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Cuartoscuro

Revictimización y vulneración del proceso: ¿Cómo afectan las filtraciones la investigación de una violación?

La filtración de información sobre investigaciones es ilegal, y que los medios la difundan genera revictimización, aseguran especialistas.
Cuartoscuro
15 de agosto, 2019
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La filtración de información sobre denuncias que se encuentran siendo investigadas, así como de los datos personales de las víctimas, constituyen prácticas que violan el debido proceso y generan discursos de odio contra quienes acuden a las autoridades, especialmente cuando se trata de mujeres y feministas.

De acuerdo con la abogada Ana Velazquez y con la especialista en comunicación con perspectiva de género Lucía Lagunes, la filtración de información sobre carpetas de investigación de las procuradurías y fiscalías del país es ilegal, y el que los medios de comunicación la difundan genera revictimización y que se ponga en duda la palabra de las denunciantes.

El caso de una menor de edad que denunció haber sido víctima de violación por parte de policías de Azcapotzalco es un ejemplo de estas prácticas, pues desde que sus familiares acudieron a dar parte a las autoridades de lo ocurrido, medios de comunicación obtuvieron información personal de la joven y la difundieron sin respetar su intimidad.

Lee: Procuraduría de CDMX afirma que menor no fue violada por policías en Azcapotzalco

Las autoridades, por su parte, utilizaron información difundida en los medios de comunicación para desestimar la denuncia.

Filtración de datos y revictimización

Doce días después de que la joven que denunció haber sido violada por policías todavía no hay detenidos por el caso, y las autoridades de la Ciudad de México han señalado que se debe a que la víctima no continuó con el proceso.

Sin embargo, Ana Velazquez, integrante del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, explicó a Animal Político que esta no es la razón por la que no se ha hecho, sino porque las autoridades no han conseguido pruebas suficientes para imputarle cargos a alguno de los oficiales que podrían estar involucrados, pues el delito de violación, a diferencia de otros, no necesita de la denuncia de la víctima directa para ser investigado.

“La violación se persigue de oficio, o sea, no es necesario que la víctima deba denunciar o ratificar la denuncia. En este caso, por ejemplo, quien acudió a dar parte a las autoridades fueron los familiares de la joven y procedió. Lo que sucede ahora es que la denuncia no es un elemento suficiente para acreditar la responsabilidad de los policías”, señaló.

Aunque, de acuerdo con la abogada, en el delito de violación el testimonio de la víctima directa es un elemento preponderante en la investigación, dado que es una conducta “que se llama de realización oculta”, en la que generalmente solo pueden testificar quien sufre la agresión y el presunto agresor, lo que no necesariamente quiere decir que esto sea determinante para acreditar que existe responsabilidad.

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Además de las declaraciones de la víctima, otros elementos que deben considerar las autoridades para investigar el delito de violación sondan prueba ginecológica, así como dictámenes médicos y psicológicos, aunque estos últimos “se prestan mucho a la interpretación, porque no necesariamente deben llegar golpeadas, desgarradas o desangradas”, dijo Velázquez.

En el caso particular de la joven de Azcapotzalco, la abogada señaló que la revictimización que vivió por parte de las autoridades capitalinas y de los medios de comunicación fueron los principales motivos para que, hasta el momento, se desistiera de continuar la investigación por la presunta violación.

Primero, porque desde que se presentó la denuncia las autoridades filtraron a medios de comunicación datos como su número de carpeta de investigación, sus declaraciones y una ubicación que permitió conocer su dirección, lo que vulneró su privacidad.

En segundo lugar, dijo, estas prácticas se sumaron al proceso “desgastante y revictimizante” de interponer la denuncia, pues para que las autoridades inicien una carpeta de investigación por violación “hay que ir a declarar en instalaciones horrorosas: el lugar donde hacen el examen ginecológico es un cuarto de tablaroca donde es desagradable estar, y hay que contestar preguntas que pueden ser fuertes para las víctimas… y encima de todo, después de practicar dichas pesquisas, puede que les digan que no parecen haber sido violadas”.

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“Todo el proceso es complejo y desgastante, y si a ello se suma la mediatización y la filtración de información de la víctima, que es una persona que vivió una situación traumática, es normal que prefiera desistir”, aseveró.

En opinión de Ana Velazquez, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México podría iniciar una investigación por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, debido a las filtraciones de información del caso que continúa en investigación, y las víctimas tienen derecho de proceder por daño moral contra los medios de comunicación que hayan difundido datos y elementos considerados probatorios.

Discurso de odio contra las víctimas

Para Lucía Lagunes, directora de la asociación civil CIMAC, la respuesta que han tenido las autoridades a las protestas para exigir justicia por el caso de violación denunciado en Azcapotzalco, así como de otros dos que fueron presuntamente cometidos por policías el mismo mes, criminaliza la libertad de expresión y fomenta un discurso de odio que principalmente afecta a mujeres y feministas.

De acuerdo con Lagunes, el hecho de que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México ante las exigencias de justicia fuera que eran una “provocación”, estigmatizó y criminalizó a las manifestantes.

“El haber calificado de provocación una manifestación me parece delicado y peligroso, por esta estigmatización y criminalización que se hace de la protesta. Creo que, en concreto, las autoridades deben ser muy cuidadosas por el ambiente que tenemos en México, y generar discursos de odio no ayuda a construir una sociedad dialogante”, dijo en entrevista con el medio.

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Acerca de las violaciones al debido proceso por la filtración de información sobre el caso de Azcapotzalco, y que la PGJCDMX haya utilizado un video difundido en medios de comunicación para desestimar la denuncia, Lucía comentó que son prácticas que vulneran particularmente a las mujeres y “provocan un discurso de odio hacia las víctimas, que deja la idea de que denuncian a personas inocentes”.

“En general es grave que se filtre información de las víctimas, pero lo es más que existan juicios mediáticos en su contra sobre todo en un país en el que, según cifras oficiales, se asesina a nueve mujeres cada día”, sentenció.

La responsabilidad de los medios

Respecto del papel de los medios de comunicación, Lagunes explicó que “tenemos una enorme responsabilidad en la tarea social que hacemos. En ese sentido, cuando recibimos filtraciones que lo que buscan es cuestionar a las víctimas, me parece equivocado que las difundamos, especialmente si con ello generamos la idea de que ellas son responsables de las agresiones que se cometieron en su contra”.

“Incluso en los feminicidios, los medios suelen exculpar al agresor y responsabilizar a las víctimas de los asesinatos”, señaló.

En su opinión, las acciones de los medios “van reforzando el discurso de que las mujeres provocamos que nos agredan, y en ningún momento construyen un discurso que erradique de la sociedad la justificación de la violencia contra las mujeres, lo cual es muy grave, sobre todo si tomamos en cuenta que en el país hay un 98% de impunidad y que hay poca confianza de la justicia”.

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“Ver linchamientos mediáticos a las víctimas, especialmente a las mujeres, desalienta la denuncia, porque pierden confianza de que las declaraciones o datos personales sean resguardados y por supuesto que la autoridad actúe conforme derecho. Lo que están haciendo las autoridades es vulnerar a las víctimas a través de las filtraciones”, sentenció.

La especialista explicó que los medios están obligados a respetar los procesos de investigación y a no revictimizar, por lo que dijo, algunas recomendaciones básicas para el buen tratamiento de la información en casos de violencia de género es evitar describir la forma en que vestían las víctimas, si éstas acudieron a alguna fiesta o si consumieron alcohol y/o drogas, así como insinuar que pudieron haber aceptado o no haberse negado participar en el acto sexual.

“Me parece que, como periodistas, hacer referencia a la ley y al buen actuar de las autoridades es una tarea fundamental para la construcción de ciudadanía. Si informamos que las personas tenemos derecho a denunciar y que se guarde nuestra intimidad, les vamos dando herramientas para que se defiendan, y eso, indudablemente, genera una mejor sociedad”, concluyó.

 

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'Gaschicol', el nuevo y productivo negocio de los cárteles en México

El robo de gas LP es el negocio más reciente de los carteles de narcotráfico en México, al que se suman bandas de delincuencia organizada. Las ganancias superan los US$600 millones, pero el riesgo de accidentes es elevado.
12 de octubre, 2019
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Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Robo de gas

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El robo de gas causó pérdidas por más de US$600 millones este año.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

Robo de gas

AFP
Miles de soldados combaten el robo de combustibles en México.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

Explosión de gas

AFP
Los accidentes por el “gaschicol” aumentaron este año.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

Explosión de gas

Pemex
Una fuga de gas como ésta en Puebla tarda horas en controlarse.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.


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