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Cuartoscuro

Videos y testimonios revelan montaje en presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo

El director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo alertó sobre actos de intimidación contra un testigo, familiares de una de las víctimas y la ONG que acusó la presunta ejecución extrajudicial de 8 personas.
Cuartoscuro
12 de septiembre, 2019
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La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigan la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas, denunciada por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo, en un caso que inicialmente fue presentado por autoridades estatales como un enfrentamiento entre policías estatales y supuestos miembros del crimen organizado.

El vocero de la Secretaría de Seguridad del estado, Luis Alberto Rodríguez, confirmó a Animal Político que la Procuraduría estatal abrió una carpeta de investigación por la denuncia realizada por el CDH Nuevo Laredo, aunque no detalló si los policías que participaron en el operativo se encuentran suspendidos o continúan trabajando.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que, derivado de la denuncia pública realizada por el CDH Nuevo Laredo en medios de comunicación, se inició una queja y se conformó a un grupo para investigar lo sucedido el pasado 5 de septiembre, en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac.

Asimismo, emitió medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobierno del estado, encaminadas a preservar la integridad física de los testigos sobrevivientes del operativo, familiares de las víctimas e integrantes del CDH Nuevo Laredo, quienes han denunciado recibir amenazas a través de redes sociales.

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De acuerdo con el CDH Nuevo Laredo, el chofer que trasladó en una grúa la camioneta que policías de Tamaulipas presentaron como prueba de un supuesto enfrentamiento es víctima de intimidación por parte de autoridades del estado.

En entrevista con Animal Político, el director del Comité, Raymundo Ramos, denunció que Ramón, conductor de una grúa de la Policía de Tránsito de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue intimidado por policías estatales, quienes montaron un operativo afuera de su domicilio horas antes de que tuviera que presentarse a declarar y hacer la denuncia por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Un grupo de policías estatales instalaron un retén justo frente su domicilio, impidiendo el paso de personas, e intentaron entrar. No sabemos si lo querían detener, si era un mensaje de que ya saben dónde vive, o si es un acto de intimidación”, señaló.

Raymundo explicó que después de que los elementos se retiraron, el conductor acudió a la Procuraduría, donde llamaron a una ambulancia para que lo trasladaran a un hospital, debido a que se le subió la presión por los nervios que le provocó la idea de que los policías pudieran detenerlo.

“Se le subió la presión, él temía que fueran a sacarlo, tiene miedo que lo vayan a desaparecer, y en el traslado al hospital volvieron a encontrarse con un convoy de policías estatales, por lo que se complicó más su salud. Afortunadamente ahora ya está estabilizado”, dijo.

El director del CDH Nuevo Laredo acusó que la familia del señor Severiano Treviño, una de las víctimas mortales del presunto enfrentamiento entre policías estatales y un grupo criminal, también fue acosada por autoridades de Tamaulipas durante su velorio, y que él mismo es asediado en su domicilio por una patrulla del Ejército.

“Yo ahorita tengo una patrulla militar afuera de mi casa, no creo que me estén dando protección, han de querer intimidarme”, denunció la noche del miércoles.

En el noticiario En Punto en Televisa, conducido por Denise Maerker, el propio conductor de la grúa relató cómo hizo el traslado de la camioneta a la colonia Valles de Anáhuac, el día de los hechos, y cómo policías de Tamaulipas se acercaron a su domicilio, antes de ir a declarar.

“Ahí estuvieron en la ventana y en la puerta”, dijo. El gobierno de Tamaulipas, según el noticiario En Punto, aseguró que esa movilización de policías había sido parte de “acciones de vigilancia y proximidad” en diferentes colonias, sin que hubiera orden de entrar a algún domicilio.

En la misma emisión se señaló que hay elementos que refuerzan la acusación de que la versión oficial del enfrentamiento en realidad se trató de un montaje, como que los uniformes militares con que fueron encontradas las víctimas no correspondieran con la talla de los fallecidos, y que incluso en uno de los casos un hombre tuviera puestas dos botas del pie derecho.

Además, la casa donde se dio el supuesto enfrentamiento, y en propiedades cercanas, no había impactos de bala.

Los sacaron de sus casas

La versión que dio en un comunicado la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, el pasado 5 de septiembre, es que policías estatales se enfrentaron con presuntos criminales vestidos de militares, lo que dejó como saldo ocho personas muertas, cinco hombres y tres mujeres.

Sin embargo, según los testimonios de sobrevivientes de los hechos, testigos y familiares de las personas fallecidas, recabados por el Comité, en realidad las víctimas fueron sacadas de sus casas, las obligaron a ponerse ropa militar y fueron conducidas por los agentes hasta un domicilio, donde fueron ejecutadas.

“Más de 20 agentes estatales, la mayoría uniformados, allanaron este domicilio en forma violenta para armar todo un escenario que ante los últimos hechos de violencia les produjeran simpatía y respaldo de la población, pero, sobre todo, ante los ojos del gobernador de Tamaulipas”, señaló el CDH Nuevo Laredo.

Kassandra, quien vivía en el domicilio donde se reportó el presunto enfrentamiento y donde se acusa fueron las ejecuciones, contó al CDH Nuevo Laredo que, al ingresar a su casa, los oficiales le pidieron cubrirse el rostro y sacaron a su padre a golpes, mientras le gritaban que “sacara las armas y no se hiciera pendejo”.

Sin orden de cateo, los policías argumentaron haber recibido una llamada anónima reportando que en el domicilio almacenaban armas de fuego.

Los oficiales golpearon a Kassandra y la sacaron de la casa, de acuerdo con su relato. A unas cuadras de distancia le dijeron que no volteara y que si denunciaba los hechos ya la tenían ubicada, “porque me habían tomado fotos y tenían mis datos”. Su padre, Severiano Treviño, fue una de las víctimas mortales del operativo.

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A otra de las víctimas, Luis Fernando Hernández, lo sacaron de su domicilio ubicado en la colonia Buenavista, en un operativo en el que participaron policías estatales y elementos del Ejército, dijeron testigos al CDH Nuevo Laredo.

La organización , a partir de los testimonios recabados, también detalló que los otros tres hombres y tres mujeres que fallecieron en el operativo fueron sacados de unos departamentos en la colonia Valles de Anáhuac.

Las versiones recuperadas por el CDH coinciden en que las personas que fueron asesinadas no portaban uniformes tipo militar, y, en el caso de Severiano Treviño, su hija declaró que fue testigo del momento en el que los policías estatales lo obligaron a ponérselo, pues él se encontraba vestido con un short y sandalias.

Videos muestran a policías “sin preocupación”

Otras pruebas presentadas por el Comité son una serie de videos en los que se observa a los policías que presuntamente participaron en el “enfrentamiento” dentro de una tienda, en la que, tal como lo describe la organización, “compran botellas con agua, refrescos y frituras sin mostrar ninguna preocupación o estado de alerta, después de haber participado en una supuesta persecución con ocho integrantes del crimen organizado”.

En los videos también aparece personal del Ejército, mismo que, según el CDH Nuevo Laredo, acudió al sitio en el que se reportó el supuesto enfrentamiento y presuntamente acordonó la zona mientras los policías estatales realizaban las ejecuciones.

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Presuntamente los militares impidieron, mediante insultos y amenazas, que familiares de Severiano pudieran acercarse a su domicilio, antes de ser asesinado.

La camioneta y las armas 

El CDH Nuevo Laredo acusó a los policías estatales de “sembrar” las armas que presuntamente portaban las víctimas al momento de su ejecución, así como de la camioneta con blindaje casero que reportaron como uno de los elementos incautados en el sitio.

Como prueba, el Comité presentó dos “reportes de flujo interno” del gobierno municipal de Nuevo Laredo, donde se detalla cómo se dio la solicitud y el traslado de una camioneta tipo pick up, con doble cabina, color negro, hasta el lugar de los hechos, “como un apoyo a personal de policía estatal”.

En los documentos el operador de la grúa señala que un comandante le solicitó trasladar una camioneta y que, al preguntar si iba a ser resguardada en instalaciones de la Fiscalía General de la República, oficiales le dijeron que no, y que no podía decir nada sobre la ubicación del vehículo. Se dirigieron a él de forma intimidante, según relató. 

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Una vez que dejó la camioneta en el domicilio donde se reportó el presunto enfrentamiento, el operador señaló que recibió una llamada del comandante Eladio M., quien le advirtió que “me tenían prohibido hacer uso de mi equipo telefónico”.

Igualmente el informe del CDH Nuevo Laredo detalla que al menos tres de las víctimas dieron negativo en la prueba de radizonato, la cual sirve para saber si una persona accionó o manipuló un arma de fuego. También destacan que cuatro de las armas encontradas junto a los cadáveres “nunca fueron accionadas” sino más bien  colocadas junto a los cuerpos.

Animal Político consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional, al gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas sobre los hechos denunciados, dependencias que hasta el momento de la publicación no dieron respuesta.

Con información de En Punto. 

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Cómo es el “tráfico hormiga” de armas de Estados Unidos a México

Cada día, en promedio, más de 500 armas cruzan ilegalmente desde EU hacia México según datos oficiales. El tráfico está detrás de la inédita ola de violencia en territorio mexicano, que ha causado la muerte a más de 200 mil personas en los últimos años.
20 de agosto, 2019
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Todos los días, en compartimentos secretos de automóviles o escondidas dentro de camiones de carga, cientos de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras cruzan ilegalmente desde Estados Unidos a México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que cada año ingresan al país más de 200.000 armas de todo tipo.

Es un promedio de 567 al día, unas 22 cada hora. El 70% de ellas provienen de armerías estadounidenses y entran al territorio mexicano por su frontera norte.

El tráfico es parte de la inédita ola de violencia en el país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerca del 70% de los asesinatos en México se cometen con armas de fuego. Y de éstas, la mayoría son estadounidenses.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 se registraron 10.274 homicidios y lesiones graves a 5.633 personas, casos en los que se utilizaron pistolas o fusiles de asalto.

Los datos corresponden al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Según la cancillería “las víctimas de arma de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles”.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han logrado contener este problema y por el contrario, está en crecimiento según las cifras oficiales.

Policías en México

AFP
En México las corporaciones policíacas utilizan armas estadounidenses.

En 1997 sólo 15 de cada 100 homicidios se cometían con armas de fuego. Ahora la cifra es de 70 por cada 100.

“El problema es el número de armas que entran ilegalmente al país y la incapacidad del Estado para frenar el ingreso”, le dice a BBC Mundo Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

“Aunado a eso está la dificultad del Estado para evitar que las armas se comercialicen ilegalmente en las grandes ciudades o centros rurales, donde se venden impunemente”.

Millones de armas

No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Organismos como el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, estiman que son más de 15 millones.

Pero recientemente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en la última década entraron ilegalmente a México dos millones. En este lapso las autoridades han confiscado más de 193.000 armas.

La mayoría se compró en negocios ubicados en California, Arizona, Nuevo México y Texas según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En esos estados fronterizos con México existen 22.689 armerías y establecimientos autorizados para la venta. Parte del problema empieza en esos lugares, según han documentado autoridades de ambos países.

Armas confiscadas

Gobierno de México
El gobierno de México ha confiscado más de 193.000 armas.

La forma más común de operación es el llamado “tráfico hormiga”, donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.

Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo.

A ellos se les conoce como “compradores paja”. En esta modalidad del tráfico deben superar una revisión de su historia judicial, que se realiza en las armerías registradas ante el gobierno federal.

Pero hay otros lugares donde no se aplica este proceso, e inclusive personas que legalmente tienen prohibido tener armas las consiguen, dicen especialistas como Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

“Compradores paja”

Es el caso de las “ferias de armas”, eventos que se realizan en salones de hoteles o centros de exposiciones, e inclusive en estacionamientos de centros comerciales.

También son frecuentes las compras en portales de internet. En esos espacios difícilmente se aplica la revisión de antecedentes a los compradores, dice Weigend Vargas a BBC Mundo.

“Eso provoca que adquirir un arma sea relativamente fácil, que cualquier persona aunque tenga prohibido legalmente comprarla lo puede hacer sin que se le haga ningún tipo de pregunta”.

Armas confiscadas

AFP
Hay más de dos millones de armas ilegales en México, dicen autoridades.

En muchos casos, los fusiles, balas o pistolas cruzan en pocas cantidades la frontera cada vez, aunque suceden miles de operaciones similares cada año.

Pero hay otros donde las bandas reúnen arsenales en territorio estadounidense y después los envían a México en compartimentos secretos dentro de camiones de carga.

Los vehículos cruzan las aduanas mexicanas sin problemas, dice Francisco Rivas, en parte por la corrupción de funcionarios pero también por amenazas de bandas de delincuencia organizada.

Las armas también se envían por túneles construidos en ciudades fronterizas.

En la mayoría de los casos, el origen de los cargamentos es el “tráfico hormiga”, y generalmente participan ciudadanos estadounidenses.

Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que las rutas de tráfico de armas suelen ser las mismas para el trasiego de drogas y dinero.

El mapa del tráfico

¿Por dónde cruzan las armas? De acuerdo con la Secretaría de la Defensa la mayor parte del tráfico ocurre en la frontera entre Tamaulipas y Texas.

En la región existe una cruenta disputa entre los carteles del Noroeste y El Golfo por controlar las rutas de tráfico de dinero, armas, personas y droga.

Violencia México

Getty Images
El tráfico de armas desde EE.UU. explica la ola de violencia en México.

Las zonas de mayor trasiego son las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo; Mc Allen y Reynosa así como Brownsville y Matamoros.

También hay registros de tráfico de arsenales en las fronteras entre Chihuahua y Nuevo México, especialmente entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

Otro lugar es Sonora y Arizona donde la mayor parte del tráfico es por sitios clandestinos en el desierto de Altar, así como California y Baja California.

En esta zona los envíos de armas son, en muchos casos, por las aduanas entre San Diego y Tijuana.

Según la ATF y la Sedena la mayor parte de los cargamentos ilegales son fusiles semiautomáticos, pistolas y balas.

Pero el tráfico incluye armas de guerra. Las autoridades mexicanas han confiscado, en distintos momentos, cohetes antitanque M72 y AT-4.

Armas confiscadas

AFP
Cada año ingresan ilegalmente a México más de 200.000 armas.

También lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL, fusiles Barret calibre .50 así como subametralladoras y pistolas “de nueva generación” equipadas con balas trazadoras y con capacidad de traspasar blindajes de tipo medio.

En México a estas armas se les conoce como “matapolicías”, porque atraviesan los chalecos antibalas que portan los agentes.

Además se han asegurado bazucas, misiles tierra-aire para derribar aeronaves y miles de balas y granadas de alto calibre.

Los datos corresponden a la FGR. Las organizaciones a las que se confiscó este tipo de armas son, por ejemplo, los carteles de Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación, Juárez y Los Caballeros Templarios, entre otros.

La política

Más allá de los números, el tráfico de armas es uno de los temas más complicados en la relación entre México y Estados Unidos.

El problema se agravó a partir de 2004, cuando el gobierno del entonces presidente George Bush eliminó la prohibición para vender fusiles de asalto y armas semiautomáticas.

A partir de ese momento empezó una relación entre el incremento de homicidios y violencia en suelo mexicano, con la venta de armamento en suelo estadounidense dice el especialista Weigend Vargas.

El experto recuerda, por ejemplo, algunos estudios que mostraron un incremento en el número de homicidios cometidos con fusiles de asalto en municipios mexicanos vecinos de Arizona y Texas.

Algo que no sucedió en ciudades fronterizas con California. La diferencia: en los primeros estados las regulaciones para comprar armamento de alto calibre son “muy permisivas”, dice el especialista.

California mantiene la prohibición de venderlo. Pero la facilidad para los estadounidenses de reunir arsenales es una parte de la historia.

Donald Trump

Getty Images
El gobierno de Donald Trump se resiste a prohibir la venta libre armas en EE.UU.

La otra es que la guerra contra y entre carteles de narcotráfico en México incrementó la demanda de armas.

A esto se suman los problemas de corrupción y la poca capacidad de las autoridades para vigilar su frontera.

“Las aduanas en México son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control”, dice Francisco Rivas.

Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas.

Pero en Estados Unidos hay resistencias aunque a partir del tiroteo en El Paso, Texas el pasado 3 de agosto regresó el tema a la discusión pública dice Weigend Vargas.

Actualmente muchos están en favor de que se prohíba de nuevo la venta libre de armas de asalto. Otros demandan revisiones más estrictas de antecedentes a los posibles compradores.

“Hay muchas conexiones allí”, insiste el especialista. “Las mismas regulaciones que reducirían la violencia en Estados Unidos ayudarían a bajar el tráfico hacia México“.


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