Oaxaca podría convertirse este miércoles en el segundo estado en despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa durante las 12 primeras semanas de gestación, al discutirse una propuesta legislativa en el Congreso local.
La iniciativa, propuesta por la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el estado, Laura Estrada Mauro, busca reformar la Constitución Política de Oaxaca, así como el Código Penal local.
Esta mañana, manifestantes del movimiento Marea Verde y de otros colectivos ya se reúnen a las afueras del Congreso de Oaxaca, con la intención de exigir que se hagan válidos los derechos para decidir sobre su cuerpo.
“¡No queremos más muertas por prácticas clandestinas!, ¡Nunca más una niña o mujer condenada a parir a riesgo de su propia vida! Nuestros derechos, no se negocian ni se consultan, ¡vamos a sacar nuestra legítima y muy digna rabia!”, apuntan.
Mientras que asociaciones religiosas lideradas por el arzobispo de la Diócesis de Antequera, Pedro Vásquez, también se sumarán a las 10:00 horas una manifestación pacífica en el recinto legislativo, bajo el lema de “Oaxaca le dice sí a la vida”.
Pero, ¿qué dice la iniciativa?
El texto explica que con estas reformas no se propone el aborto como un método más de planificación, sino que busca que no se enjuicie moralmente a las mujeres ni se les castigue con prisión si interrumpen su embarazo por libre determinación de su voluntad.
De acuerdo con la diputada Estrada Mauro, las disposiciones legislativas que impiden el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo, “constituyen una forma de discriminación, primero, porque su efecto es impedir a la mujer el acceso a un procedimiento que podría ser necesario para el goce de sus derechos… seguido de que el propósito de este tipo de disposiciones es discriminatorio en razón de que subestima su capacidad para tomar decisiones responsables sobre su vida y su cuerpo”.
La legisladora sostiene que el acceso a la práctica del aborto es un privilegio en el país, ya que hay un costo económico que impide a las mujeres en situaciones de pobreza el costear el procedimiento.
En Oaxaca, de acuerdo con la diputada, cada año se registran en promedio 11 mil 500 abortos de manera clandestina, en condiciones insalubres e inseguras. Entre enero y agosto de 2019, se han iniciado 9 carpetas de investigación en el estado por casos de aborto, al ser considerado delito; en 2018 se registraron 12 casos.
Por ello, la legisladora propone reformar el Artículo 12 de la Constitución de Oaxaca, y los artículos 312, 315 y 316 del Código Penal para el Estado, para que solo se considere el aborto como delito después de la décimo segunda semana de gestación, y no “en cualquier momento de la preñez”, como dice actualmente el Código Penal.
Se considerará delito, con castigo de seis meses a dos años de prisión, exceptuando los siguientes casos:
- Cuando el aborto sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o deviniese de una causa natural comprobable;
- Cuando el embarazo sea el resultado de una violación y decida la víctima por sí o por medio de sus representantes legítimos la interrupción libre, consciente e informada del correspondiente producto, con intervención médica y hasta dentro de la semana doce de la gestación;
- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro en su salud o de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora y hasta la décimo segunda semana de la gestación;
- Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves según el previo dictamen de dos peritos.
¿Qué dicen las leyes actuales en Oaxaca sobre aborto?
Actualmente, el Código Penal de Oaxaca establece en el Artículo 312 que el aborto “es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, y el inducir a una mujer a practicarse uno tiene como castigo entre tres y ocho años de prisión, con su consentimiento, y de seis a diez años de cárcel en caso de que exista violencia física o moral de por medio.
Los médicos, cirujanos o parteras que practiquen abortos pueden ser suspendidos de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Según el Artículo 315, las mujeres que se practiquen abortos y “no tengan mala fama, hayan logrado ocultar su embarazo y este sea fruto de unión ilegítima” pueden ser sancionadas con entre seis meses y dos años de prisión, y en caso de cometerlo con alguna de estas tres agravantes, la pena sería de entre uno y cinco años de cárcel.
En la versión actual del Código Penal queda exenta la punibilidad en los casos de aborto causados por la imprudencia de la mujer, cuando el embarazo es resultado de una violación o cuando, de no provocarse, se ponga en peligro la vida de la madre.
Inmujeres respalda legalización del aborto
A través de un comunicado, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un llamado a los diputados de Oaxaca a que, en congruencia con la promulgación del Año por la erradicación de la violencia contra la mujer, “se unan para votar a favor de la iniciativa… que permitirá a las mujeres de este estado el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos”.
El Instituto recordó que los congresos locales “deben promover y garantizar a las mujeres su autonomía y el derecho a decidir sobre su cuerpo, en seguimiento estricto de la naturaleza laica del Estado mexicano”.
“El Inmujeres insta a las instituciones del Estado para que en todos los órdenes de gobierno se vele por la autonomía de las mujeres y las niñas, colocando en el centro la realización de sus proyectos de vida y el fortalecimiento de las capacidades para la toma de decisiones”, concluyó.
El INMUJERES celebra la iniciativa de reforma a la Constitución del estado de #Oaxaca para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.#DSYR
➡️Ir al comunicado: https://t.co/E1tUPaydVZ pic.twitter.com/DMuMWrTKWz— Inmujeres México (@inmujeres) September 24, 2019
Senadoras de Morena respaldaron que Oaxaca legisle a favor de la libertad de las mujeres.
“Es una obligación como legisladoras garantizar que los derechos sean universales, accesibles y disponibles para todas las mexicanas, lo que incluye tanto el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación como el derecho a decidir”, señaló la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.
