Gobierno propone aumento a presupuesto del INM para atender la crisis migratoria
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Cuartoscuro

Gobierno propone aumento a presupuesto del INM para atender la crisis migratoria

En el Paquete Económico 2020 se propone un aumento de 166 mdp para el INM y una partida especial de 56 mdp para la atención de migrantes en Chiapas.
Cuartoscuro
9 de septiembre, 2019
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Para 2020 el gobierno federal propone un incremento al presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) y pide una partida para atender la emergencia migratoria que se vive desde octubre de 2018, en el sur del país, especialmente en Tapachula, Chiapas.

El aumento solicitado para el INM en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020, entregado este domingo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, es de 166 millones de pesos.

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Esta propuesta se da luego de que en 2019 se le asignara al INM mil 331 millones de pesos, 468 millones menos que en 2018, cuando se asignaron mil 799 mdp.

La reducción de presupuesto para 2019 se dio a pesar de lo ocurrido desde octubre de 2018 cuando cerca de 14 mil personas, especialmente de origen hondureño, ingresaron al país en diversas caravanas migrantes, todas ellas impulsadas por la grave crisis social que afecta a la región centroamericana. 

Los recursos destinados para atender el tema migratorio habían registrado una tendencia hacia la baja toda vez que desde 2017 se redujeron hasta 98 millones de pesos, aunque finalmente ese año se ejercieron 5 mil 480 millones por las necesidades presentadas en el INM. Con el aumento planteado por el gobierno de AMLO para 2020 se frena la inercia a la baja.

Además, en el Paquete Económico presentado por el titular de la SHCP, Arturo Herrera, a la Cámara de Diputados, se incluye la propuesta de asignar más de 56 millones de pesos en un programa llamado Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

El presupuesto asignado para atender la migración se completa con los 41.5 millones asignados al rubro de Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, para una suma total que rebasa los mil 584 millones de pesos.

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En mayo pasado, 24 organizaciones de Centroamérica, México y Estados Unidos realizaron una misión de observación en la frontera sur y publicaron los resultados del recorrido por la región en un documento titulado “La frontera sur es una tortura silenciosa”.

En ese documento se describe una situación de intenso control policial y militar, con la Guardia Nacional operando en la región, y en sus recomendaciones hacia el gobierno mexicano plantean aumentar el presupuesto en el rubro de migración.

“Asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas”, sugirieron las organizaciones.

Aunado a esto, en el Paquete Económico se incluye una carta de López Obrador en la cual explica que los recursos solicitados son necesarios para brindar el “apoyo” que necesitan las personas que emigran por territorio mexicano.

“No  se omite  señalar la importancia que el  Proyecto de Presupuesto otorga las acciones relacionadas con la ejecución de nuestra política exterior, el apoyo a los migrantes  que transitan por el territorio nacional, la recuperación del estado de derecho, y la igualdad sustantiva y la eliminación  de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas”, se lee en uno de los párrafos.

Desde 2014, cuando sucedió la llamada “crisis de los niños migrantes”, el gobierno mexicano implementó el Plan Frontera Sur, que trajo mayores controles migratorios en la región, y en 2018 el gobierno de Chiapas pidió la presencia de la Gendarmería para reforzar, una vez más, la vigilancia sobre la población de personas que intentan cruzar por México hacia Estados Unidos.

Este año el gobierno mexicano implementó el Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras y México, el cual opera bajo los principios de desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana. 

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Al anuncio de este programa siguió un nuevo reforzamiento de la frontera sur después de los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a productos mexicanos si no frenaba el flujo migratorio hacia ese país.

A partir de ello, México habría logrado frenar en un 56% el paso de personas migrantes, según informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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