos leyes de 1996 sobre reglas del mercado, argumenta que Uber incurrió en competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente.

Gremios de taxistas en toda América Latina han presentado demandas en el mismo sentido y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región.

Taxis protestan en Colombia
AFP

Pese a que Colombia tiene una de las tasas de menor representatividad sindical en América Latina, los taxistas son particularmente poderosos en ese país.

En el caso de Colombia, sin embargo, las autoridades exigieron a los operadores telefónicos que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente“.

Desde que Uber llegó a Colombia, sus críticos han pedido que su funcionamiento y sus compromisos laborales e impositivos sean regulados, pero, como en otros países, hasta ahora su figura no ha sido formalizada.

“Contra el TLC”

Uber aseguró que “la decisión es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

La empresa anunció que apelará el dictamen para “defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”.

Anteriormente, la empresa dijo que el Estado estaba violando las pautas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El gobierno de Iván Duque, que tiene como una de sus principales banderas a la llamada “economía naranja” y el emprendimiento tecnológico, ha defendido el dictamen de la Superintendencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, dijo que “no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano”.

https://twitter.com/Uber_Col/status/1215681583253991424

¿Caso político o jurídico?

Miembros de la oposición denunciaron un supuesto pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que el poderoso gremio no apoyara el paro nacional que generó protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.

El Ejecutivo niega dicho compromiso y asegura que la Superintendencia, cuyo director es nombrado por el presidente, basa su decisión en razones jurídicas y no políticas.

Otras aplicaciones de internet que proveen soluciones a mercados han tenido experiencias exitosas en Colombia.

Rappi, un servicio de entrega a domicilio, es de origen colombiano y en 2018 recibió la inversión de capital de riesgo más grande de la historia de América Latina, por US$1.000 millones.

Duque celebró la inversión como un “gran mensaje de confianza en Colombia”.

Seguiremos invirtiendo en innovaciones que permitan la creación de mercados y proporcionen oportunidades a millones de personas en la región”, dijo el mandatario en su momento.

Hasta ahora, Duque se ha abstenido de comentar en el caso de Uber.

Su gobierno encargó al ministerio de Comercio y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado para entablar mesas de negociación con Uber.

La capital colombiana, Bogotá, suele puntear las listas de las ciudades con peor tráfico del mundo. En horas pico, incluso cuando opera Uber, es usual que sea difícil encontrar servicio de transporte en automóvil.

Es probable que la suspensión de Uber complique la vida de los millones de bogotanos que luchan contra el tráfico todos los días.

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