Robos, abuso de autoridad y extorsión: Los datos sobre la violencia que padecen migrantes en México
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Cuartoscuro Archivo

Robos, abuso de autoridad y extorsión: Los datos sobre la violencia que padecen migrantes en México

Pandillas, agentes del Estado y seguridad privada de los trenes son los principales agresores identificados en la red de refugios para migrantes.
Cuartoscuro Archivo
4 de septiembre, 2019
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Migrar por México es exponerse a ser víctima de robo, a manos de pandilleros, delincuentes individuales, policías y autoridades migratorias, o hasta del personal de seguridad de los trenes utilizados para cruzar el país.

Es el delito más reportado por personas migrantes que pasan por refugios para ser auxiliados, donde al menos el 10 % denuncia haber sufrido alguna agresión en el camino.

Lee más: 3 factores que explican por qué se ha disparado el número de personas que llegan a la frontera sur de EU

Así lo revela el informe “Procesos migratorios en México: nuevos rostros, mismas dinámicas”, publicado este martes por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), que integra 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones distribuidas en 13 estados.

Esta red atendió durante 2018 a 36 mil 190 personas, tanto extranjeras (principalmente de Centroamérica) como mexicanas dirigiéndose a otro estado, que reportaron 3 mil 777 agresiones; de ellas 2 mil 829 fueron robos.

En 956 casos, el migrante que denunció solo identificó que lo atacaron una o dos personas. En 881 ocasiones, dijo que había sido un grupo delictivo, como una pandilla; y 542 veces ubicó como agresor a un agente del Estado, principalmente policías federales, seguido de policías municipales.

También hubo 214 reportes señalando como culpables a miembros de la seguridad privada de los trenes, a quienes también se acusa de lesionar migrantes y extorsionarlos. De acuerdo con los activistas, han aumentado las agresiones de estos privados, que en la práctica se han vuelto, además, operadores de las políticas del gobierno.

“Un dato fuertísimo que salió en 2017 y que aparece ahora en 2018 es que, los guardias del ferrocarril, aunque no son corporativos del Estado, operan como operativos del gobierno, entregándolos o avisando a Migración que van tantos migrantes. En muchas zonas van hasta con pasamontañas, con armas, entonces los ven como un policía”, comentó en entrevista el director del Servicio Jesuita a Migrantes, Arturo González.

Después del robo, la siguiente agresión más denunciada cometida por agentes estatales son abuso de autoridad y extorsión. Las políticas actuales de endurecimiento de controles para frenar la migración hacia Estados Unidos, según los defensores de migrantes, lejos de mejorar esta situación, la están agravando.

“Se han reportado, también, actos de corrupción en las estaciones migratorias, mediante cobro de cuotas por el acceso a servicios básicos”, detalló en conferencia la directora del Albergue Decanal Guadalupano de Veracruz, Hermana Dolores Palencia.

De particulares, además de robos se denuncian lesiones en segundo lugar, y en tercero, secuestros.

Según lo recopilado por Redodem, del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, hubo al menos 174 reportes de secuestros de migrantes, 156 de ellos eran hombres y 18 mujeres. En este delito, destaca como perpetrador la delincuencia organizada, identificada como responsable de al menos 46 % de los casos.

Esta recopilación de datos de defensores de migrantes es la única aproximación que hay a la delincuencia que sufren las personas al cruzar México, ya que los datos oficiales del gobierno se refieren siempre a denuncias presentadas, cuando un migrante difícilmente se atreve a ir ante una autoridad por miedo a ser deportada.

La estadística de Redodem también revela las diferentes afectaciones según sexo: el 95 % de migrantes que reconocen haber sufrido violencia, son hombres.

Por edades, el grueso de agresiones (59 %) lo sufren jóvenes de entre 19 y 32 años, pero también hay un 7.5 % de adolescentes entre 15 y 18 que dijo ser víctima o testigo de una agresión, un grupo que por su condición es doblemente vulnerable.

Aunque los datos presentados corresponden al periodo de 2018 y los activistas advirtieron que las irregularidades contra personas migrantes no son nuevas, sí lamentaron que con el nuevo gobierno, y ante la presión del presidente estadounidense Donald Trump, la política migratoria sigue sin tener un enfoque de derechos humanos y pro persona, sino que está orientada a detener los flujos, lo cual apunta a mayores violaciones de derechos y agresiones contra quienes salen de su país buscando mejores condiciones de vida.

Lee más: Tras la amenaza de Trump, las detenciones de migrantes en México rompen récord

“Las políticas migratorias restrictivas, lejos de procurar la seguridad de las personas migrantes y comunidades de tránsito, promueven una migración irregular que facilita el desarrollo del negocio de tráfico de personas, así como un tipo de economía ilegal sustentada en la extorsión y el robo”, reclamó el informe.

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"En 20 minutos los bebés pueden fallecer": la dramática crisis de oxígeno en Bolivia

El oxígeno es cada vez más difícil de conseguir en varias ciudades de Bolivia. La escasez del elemento también amenaza a bebés que necesitan ventilación artificial.
8 de agosto, 2020
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Es una carrera contra el tiempo.

Los hospitales de varias de las principales ciudades de Bolivia cada vez tienen menos reservas de oxígeno clínico y los familiares de pacientes que dependen de este elemento multiplican esfuerzos en una dramática búsqueda de un tubo o balón para tratar de salvar la vida de su abuelo, padre, hermano o incluso hijo.

Un problema que también alcanzó a decenas de recién nacidos que, por diferentes motivos, dependen de ventilación artificial para sobrevivir.

“Yo no puedo esperar a que sea el último minuto para decir qué voy a hacer. Estos bebés necesitan oxígeno continuo, y si usted le quita el oxígeno dos o tres minutos su cerebro va a sufrir. En 20 minutos los bebés pueden a fallecer”, señaló este viernes Hugo Tejerina, directivo del principal hospital materno de La Paz.

Y en una comunicación con BBC Mundo, ese centro de salud confirmó este sábado que podrán mantener la asistencia a los recién nacidos hasta el lunes si es que no reciben una nueva dotación de oxígeno.

Pero el problema va mucho más allá de los menores que pueden resultar afectados.

El gobierno transitorio boliviano denunció el viernes ante la Organización de Estados Americanos que ya son 31 personas las que fallecieron por la falta de reservas para oxigenación.

Dos factores son señalados por directivos de salud como las causas de la crisis. El aumento acelerado de contagios por coronavirus y los bloqueos de algunas de las principales carreteras del país protagonizados por seguidores de Evo Morales enfrentados con la presidenta Jeanine Áñez.

“Estado de desastre”

El viernes en la noche falleció por falta de oxígeno el tío de Claudia, una boliviana que no pudo acompañarlo en su padecimiento porque reside en Italia.

A principios de agosto presentó síntomas de coronavirus y de inmediato sus familiares advirtieron del riesgo que podía correr ante la escasez de oxígeno.

Claudia comparte con BBC Mundo que su tío fue profesor durante 35 años y no disimula su molestia por un fallecimiento que tal vez se habría podido evitar si el hospital donde internaron a su familiar contaba con una dotación para mantener la respiración artificial activa.

Presidenta de Bolivia

Reuters
El gobierno actual acusa a los seguidores de Evo Morales de agudizar la escasez de oxígeno y medicamentos por los bloqueos en carreteras.

Bolivia registró hasta el 7 de agosto 87.891 casos confirmados de coronavirus y La Paz, sede de gobierno, se convirtió en el epicentro de los contagios.

La cantidad de muertos por covid-19 hasta la misma fecha es de 3.524.

De acuerdo a datos recogidos por el diario boliviano Página Siete, al menos 23 personas de esta ciudad fallecieron el viernes por falta de oxígeno.

Este elemento llegó a triplicar su precio y ya era escaso desde hace al menos tres semanas en el país sudamericano.

Pero la situación se volvió crítica desde que comenzaron los cierres de caminos que impidieron que los camiones que transportan tubos y los carros cisterna lleguen a los hospitales de diferentes ciudades.

Al punto de que el sistema de salud pública declaró un inminente “estado de desastre” si no se reponen las dotaciones a los hospitales.

“Repercutirá en el fallecimiento de personas y afectación de núcleos familiares, así como personal en salud”, señala la nota dirigida al gobierno.

El comunicado, difundido por medios locales, señala que si persiste el retraso en la distribución de oxígeno “ya no se contará en horas, sino en vidas”.

Marcha campesina

EPA
Sindicatos en Bolivia están sublevados contra el gobierno de Jeanine Áñez.

El drama de los bebés

Tres o cuatro minutos pueden ser suficientes para que un bebé con nacimiento prematuro pueda sufrir alguna consecuencia a nivel cerebral si no recibe la oxigenación necesaria.

Así lo explicó a BBC Mundo Yuri Pérez, director del Hospital de la Mujer de La Paz.

“Tenemos niños que nacen prematuramente y son dependientes de oxígeno. Ante lo que pasa en el país las cisternas no han logrado pasar y advertimos que el riesgo es grande por la muerte que puedan tener estos pequeños”, indica.

El médico indica que el centro de salud logró la ayuda de padres e instituciones que enviaron tubos para mantener las incubadoras funcionando un par de días más, pero reconoce que todo depende de que se reponga la distribución regular.

“Sería una tragedia muy grande. Trabajamos de día y de noche para mantener todo funcionando, pero sin el oxígeno los niños no recibirán la ventilación necesaria para vivir”, lamenta.

El entrevistado señala que el personal médico junto a los padres se encuentran en una búsqueda desesperada de cualquier insumo adicional de ese elemento.

“Nosotros estamos en un momento de impotencia, imagínese cómo están los padres (de los bebés)”, relata.

Bloqueo de caminos

EPA
Pese al peligro de los contagios, seguidores de Evo Morales retomaron las calles en esta semana.

Después del llamado de emergencia que realizó el Hospital de la Mujer el viernes en la noche, el gobierno aseguró que hará llegar tubos para evitar la muerte de los niños.

La crisis política

La emergencia sanitaria llegó a Bolivia en una coyuntura política de polarización e incertidumbre.

Con la sorpresiva renuncia de Evo Morales a la presidencia en noviembre de 2019, tras semanas de protestas y denuncias de fraude electoral, el gobierno transitorio se comprometió a llamar a elecciones lo más pronto que se pueda.

Los comicios fueron programados primero para el 3 de mayo, se intentó convocarlos para principios de agosto, luego para el 6 de septiembre y ahora están fijados para el 18 de octubre, por decisión del Tribunal Supremo Electoral boliviano

El mayor motivo de las repetidas suspensiones fue la pandemia y el temor a que se multipliquen los contagios, sin embargo esto provocó molestia entre sindicatos obreros, campesinos e indígenas que reclaman una elección pronta y decidieron volver a las calles.

Acusan al gobierno de Áñez de pretender quedarse en el poder todo lo posible.

“Antes tampoco había oxígeno. Ahora nos acusan de que no llega por los bloqueos, pero la verdad es que el gobierno golpista no nos hacía llegar ni una aspirina”, afirma Juana Quispe, diputada del partido que todavía lidera Evo Morales.

La congresista señala que la escasez del elemento y de medicinas que sufre Bolivia no está relacionada con las protestas que se producen en al menos sesenta puntos del país.

“Es por el gobierno que no tiene capacidad”, insiste la autoridad en conversación con BBC Mundo.

Las movilizaciones en Bolivia retornaron a finales de julio y los manifestantes aseguran que seguirán en las calles pese al riesgo de contagiarse de covid-19.

En Bolivia se hace cada día más difícil separar una discusión sobre sus problemas de salud de las posiciones partidarias enfrentadas.

Es un país que rompe sus récords de contagios confirmados casi a diario, pero que parece concentrarse cada vez más en la batalla política.


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