Revictimización y vulneración del proceso: ¿Cómo afectan las filtraciones la investigación de una violación?
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Revictimización y vulneración del proceso: ¿Cómo afectan las filtraciones la investigación de una violación?

La filtración de información sobre investigaciones es ilegal, y que los medios la difundan genera revictimización, aseguran especialistas.
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15 de agosto, 2019
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La filtración de información sobre denuncias que se encuentran siendo investigadas, así como de los datos personales de las víctimas, constituyen prácticas que violan el debido proceso y generan discursos de odio contra quienes acuden a las autoridades, especialmente cuando se trata de mujeres y feministas.

De acuerdo con la abogada Ana Velazquez y con la especialista en comunicación con perspectiva de género Lucía Lagunes, la filtración de información sobre carpetas de investigación de las procuradurías y fiscalías del país es ilegal, y el que los medios de comunicación la difundan genera revictimización y que se ponga en duda la palabra de las denunciantes.

El caso de una menor de edad que denunció haber sido víctima de violación por parte de policías de Azcapotzalco es un ejemplo de estas prácticas, pues desde que sus familiares acudieron a dar parte a las autoridades de lo ocurrido, medios de comunicación obtuvieron información personal de la joven y la difundieron sin respetar su intimidad.

Lee: Procuraduría de CDMX afirma que menor no fue violada por policías en Azcapotzalco

Las autoridades, por su parte, utilizaron información difundida en los medios de comunicación para desestimar la denuncia.

Filtración de datos y revictimización

Doce días después de que la joven que denunció haber sido violada por policías todavía no hay detenidos por el caso, y las autoridades de la Ciudad de México han señalado que se debe a que la víctima no continuó con el proceso.

Sin embargo, Ana Velazquez, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, explicó a Animal Político que esta no es la razón por la que no se ha hecho, sino porque las autoridades no han conseguido pruebas suficientes para imputarle cargos a alguno de los oficiales que podrían estar involucrados, pues el delito de violación, a diferencia de otros, no necesita de la denuncia de la víctima directa para ser investigado.

“La violación se persigue de oficio, o sea, no es necesario que la víctima deba denunciar o ratificar la denuncia. En este caso, por ejemplo, quien acudió a dar parte a las autoridades fueron los familiares de la joven y procedió. Lo que sucede ahora es que la denuncia no es un elemento suficiente para acreditar la responsabilidad de los policías”, señaló.

Aunque, de acuerdo con la abogada, en el delito de violación el testimonio de la víctima directa es un elemento preponderante en la investigación, dado que es una conducta “que se llama de realización oculta”, en la que generalmente solo pueden testificar quien sufre la agresión y el presunto agresor, lo que no necesariamente quiere decir que esto sea determinante para acreditar que existe responsabilidad.

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Además de las declaraciones de la víctima, otros elementos que deben considerar las autoridades para investigar el delito de violación sondan prueba ginecológica, así como dictámenes médicos y psicológicos, aunque estos últimos “se prestan mucho a la interpretación, porque no necesariamente deben llegar golpeadas, desgarradas o desangradas”, dijo Velázquez.

En el caso particular de la joven de Azcapotzalco, la abogada señaló que la revictimización que vivió por parte de las autoridades capitalinas y de los medios de comunicación fueron los principales motivos para que, hasta el momento, se desistiera de continuar la investigación por la presunta violación.

Primero, porque desde que se presentó la denuncia las autoridades filtraron a medios de comunicación datos como su número de carpeta de investigación, sus declaraciones y una ubicación que permitió conocer su dirección, lo que vulneró su privacidad.

En segundo lugar, dijo, estas prácticas se sumaron al proceso “desgastante y revictimizante” de interponer la denuncia, pues para que las autoridades inicien una carpeta de investigación por violación “hay que ir a declarar en instalaciones horrorosas: el lugar donde hacen el examen ginecológico es un cuarto de tablaroca donde es desagradable estar, y hay que contestar preguntas que pueden ser fuertes para las víctimas… y encima de todo, después de practicar dichas pesquisas, puede que les digan que no parecen haber sido violadas”.

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“Todo el proceso es complejo y desgastante, y si a ello se suma la mediatización y la filtración de información de la víctima, que es una persona que vivió una situación traumática, es normal que prefiera desistir”, aseveró.

En opinión de Ana Velazquez, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México podría iniciar una investigación por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, debido a las filtraciones de información del caso que continúa en investigación, y las víctimas tienen derecho de proceder por daño moral contra los medios de comunicación que hayan difundido datos y elementos considerados probatorios.

Discurso de odio contra las víctimas

Para Lucía Lagunes, directora de la asociación civil CIMAC, la respuesta que han tenido las autoridades a las protestas para exigir justicia por el caso de violación denunciado en Azcapotzalco, así como de otros dos que fueron presuntamente cometidos por policías el mismo mes, criminaliza la libertad de expresión y fomenta un discurso de odio que principalmente afecta a mujeres y feministas.

De acuerdo con Lagunes, el hecho de que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México ante las exigencias de justicia fuera que eran una “provocación”, estigmatizó y criminalizó a las manifestantes.

“El haber calificado de provocación una manifestación me parece delicado y peligroso, por esta estigmatización y criminalización que se hace de la protesta. Creo que, en concreto, las autoridades deben ser muy cuidadosas por el ambiente que tenemos en México, y generar discursos de odio no ayuda a construir una sociedad dialogante”, dijo en entrevista con el medio.

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Acerca de las violaciones al debido proceso por la filtración de información sobre el caso de Azcapotzalco, y que la PGJCDMX haya utilizado un video difundido en medios de comunicación para desestimar la denuncia, Lucía comentó que son prácticas que vulneran particularmente a las mujeres y “provocan un discurso de odio hacia las víctimas, que deja la idea de que denuncian a personas inocentes”.

“En general es grave que se filtre información de las víctimas, pero lo es más que existan juicios mediáticos en su contra sobre todo en un país en el que, según cifras oficiales, se asesina a nueve mujeres cada día”, sentenció.

La responsabilidad de los medios

Respecto del papel de los medios de comunicación, Lagunes explicó que “tenemos una enorme responsabilidad en la tarea social que hacemos. En ese sentido, cuando recibimos filtraciones que lo que buscan es cuestionar a las víctimas, me parece equivocado que las difundamos, especialmente si con ello generamos la idea de que ellas son responsables de las agresiones que se cometieron en su contra”.

“Incluso en los feminicidios, los medios suelen exculpar al agresor y responsabilizar a las víctimas de los asesinatos”, señaló.

En su opinión, las acciones de los medios “van reforzando el discurso de que las mujeres provocamos que nos agredan, y en ningún momento construyen un discurso que erradique de la sociedad la justificación de la violencia contra las mujeres, lo cual es muy grave, sobre todo si tomamos en cuenta que en el país hay un 98% de impunidad y que hay poca confianza de la justicia”.

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“Ver linchamientos mediáticos a las víctimas, especialmente a las mujeres, desalienta la denuncia, porque pierden confianza de que las declaraciones o datos personales sean resguardados y por supuesto que la autoridad actúe conforme derecho. Lo que están haciendo las autoridades es vulnerar a las víctimas a través de las filtraciones”, sentenció.

La especialista explicó que los medios están obligados a respetar los procesos de investigación y a no revictimizar, por lo que dijo, algunas recomendaciones básicas para el buen tratamiento de la información en casos de violencia de género es evitar describir la forma en que vestían las víctimas, si éstas acudieron a alguna fiesta o si consumieron alcohol y/o drogas, así como insinuar que pudieron haber aceptado o no haberse negado participar en el acto sexual.

“Me parece que, como periodistas, hacer referencia a la ley y al buen actuar de las autoridades es una tarea fundamental para la construcción de ciudadanía. Si informamos que las personas tenemos derecho a denunciar y que se guarde nuestra intimidad, les vamos dando herramientas para que se defiendan, y eso, indudablemente, genera una mejor sociedad”, concluyó.

 

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Robo en el aeropuerto de Santiago: qué se sabe del considerado como el nuevo robo del siglo

Una banda de entre siete y diez personas robó unos US$15 millones este lunes en el aeropuerto de Santiago de Chile, en un incidente que fue tildado por la prensa local como el "nuevo robo del siglo".
9 de marzo, 2020
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enclave donde ocurrió el robo.

24horas.cl
El robo se produjo en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile.

Robo millonario a plena luz del día.

Una “banda” sustrajo alrededor de US$15 millones este lunes en el aeropuerto de Santiago de Chile, en un incidente que fue tildado por la prensa local como el “nuevo robo del siglo”.

Es un hecho grave, preocupante“, manifestó Héctor Espinosa Valenzuela, director de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en declaraciones a los medios compartidas con BBC Mundo.

Según las autoridades, en el suceso resultaron con heridas leves dos empleados del aeropuerto.

El robo se produce seis años después de uno de características similares ocurrido en este mismo aeropuerto, en el que el botín fue aproximadamente la mitad que el de este lunes, informó el diario La Tercera.

Cómo ocurrió

El robo ocurrió a mediodía en una zona de bodegas del interior del aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de la capital chilena.

Entre siete y diez personas perpetraron el delito, según apuntó el prefecto Jorge Sánchez, jefe nacional Contra Robos y Focos Criminales de la PDI, cuerpo encargado de la investigación.

“Se trata de profesionales“, aseguró Sánchez.

La “banda” sustrajo un total de US$14 millones y 1 millón de euros, detalló.

El vocero Juan Luis Rodríguez, jefe del aeropuerto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, explicó que los delincuentes “ingresaron en Aerosan, una empresa que recibe importaciones que llegan al país”.

Vehículo de PDI.

Getty Images
La PDI está a cargo de las investigaciones.

“Este robo no se produjo al camión Brinks de transporte de valores ; fue al interior de la empresa. Es un robo que ocurre en una parte no aeronáutica“, insistió.

La prensa chilena precisó que la banda portaba armas de fuego.

Una camioneta con elementos corporativos de la empresa de paquetería DHL, que según la Agencia Efe fue encontrada parcialmente incendiada en una localidad al noroeste de la capital y cercana a la terminal, también fue puesta bajo investigación.

“Estamos viendo la veracidad de si es efectivamente de la empresa o si estuvo preparada para la ocasión (…). En primera instancia, no correspondería a esa empresa. Se utilizó solamente para esta operación”, explicó Sánchez a los medios.

Prófugos

El jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI aseguró que ya “hay blancos de interés que se están manejando”, sin dar más información.

Sánchez explicó que “no existieron los protocolos correspondientes” en el enclave en cuestión, que tiene perímetro de seguridad, y ese es uno de los focos de la investigación abierta.

Por su parte, el director de la PDI señaló que hay varios individuos prófugos y aseguró que la policía cuenta con los equipos para “sacar el caso lo más rápido posible”.

Aeropuerto de Santiago en 2012.

Getty Images
Este no es el primer robo que ocurre en el aeropuerto de Santiago.

El incidente se suma a otro robo ocurrido en este mismo aeropuerto en agosto de 2014, en el que otra banda sustrajo más de 6,000 millones de pesos chilenos (cerca de US$7.1 millones), informaron los medios chilenos.

El suceso llevó a la destitución del director de Seguridad del aeropuerto.

“Este robo tiene una gran diferencia con el robo del año 2014, que sí ocurrió en el lado aire. Este robo ocurrió en la parte pública, al interior de una empresa privada”, subrayó al respecto el jefe del aeropuerto de la Dirección General de Aeronáutica Civil.


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