Función Pública concentra los recursos para investigar y sancionar; la Fiscalía Anticorrupción tendrá 70% menos
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Función Pública concentra los recursos para investigar y sancionar; la Fiscalía Anticorrupción tendrá 70% menos

El presupuesto para el próximo año estará enfocado en acciones para “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad", según el proyecto de gasto para 2020.
Cuartoscuro
10 de septiembre, 2019
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La Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, tendrá un aumento presupuestal de 57% para 2020, y los recursos adicionales serán aplicados sobre todo para los programas de fiscalización a la gestión pública e inhibición y sanción de las prácticas anticorrupción en el gobierno.

En contraste, el mayor recorte registrado entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción –al que también pertenece la Función Pública– está en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, encargada de investigar delitos por hechos de corrupción y tendrá 69.8% menos presupuesto.

De acuerdo con la estrategia programática, la Función Pública “tiene como misión consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente”, por lo que el presupuesto para el siguiente año estará enfocado en acciones para “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; separar el poder político del poder económico para construir un auténtico Estado de Derecho bajo la premisa de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

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Por ello, los seis programas presupuestarios para la función pública y mejoramiento de la gestión tendrán aumento de recursos para el próximo año: actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; fiscalización a la gestión pública; integración de las estructuras profesionales del gobierno; políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental; inhibición y sanción de las prácticas de corrupción; y promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas.

Para la “Fiscalización de la gestión pública” tendrá 575 millones de pesos, el mayor monto según su programación de programas presupuestarios para el próximo año. Esto significa más de 300 millones de pesos más que en 2019, cuando le fueron asignados 231 millones de pesos. Y servirá sobre todo para la operación de los titulares de los órganos internos de control de todas las dependencias y entes de gobierno que le fueron adjudicados tras la reforma a la administración pública de 2018.

Como parte del objetivo de “fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de conductas ilícitas, así como de la promoción de la cultura de la legalidad entre las y los servidores públicos”, funcionará el programa de “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” que tendría 219 millones de pesos de presupuesto, lo que aumenta en 54 millones en comparación con el año pasado cuando recibió 165 millones de pesos.

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La investigación y las sanciones atribuidas a la Función Pública son en el ámbito administrativo previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por faltas se prevén sanciones como amonestación pública o privada, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación y sanción económica.

Para “Políticas de austeridad republicana” se destinarán 212 millones de pesos, mientras que en 2019 tuvo 168 millones de pesos. Para la “Integración de las estructuras profesionales del gobierno”, gastará 66 millones de pesos.

La dependencia también ocupará el presupuesto para “ofrecer a la sociedad un gobierno honesto e íntegro que actúe siempre en el marco de la legalidad y los Derechos Humanos”.

Por lo que se plantean objetivos específicos como “consolidar la política de integridad” en las dependencias a través de lineamientos actualizados para “la integración, coordinación y funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en la administración pública”, por ello, para “promoción de la cultura de la legalidad” destinará 197 millones de pesos.

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El Sistema Nacional Anticorrupción con “crecimiento”

El Sistema Nacional Anticorrupción se creó gracias a una reforma constitucional en 2014 prevista para la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en el país a través de la coordinación de las autoridades locales y federales con la participación de diferentes actores del Estado: la administración pública, el Poder Judicial e incluso la sociedad civil.

Aunque existe un incremento real de 5.2% entre las cinco instituciones que lo conforman, al pasar de 65 mil 459 millones de pesos a 68 mil 885 millones de pesos, no a todos les aumentó el presupuesto, de acuerdo al análisis realizado por Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey y México Evalúa.

En su análisis advierte que la Secretaría de la Función Pública es la de mayor aumento, con más de la mitad de su presupuesto comparado con el año pasado. En tanto, el mayor recorte está en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción con 69.8%.

La Fiscalía, a cargo de María de la Luz Mijangos, se encarga realizar la “investigación, prevención y persecución” de los delitos relacionados con hechos de corrupción previstos en el Código Penal Federal, por ejemplo, cohecho que prevé penas de dos a 14 años de prisión.

Los casos que pueda integrar la Fiscalía serían llevado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que los magistrados resuelvan y, en su caso sanciones a los posibles responsables.

El Tribunal, tendría 11.4% de aumento presupuestal para 2020. El resto de los integrantes del sistema está el Consejo de la Judicatura Federal que tendría 4.5% más presupuesto, mientras que la Auditoría Superior de la Federación no tendría variaciones y los recortes sólo estarían en el INAI, con 0.2% y la Secretaría Ejecutiva del Sistema, menos 0.4%.

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Por qué AMLO se resiste a vacunar a todos los adolescentes pese a que una resolución judicial lo ordena

Un juzgado dio un ultimátum para que el gobierno incluya a todos los niños de entre 12 y 17 años en el plan de vacunación, pero López Obrador insiste en que no hay suficiente evidencia científica para hacerlo.
28 de octubre, 2021
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La Justicia de México aumentó su presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y le dio un ultimátum para que todos los adolescentes del país puedan ser vacunados contra la Covid-19.

Hasta el momento, México solo está inmunizando a menores de entre 12 y 17 años que tienen alguna enfermedad crónica, al considerar que no existe suficiente evidencia científica respecto al efecto de la vacuna sobre los niños.

Pero el miércoles se hizo público que un juzgado dio un plazo de cinco días al gobierno para incluir a todos los adolescentes en el plan de vacunación o, de lo contrario, denunciará el posible desacato judicial ante la Fiscalía General de la República.

Cuando se dio a conocer una primera resolución de este juzgado hace dos semanas, López Obrador adelantó que la impugnaría.

Sin embargo, el gobierno mexicano no se ha posicionado aún sobre este nuevo pronunciamiento judicial. BBC Mundo solicitó comentarios a la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta.

Algunos expertos en salud criticaron en las últimas semanas la postura del gobierno mexicano, que va a contracorriente de la estrategia de la mayoría de países de América Latina.

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó este miércoles que en la actualidad “los grupos prioritarios (para la vacunación) en la región no son los niños”.

Las decisiones judiciales

El enfrentamiento entre la Justicia y el gobierno mexicano sobre la vacunación de menores contra la covid-19 viene de lejos.

Desde hace semanas, son cientos los niños que consiguieron ser inmunizados en el país solo después de que sus padres o tutores presentaran amparos ante los juzgados, especialmente desde que el 30 de agosto se reiniciaran las clases presenciales en las escuelas tras el cierre por la pandemia.

A finales de septiembre, el gobierno rectificó su estrategia y desde esta semana se está vacunando a 1,5 millones de jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades como cáncer, VIH, diabetes y enfermedades cardiovasculares, del riñón o pulmonares graves, entre otras. También se incluyó a adolescentes embarazadas.

Niña mexicana recibe su vacuna de covid-19.

Getty Images
En México, solo los adolescentes con comorbilidades pueden ser vacunados contra covid-19.

Sin embargo, hace dos semanas se conoció que un juzgado federal de Estado de México ordenó a las autoridades ampliar la vacunación a todos los menores de esta edad, sin importar su estado de salud.

Aunque la resolución fue emitida para resolver un recurso concreto interpuesto por los padres de una joven de 15 años, se especificó que la orden tenía efectos generales sobre toda la población y que el plan de vacunación nacional debía ser modificado en 48 horas.

“Se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años”, se leía en el fallo.

Sin embargo, el presidente López Obrador se apresuró a aclarar que la decisión judicial sería impugnada y que no era definitiva.

“Cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo”, señaló, a la vez que aseguró que no es posible definir una política pública a partir del “interés de una persona o de un grupo”.

AMLO

Gobierno de México
López Obrador anunció que impugnaría la resolución judicial que obliga al gobierno a vacunar a todos los adolescentes.

No obstante, el mandatario aclaró que “legalmente, esto se va a respetar” y aseguró que de ser necesario se firmaría un nuevo contrato con Pfizer, la única vacuna autorizada en México para adolescentes de entre 12 y 17 años.

Días después, el mismo juzgado dio a conocer que el 14 de octubre recibió la solicitud de una prórroga por parte de la Secretaría de Salud para acatar la resolución.

Finalmente, esta semana anunció su decisión: conceder un plazo de cinco días hábiles desde su notificación legal para que el gobierno incluya a los adolescentes en el actual plan de vacunación, que está previsto concluya en marzo de 2022.

¿Por qué no se vacuna a todos los adolescentes?

La postura de México sobre la vacunación de adolescentes discrepa con la de la gran mayoría de países de América Latina, que en algunos casos incluso ya están inmunizando a niños más pequeños.

El último en sumarse fue Nicaragua, que esta semana comenzó a vacunar a niños de entre 2 y 17 años con las vacunas cubanas Abdala y Soberana. Perú, por su parte, anunció que el 2 de noviembre iniciará la inmunización de personas a partir de los 12 años.

Sin embargo, López Obrador insistió hace unos días en que “no hay una recomendación médica , todavía no definen”.

Niña ecuatoriana recibiendo su vacuna de covid-19

Getty Images
Ecuador es uno de los países que inició la vacunación de menores de 18 años.

El doctor Malaquías López, vocero de la Comisión Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cree que la razón principal para vacunar a los menores no es solo protegerlos y que el gobierno mexicano no entiende el motivo real.

“La razón de hacerlo es para romper la circulación del virus. Es imposible llegar al 90% de personas con inmunidad, que es lo que necesitamos, si no se les vacuna. De lo contrario, el virus puede seguir replicándose e incluso surgir nuevas cepas que echarían por tierra toda la inmunidad acumulada”, critica.

El secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, afirmó el martes que los niños “tienen un sistema inmunológico de maravilla” y que la aplicación de la vacuna podría “entorpecer ese aprendizaje” de su sistema de defensas.

“A mis nietos no los vacuno. Si tienen una comorbilidad, adelante”, aseguró.

Jorge Alcocer

Gobierno de México
“A mis nietos no los vacuno”, aseguró el secretario de Salud de México, Jorge Alcocer.

“Es una barbaridad que diga que esta vacuna sí afecta al sistema inmunológico de sus nietos, pero las demás no. Es absolutamente insensato”, responde López, preocupado por si esto anima a algunos padres a no inmunizar a sus hijos contra enfermedades como sarampión o tuberculosis al confiar en sus defensas naturales.

“Pese a lo bueno que es el sistema inmunológico en la gente joven, hay algunos que no van a poder manejar la infección y esos lo pagan muy caro”, recuerda en conversación con BBC Mundo.

Para el especialista, detrás de la oposición del gobierno mexicano a la vacunación de menores está “la incapacidad técnica de las autoridades de salud y la necedad y cerrazón política del presidente” ante la necesidad de cambiar su estrategia.

“El gobierno va a resistir todo lo que pueda, pero creo que los jueces están interpretando correctamente el problema como una cuestión de derecho para todos los ciudadanos, no solo los adultos”, opina.

Mexicana vacunándose

Getty Images

La OPS, sin embargo, aseguró este miércoles que los niños no son un grupo prioritario para la inmunización contra la covid-19 en América Latina y el Caribe en este momento.

Si bien aclaró que hacerlo o no es “una decisión soberana” de cada país que la organización no puede “apoyar o criticar”, enfatizó que menos de la mitad de la población de la región cuenta con una pauta completa de la vacuna.

“Tenemos todavía muchos adultos mayores que tienen un riesgo enorme de morir por una covid -19”, apuntó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.

En México, que este miércoles sumó 386 muertes y casi 5.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, casi el 62% de los mayores de 18 años cuenta con un esquema completo de vacunación y el 80% recibió al menos una dosis.


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