CNDH investiga actuación de mandos de policía por presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas
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Policía de Tamaulipas

CNDH investiga actuación de mandos de policía por presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas

La Comisión ha entrevistado a 13 testigos de los hechos y ha reunido ocho videos aportados por particulares; pidió entrevistas con mandos de la policía tamaulipeca.
Policía de Tamaulipas
23 de septiembre, 2019
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El gobierno de Tamaulipas deberá poner a disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la cadena de mando policial que participó, el pasado 5 de septiembre, en los hechos que derivaron en la muerte de ocho personas en Nuevo Laredo.

Esa información es importante en las investigaciones de la CNDH, para descartar o comprobar, según sea el caso, que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de policías estatales, como lo denunciaron familiares de las víctimas.

La CNDH inició una investigación independiente a las pesquisas oficiales que lleva la Fiscalía de Tamaulipas, instancia que tiene pendiente de poner a disposición ministerial a todos los mandos que participaron en los hechos ocurridos hace más de 15 días en una colonia de la ciudad de Nuevo Laredo. Hasta el momento son ocho los policías estatales señalados y ninguno ha sido vinculado a proceso.

La Comisión ha entrevistado a 13 testigos de los hechos y ha reunido ocho videos aportados por “particulares”, ya que el sistema de vigilancia C-4 no tiene cámaras en Nuevo Laredo, una situación que ha dificultado la investigación.

“No solo son los que operativamente estaban en el lugar, sino cómo se dieron las circunstancias para que estuvieran en ese lugar: quién lo determinó, a qué hora, bajo qué circunstancia se dieron las órdenes de mando”, informó a Animal Político el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama.

Señaló que esa institución mantiene su presencia en terreno con forenses, criminalistas, abogados, psicólogos y visitadores adjuntos en Nuevo Laredo desde el pasado 11 de septiembre, cuando recién se dio conocer la denuncia de familiares de víctimas, quienes presentaron pruebas de un presunto montaje orquestado por las autoridades de Tamaulipas.

El 5 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió la versión oficial de los hechos en un comunicado, en donde se asegura que los efectivos estaban realizando un recorrido en las inmediaciones de la colonia Valles de Anáhuac cuando detectaron una camioneta negra sin placas “desde la cual les empezaron a hacer detonaciones”.

Después se narra que hubo una persecución hasta una casa donde habría continuado el enfrentamiento. En el comunicado se informó que ocho personas fueron abatidas y que portaban uniformes tipo militar “con insignias pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Nuevo Laredo”.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó que esa camioneta fue “sembrada” por la policía y reunió otras pruebas que refutan la versión oficial, incluyendo los testimonios de las familias de las víctimas y el certificado de defunción de una de las víctimas, donde se especifica que recibió “el tiro de gracia” más de dos horas después de la presencia de la policía en el lugar de los hechos.

Raymundo Ramos, presidente de esa organización, dijo a Animal Político que ese certificado de defunción es una prueba “irrefutable” de que la policía realizó un montaje para ocultar ocho ejecuciones extrajudiciales.

La CNDH, que ya tiene todas las pruebas que está aportando ese centro de Derechos Humanos, realizó peticiones específicas al gobierno de Tamaulipas con dudas que han ido surgiendo producto de las pesquisas realizadas hasta el momento, tanto en terreno como en el análisis de las carpetas de investigación generadas por la Fiscalía de Tamaulipas.

“Son 22 aspectos concretos que les estamos pidiendo de manera particular y se pueden generar otros aspectos, volverles a insistir, buscar más en las carpetas y hablar con más personas”, señaló el segundo visitador.

Uno de los temas pendientes, y que por ley se deben resolver a más tardar la próxima semana, es la posibilidad de entrevistar a los mandos de los ocho policías que están señalados por participar en los hechos.

“Dentro de los puntos concretos que se les pidió a las autoridades al rendir su informe va lo relacionado a los elementos que pudieran haber intervenido, y a los mandos, es decir, no solamente los que se ubicaron en el lugar, sino a los mandos, los que pudieron haber dado alguna indicación o determinar la ruta que iban a seguir en el operativo de vigilancia o como ellos le quieran llamar”, informó Guadarrama.

El jueves pasado Raymundo Ramos y familiares de las víctimas se reunieron con el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aarón Mastache Mondragón, a quien solicitaron que interceda para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación porque, dijo, no tienen confianza en la investigación que realiza la Fiscalía de Tamaulipas.

Tampoco confían en la Fiscalía especial que fue creada para ese caso y están buscando reunirse en persona con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Vamos a esperar a que la Fiscalía atraiga la investigación, esperamos que en las próximas horas decidan y armar un plan de seguimiento”, afirmó Raymundo Ramos.

En respuesta a la reunión, la Segob emitió una nota informativa donde a nombre de la Subsecretaría de Derechos Humanos exhortaron a las autoridades de Tamaulipas, la fiscalía local y la FGR a que “realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de las ocho personas en la colonia Valla de Anáhuac”.

El pasado día 17 la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la designación de un fiscal especial para el caso, y dio a conocer que tiene “tiene avances significativos que permitirán tener resultados de las indagatorias en breve”.

Los familiares de las víctimas acudieron también este jueves a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas Derechos Humanos (ONU-DH), en donde les recibieron una petición para que esa organización se pronuncie sobre los hechos.

“Ayer estuvimos en la ONU Derechos Humanos pidiendo la intervención del relator especial para este asunto y creo que la próxima semana ya tendremos un informe qué enviar a Ginebra”.

Mientras tanto, la CNDH continúa su investigación con carácter de “prioritario”, según las instrucciones del presidente de esa institución, Raúl González Pérez. “Tenemos indicación muy clara del presidente de la Comisión de que apretemos la investigación”, señaló Enrique Guadarrama.

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

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“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

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Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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