Autoridades de la CDMX violentan y minimizan a mujeres que buscan justicia
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Autoridades de la CDMX violentan y minimizan a mujeres que buscan justicia

Las autoridades encargadas de la procuración de justicia violan los derechos de las mujeres y las revictimizan con patrones y comportamientos discriminatorios, indicó un informe de la Comisión de Derechos de la CDMX.
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26 de septiembre, 2019
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Falta de medidas de protección a las mujeres que denuncian delitos, descalificaciones, culparlas del acoso o las agresiones sexuales que viven y negligencia para investigar la violencia cuando no hay golpes, son algunas de las omisiones documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) cuando se trata de procurar justicia con enfoque de género en la capital del país.

De acuerdo con la CDHCM, en la Ciudad de México las autoridades encargadas de la procuración de justicia violan los derechos de las mujeres y las revictimizan con patrones y comportamientos discriminatorios, que impiden y obstaculizan las acciones para prevenir, atender y sancionar los actos de violencia de las que son víctimas.

En el 30% de los casos de feminicidio, indicó la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, las autoridades filtran información de los casos a los medios. En cuatro de cada 10 casos, hay una total omisión en el ejercicio de la investigación, “y en el resto, en los otros seis, además hay negligencia”.

“No encontramos un solo momento en donde no haya alguna omisión”, acusó Ramírez sobre los casos analizados por la Comisión.

Revictimización

El caso de Dafne es ejemplo del mal actuar de las autoridades de justicia: a principios de 2018 conoció a un hombre de 41 años, quien, de acuerdo con su familia, ejercía violencia física y psicológica en su contra, y que la agredía cuando intentaba ponerse en contacto con su ellos.

En abril del mismo año, la madre de Dafne recibió una llamada telefónica de su entonces pareja, quien le dijo “que su niña había fallecido”, por lo que de inmediato acudió a la casa de huéspedes donde vivía su hija. Dentro de su cuarto, la encontró muerta, tirada en el suelo.

Por estos hechos, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por arma de fuego, ya que el cuerpo de Dafne fue encontrado con una herida de bala en la cabeza y se encontró una pistola tirada entre sus piernas.

La perito en criminalística que acudió al domicilio a evaluar la escena del crimen dictaminó que las lesiones de la mujer “fueron producidas por un arma de fuego y que fueron autoinflingidas, aunque al momento de emitir el dictamen no contaba con la total de las intervenciones periciales”, documentó la CDHCM.

Además, a pesar de que el agente del Ministerio Público tuvo conocimiento sobre que Dafne podría haber sido víctima de violencia por parte de su pareja, “nadie de su personal ni del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) activó los protocolos para la investigación del delito de feminicidio, en virtud de que solo agotaron la línea de investigación del suicidio”.

Ni siquiera porque, según la Comisión, de la intervención en materia en química forense señaló que no se encontraron elementos de plomo y bario en las manos de Dafne y se reportó que encontraron sangre en su pantaleta, y en la suela de uno de sus zapatos.

Finalmente, el agente del Ministerio Público determinó que la investigación no sería enviada a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en agravio de Mujeres y Personas con orientación o preferencia sexual, por identidad o expresión de género, debido a que los dictámenes en criminalística determinaron que Dafne se autoinfligió las lesiones que le causaron la muerte.

De acuerdo con la CDHCM, entre el 2013 y el 2018 se recibieron 21 mil 113 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en las que las víctimas fueron mujeres.

Las alcaldías en las que las mujeres denunciaron mayor número de casos fueron Cuauhtémoc (6 mil 577), Iztapalapa (4 mil 170), Gustavo A. Madero (mil 587), Xochimilco (mil 317) y Benito Juárez (mil 158).

La mayoría de las víctimas (4 mil 100) fueron mujeres de entre 30 y 44 años, seguido de las que tenían entre 45 y 59 años (3 mil 370) y las que tenían 60 años o más (2 mil 386).

Los derechos que fueron mencionados en más ocasiones como presuntamente vulnerados fueron a la seguridad jurídica (7 mil 549), de la víctima o la persona ofendida (6 mil 677), de las personas privadas de la libertad (3 mil 629), a la salud (2 mil 430) y a la integridad personal (2 mil 424).

Otros derechos presuntamente vulnerados que mencionaron las mujeres víctimas fueron el del debido proceso y garantías judiciales (2 mil 081), de la niñez (mil 691), a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo (mil 441), al trabajo (mil 221) y a la libertad y seguridad personales (mil 079).

¿Qué hicieron mal las autoridades de CDMX?

En el informe, la CDHCM señala que los patrones más comunes de omisiones por parte de las autoridades de investigación sobre violencia hacia mujeres y niñas fueron:

-Inactividad total de medidas de protección ante la denuncia.

-Inactividad total de medidas de protección ante la petición directa de la víctima.

-Inactividad total de medidas de protección pese al evidente riesgo real e inmediato.

-La descalificación y culpabilización de las víctimas de acoso o agresión sexual.

-Justificación de la actividad debido a que no hubieron golpes, amenazas o denuncias previas, la solicitud de medidas de protección sin resultado y la solicitud del Código de Atención Ciudadana sin efecto.

-Dilación excesiva en la solicitud de medidas.

-Solicitud de medidas hasta la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.

La CDHCM también encontró que los motivos por los que los agentes del Ministerio Público en la Ciudad de México no iniciaron investigaciones por las violencias contra mujeres fueron que la víctima no presentó lesiones graves, que no aportó pruebas para acreditar su dicho, que minimizaron la denuncia o que la persona que se denunciaba era servidora pública.

A ello se agregan las conductas de malos tratos para evitar el inicio de la carpeta de investigación, o el inicio de la carpeta como mero trámite.

Según la Comisión, las víctimas además tienen que someterse a interrogatorios que las revictimizan y las culpabilizan, el uso de prejuicios o estereotipos en su contra, demoras en la investigación y la pérdida de indicios o evidencia por un manejo deficiente o negligente por parte de las autoridades de investigación.

Por esta situación, la CDHCM pidió a las autoridades capitalinas la incorporación del análisis de contexto, así como el análisis de riesgo de víctimas, testigos o denunciantes, así como la intervención pericial oportuna y de calidad para la aportación de elementos objetivos en el esclarecimiento de los hechos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) deberá incorporar un enfoque diferenciado y con perspectiva de derechos humanos para los casos de tortura con un componente sexual.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) deberá establecer un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo de su personal policial.

También, las autoridades deberán implementar medidas integrales para atender con la debida diligencia los casos de violencia contra las mujeres, incluyendo mecanismos para que las víctimas no desistan ni tengan afectaciones psicoemocionales derivadas del temor constante de ser nuevamente atacadas.

Alerta de Género en CDMX

En entrevista con Animal Político, la titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez, comentó que el organismo considera que antes del próximo 30 de septiembre se declarará la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), lo que obligará a las autoridades capitalinas a establecer un presupuesto puntual para atender a víctimas de feminicidio.

“Ahora podría haber uno, contemplar la indemnización por violencia feminicida, y también lo que va a traer es que deberá haber estrictamente un presupuesto asignado para las acciones contra la violencia de género, sumado a que la misma mecánica de la AVG permitirá mayor participación en el tema de organizaciones de la sociedad civil”, dijo.

También, dijo, continuarán las acciones anunciadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para reforzar la seguridad en el transporte público, se actualizará la aplicación del Gobierno de la Ciudad de México con botón de pánico y habrá mayor instalación de luminarias en las calles.

“La parte que veo más difícil a corto plazo, es el sistema de justicia y el propio sistema de procuración de seguridad. ¿Qué sí se puede hacer? Ha habido demanda desde hace años de que los lugares donde se acude a denunciar y hay filtros de valoraciones médicas en espacios no dignos y que no arropan las víctimas, pero ahora se plantea una remodelación de ellas”, agregó.

“Todo lo que se haga va a abonar mientras se haga. Nosotros decíamos, en términos de violencia contra las mujeres en Ciudad de México tenemos lagunas legales, pero se pueden ir solventando, sobre todo de la violencia cibernética o con armas, que no está bien documentada, la parte que nos falla de que no tenemos categorizada la violencia familiar como violencia de género, pero son cosas que se pueden avanzar rápido”, explicó.

Sin embargo, reconoció que eso no ha determinado que no se erradique la violencia contra las mujeres en la capital y enfatizó que, con las leyes actuales, podría avanzarse, por lo que, consideró, debe hacerse más trabajo en el trabajo de la implementación de las mismas.

“El problema es básicamente de instrumentación de lo que ya tenemos. En materia institucional lo que hay que hacer es dejar de normalizar desde las dependencias públicas la violencia y proteger a las mujeres”, concluyó.

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"Perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales": los peligros de la cultura de la cancelación

Los llamados al boicot a empresas o personas que tengan comportamientos considerados “errados” o inadecuados divide a los progresistas y aviva el debate en Estados Unidos.
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23 de julio, 2020
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El pasado 3 de junio, el estadounidense Emmanuel Cafferty, de 47 años, volvía a su casa después de una jornada más de trabajo.

Su rutina consistía en pasar entre 8 y 12 horas al día inspeccionando las redes subterráneas de gas y electricidad de la ciudad de San Diego, California.

Caía la tarde y hacía calor.

Al volante de la camioneta de la empresa, mantenía la ventanilla abierta y el brazo izquierdo en el exterior.

Según Cafferty, juntaba dos dedos de la mano distraídamente, en un gesto que repitió varias veces durante la entrevista con BBC News Brasil.

“En ese momento, un desconocido con un celular y una cuenta de Twitter puso mi vida del revés“, cuenta Cafferty.

Una fotografía dañina

Hacía apenas una semana que George Floyd, un hombre negro desarmado, moría después de que un policía blanco le retuviera en el suelo durante varios minutos presionándole el cuello con la rodilla en Mineápolis.

Las imágenes de la muerte de Floyd desencadenaron lo que se considera la mayor ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos en la historia reciente.

En ese contexto, el chasquido de dedos de Cafferty fue interpretado por otro conductor como un gesto específico: un símbolo usado por supremacistas blancos.

“Ese hombre comenzó a tocar la bocina y a insultarme. Gritaba: ‘¿va a seguir haciendo eso?’ y sacó el celular para fotografiarme. Pensé que tal vez le había cerrado el paso en el tráfico, por accidente. Pero estábamos los dos parados en el semáforo y yo no entendía nada”, relata.

Dos horas después del incidente, su supervisor le llamó para decirle que había sido denunciado como racista en las redes sociales y que le suspendía del trabajo sin sueldo.

Una hora más tarde, sus colegas llegaron a su casa para llevarse la camioneta y la computadora de la empresa. Cinco días después fue despedido.

“Así fue como perdí el mejor empleo de mi vida“, dice Cafferty. Sin estudios superiores, hijo de inmigrantes mexicanos, vivía su versión del sueño americano.

Ganaba 41 dólares la hora, el doble que en su empleo anterior, y tenía cobertura de salud y de jubilación por primera vez en su vida.

Cuando consiguió la plaza, seis meses atrás, él, sus tres hijas y sus nietos salieron a comer para celebrarlo.

¿Ok o supremacía blanca?

Cafferty explica que no tenía ni idea de que el gesto que se le atribuye, comúnmente asociado con un “OK” en Estados Unidos, pudiese tener connotaciones racistas.

De acuerdo a la Liga contra la Difamación, una organización centenaria que combate los discursos de odio en Estados Unidos, el símbolo del “OK” fue adoptado en 2017 por usuarios racistas en foros de internet como 4chan. La propia organización recomienda tener cuidado con la interpretación de la señal.

“La abrumadora mayoría de las veces el gesto significa consentimiento o aprobación. Por eso no se puede presumir que alguien que lo haga lo esté usando en un contexto de racismo, a menos que exista otra prueba para apoyar esa percepción. Desde 2017, muchas personas fueron acusadas erróneamente de ser racistas o supremacistas por usar el gesto en el sentido tradicional e inocuo”, alerta la organización.

George Floyd

Twitter/Ruth Richardson
George Floyd dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar.

Eso es exactamente lo que le pasó a Cafferty. O peor.

“En mi caso, no era un símbolo. Solo estaba chasqueando los dedos. Pero un hombre blanco lo interpretó como un gesto parecido al ‘OK’, que sería racista, y se lo dijo a mis jefes, también blancos, que decidieron creerle a él, no a mí, que no soy blanco”, afirma exasperado, al tiempo que se frota los brazos para mostrar el color de su piel.

El autor de la fotografía y del primer post contra Cafferty admitió ante el equipo local de la cadena estadounidense NBC que quizá exageró en la interpretación que hizo del supuesto gesto y que, a pesar de haber etiquetado en su publicación a la empresa en la que Cafferty trabajaba, no quería que fuera despedido.

El usuario borró el mensaje original e incluso la cuenta de Twitter. Pero ya era tarde, el post se había viralizado y el empleo estaba perdido.

BBC News Brasil no logró localizar al autor del post original.

“Una multitud de Twitter me canceló. Ya llamé a todos mis exempleadores en las seis semanas desde que aconteció el episodio y nadie me llama de vuelta. Lo primero que hace un empleador a la hora de contratar es poner el nombre en Google. El mío quedó ligado a este episodio, sin importar si era cierto o no. No sé cómo voy a seguir con mi vida de aquí para adelante”, se desahoga.

Ha tenido que acudir a terapia semanal para lidiar con el dolor y el miedo que ha sentido.

Multitud online, efectos offline

El caso de Cafferty es emblemático de lo que se considera un peligroso efecto colateral de la llamada cultura de la cancelación.

El movimiento comenzó hace algunos años como una forma de llamar la atención sobre causas de justicia social y preservación medioambiental, como una manera de amplificar la voz de los grupos oprimidos y forzar acciones políticas de marcas o figuras públicas.

Funciona así: un usuario de redes sociales como Twitter o Facebook, presencia un acto que considera equivocado, lo graba en video o lo fotografía y lo publica en su cuenta, con el cuidado de etiquetar a la empresa empleadora del denunciado y autoridades públicas u otros influencers digitales que puedan amplificar el alcance del mensaje. Es común que, en cuestión de horas, el post haya sido replicado miles de veces.

La cascada de menciones a una empresa suele precipitar actitudes sumarias para frenar el desgaste de imagen, sin que la persona a la que se denuncia pueda defenderse adecuadamente.

“En mi caso, me escucharon una vez y luego ya me despidieron. Parece que concluyeron que era un racista”, señala Cafferty.

BBC News Brasil intentó hablar con la empresa SDG&E, donde trabajaba Cafferty, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

Como reacción a las primeras denuncias de usuarios contra Cafferty en Twitter, la empresa afirmó: “Creemos firmemente que no hay espacio en la sociedad para ningún tipo de discriminación” y añadió que inició una investigación sobre la conducta del entonces todavía empleado.

La cancelación va más allá del típico troleo de internet, con insultos coordinados, frecuente en disputas de opinión entre usuarios de redes.

Es un ataque a la reputación que amenaza el empleo y los medios de subsistencia actuales y futuros de la persona cancelada.

Extremadamente frecuente en Estados Unidos, hoy desprestigia también a personas anónimas, gente común como Cafferty.

“Usted puede ser cancelado por algo que diga en medio de una multitud de completos extraños si alguno de ellos lo graba en video, o por un chiste que suene mal en las redes sociales, o por algo que usted dijera o hiciera hace mucho tiempo y de lo que quede algún registro en internet”, escribió el columnista del diario The New York Times Ross Douthat en un artículo sobre el fenómeno de la cancelación.

“Y no hace falta que sea prominente, famoso o político para ser públicamente avergonzado y permanentemente marcado: todo lo que usted necesita hacer es tener un día particularmente malo y las consecuencias pueden durar mientras Google exista

¿Injusticias en el movimiento por la justicia social?

El alcance de la cultura de la cancelación en Estados Unidos ha despertado dudas ante la posibilidad de que se cometan injusticias.

El de Cafferty no es un caso único.

A finales de mayo, un investigador contratado por una consultora política progresista compartió en Twitter el resultado de un estudio que indicaba que, en los años 60, las protestas raciales violentas aumentaron el porcentaje de votos para candidatos republicanos, en cuanto que los actos pacíficos favorecieron a los políticos demócratas en las urnas.

Activistas consideraron que su comentario era una reprimenda a los actos de protesta por la muerte de George Floyd y pasaron a exigir su dimisión. El investigador fue despedido días más tarde.

El mes pasado, una profesora de teatro en Nueva York fue acusada de haberse adormecido durante una reunión online en la que se hablaba de acciones a favor de la justicia racial en el curso.

Una petición firmada por casi 2.000 personas pidió su dimisión, acusándola de racista. La profesora lo niega y alega que estaba descansando la vista mirando para abajo momentáneamente cuando se hizo la foto.

Cruce de cartas

Ante lo que calificaron como “atmósfera sofocante”, un grupo de 150 periodistas, intelectuales, académicos y artistas, considerados progresistas, decidieron publicar en Harper’s Magazine un texto titulado “Una carta sobre la justicia y el debate abierto”.

Firmada por nombres de peso como el lingüista Noam Chomsky, los escritores JK Rowling y Andrew Solomon, la activista feminista Gloria Steinem, la economista trans Deirdre McCloskey, y el analista político Yascha Mounk, la carta afirma que “el libre intercambio de informaciones e ideas, fuerza vital de una sociedad liberal, se vuelve cada día más restringido”.

Y continúa: “Si bien esperábamos esto de la derecha radical, la censura también se está esparciendo ampliamente en nuestra cultura: una intolerancia a las visiones opuestas, una moda del señalamiento público y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora”.

JK Rowling

Reuters
Acusada de transfobia, JK Rowling firmó una carta contra la cultura de la cancelación.

En la misma línea, una de las editoras de opinión de The New York Times, Bari Weiss, renunció esta semana por medio de una carta abierta en la que acusa a la publicación de promover un “nuevo macartismo”, en referencia a la patrulla ideológica anticomunista de los años 50 en Estados Unidos.

“Artículos que eran fácilmente publicados hace apenas dos años, ahora colocan a un editor o autor en problemas. Eso si no hace que sea despedido. Si un texto se percibe como probable fuente de reacción interna o en las redes sociales, el editor ni siquiera lo publica”, escribió Weiss, contratada por The New York Times poco después de la elección de Trump en 2016, en un esfuerzo por amplificar la diversidad de voces en el diario.

En un artículo para la publicación The Atlantic, en la que cita el caso de Cafferty, el analista político Yascha Mounk explica por qué firmó el manifiesto.

Mounk aplaude lo que llama “la nueva determinación estadounidense” para desenraizar preconceptos de la sociedad.

“No obstante, sería un enorme error, especialmente para quienes se preocupan por la justicia social, considerar lo que sucedió con Cafferty como un detalle menor o el precio a pagar por el progreso”, escribió Mounk.

La respuesta a la carta dentro del movimiento progresista no tardó en llegar.

Un grupo de periodistas, artistas e intelectuales acusó a los autores de la primera carta de, desde lo alto de su éxito profesional y cómoda posición en el mercado, ignorar las dificultades de las minorías -como la comunidad negra o la comunidad LGBTIQ- en el debate público, en el mundo académico, en las artes, en el periodismo, en el mercado editorial.

“Los firmantes, muchos de ellos blancos, ricos y dotados de grandes plataformas, argumentan que tienen miedo de ser silenciados, que la llamada cultura de la cancelación está fuera de control y que temen por sus empleos y por el libre intercambio de ideas, al mismo tiempo que se expresan en una de las revistas de mayor prestigio del país”, señalan los firmantes del nuevo documento, titulado “Una carta más específica sobre la justicia y el debate abierto“.

Algunos de los que suscribieron el texto prefirieron permanecer anónimos, citando apenas la institución en la que trabajan, por miedo a las represalias.

Los autores citan por su nombre a algunos de sus antagonistas: mencionan que la escritora JK Rowling estuvo involucrada recientemente en un debate sobre la palabra “mujer”.

Una protesta por los derechos de las personas transgénero

Getty Images
Las activistas transgénero defienden su derecho a autodefinirse como mujeres.

Al comentar un texto que hablaba de “personas menstruantes”, Rowling afirmó: “Si el sexo biológico no es real, la realidad que viven globalmente las mujeres queda borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo biológico elimina la capacidad de muchas personas de analizar el significado de sus vidas. Decir la verdad no es discurso de odio”.

Su afirmación fue tachada de transfóbica y fue duramente criticada.

La discusión política en torno a la cuestión será larga y beligerante.

Ajeno a ella, Cafferty intenta recuperar su empleo. Demandó a la empresa en la que trabajaba y al hombre que lo fotografió, pero no espera que haya un veredicto antes de un año.

Cafferty dice simpatizar con los movimientos por la justicia racial, pero indica que nunca realizó activismo político en su vida.

“Ni cuenta de Twitter tenía antes de ser cancelado”, subraya.


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https://www.youtube.com/watch?v=QkzsUZOK6-0&t=28s

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https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk

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