Revictimización y vulneración del proceso: ¿Cómo afectan las filtraciones la investigación de una violación?
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Revictimización y vulneración del proceso: ¿Cómo afectan las filtraciones la investigación de una violación?

La filtración de información sobre investigaciones es ilegal, y que los medios la difundan genera revictimización, aseguran especialistas.
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15 de agosto, 2019
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La filtración de información sobre denuncias que se encuentran siendo investigadas, así como de los datos personales de las víctimas, constituyen prácticas que violan el debido proceso y generan discursos de odio contra quienes acuden a las autoridades, especialmente cuando se trata de mujeres y feministas.

De acuerdo con la abogada Ana Velazquez y con la especialista en comunicación con perspectiva de género Lucía Lagunes, la filtración de información sobre carpetas de investigación de las procuradurías y fiscalías del país es ilegal, y el que los medios de comunicación la difundan genera revictimización y que se ponga en duda la palabra de las denunciantes.

El caso de una menor de edad que denunció haber sido víctima de violación por parte de policías de Azcapotzalco es un ejemplo de estas prácticas, pues desde que sus familiares acudieron a dar parte a las autoridades de lo ocurrido, medios de comunicación obtuvieron información personal de la joven y la difundieron sin respetar su intimidad.

Lee: Procuraduría de CDMX afirma que menor no fue violada por policías en Azcapotzalco

Las autoridades, por su parte, utilizaron información difundida en los medios de comunicación para desestimar la denuncia.

Filtración de datos y revictimización

Doce días después de que la joven que denunció haber sido violada por policías todavía no hay detenidos por el caso, y las autoridades de la Ciudad de México han señalado que se debe a que la víctima no continuó con el proceso.

Sin embargo, Ana Velazquez, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, explicó a Animal Político que esta no es la razón por la que no se ha hecho, sino porque las autoridades no han conseguido pruebas suficientes para imputarle cargos a alguno de los oficiales que podrían estar involucrados, pues el delito de violación, a diferencia de otros, no necesita de la denuncia de la víctima directa para ser investigado.

“La violación se persigue de oficio, o sea, no es necesario que la víctima deba denunciar o ratificar la denuncia. En este caso, por ejemplo, quien acudió a dar parte a las autoridades fueron los familiares de la joven y procedió. Lo que sucede ahora es que la denuncia no es un elemento suficiente para acreditar la responsabilidad de los policías”, señaló.

Aunque, de acuerdo con la abogada, en el delito de violación el testimonio de la víctima directa es un elemento preponderante en la investigación, dado que es una conducta “que se llama de realización oculta”, en la que generalmente solo pueden testificar quien sufre la agresión y el presunto agresor, lo que no necesariamente quiere decir que esto sea determinante para acreditar que existe responsabilidad.

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Además de las declaraciones de la víctima, otros elementos que deben considerar las autoridades para investigar el delito de violación sondan prueba ginecológica, así como dictámenes médicos y psicológicos, aunque estos últimos “se prestan mucho a la interpretación, porque no necesariamente deben llegar golpeadas, desgarradas o desangradas”, dijo Velázquez.

En el caso particular de la joven de Azcapotzalco, la abogada señaló que la revictimización que vivió por parte de las autoridades capitalinas y de los medios de comunicación fueron los principales motivos para que, hasta el momento, se desistiera de continuar la investigación por la presunta violación.

Primero, porque desde que se presentó la denuncia las autoridades filtraron a medios de comunicación datos como su número de carpeta de investigación, sus declaraciones y una ubicación que permitió conocer su dirección, lo que vulneró su privacidad.

En segundo lugar, dijo, estas prácticas se sumaron al proceso “desgastante y revictimizante” de interponer la denuncia, pues para que las autoridades inicien una carpeta de investigación por violación “hay que ir a declarar en instalaciones horrorosas: el lugar donde hacen el examen ginecológico es un cuarto de tablaroca donde es desagradable estar, y hay que contestar preguntas que pueden ser fuertes para las víctimas… y encima de todo, después de practicar dichas pesquisas, puede que les digan que no parecen haber sido violadas”.

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“Todo el proceso es complejo y desgastante, y si a ello se suma la mediatización y la filtración de información de la víctima, que es una persona que vivió una situación traumática, es normal que prefiera desistir”, aseveró.

En opinión de Ana Velazquez, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México podría iniciar una investigación por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, debido a las filtraciones de información del caso que continúa en investigación, y las víctimas tienen derecho de proceder por daño moral contra los medios de comunicación que hayan difundido datos y elementos considerados probatorios.

Discurso de odio contra las víctimas

Para Lucía Lagunes, directora de la asociación civil CIMAC, la respuesta que han tenido las autoridades a las protestas para exigir justicia por el caso de violación denunciado en Azcapotzalco, así como de otros dos que fueron presuntamente cometidos por policías el mismo mes, criminaliza la libertad de expresión y fomenta un discurso de odio que principalmente afecta a mujeres y feministas.

De acuerdo con Lagunes, el hecho de que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México ante las exigencias de justicia fuera que eran una “provocación”, estigmatizó y criminalizó a las manifestantes.

“El haber calificado de provocación una manifestación me parece delicado y peligroso, por esta estigmatización y criminalización que se hace de la protesta. Creo que, en concreto, las autoridades deben ser muy cuidadosas por el ambiente que tenemos en México, y generar discursos de odio no ayuda a construir una sociedad dialogante”, dijo en entrevista con el medio.

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Acerca de las violaciones al debido proceso por la filtración de información sobre el caso de Azcapotzalco, y que la PGJCDMX haya utilizado un video difundido en medios de comunicación para desestimar la denuncia, Lucía comentó que son prácticas que vulneran particularmente a las mujeres y “provocan un discurso de odio hacia las víctimas, que deja la idea de que denuncian a personas inocentes”.

“En general es grave que se filtre información de las víctimas, pero lo es más que existan juicios mediáticos en su contra sobre todo en un país en el que, según cifras oficiales, se asesina a nueve mujeres cada día”, sentenció.

La responsabilidad de los medios

Respecto del papel de los medios de comunicación, Lagunes explicó que “tenemos una enorme responsabilidad en la tarea social que hacemos. En ese sentido, cuando recibimos filtraciones que lo que buscan es cuestionar a las víctimas, me parece equivocado que las difundamos, especialmente si con ello generamos la idea de que ellas son responsables de las agresiones que se cometieron en su contra”.

“Incluso en los feminicidios, los medios suelen exculpar al agresor y responsabilizar a las víctimas de los asesinatos”, señaló.

En su opinión, las acciones de los medios “van reforzando el discurso de que las mujeres provocamos que nos agredan, y en ningún momento construyen un discurso que erradique de la sociedad la justificación de la violencia contra las mujeres, lo cual es muy grave, sobre todo si tomamos en cuenta que en el país hay un 98% de impunidad y que hay poca confianza de la justicia”.

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“Ver linchamientos mediáticos a las víctimas, especialmente a las mujeres, desalienta la denuncia, porque pierden confianza de que las declaraciones o datos personales sean resguardados y por supuesto que la autoridad actúe conforme derecho. Lo que están haciendo las autoridades es vulnerar a las víctimas a través de las filtraciones”, sentenció.

La especialista explicó que los medios están obligados a respetar los procesos de investigación y a no revictimizar, por lo que dijo, algunas recomendaciones básicas para el buen tratamiento de la información en casos de violencia de género es evitar describir la forma en que vestían las víctimas, si éstas acudieron a alguna fiesta o si consumieron alcohol y/o drogas, así como insinuar que pudieron haber aceptado o no haberse negado participar en el acto sexual.

“Me parece que, como periodistas, hacer referencia a la ley y al buen actuar de las autoridades es una tarea fundamental para la construcción de ciudadanía. Si informamos que las personas tenemos derecho a denunciar y que se guarde nuestra intimidad, les vamos dando herramientas para que se defiendan, y eso, indudablemente, genera una mejor sociedad”, concluyó.

 

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El 'Chernóbil mexicano': cómo ocurrió el mayor incidente nuclear de América

Un empleado de un hospital en México manipuló una maquina de terapia de cáncer que tenía una fuente radiactiva. La cadena de sucesos que siguió generó en 1984 el mayor incidente nuclear en la historia del continente.
25 de octubre, 2020
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La búsqueda de desechos radiactivos

BBC/CNSNS
Ciudad Juárez, México, vivió una inquietante alerta por radiación en la década de 1980.

La activación de alarmas en un centro de investigación nuclear en el suroeste de Estados Unidos fue el primer indicio de que algo andaba mal.

En la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984 que activó los detectores de de radiación de ese, el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica.

Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo, que pasaba por simple coincidencia por ahí, tenía un elevado nivel de radiación.

La investigación de su origen llevó hasta Ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América dada la extensión que abarcó.

Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el “Chernóbil mexicano” por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética.

Y es que miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto-60 y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México.

El otro gran incidente de radiación en América fue en 1987 en Goiânia, Brasil, que causó al menos cinco muertes y una decena de personas con padecimientos crónicos.

Un entierro en Goiânia, Brasil, en 1987

Getty Images
El de Ciudad Juárez y el de Goiânia, Brasil, han sido los incidentes con radiación más grandes del continente.

En el caso de México, unas 4,000 personas tuvieron algún grado de exposición.

Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente, además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas.

“Un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en ese estado ya no no es riesgoso, esa es una gran aberración de manejo de material radiactivo“, dice a BBC Mundo Gerardo Espinosa, un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien participó en la investigación académica de aquel suceso.

Como muestran la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores que generaron la crisis de contaminación de esa magnitud.

La compra inutilizada y no reportada

Una extensa investigación del Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) publicada en 1985 describe cómo se generó la situación.

El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto-60 fabricada en Estados Unidos.

Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente “nunca fue avisado” y por ende “jamás extendió la autorización”.

Una unidad de terapia con cobalto

Getty Images
El cobalto-60 se ha usado para la radioterapia desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad.

En tanto, el hospital nunca tuvo el personal capacitado para usarlo, por lo que lo almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que “no se cumplían los requisitos mínimos” de seguridad, según la CNSNS.

El cobalto es un material radiactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto-60 para pacientes con cáncer”, explica Espinosa.

La extraen del hospital como “chatarra”

Pasaron seis años hasta que, en diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente.

El trabajador “desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de allí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto-60. La operación la realizó sin ninguna ayuda”, dice la investigación.

“El objetivo era vender como chatarra las partes”.

Ilustración de la fuente de cobalto

CNSNS
Sotelo perforó la fuente blindada de cobalto-60, lo que causó la salida de material radiactivo.

Debido a que el cilindro con la fuente radiactiva pesaba unos 100 kg, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo, Ricardo Hernández, para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga.

Viajaron hasta un local de compra-venta de chatarra llamado Yonke Fénix, en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido.

Sin embargo, la manera en cómo el aparato fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves.

“La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas arrumbadas: aparatos de ventilación, catres y todo eso y, la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así“, dijo Sotelo Alardín al semanario Proceso en 1984.

Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo.

Un rastro de radiación por Ciudad Juárez

El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6,000 gránulos o “pellets” de cobalto-60 y una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada, en el patio de Yonke Fénix, en las grúas y otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez.

Pero los dos grandes focos de radiactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra.

Pellets como los del incidente de Ciudad Juárez

CNSNS
Los gránulos de cobalto-60 son diminutos, pero representan una fuente de radioactividad decadente hasta por 35 años.

“Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto-60 por las fábricas de productos de acero, en las fundiciones”, dice la investigación, que señala que la empresa Aceros de Chihuahua SA (Achisa) como el principal comprador de hierro.

El descubrimiento por casualidad

El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México (Estados Unidos).

Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, notificaron al gobierno de México.

A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó: “se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radiactivo”.

Laboratorio Nacional de Los Álamos

Getty Images
En el Laboratorio Nacional de Los Álamos se detectó el camión con radiación.

Espinosa explica que este material radiactivo “tiene una vida media de 5 años” y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva.

“Si tienes 100 átomos radiactivos, en 5 años tendrás 50, en otros 5 años nada más 25. Se considera que tienen 7 vidas medias, es decir, una vida activa de casi 35 años”, así que en 1984 el cobalto-60 del incidente ya había pasado a la mitad de su potencia.

La camioneta estacionada

La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Yonke Fénix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín y la calle en donde la estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez.

La fuente de desechos encontrada

CNSNS
La fuente de cobalto-60 fue encontrada en el sitio de compra-venta de chatarra Yonke Fénix.

Además de establecer “blindaje” en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto-60 sueltos con equipos especializados e incluso un helicóptero con un detector que barrió las calles de Ciudad Juárez.

La pequeña camioneta Datsun, estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con EE.UU., donde vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante: las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1.000 R/h

“Eso se considera alto y en una exposición de una hora a cuerpo completo puede morir la persona. Pero si el conductor y acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.7 R/h que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana”, dice a BBC Mundo el doctor Epifanio Cruz, de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Los gránulos o pellets quedaron regados por los locales de comercio de hierro.

“En virtud de que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni se encontrase demasiado distante”, dice el informe de la CNSNS.

La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos.

“Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente radiactiva. Y ese fue el problema”, recuerda Espinosa del trabajo que hicieron por parte de la UNAM.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
La población poco supo de la situación que se había dado, explica Espinosa.

“Nadie supo que había material radiactivo ni en el hospital, ni en el traslado, ni en la camioneta”, añade.

El material sacado de Ciudad Juárez

La degradación natural del cobalto-60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3.000 curios (Ci) en 1977 a 450 Ci para febrero de 1984.

“Con menos de 500 puede haber efecto, pero no mucho. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo”, explica Espinosa.

Además de Yonke Fénix y Achisa, la investigación de la CNSNS detectó que tres empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación.

Las instalaciones de Achisa

CNSNS
Unas 6.600 toneladas de varilla fueron fabricadas con hierro contaminado, según la investigación.

Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radiactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos conaminados.

En total, 6,600 toneladas de varilla y 3,000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas.

La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17,600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas, según el informe.

“Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos (pilares) de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material. Y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran”, recuerda Espinosa.

La búsqueda de desechos radiactivos

CNSNS
Gránulos de cobalto-60 fueron detectados incluso en una carretera por la que pasó un vehículo con hierro contaminado.

El experto explica que, si bien el nivel de exposición ya no era riesgoso, las normas internacionales requieren que 90% del material contaminado sea asegurado y desechado.

4,000 personas expuestas

La investigación indica que unas 4,000 personas resultaron “expuestas a la radiación” de las cuales un 80% recibió dosis inferiores a 500 mrem.

Eso es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación.

Otro 18% recibió entre 0,5 y 25 rems, mientras que 2%, o unas 80 personas, estuvieron expuestas a más de 25 rems. De todas, cinco personas estuvieron expuestas a dosis de entre 300 y 700 rems en un periodo de dos meses, según la CNSNS.

“Para las cinco personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 rem, fue más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas tiroides y huesos superficiales por ejemplo en manos y pies, acortamiento de la calidad de vida”, explica el doctor Cruz.

“El efecto de esas dosis puede llevar a daños del material genético hereditario al menos a dos generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta que puede recobrarse pasados al menos cinco años”, añade.

La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre problemas de salud detectados en las personas expuestas.

Sobre Vicente Sotelo Aldarín no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso meses después que tuvo malestares que luego desaparecieron: “creyeron que era diabetes”.

Después del incidente, poco se supo del trabajador. Espinosa dice que “el señor se perdió”.

Los trabajadores de Yonke Fénix “dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas y no presentaban marcas visibles en pies o manos”, salvo algunas pigmentaciones y algunos malestares pasajeros, según la CNSNS.

Cuatro trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente, sí presentaron leucopenia, que es disminución en la concentración de leucocitos en la sangre.

Pero luego de unos meses. los empleados de Achisa “se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas”, reportó Proceso en aquella época.

Señal de peligro por radiación.

Getty Images
Sotelo Aldarín asegura que no había ninguna advertencia de riesgo en la máquina que tomó.

Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía “una quemadura atribuible a radiaciones en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma”.

“En ninguno de los casos se detectó sintomatología aguda”, según la investigación de ese entonces. No hubo reportes de víctimas mortales conocidas.

BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas que hubo, pero la institución dijo que lo contenido en el informe de 1985 es lo único disponible: “no contamos con más registros de esa época”.

Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de radiación.

El “cementerio” radiactivo

Encontrar un lugar en el cual colocar el material radiactivo fue el siguiente problema a resolver: tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medioambiente.

“Llevaron de un lado para otro durante casi un año en camiones el material radiactivo para ver dónde lo enterraban. Fue un desorden total“, recuerda Espinosa.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
En un espacio desértico conocido como “La Pedrera” fue excavado el “cementerio” de desechos.

Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno, por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado “La Pedrera”.

Ahí fueron llevados tanto las varillas y otros materiales fabricados con hierro contaminado, como la camioneta de Sotelo Aldarín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo.

Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel “cementerio” de desechos radiactivos que debería estar protegido ha quedado en el abandono.

La CNSNS dijo a BBC Mundo que “se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa”.

“Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de disposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente”, añade.

El tiradero de desechos radiactivos

CNSNS
La camioneta manejada por Sotelo Aldarín fue enterrada en el tiradero construido.

Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar.

Para el físico Guillermo Espinosa, es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad: “pero sí creo que fue muy mal manejado”, considera.

La radiactividad es como el fuego: si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes. Si no la manejas bien, hay quemaduras”, continúa.

“La lección que se debe aprender es que cualquier fuente de radiación debe estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable. Cosa que ahí no ocurrió”.


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