Primer Informe: AMLO fue interrumpido 40 veces para aplausos; destaca su alianza con empresarios
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Primer Informe: AMLO fue interrumpido 40 veces para aplausos; destaca su alianza con empresarios

Emilio Azcárraga y Carlos Slim estuvieron entre los invitados del presidente para su Primer Informe de Gobierno; López Obrador dijo que "ya es un hecho" la separación del poder político del poder económico.
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2 de septiembre, 2019
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El Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según mandata la Constitución, fue en realidad el tercer acto con formato de “informe” que ha organizado en sus nueve meses de gobierno, y así lo anunciaba sin disimulo la mampara que sirvió de fondo al mensaje, con el rótulo “Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México”.

Este fue el primero en el que apareció totalmente solo en el templete. A las 11 en punto llegó y se sentó en la única silla disponible mientras el maestro de ceremonias lo presentaba, y después ante el micrófono en un atril, desde el cual habló una hora con 35 minutos. Es el mensaje más largo de los tres que ha dado, y fue interrumpido por aplausos en 40 ocasiones.

Todos estos aplausos, sin contar el de bienvenida y despedida, abarcaron en total cinco minutos y medio del evento.

El primer “informe” de López Obrador había sido a los 100 días de su gobierno, también en Palacio Nacional, en el Patio Central, pero duró una hora y cuarto y estuvo acompañado en el templete por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; y los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres.

El segundo fue el 1 de julio, al cumplirse un año de las elecciones, con un festival musical que duró más de tres horas en la plancha del Zócalo, en la que habló ante 80 mil asistentes durante una hora con 25 minutos, respaldado en el escenario por su esposa, Beatriz Gutiérrez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y Muñoz Ledo.

Entérate: Economía crece poco y aún padecemos inseguridad, reconoce AMLO; destaca ahorros y apoyos sociales

En cambio, esta vez, tanto familiares como representantes de los otros Poderes de la Unión o gobernadores permanecieron abajo del templete, solo como público. 600 invitados en total, incluyendo empresarios, que presenciaron el informe en el Patio de Honor de Palacio.

En la primera fila de asientos estaba la esposa del presidente y sus tres hijos mayores: José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán. En la misma línea, el ministro Zaldívar, Muñoz Ledo, y la escritora Elena Poniatowska.

Detrás de Beatriz Gutiérrez, el empresario más rico de México, Carlos Slim, que fue de los primeros en llegar al acto y se llevó una mención especial del presidente. Detrás de los hijos estaba el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Y más atrás, la mujer más rica, María Asunción Aramburuzabala, y Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México.

Aun con la presencia de varios empresarios, el presidente insistió con una idea que ha planteado desde el principio de su gobierno: “Ya es un hecho, por ejemplo, la separación entre el poder económico del poder político”.

A la extrema izquierda de López Obrador quedaron los gobernadores, acomodados en casi estricto orden alfabético del estado al que representan. Solo faltó Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, porque estaba en la instalación del segundo periodo de sesiones del Congreso Local.

Mientras que quienes llegaron juntos fueron los mandatarios del PAN, que apenas el viernes anunciaron la creación de una asociación civil para organizarse como contrapeso al gobierno federal.

En el extremo opuesto, a la izquierda del presidente, estaban los titulares de otros organismos autónomos, como Luis Raúl González, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Lorenzo Córdova, del Instituto Nacional Electoral (INE); así como el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes; y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Y detrás, la presidenta de Morena, partido que llevó a la presidencia a López Obrador, Yeidckol Polevnsky, única líder partidista que acudió al acto.

“El Poder Ejecutivo ya no interviene, como era costumbre, en las determinaciones del Poder Legislativo ni del Judicial; respeta las atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales; no se entromete en las decisiones de órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se abstiene de interferir en la vida interna de sindicatos y partidos políticos”, fueron las palabras dedicadas a otras instituciones del país.

Entérate: Discurso completo de AMLO por su Primer Informe de Gobierno, en Palacio Nacional

Y exactamente de frente a donde López Obrador pronunció su discurso, estuvieron los miembros de su gabinete, repartidos en dos filas.

En la de adelante, quedaron el de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera; de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval; de Marina (Semar), José Rafael Ojeda; de Energía (Sener), Rocío Nahle; de Salud, Jorge Alcocer; el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo; el secretario de Relaciones Exteriores (SER), Marcelo Ebrard; y la de Bienestar, María Luisa Albores.

En segunda fila, la secretaria del Trabajo (STPS), Luisa María Alcalde; de Educación (SEP), Esteban Moctezuma; la de Economía (SE), Graciela Márquez; el de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer; de Cultura, Alejandra Frausto; de Turismo (Sectur), Miguel Torruco; de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jiménez Espriú.

Entre discurso presidencial y aplausos de los invitados, logró colarse al Patio de Honor de Palacio Nacional el sonido de un megáfono. A las 11:40 de la mañana y durante unos 15 minutos, los invitados alcanzaron a escucharlo, aunque no era una protesta por el informe, sino una carpa con manifestantes provenientes de Chiapas que desde el 29 de julio están instalados frente al edificio exigiendo la liberación de presos políticos de ese estado.

En cambio, en la puerta del otro extremo de Palacio, junto a la Catedral, un grupo de gente de no más de 50 personas manifestaba su apoyo al gobierno de López Obrador y esperaba que saliera a saludar, aunque esta vez no hubo ninguna actividad que incluyera a la población, como hace dos meses en la plancha del Zócalo.

Al terminar el acto, una de las pocas críticas provino de uno de los gobernadores panistas, el guanajuatense Diego Sinhué Rodríguez, que dijo que no toda la población está “feliz, feliz, feliz”, una frase que el presidente dijo hace unos días y volvió a repetir este domingo.

Como en los otros informes, López Obrador terminó su discurso gritando “viva México” tres veces, y fue despedido con medio minuto de aplausos y el Himno Nacional.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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