La defensa legal de Rosario Robles acusó que la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la exfuncionaria de Sedatu y Sedesol confirma una persecución política.
Su abogado Julio Hernández Barros anunció que impugnarán la inhabilitación, misma que considera injusta y sin fundamento legal, pues asegura que es falso que Robles omitiera información en sus declaraciones patrimoniales.
La acusación, aseguró su abogado, “contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio, y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna”.
“Lo anterior demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad”, destacó la defensa en un comunicado.
La sanción se deriva de la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con 2,887.86 pesos en su declaración patrimonial.
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Esa cuenta fue abierta el 14 de febrero de 2008, tuvo como fecha de su última operación el 29 de enero de 2016 y cancelada el mismo día, cuando la institución se quedó con los fondos al enviarlos a su cuenta concentradora con un saldo de dos mil 887.86 pesos, señaló Hernández Barros.
“Esta cuenta disponía de un saldo de $2,887.86 (dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 86/100 M.N.), la cual como decimos, jamás fue reconocida por Rosario Robles Berlanga, de la que nunca dispuso un sólo centavo ni se hizo un depósito. La misma fue cancelada en el año 2016, es decir 8 años después de que fue aperturada, sin presentar ningún movimiento y el saldo fue transferido por inactividad a la cuenta concentradora del propio Banco Santander”, explicó.
Rosario Robles fue vinculada a proceso con prisión preventiva oficiosa el pasado 13 de agosto, por el delito de ejercicio indebido de la función pública tanto en la Sedesol como en la Sedatu, mediante el esquema conocido como la Estafa Maestra. Actualmente se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla.
