Primer Informe: Economía crece poco y aún padecemos inseguridad, reconoce AMLO; destaca ahorros y apoyos sociales
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Primer Informe: Economía crece poco y aún padecemos inseguridad, reconoce AMLO; destaca ahorros y apoyos sociales

El presidente de México, en su primer Informe en Palacio Nacional, destacó ahorros por 145 mil millones de pesos y los programas sociales, además de una mejor redistribución de la riqueza.
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1 de septiembre, 2019
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este domingo en su primer Informe de gobierno que la economía está creciendo poco y que no han sido buenos los resultados en el combate a la inseguridad, aunque por otro lado destacó que hay mejor redistribución de la riqueza entre los ciudadanos, y que hay unidad con los gobiernos estatales para enfrentar al crimen, sin apostar por la “guerra de exterminio”.

En su discurso de hora y media en Palacio Nacional, López Obrador dijo que su gobierno ha trabajado para hacer a un lado, poco a poco, la “obsesión tenocrática” de medirlo todo en función del “simple crecimiento económico”.

Lo fundamental, mencionó, “no es lo cuantitativo sino la distribución equitativa de la riqueza”, ya que el fin último es conseguir la felicidad de la gente. 

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El crecimiento económico, insistió, no tiene sentido como objetivo en sí mismo, sino como medio para lograr un objetivo superior, el bienestar general de los mexicanos. En varias ocasiones resaltó que el el país tienen finanzas sanas, que no hay recesión, que no se ha aumentado la deuda, y que no hubo en este lapso de su administración un aumento de impuestos o nuevos gravámenes para la gente.

El titular del Ejecutivo presumió que en lo que va de su gobierno se han logrado ahorros por 145 mil millones de pesos, con diferentes medidas, como las compras públicas consolidadas, evitando la corrupción y “lujos, opulencia y dispendios” que había antes para los funcionarios públicos.

Reconoce el problema de violencia

López Obrador reconoció que, en lo que va de su gobierno, “no son buenos los resultados” en la tarea de enfrentar al crimen, por lo que es justificado el reclamo de la gente.

“Todavía padecemos de inseguridad y de violencia”, dijo el presidente, aunque también apuntó que eso es una herencia de administraciones anteriores, que apostaron por el uso de la fuerza, con un “resultado catastrófico”, de muertos, desaparecidos y una crisis de derechos humanos.

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En su gobierno, aseguró, se ha implementado un cambio de estrategia, para no apostar a una “guerra de exterminio”, sino por crear mejores condiciones de vida para la gente, con empleos y educación.

“Estamos trabajando unidos los gobiernos estatales y el gobierno federal, no hay motivo para divisiones”, expresó sobre el combate a la violencia y la inseguridad, que calificó como su principal desafío, aunque también dijo estar confiado en que sí se logrará pacificar al país.

“Moralmente derrotados”

En la parte final de su discurso, López Obrador dijo que su gobierno ha contado con suerte, ya que los que considera como sus “adversarios” no han logrado conformar hasta ahora “un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos” y “están moralmente derrotados”.

Sus opositores, agregó, están “nerviosos o incluso fuera de quicio”, aunque por otro lado la mayoría de los mexicanos, aseguró, están felices y él se mantiene optimista.

Defiende cancelación del NAIM

El mandatario federal informó que ya fueron liquidados los contratos pendientes sobre el Aeropuerto de Texcoco o NAIM, cancelado por su gobierno, y defendió que fue la mejor decisión, ya que esa obra habría estado condenada a sufrir de “constantes hundimientos”.

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Al apostar por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el mejoramiento del aeropuerto de Toluca y del actual aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a fin de cuentas se lograrán ahorros por 100 mil millones de pesos, refirió López Obrador, y además se logrará resolver el problema de saturación de usuarios.

Destaca el papel de empresarios

El presidente, en al menos un par de ocasiones, destacó el papel del sector empresarial, ya que según dijo están cooperando e invirtiendo, con mayor compromiso social, creando empleos y pagando las contribuciones correspondientes.

En específico, agradeció a Carlos Slim, Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial  y a Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, por haberle dado preferencia al interés nacional, en la polémica que hubo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los contratos de gasoductos, y su renegociación.  Sobre este tema, también resaltó lo que consideró como una  “postura firme y propositiva de Manuel Bartlett”, director de la Comisión.

“Luego de largas y pacientes negociaciones se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se obtuvo un ahorro de cuatro mil 500 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad”, dijo López Obrador.

“Se logró de esta manera evitar los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales internacionales. Las empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del interés particular, por legítimo que este sea”, agregó.

Ahorros

Entre los ahorros que destacó el presidente, en lo que lleva al mando del Ejecutivo, está el terminar con lo que llamó “asignación abusiva” de oficinas y vehículos para funcionarios, suprimir “viajes sin sentido” al extranjero, y el cierre de  51 representaciones del país en diferentes países, como parte de ProMéxico.

Mencionó la cancelación de las pensiones millonarias para expresidentes, el fin de la atención médica privada para altos funcionarios, y una reducción de 50% en el gasto de publicidad del gobierno.

Otro punto que destacó es el terminar con la condonación de impuestos a grandes corporaciones, lo que era un “ofensivo privilegio”. 

Por otro lado, López Obrador dio las cifras de gente que ha sido beneficiada por los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y de tandas del bienestar, además de las becas para estudiantes. De cada 10 hogares en el país, según dijo, al menos 5 ya están recibiendo apoyos.

“En comunidades indígenas, de cada 10 hogares, están llegando apoyos a nueve hogares, y antes de que termine este año va a ser a todos los hogares de las comunidades indígenas de México”, detalló.

Llamado al Congreso

López Obrador, en su mensaje, hizo un llamado al Congreso, que inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones, para aprobar las reformas de revocación de mandato, consulta popular y eliminación del fuero, empezando por el del presidente de la República.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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