Familiares de los 43 de Ayotzinapa, entre la esperanza y la cautela ante las promesas de justicia de AMLO
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Carlo Echegoyen

Familiares de los 43 de Ayotzinapa, entre la esperanza y la cautela ante las promesas de justicia de AMLO

"Hay una luz de esperanza. Hay un diálogo, pero siempre hemos dicho que no confiamos hasta no ver los hechos", dijo la mamá de un normalista desaparecido.
Carlo Echegoyen
27 de septiembre, 2019
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“Esperábamos no haber llegado a estos cinco años y haber tenido tener respuestas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero como nada más nos llevó con mentiras y cosas que no eran ciertas, nosotros aquí seguimos exigiendo verdad y justicia por nuestros 43 estudiantes, y justicia para los que cayeron esa noche”. Josefina Icela López Patolzin es hermana de Julio César, uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace 5 años en Iguala, Guerrero. El miércoles participó en la marcha hasta la Fiscalía General de la República y el jueves se manifestó junto a cientos de personas entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo.

Cinco años después la investigación no avanza. Para exigir justicia y unas pesquisas eficaces, cientos de personas marcharon el jueves por el centro de Ciudad de México. Unas cinco mil, según datos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. En la cabeza los familiares de los 43. Detrás, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estudiantes de otras escuelas, sindicalistas y simples ciudadanos que no quisieron dejar solas a las víctimas en un día en el que el recuerdo es inevitable.

“El gobierno quiere saber el paradero, pero desgraciadamente hay gente que está involucrada del anterior gobierno y no se puede. Aunque nosotros con los expertos sabemos que vamos a saber la verdad”, dice.

La llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comprometido con la demanda de justicia de los familiares, supuso una esperanza. Sin embargo, todavía no ven resultados. Así que se debaten entre las expectativas de un gobierno que no entorpezca las investigaciones y la frustración de que todo siga igual.

López Patzolin muestra un cartel con el rostro de su hermano Julio César. Pasan los años, pero él sigue igual, joven, como cuando lo desaparecieron. Es la tragedia de los que no sabemos dónde están. El tiempo pasa, cinco años ya, pero ellos ahí siguen. Envejece todo, hasta la tela del cartel con su fotografía. Todo menos su imagen, que los recuerda como cuando nadie tenía que manifestarse para conocer su paradero.

“Sentimos tristeza. Ya cinco años sin abrazar a nuestros familiares. Tenemos la esperanza de que lleguen y se resuelva”, dice López Patolzin.

Esperanza, porque no queda otra. Pero cautela, porque ya les han mentido demasiado.

“Ya son cinco años y no sabemos nada del paradero de nuestros hijos. Hay cinco puntos donde están investigando. Dicen que ahí están enterrados, pero yo no lo creo. Ahí nos van a ir engañando como los últimos años. No es verdad lo que están diciendo, que en ese punto que están haciendo la búsqueda que fueron enterrados”. Francisco Lauro, padre de Magdaleno Rubén Lauro Villegas, sospecha de todo. Las noticias acerca de trabajos en el vertedero de Tepecoacuilco, en Guerrero, volvieron a generar expectativas sobre un posible hallazgo. Aunque Francisco no se lo cree. Dice tener esperanza si “la noticia es verdadera”; pero ya es mucho tiempo de jugar con sus expectativas.

Hasta Vidulfo Rosales Sierra, uno de los abogados de las familias, resta importancia a los trabajos.

“Es una diligencia más”, dice. “Se han explorado siete u ocho puntos, pero no tuvo tanta relevancia como ahora”, afirma.

Lo que Francisco Lauro necesita son certezas. “La verdad con evidencias”. Mientras, espera. Y marcha. Para recordar a López Obrador que antes de convertirse en presidente ya les prometió que haría todo lo posible para encontrarlos. “Esperemos que el nuevo gobierno haga ese trabajo, la búsqueda de nuestros chavos. Dijo que lo haría”, dice.

Esa esperanza y esa cautela acompañaron a los familiares de los normalistas en su marcha a través de la Ciudad de México.

“No me imagine llegar a estos cinco años, pero el gobierno peñista se encargó de que llegáramos a ese tiempo. No quiso hacer las investigaciones correspondientes para que se encontraran nuestros hijos. Este gobierno que tenemos ahorita creo que tiene la disponibilidad, que hasta ahorita nada más han sido palabras y palabras porque no ha caminado mucho el caso como nosotros quisiéramos”, dijo Carmen Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Pronunció estas palabras junto al antimonumento a los 43, en el paseo de Reforma.

El tránsito se desarrolló sin problemas, aunque en Reforma se reportaron algunos ataques de encapuchados contra oficinas y mobiliario. Según la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un centenar de personas formaba este grupo, que realizó pintas a lo largo del recorrido y que habría afectado a unos 30 negocios y oficinas públicas. La protesta con pintura alcanzó a la fachada del Palacio Nacional. En ese momento se estaba desarrollando el mitin en el Zócalo, por lo que los familiares de los desaparecidos pidieron que la protesta se desarrollase en paz. Dos policías resultaron heridos por el lanzamiento de petardos.

A través de un comunicado, la Conservaduría de Palacio Nacional consideró “lamentables los daños ocasionados al monumento civil más importante de México” y aseguró que, a pesar de garantizar el derecho a manifestación, “lo acontecido en contra de Palacio Nacional no tiene justificación”.

Los hechos, sin embargo, son anécdota. Lo relevante son esos 43 familiares que caminaban, con sus carteles en la mano, exigiendo justicia. Como vienen haciendo desde hace cinco años.

Confían en las once líneas de investigación que planteó la comisión de expertos independiente, como explica el abogado Vidulfo López Sierra. El gobierno de Peña Nieto no quiso tomar en consideración aquellas recomendaciones. Las víctimas esperan que López Obrador cumpla su palabra.

Como señaló María Elena Guerrero, madre de Giovanni, en el mitin en el Zócalo. “El Ejército jugó un papel muy importante. Hay videos donde patrullas y uniformados se llevan a nuestros hijos. ¿Como es posible que no aporten para que se esclarezcan los hechos? El ejército ya había amenazado a nuestros hijos. Tienen que llamarlos a declarar. Esperamos el apoyo para que se esclarezcan los hechos. No es posible que en cinco años no sepamos la verdad”.

En opinión de la madre, “parece que hay una luz de esperanza. Hay un diálogo, pero siempre hemos dicho que no confiamos hasta no ver los hechos que hablen por sí mismos”.

Esperanza y realismo. Esperanza y cautela. Esperanza y sospecha.

“Esperamos la respuesta del gobierno, hasta ahorita no hay ningún avance. Va lenta la cosa”, explica Aristeo González Baltazar, cuyos dos hijos, Dorian y Jorge Luis, desaparecieron aquella trágica noche.

Pasan las conmemoraciones y las 43 camas continúan vacías. Todos coinciden en una aspiración: que este sea el último año en el que marchar pidiendo verdad y justicia.

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Pedro Castillo: de qué acusa exactamente la Fiscalía al presidente de Perú y qué pasa ahora

La Fiscalía utilizó una figura especial para acusar al mandatario ante el Congreso, lo que podría desencadenar su salida del poder.
12 de octubre, 2022
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La Fiscalía de Perú acusó formalmente, a través de una denuncia constitucional, al presidente Pedro Castillo de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Benavides también dijo que se estaba produciendo “una feroz obstrucción a la justicia” desde esa red supuestamente “enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

El presidente Castillo replicó en una rueda de prensa con medios internacionales que “no hay ningún fundamento real” y “esas acusaciones son orquestadas”. Reiteró que probará su inocencia y aseguró que se ha puesto en marcha “una nueva modalidad de golpe de estado en Perú”.

La Fiscalía presentó formalmente la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a quien según el Ministerio Público corresponde ahora pronunciarse, aunque el gobierno acusa a la fiscal Benavides de intentar una maniobra inconstitucional para sacar a Castillo del poder.

La acusación formal al presidente supone un nuevo capítulo en la crisis política peruana y abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del mandatario.

Pero, ¿cuáles son los hechos que se le imputan y que podrían costarle el cargo?

Investigaciones preliminares

La Fiscalía llevó a cabo este martes varios registros en viviendas supuestamente relacionadas con la trama investigada, entre ellos el de la hermana del presidente en San Juan de Lurigancho, un populoso barrio de Lima.

La fiscal Benavides aseguró que los investigadores encontraron “muy graves y reveladores indicios” de la supuesta existencia de la red criminal en el Gobierno, aunque no dijo cuáles..

El Presidente expresó su indignación por Twitter “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.

La Fiscalía ha abierto seis investigaciones preliminares sobre Castillo en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Ya en mayo se había emitido orden de busca y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, que desde entonces continúan huidos de la justicia, y su cuñada, Yenifer Paredes, a la que según el mismo cuenta ha criado como su hija, quien fue encarcelada el 31 de agosto por su supuesta pertenencia a la red liderada por Castillo.

El exsecretario y los sobrinos de Castillo, en la imgen oficial donde se ofrece una recompensa por ellos.

Mininter Perú
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el exsecretario de Castillo (izq.).

Denuncia constitucional

Las investigaciones en curso en la Fiscalía son diversas y algunas interconectadas., pero ninguna ha superado la fase preliminar.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que el procedimiento especial de denuncia constitucional permite determinar si las personas que tiene inmunidad (como el primer mandatario y los congresistas) cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, entre ellos abuso de autoridad o corrupción.

Una vez formulada la acusación por esta vía, para salir adelante requiere del voto de más de la mitad de los congresistas. De ser aprobada en el Congreso, la fiscal de la Nación podrá formular una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno asegura que la iniciativa va contra la Constitución.

Suspicacia por un ministerio

El Ministerio de Transportes ha sido objeto preferente de las investigaciones. Según la Fiscalía, Castillo y su ex ministro de Transportes, Juan Silva, también huido, favorecieron a determinados empresarios en la concesión de contratos públicos a cambio de pagos irregulares.

Para otro exministro de Transportes de Castillo, Geiner Alvarado, la Fiscalía pidió una medida de impedimento de salida del país, también por su supuesta pertenencia a esta banda, de la que formaría parte también los sobrinos fugados de Castillo.

Los sobrinos se habrían lucrado con la concesión del proyecto para la construcción de un puente en el norte del país. En el mismo procedimiento está imputado Bruno Pacheco, ex secretario de Castillo al que se le intervinieron US$20.000 en el cuarto de baño de su despacho en el Palacio de Gobierno.

Obras bajo sospecha en su tierra

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la red presuntamente liderada por Castillo también habría buscado lucrarse con contratos públicos del Ministerio de Vivienda en su provincia natal, Chota.

Fue este asunto el que llevó a prisión a su cuñada, Yenifer Paredes, que fue vista en una grabación difundida por el programa Cuarto Poder gestionando la realización de obras de saneamiento en un municipio chotano acompañada del empresario local Hugo Espino.

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

Congreso de la República del Perú
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

El papel de “Los Niños”

Entre los registros llevados a cabo el martes estuvo el de los despachos de 6 congresistas del partido Acción Popular conocidos en los medios locales como “Los Niños” y a los que la Fiscalía sitúa también como miembros de la organización criminal de Castillo.

Se trata de Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza.

Informaciones publicadas en los medios peruanos indican que lo que puso a la Fiscalía sobre aviso de los supuestos tratos delictivos de Castillo con “los Niños” fue el testimonio de la empresaria Karelim López Arredondo, que señaló que todos ellos formarían parte de la red corrupta del Ministerio de Transportes.

La empresaria se acogió a la figura de la colaboración eficaz con la justicia para obtener beneficios procesales en un caso en el que ella también está implicada.

Los congresistas se habían caracterizado por votar a favor de los intereses de Castillo en el Congreso pese a pertenecer a una bancada rival.

Ascensos en la Policía y Fuerzas Armadas

Aunque la fiscal Benavides no lo mencionó como uno de los asuntos que sustentan su acusación constitucional contra el presidente, se sabe que la Fiscalía también investiga el papel de Castillo en supuestas irregularidades en el ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

La Fiscalía considera que Castillo, junto con un exministro de Defensa, Walter Ayala, y su exsecretario personal, Bruno Pacheco, habrían solicitado el ascenso de varios oficiales al grado de general y habrían intentado recibir dinero a cambio de esos ascensos.

Castillo fue citado a declarar por este asunto el pasado 4 de agosto y prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

La salida del ministro de Interior

La salida del gobierno del ministro del Interior Mariano González se convirtió en un nuevo expediente judicial contra Castillo.

González declaró a los medios tras haber sido cesado que lo fue en represalia por haber asignado a los policías más competentes a la división encargada de localizar a huidos como los sobrinos de Castillo.

“Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, dijo entonces González.

Para la Fiscalía esto podría constituir un delito contra la administración de justicia por parte del Presidente.


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