“Esperábamos no haber llegado a estos cinco años y haber tenido tener respuestas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero como nada más nos llevó con mentiras y cosas que no eran ciertas, nosotros aquí seguimos exigiendo verdad y justicia por nuestros 43 estudiantes, y justicia para los que cayeron esa noche”. Josefina Icela López Patolzin es hermana de Julio César, uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace 5 años en Iguala, Guerrero. El miércoles participó en la marcha hasta la Fiscalía General de la República y el jueves se manifestó junto a cientos de personas entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo.

Cinco años después la investigación no avanza. Para exigir justicia y unas pesquisas eficaces, cientos de personas marcharon el jueves por el centro de Ciudad de México. Unas cinco mil, según datos de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital. En la cabeza los familiares de los 43. Detrás, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estudiantes de otras escuelas, sindicalistas y simples ciudadanos que no quisieron dejar solas a las víctimas en un día en el que el recuerdo es inevitable.

La llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comprometido con la demanda de justicia de los familiares, supuso una esperanza. Sin embargo, todavía no ven resultados. Así que se debaten entre las expectativas de un gobierno que no entorpezca las investigaciones y la frustración de que todo siga igual.

López Patzolin muestra un cartel con el rostro de su hermano Julio César. Pasan los años, pero él sigue igual, joven, como cuando lo desaparecieron. Es la tragedia de los que no sabemos dónde están. El tiempo pasa, cinco años ya, pero ellos ahí siguen. Envejece todo, hasta la tela del cartel con su fotografía. Todo menos su imagen, que los recuerda como cuando nadie tenía que manifestarse para conocer su paradero.

Esperanza, porque no queda otra. Pero cautela, porque ya les han mentido demasiado.

“Ya son cinco años y no sabemos nada del paradero de nuestros hijos. Hay cinco puntos donde están investigando. Dicen que ahí están enterrados, pero yo no lo creo. Ahí nos van a ir engañando como los últimos años. No es verdad lo que están diciendo, que en ese punto que están haciendo la búsqueda que fueron enterrados”. Francisco Lauro, padre de Magdaleno Rubén Lauro Villegas, sospecha de todo. Las noticias acerca de trabajos en el vertedero de Tepecoacuilco, en Guerrero, volvieron a generar expectativas sobre un posible hallazgo. Aunque Francisco no se lo cree. Dice tener esperanza si “la noticia es verdadera”; pero ya es mucho tiempo de jugar con sus expectativas.

“Es una diligencia más”, dice. “Se han explorado siete u ocho puntos, pero no tuvo tanta relevancia como ahora”, afirma.

Lo que Francisco Lauro necesita son certezas. “La verdad con evidencias”. Mientras, espera. Y marcha. Para recordar a López Obrador que antes de convertirse en presidente ya les prometió que haría todo lo posible para encontrarlos. “Esperemos que el nuevo gobierno haga ese trabajo, la búsqueda de nuestros chavos. Dijo que lo haría”, dice.

“No me imagine llegar a estos cinco años, pero el gobierno peñista se encargó de que llegáramos a ese tiempo. No quiso hacer las investigaciones correspondientes para que se encontraran nuestros hijos. Este gobierno que tenemos ahorita creo que tiene la disponibilidad, que hasta ahorita nada más han sido palabras y palabras porque no ha caminado mucho el caso como nosotros quisiéramos”, dijo Carmen Cruz Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Pronunció estas palabras junto al antimonumento a los 43, en el paseo de Reforma.

El tránsito se desarrolló sin problemas, aunque en Reforma se reportaron algunos ataques de encapuchados contra oficinas y mobiliario. Según la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, un centenar de personas formaba este grupo, que realizó pintas a lo largo del recorrido y que habría afectado a unos 30 negocios y oficinas públicas. La protesta con pintura alcanzó a la fachada del Palacio Nacional. En ese momento se estaba desarrollando el mitin en el Zócalo, por lo que los familiares de los desaparecidos pidieron que la protesta se desarrollase en paz. Dos policías resultaron heridos por el lanzamiento de petardos.

A través de un comunicado, la Conservaduría de Palacio Nacional consideró “lamentables los daños ocasionados al monumento civil más importante de México” y aseguró que, a pesar de garantizar el derecho a manifestación, “lo acontecido en contra de Palacio Nacional no tiene justificación”.

Los hechos, sin embargo, son anécdota. Lo relevante son esos 43 familiares que caminaban, con sus carteles en la mano, exigiendo justicia. Como vienen haciendo desde hace cinco años.

Confían en las once líneas de investigación que planteó la comisión de expertos independiente, como explica el abogado Vidulfo López Sierra. El gobierno de Peña Nieto no quiso tomar en consideración aquellas recomendaciones. Las víctimas esperan que López Obrador cumpla su palabra.

Como señaló María Elena Guerrero, madre de Giovanni, en el mitin en el Zócalo. “El Ejército jugó un papel muy importante. Hay videos donde patrullas y uniformados se llevan a nuestros hijos. ¿Como es posible que no aporten para que se esclarezcan los hechos? El ejército ya había amenazado a nuestros hijos. Tienen que llamarlos a declarar. Esperamos el apoyo para que se esclarezcan los hechos. No es posible que en cinco años no sepamos la verdad”.

En opinión de la madre, “parece que hay una luz de esperanza. Hay un diálogo, pero siempre hemos dicho que no confiamos hasta no ver los hechos que hablen por sí mismos”.

Esperanza y realismo. Esperanza y cautela. Esperanza y sospecha.

“Esperamos la respuesta del gobierno, hasta ahorita no hay ningún avance. Va lenta la cosa”, explica Aristeo González Baltazar, cuyos dos hijos, Dorian y Jorge Luis, desaparecieron aquella trágica noche.

Pasan las conmemoraciones y las 43 camas continúan vacías. Todos coinciden en una aspiración: que este sea el último año en el que marchar pidiendo verdad y justicia.