Avanza iniciativa de organizaciones para hacer públicas todas las sentencias judiciales
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Archivo Cuartoscuro

Avanza iniciativa de organizaciones para hacer públicas todas las sentencias judiciales

La Comisión de Anticorrupción del Senado aprobó la iniciativa del colectivo #LoJustoEsQueSepas que pide que se publiquen las versiones íntegras de las sentencias de los Poderes Judiciales.
Archivo Cuartoscuro
20 de septiembre, 2019
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La Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma que busca hacer públicas todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales, la cual fue impulsada el colectivo #LoJustoEsQueSepas, conformado por 6 organizaciones.

Dicha iniciativa plantea una reforma al artículo 73 fracción II, de la Ley General de Acceso a la Información Pública, el cual establece que los Poderes Judiciales Federal y estatales deben poner a disposición del público y actualizar “las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público”.

El colectivo propone que dicha fracción cambie a: “las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias”. 

Lee más: AMLO acusa al Poder Judicial de no respetar lo que establece la Constitución

En un comunicado el colectivo plantea que “la opacidad total en la que opera en el Poder Judicial es un asunto que debe ser considerado de gravedad”, dado que si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, “no puede evaluar la forma en la que se imparte justicia”, además de que no será posible evitar que se emitan sentencias discriminatorias, ni que se detecten actos de corrupción, pues quedarán al margen del escrutinio ciudadano.

También argumentan que aunque las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de los ciudadanos sólo las sentencias de “interés público”, éste concepto no está del todo definido “y en él se escuda el Poder Judicial para mantener su labor en la opacidad”.

Añaden que la impartición de justicia, la transparencia y el acceso a la información son elementos necesarios para que la ciudadanía comprenda mejor cómo opera el sistema de justicia y, por tanto, conozca las herramientas que tiene a su disposición para el ejercicio de todos sus derechos.

Para #LoJustoEsQueSepas las sentencias judiciales “son el resultado último y concreto del trabajo de las y los magistrados, jueces y otros funcionarios jurisdiccionales”, por lo que tienen un impacto directo sobre la vida de la ciudadanía. De ahí la importancia de que sean públicas y estén al alcance de todos.

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Según una investigación realizada en 2015 por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, integrante del colectivo, ninguno de los 32 poderes judiciales del país cumplía con su obligación de transparentar sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y oportunidad.

De acuerdo con EQUIS Justicia ese panorama empeoró con la entrada en vigor, en mayo de 2015, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la cual “representó un retroceso legislativo” pues redujo la obligación de publicar todas las sentencias a solo las que el propio poder judicial considere de interés público.

En la práctica, según EQUIS Justicia, el concepto de “interés público” en la publicación de sentencias ha generado mayor opacidad judicial, pues cada Tribunal la interpreta de forma distinta, como los Poderes Judiciales de Zacatecas y Campeche que, en respuesta a solicitudes de acceso a la información, dijeron a EQUIS Justicia que no han publicado una sola sentencia durante dos años, pues no han “detectado” éstas algo que resulte de interés para la sociedad.

El senador y presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Clemente Castañeda, celebró la aprobación de la iniciativa y señaló que “con la apertura y transparencia de las sentencias, se podrá evaluar el desempeño del Poder Judicial y así mejorar sus prácticas”.

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#YoSoyAnimal
EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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