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Cuartoscuro

Robles está en prisión preventiva, ¿y ahora qué sigue? ¿Puede apelar, llegar a un acuerdo?

Si bien ahora mismo Rosario Robles está en prisión, aún no es declarada culpable y el proceso en su contra apenas comienza. 
Cuartoscuro
Por Arturo Daen y Francisco Sandoval
14 de agosto, 2019
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Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, ingresó este martes al penal de Santa Martha Acatitla, luego de que un juez determinó su probable responsabilidad en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra, y ordenó iniciar una investigación. 

Se trata de la primera secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto que pisa la cárcel por los presuntos desvíos millonarios que involucraron a 11 dependencias federales, ocho universidades públicas y 186 empresas.

Después de la audiencia inicial, el juez ordenó dos meses para armar la indagatoria. En ese tiempo la Fiscalía General de la República (FGR) deberá sustentar la acusación de ejercicio indebido de la función pública, y la defensa presentar pruebas a favor de la inocencia de Robles. 

Lee más: Tras 11 horas de audiencia, la prisión sorprendió a Rosario Robles

Los abogados de Robles acusaron en un comunicado que aplicar la prisión preventiva al estar acusada de un delito que no es grave es muestra de un “proceso imparcial y por consigna”,  y que Robles es un “chivo expiatorio”, para exculpar a otros exfuncionarios. 

Si bien ahora mismo Robles está en prisión, aún no es declarada culpable y el proceso en su contra apenas comienza. 

Para conocer qué es lo que sigue, Animal Político consultó a la organización Tojil A. C., que junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad interpuso la denuncia penal que resultó en el proceso legal que ahora se sigue; y también se consultó a los defensores de la exjefa de Gobierno, que adelantaron que impugnarán. 

¿En qué etapa está el proceso de Robles?

En este momento, luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidiera vincularla a proceso, y establecer prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga, está corriendo el periodo de investigación complementaria. 

Mientras transcurre, Robles seguirá en prisión preventiva y no puede salir bajo fianza. 

Si bien el juez marcó un periodo de dos meses de investigación complementaria, la ley marca que esta etapa puede durar de dos a seis meses, e incluso ambas partes pueden pedir que se extienda ese periodo. 

Y cuando concluya la investigación complementaria… 

Al terminar dicha etapa la parte acusadora, que es la Fiscalía General, tiene dos opciones: acusar formalmente a Robles para solicitar que se inicie un juicio; o el sobreseimiento, que es desistir y señalar que no tiene los elementos necesarios para seguir con su acusación.

Si persiste y hace su acusación ante el juez, la Fiscalía debe presentarla por escrito, y de acuerdo con Estefanía Medina, abogada de Tojil A. C., “incluso puede variar los delitos” por los que responsabiliza a Robles, y que ya no sea ejercicio indebido de la función pública, sino que haga una “reclasificación” del delito. 

“Un dato importante es que si bien se puede cambiar el delito en esa acusación, no pueden variarse los hechos que ya se establecieron en la vinculación a proceso”, apuntó Medina. 

La abogada, en este sentido, recordó que Tojil A. C. denunció a Robles por los delitos de cohecho y ejercicio indebido de funciones, aunque de momento la exfuncionaria aún no enfrenta un proceso penal por esos crímenes vinculados a corrupción. 

En el escenario de que la Fiscalía presente la acusación formal se abre otro periodo conocido como “descubrimiento probatorio”. En él la defensa debe mostrar a la Fiscalía las pruebas que pretende ofrecer, para ir a juicio, “y una vez ocurrido eso se cita a una audiencia intermedia”, donde ya el juez analiza o “depura” los elementos que presentará cada una de las partes. 

Entonces el juez ya podría dar una fecha para iniciar el juicio. 

Mientras esto ocurre, otro elemento a considerar es que nuevas denuncias contra Robles podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión, con su respectivo proceso judicial. 

Un procedimiento  abreviado, una posibilidad

Lo anterior es un escenario, pero “desde el día de mañana”, señaló Medina, la Fiscalía General puede proponer a Robles ir a un juicio o procedimiento abreviado, como el que se dio en el caso de Javier Duarte, que fue condenado a nueve años de prisión por el caso de Las Empresas Fantasma de Veracruz.

Es decir, la parte acusadora y Robles podrían llegar a un acuerdo en el que la exfuncionaria federal se declare culpable a cambio de recibir una pena reducida por el delito de ejercicio indebido de la función pública, que alcanza entre 2 y 7 años de prisión. 

“Nosotros opinamos que en este tipo de casos, por el impacto que tiene, por el nivel de redes que tiene, al igual que el caso Duarte, lo óptimo es que se llegue a un juicio para que ahí se puedan desahogar las pruebas, para que no quede lugar a dudas de cuáles son los hechos en los que se está incurriendo. 

No parece una buena idea el procedimiento abreviado, pero tenemos el antecedente gravísimo del caso Duarte”, opinó Medina.

En el caso de Javier Duarte, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aceptó un procedimiento abreviado reconociendo que hubo deficiencias en la integración inicial de la carpeta de investigación, cuando la titular era Arely Gómez.

Dichas fallas, como el hecho de que se recabaran pruebas o datos bancarios sin autorización de un juez, podían tirar el caso y dejar impune a Duarte, justificó en 2018 la PGR, así que tomó la opción del procedimiento abreviado, propuesta por la propia defensa del exgobernador, en lugar de seguir el proceso hacia un juicio oral; esto derivó en la sentencia de 9 años de cárcel, que al parecer de la organización Tojil fue “desproporcional” e inadecuada, respecto a los delitos por los que fue acusado, y por ello incluso denunció un posible arreglo ilegal entre la PGR y Duarte.

El recurso de apelación

La defensa de Rosario Robles tiene la oportunidad de apelar la vinculación a proceso y la prisión preventiva. Para presentar el recurso ante el juez que ordenó esas medidas tiene un plazo de tres días, contados a partir de este martes 13 de agosto. 

Estefanía Medina, abogada de Tojil A. C., explicó que el proceso de apelación “es relativamente rápido”, ya que en un plazo de entre 10 o 15 días, una vez presentado el recurso, un tribunal podría resolver si hubo agravios que ameriten revocar la vinculación a proceso o la prisión preventiva. 

Es decir, en ese lapso Robles podría recobrar su libertad, si gana la apelación.

La medida cautelar de prisión preventiva, refirió la defensa de Robles en un comunicado, es “totalmente innecesaria e injusta”, una muestra de lo que consideran una persecución política. 

Así que “será impugnada”, adelantaron.  

Los abogados de Robles consideraron que la actuación del juez que vinculó a proceso a su cliente fue inaudita, al proferir “palabras de sarcasmo y de injuria” en contra de ellos.

“Creemos que este no es el trato que merece la defensa de cualquier ciudadano mexicano. Se ha violado el principio de presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso, se han mancillado los derechos humanos de Rosario Robles”, expresaron.

¿Investigarán a Peña Nieto y a Meade?

En la audiencia del 13 de agosto, el juez pidió investigar la posible participación del ahora expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario José Antonio Meade, en los desvíos de La Estafa Maestra. 

Lee más: Juez pide investigar participación de Peña y Meade en La Estafa Maestra

Al respecto, Medina comentó que los jueces tienen la obligación de que, si en el curso de una audiencia “surge la posibilidad de que alguien más cometió un delito”, entonces deben “dar vista” o deben informar a la autoridad investigadora, en este caso la Fiscalía General.

Sin embargo, no es un mandato, explicó la abogada, la decisión queda en manos de la Fiscalía General y ya no deben dar cuenta al juez.

Meade y Peña Nieto, agregó, podrían ser parte del proceso si alguna de las partes, la defensa de Robles o la Fiscalía, considera su testimonio como parte de sus pruebas. Pero ello depende de la estrategia legal que definan.

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Getty Images

Los 3 países de América Latina que cobran impuesto a la riqueza y qué resultados han tenido

Mientras en Estados Unidos se discute la propuesta de imponer un gravamen a la riqueza de los multimillonarios, en la región hay tres países que lo han implementado, con fórmulas muy distintas.
Getty Images
17 de enero, 2020
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Es uno de los temas que provoca profundas divisiones en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales en noviembre de este año.

Candidatos demócratas como Elizabeth Warren o Bernie Sanders proponen la creación de un impuesto a la riqueza de los multimillonarios para disminuir la desigualdad que existe en el país y aumentar con ello el gasto social en sectores como la salud o la educación.

Los detractores, en cambio, argumentan que la iniciativa tendría consecuencias económicas negativas, incluidos graves efectos en la inversión y el empleo.

“Una de las confusiones entre algunos políticos de izquierda es que piensan que los ricos estadounidenses tiene su riqueza escondida en lingotes de oro bajo el colchón“, le dijo a la BBC Chris Edwards, director de Estudios de Políticas Tributarias del Instituto Cato en Estados Unidos, con sede en Washington D.C.

“Pero la mayor parte de sus activos están invertidos en negocios. Jeff Bezos, (el fundador y director ejecutivo) de Amazon, por ejemplo, genera crecimiento económico y miles de trabajos”.

Wall Street

Getty Images
El impuesto a la riqueza es uno de los temas debatidos de cara a la elecciones presidenciales en EE.UU.

Esa idea no convence a Emmanuel Sáez, profesor de Economía de la Universidad de California, Berkeley, y parte del equipo que trabaja junto al economista francés Thomas Piketty.

“Es la herramienta más poderosa para aumentar el pago de impuestos de los que están en la cima”, dijo en el programa de radio de la BBC Business Daily.

Aunque para que funcione, debe ser aplicado con regulaciones internacionales que permitan evitar la fuga de capitales de un país a otro y controlar efectivamente los problemas de elusión y evasión tributaria.

Y esa es una de las razones que explicaría por qué en Europa varias países lo han eliminado y actualmente solo lo aplican cuatro: España, Noruega, Suiza y Bélgica.

Colombia, Uruguay y Argentina

En América Latina hay tres países que utilizan un impuesto a la riqueza: Colombia, Uruguay y Argentina.

Hay expertos que prefieren hablar de impuesto al patrimonio, porque desde el punto de vista técnico se trata de un gravamen a los activos menos las deudas.

Y en el caso de Argentina el nombre del tributo es “impuesto a los bienes personales”.

Pesos argentinos

Getty Images
El impuesto a la riqueza o el patrimonio es distinto al impuesto a la renta de las personas.

Más allá de las características específicas en cada país, se trata de un impuesto que se aplica a la fortuna de las personas más ricas.

Es distinto al impuesto sobre la renta, el cual se cobra según los ingresos de una personay no por su riqueza acumulada.

Pero es más difícil de calcular y, como suele ocurrir en temas tributarios, hay muchas maneras de evitarlo, lo cual juega en contra del objetivo básico, que es aumentar la recaudación fiscal.

¿Es una buena solución?

“La desigualdad de riqueza o de patrimonio en América Latina es mucho más grande que la desigualdad medida por ingresos”, le dice a BBC Mundo Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Es por eso que Titelman considera que el impuesto a la riqueza “es una alternativa válida, un instrumento muy útil”, dado que los países de América Latina necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva.

“La recaudación que ha alcanzado este impuesto en Argentina, Colombia y Uruguay no es trivial en ninguno de los casos”.

Bogotá, Colombia

Getty Images
El impuesto al patrimonio grava todos los activos financieros y no financieros menos las deudas.

Hay países donde se está discutiendo una forma puntual de gravar el patrimonio, como es el caso de Chile, donde el debate está centrado en crear un impuesto a las propiedades a partir de un determinado valor.

De hecho, las propiedades son una de las formas más visibles de la riqueza, pero lo cierto es que el concepto de patrimonio es tan amplio que incluye desde obras de arte, joyas, barcos y autos, hasta cuentas bancarias y activos financieros.

Por lo mismo es difícil de detectarlo y valorizarlo.

“Para asegurar su efectividad es muy importante el intercambio de información fiscal y financiera entre las autoridades tributarias de los países”, apunta Titelman.

“Es un impuesto que tiene un potencial recaudatorio, pero su implementación no es trivial”.

“Para una región que le cuesta recaudar, este puede ser un impuesto muy bueno e importante”.

El desafío, explica, es que exista un intercambio de información entre los países para evitar problemas como la fuga de capitales más allá de las fronteras.

Impuesto a la riqueza en Latinoamérica. Recaudación como porcentaje del PIB. .

Una visión distinta tiene Alberto Barreix, economista Líder Principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo a sus investigaciones, el impuesto al patrimonio tiene varias desventajas en relación a otros.

“En el mundo los impuestos al patrimonio no recaudan prácticamente nada, mientras que los impuestos a la rente sí lo hacen”, dice en conversación con BBC Mundo.

“Es muy poco en relación a las presiones fiscales que tienen los países en América Latina”.

Y en muchas ocasiones, “el impuesto al patrimonio no recauda, porque no se quiere gravar un patrimonio que está invertido”.

Dólares

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Hay dudas sobre la verdadera capacidad de recaudación del impuesto a la riqueza.

Por otro lado, explica, está el tema de la valuación del patrimonio. “Es muy difícil valuar las empresas”.

Pero además, agrega, es muy complejo aplicarlo cuando no hay colaboración internacional. Desde esa perspectiva, Barreix argumenta que existe una mejor solución tributaria.

“Una fórmula razonable para aumentar la recaudación es aplicar un impuesto a la renta, bien cobrado, junto a un impuesto a la herencia”.

¿Cómo funciona el impuesto en cada país?

Según un estudio de la Cepal, estas son las características de los impuestos al patrimonio o a la riqueza -según la definición que prefiera utilizarse- en los países latinoamericanos.

1. URUGUAY

Llamado Impuesto al Patrimonio (IPAT), grava el patrimonio neto de personas naturales y jurídicas localizadas en Uruguay.

Incluye activos como dinero en efectivo, metales preciosos, créditos a favor del contribuyente, vehículos, inmuebles, casa habitación y muebles.

Para personas físicas y núcleos familiares residentes en Uruguay va del 0,4% al 0,7%.

Pantalla con cifras

Getty Images
En Uruguay el gravamen se llama Impuesto al Patrimonio (IPAT).

Para personas físicas no residentes va de 0,7% a 1,5%.

Entre los bienes exentos están los activos en el exterior, las áreas forestadas con determinados tipos de bosques, los títulos de deuda pública, las acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo y bienes inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias.

2. COLOMBIA

Se grava el patrimonio neto localizado en Colombia de personas naturales y jurídicas.

Se calcula tomando el patrimonio total bruto menos las deudas. Incluye los bienes en el exterior y la versión actual de la ley aplica desde 2019 a 2021.

Tiene una tasa única de 1% para los patrimonios netos superiores a US$1,5 millones (aproximadamente).

El bien exento es la primera vivienda del contribuyente por un valor de hasta US$140.500 (aprox.).

3. ARGENTINA

Personas en Buenos Aires

Getty Images
En Argentina se grava el patrimonio bruto de personas naturales y jurídicas.

Con el nombre de “Impuesto a los bienes personales”, grava el patrimonio bruto de personas naturales y jurídicas localizadas en Argentina.

Eso incluye inmuebles, automóviles, billetes (en peso y moneda extranjera), cuentas corrientes bancarias, saldos de fondos comunes y otras inversiones no exentas, obras de arte, antigüedades, objetos del hogar y bienes en el exterior.

Para los bienes en el país la tasa impositiva va desde 0,5% hasta 1,25%.

Para los bienes en el exterior varía entre el 0,7% y el 2,25%.

Incluye entre los bienes exentos la vivienda del contribuyente por un valor de hasta US$300.000 aproximado, los saldos de plazos fijos y cajas de ahorro, los títulos de deuda emitidos por el Estado y los bienes inmateriales como marcas y patentes.

(Los valores son aproximados porque dependen de la variación de la moneda local respecto al dólar).


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