La Estafa Maestra: SFP exoneró a exoficial de Robles en 2015 y hoy Fiscalía lo señala por el mismo caso
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Cuartoscuro Archivo

La Estafa Maestra: SFP exoneró a exoficial de Robles en 2015 y hoy Fiscalía lo señala por el mismo caso

En octubre de 2015 el titular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol determinó el cierre de la investigación sobre presuntos desvíos “por falta de elementos”.
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20 de agosto, 2019
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Desde 2015, la Secretaría de la Función Pública investigó las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los convenios que la Sedesol hacía con universidades públicas, y que terminaron en presuntos desvíos.

Sin embargo, archivó el caso al considerar que todo había sido legal, y con ello exoneró a Emilio Zebadúa, entonces Oficial Mayor de la dependencia y encargado de la administración de recursos, mano derecha de Rosario Robles.

Ahora, la Fiscalía tiene abiertas más de una decena de carpetas de investigación donde incluye a Zebadúa y sus subalternos por la simulación de servicios y la “dispersión” de recursos públicos, entregados a través de convenios realizados entre la Sedesol y la Sedatu con universidades públicas, entre 2013 y 2018, incluidos los que investigó y descartó Función Pública en 2015.

De hecho, después se comprobó la mala actuación del funcionario público que realizó la investigación, Mauricio Razo, y fue inhabilitado del servicio público en 2018 por la Secretaría de la Función Pública, al considerar que no tuvo elementos legales para archivar el expediente en la Sedesol.

La investigación de Mauricio Razo, incluso, ha sido ocupada por la defensa de Rosario Robles en el proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, como un elemento probatorio de su inocencia, y de que no existieron irregularidades en su gestión en la Sedesol.

Zebadúa, en la mira de la Fiscalía

La Fiscalía General de la República mantiene más de una decena de carpetas de investigación en las cuales señala a Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedat y Sedesol, y su subalterno, Francisco Báez, exdirector general de Programación y Presupuesto, como los funcionarios encargados de liberar los recursos de las dependencias.

En la primera audiencia que enfrentó Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, el pasado 8 de agosto, la Fiscalía enumeró los 25 convenios que investiga por posibles irregularidades, y en al menos 11 de ellos, además de mencionar a los funcionarios que firmaron, también aluden a Zebadúa y Báez.

Los convenios significaron el mecanismo para “simular servicios”, y por los cuales proveedores “irregulares” recibieron recursos públicos que posteriormente “dispersaron”, para “distraerlos a usos ajenos” a lo que estaban previstos, explicaron los fiscales.

La Fiscalía acusó a Zebadúa y otros funcionarios de trabajar “unidos por el único fin de simulación de actos”. Entre los implicados también están Ramón Sosamontes, exjefe de Rosario Robles. Los subalternos de Zebadúa: René Islas, exdirector de Recursos Materiales, y Claudia Mornes, subalterna de éste, como directora de área, y Enrique Prado Ordoñez, director de Adquisiciones. También Marcos Salvador Ibarra, director general que dependía de la Coordinación de Delegaciones.

José Antolino Orozco, exdirector de Geoestadística y Padrones; Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu, y Armando Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial, quienes han denunciado penalmente la falsificación de sus firmas en los convenios fraudulentos.

La exoneración

En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en sus informes sobre cómo se gastaron los recursos de la Sedesol presuntas irregularidades en los convenios que la dependencia había hecho con las Universidades Autónomas del Estado de Morelos y del Estado de México, para hacer supuestos servicios que en realidad se simularon y, por tanto, hubo un presunto desvío de recursos públicos.

Por ello, pidió al Órgano Interno de Control de la Sedesol (el área que vigila la correcta actuación de los funcionarios públicos y depende de la Secretaría de la Función Pública), que investigara los procedimientos para deslindar responsabilidades.

El encargado de hacerlo fue Mauricio Razo, extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol. La investigación se concentró en Emilio Zebadúa, Humberto René Islas, Sonia Angélica Zaragoza y Enrique Prado Ordoñez, que firmaron los convenios y que, según la Auditoría, significaron el presunto desvío de 865 millones de pesos.

Sin embargo, poco más de un mes después de iniciar la investigación, el 1 de octubre de 2015, Mauricio Razo determinó el cierre de la misma “por falta de elementos”. Aseguró que los funcionarios cumplieron con sus funciones y los exoneró de cualquier responsabilidad. Tan solo quince días después, el 16 de octubre, Razo pasó con el mismo cargo a la Sedatu, donde ya era titular Rosario Robles.

En 2017, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción publicaron La Estafa Maestra, una investigación periodística que reveló que las empresas contratadas para hacer los supuestos servicios eran irregulares o fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.

Incluso, antes de publicar, Rosario Robles entregó el expediente de la investigación de Mauricio Razo como prueba de que todo se había hecho bien.

Sin embargo, en octubre de 2018, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Mauricio Razo por dos años del servicio público por la exoneración de los funcionarios, al considerar que no tuvo elementos jurídicos para cerrar la investigación. La sanción llegó un año después de que dejara su encargo en Sedesol, en 2017, pero aún podría recurrir ante un tribunal federal para tratar de revocar, o para que se decida si el castigo queda firme.

El criterio de la Función Pública también coincidió con el expuesto por especialistas de Fundar y México Evalúa, a quien Animal Político entregó el expediente para que evaluaran los argumentos legales expuestos por Razo. Concluyeron que se trató de una investigación “imparcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

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Reuters

Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico

La huelga del jueves puede ser recordada como el día demostró que Colombia, para bien o para mal, ya no es el país de antes. Pese a los disturbios y destrozos usuales, el paro nacional mostró facetas inéditas en un país sin tradición de protesta.
Reuters
23 de noviembre, 2019
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En un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico.

La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas pensional, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En suma, la población se movilizó en contra del poder establecido, hoy materializado en el presidente, Iván Duque, un aliado del expresidente Álvaro Uribe que en un intento de ser moderado ha generado rechazo entre la izquierda y la derecha.

A medida que las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia aumentaron, dejaron decenas de muertos y generaron cambios políticos importantes, la expectativa ante el paro en Colombia se tomó la agenda nacional durante días.

El gobierno militarizó partes del país, acuarteló el ejército, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a gobiernos locales para “mantener el orden”; se produjeron allanamientos; el partido de gobierno, el derechista Centro Democrático, alertó de la supuesta injerencia de gobiernos chavistas.

Y, como suele pasar en jornadas de protesta en América Latina y el mundo, en el paro hubo —según reportaron medios locales— disturbios, saqueos, daños a la infraestructura pública y abusos de fuerza por parte de las autoridades.

Dicho eso, es probable que la historia recuerde al paro nacional del 21 de noviembre en Colombia como el día en que los colombianos, una población traumatizada por un conflicto armado de 60 años, mostraron su disposición a salir a la calle. Pese a la lluvia. Pese a la represión.

Este paro tuvo una magnitud que ninguna protesta tuvo en 60 años“, le dice a BBC Mundo el reconocido historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

“La protesta en Colombia siempre fue localizada, y siempre recibió una respuesta negativa del Estado, que la convertía en peligro”.

“Pero esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que buscan una política social más clara y un cumplimento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país”, concluye Melo.

Tres cosas inéditas demuestran el carácter histórico de la jornada.

Protesta en Colombia

AFP
Cuando parecía que las protestas habían terminado tras la represión policial, miles de colombianos volvieron a salir para reiterar su grito de protestas contra, entre otras cosas, el neoliberalismo.

1. El paro en sí mismo

Colombia no ha tenido la tradición de protesta de países como Chile, Argentina o México por varias razones, pero se destacan la baja tasa de representatividad sindical, de menos del 5%, y la vigencia de un conflicto armado que distorsionó el escenario político clásico de izquierdas y derechas y laceró la viabilidad política de la izquierda democrática, que nunca ha llegado al poder en el país.

El último gran paro nacional se produjo en 1977. Convocado por los sindicatos, el paro fue asumido por profesores, trabajadores y estudiantes y puso contras las cuerdas al gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, que enfrenaba una dura crisis económica y una disputa con los militares.

Durante los últimos años, por supuesto, han habido huelgas importantes, como el paro de corteros e indígenas contra el gobierno de Uribe en 2008 y el paro agrario contra Juan Manuel Santos en 2013.

También hubo grandes manifestaciones, como la marcha contras las FARC en 2008 y la que pedía la implementación del acuerdo de paz un día después de que fuera rechazado en un plebiscito en 2016.

Pero al menos desde 1977, y guardando las diferencias de carácter histórico, Colombia no había vivido una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre.

Prácticamente todos los gremios acataron el paro; en cada rincón del país hubo protestas; la mayoría de quienes no protestaron vivieron una suerte de día feriado; el país estuvo paralizado por un día.

Solo el comercio, por ejemplo, se vio paralizado en un 50%, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), lo que equivale a pérdidas de US$60 millones.

En un país históricamente institucionalista, el shock político, económico y cultural que significó el paro del 21 es inédito.

Protesta en Colombia

EPA
Marchas masivas ha habido antes en Colombia, pero esta es la primera vez que un paro es acatado por prácticamente todos los sectores de la economía.

2. El cacerolazo

Al final de la tarde del jueves, cuando las marchas parecían ya haberse apaciguado tras la dispersión policial, miles de colombianos volvieron a las calles.

De noche, muchos en piyama, con el ambiente festivo y musical que marcó el inicio de la jornada, muchos salieron a la calle a reanudar su grito de protesta.

Y con un detalle que es usual en Venezuela, Argentina o Chile, pero que en Colombia no se había visto —o escuchado— en historia reciente: la cacerola.

Desde la calle o desde sus casas, en Bogotá y en otras ciudades del país, un inédito cacerolazo se tomó al país al cabo del día, justo cuando Duque daba un mensaje televisado de 4 minutos en el que criticó los actos “vandálicos”, apoyó a las fuerzas de seguridad y llamó al “diálogo social”.

El cacerolazo se escuchó en barrios de diferentes sectores socioeconómicos y se espera que se reactive en los próximos días.

Protesta en Colombia

AFP
Aunque en Bogotá se vieron las protestas más grandes, en ciudades como Medellín (foto) protestas se vieron en casi todo el país.

3. Protesta en ciudades uribistas

Si los colombianos, en general, históricamente han preferido gobiernos de centro-derecha o derecha, hay ciudades donde esa afiliación política parecía inamovible.

Y una de esas es Medellín, la segunda ciudad más importante del país, tierra del hoy senador y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, el político más popular de la historia reciente del país gracias a su política de mano duro contra las guerrillas.

Las imágenes de la masiva marcha del jueves en Medellín terminaron de demostrar que la capital de Antioquia se ha diversificado políticamente.

Hace un mes, en unas elecciones regionales en las que el uribismo fue el gran derrotado a nivel nacional, los paisas eligieron como alcalde a un ingeniero de 39 años que apoya el proceso de paz, no hace parte de las maquinarias políticas y marchó el jueves: Daniel Quintero.

La marcha del jueves dejó claro que Medellín ya no es tierra sagrada del uribismo.

Y no fue la única: ciudades tradicionalmente uribistas como Montería, Neiva y Pereira también vieron sus calles tomaras por el paro nacional.

Otra razón para pensar que Colombia, para bien o para mal, ya no es el mismo país del pasado.


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