Faltas injustificadas. Esa fue la razón que dio el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para destituir al científico emérito Antonio Lazcano de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Lazcano, una de las voces críticas a las acciones del gobierno más visibles dentro de la comunidad científica mexicana, asegura que esta decisión carece de sustento y validez legal, pues él justificó sus ausencias.
Esta no es la primera vez que Lazcano y las nuevas autoridades del Conacyt tiene un desencuentro.
Lazcano ha criticado las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alegando que: “Muchos investigadores votaron por él, atraídos por una promesa de campaña para acabar con la corrupción y la violencia y promover la ciencia y la educación. Lamentablemente, sus acciones han empeorado las cosas para la ciencia”.
El pasado 19 de septiembre el Conacyt difundió una carta enviada por la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla a Science. “En respuesta a las imprecisiones del Dr. Antonio Lazcano (Science 26/7/19) respecto a la ciencia en México”.
Ahora Lazcano y el Conacyt se enfrentan nuevamente. Estos son los argumentos de ambas partes sobre el caso.
“Las faltas están justificadas”: Lazcano
En una carta dirigida al doctor Mario Andrés De Leo Winkler, director del SNI, Lazcano expresa que él solo se ausentó en dos reuniones plenarias y no en ocho como como dijo el Conacyt.
“Usted supo con toda anticipación de una de mis ausencias (…) luego de haberle notificado que debido a que tenía que impartir una conferencia en Múnich y participar en un curso en París no podría asistir a la primera reunión plenaria. A la segunda reunión plenaria no asistí porque el citatorio que me hizo llegar tenía las fechas equivocadas”, se lee en la carta.
Lazcano asegura que incluso antes de su primera falta De Leo Winkler le envío un mensaje para desearle buen viaje.
Sobre el correo con fecha equivocada, el investigador dice que se trató del segundo error calendárico para asistir a reuniones plenarias “lo cual resulta sorprendente, por decir lo menos, en el director del SNI”.
El catedrático señala que el correo que recibió el pasado 20 de septiembre para notificar su destitución carece de nombre y firma, por lo que se encuentra en un “limbo legal”.
Mientras que a Mario Andrés De Leo Winkler le dice que “carece de facultades” para removerlo del cargo honorífico – y por el que no recibe pago – para el que fue elegido.
Lazcano señala que otros compañeros que tampoco asistieron a reuniones plenarias no fueron removidos como había informado el Conacyt.
“Desconozco las razones que lo han impulsado a pretender mi remoción de la Comisión Dictaminadora. Espero, sin embargo, que no encierren la pretensión de afectar en términos políticos la independencia de los cuerpos colegiados que son un elemento esencial de una vida académica sana y equilibrada”, finaliza en la carta.
“No se presentó a 8 de 12 sesiones”
Por su parte el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) asegura haber actuado de manera objetiva y conforme a Derecho, en la destitución de Lazcano.
“La fama de un investigador no le autoriza a desentenderse de sus compromisos con la comunidad o a exigir un trato especial”, plantea el Consejo en un comunicado.
De acuerdo con el Conacyt, seis investigadores, incluido Antonio Lazcano, faltaron sin justificación a más de dos reuniones.
“El Dr. Antonio Lazcano faltó a ocho de 12 reuniones plenarias; solo cuatro de sus faltas fueron justificadas. La documentación que sirve de sustento y corrobora lo dicho puede consultarse en las oficinas del Conacyt o bien puede ser solicitada a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, señala el Conacyt.
Este fue el motivo, con apego al artículo 13 de los lineamientos internos, que provocó la destitución de Lazcano y otros seis miembros de las comisiones dictaminadoras, los cuales según el Conacyt fueron comunicados “en tiempo y forma, de manera simultánea y privada” sobre la medida.
El Consejo también aclara que su baja no se debe a sus recientes críticas a la administración de recursos del Conacyt, como se ha especulado.
“El objetivo de la medida consiste en no incurrir en ilegalidades o fomentar la impunidad, en perjuicio de quienes sí cumplen, y para preservar la calidad de las evaluaciones. Nadie está por encima de la normativa, como sí se acostumbraba en pasadas administraciones”, finalizan.
