Autoridades de la CDMX violentan y minimizan a mujeres que buscan justicia
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Autoridades de la CDMX violentan y minimizan a mujeres que buscan justicia

Las autoridades encargadas de la procuración de justicia violan los derechos de las mujeres y las revictimizan con patrones y comportamientos discriminatorios, indicó un informe de la Comisión de Derechos de la CDMX.
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26 de septiembre, 2019
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Falta de medidas de protección a las mujeres que denuncian delitos, descalificaciones, culparlas del acoso o las agresiones sexuales que viven y negligencia para investigar la violencia cuando no hay golpes, son algunas de las omisiones documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) cuando se trata de procurar justicia con enfoque de género en la capital del país.

De acuerdo con la CDHCM, en la Ciudad de México las autoridades encargadas de la procuración de justicia violan los derechos de las mujeres y las revictimizan con patrones y comportamientos discriminatorios, que impiden y obstaculizan las acciones para prevenir, atender y sancionar los actos de violencia de las que son víctimas.

En el 30% de los casos de feminicidio, indicó la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, las autoridades filtran información de los casos a los medios. En cuatro de cada 10 casos, hay una total omisión en el ejercicio de la investigación, “y en el resto, en los otros seis, además hay negligencia”.

“No encontramos un solo momento en donde no haya alguna omisión”, acusó Ramírez sobre los casos analizados por la Comisión.

Revictimización

El caso de Dafne es ejemplo del mal actuar de las autoridades de justicia: a principios de 2018 conoció a un hombre de 41 años, quien, de acuerdo con su familia, ejercía violencia física y psicológica en su contra, y que la agredía cuando intentaba ponerse en contacto con su ellos.

En abril del mismo año, la madre de Dafne recibió una llamada telefónica de su entonces pareja, quien le dijo “que su niña había fallecido”, por lo que de inmediato acudió a la casa de huéspedes donde vivía su hija. Dentro de su cuarto, la encontró muerta, tirada en el suelo.

Por estos hechos, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por arma de fuego, ya que el cuerpo de Dafne fue encontrado con una herida de bala en la cabeza y se encontró una pistola tirada entre sus piernas.

La perito en criminalística que acudió al domicilio a evaluar la escena del crimen dictaminó que las lesiones de la mujer “fueron producidas por un arma de fuego y que fueron autoinflingidas, aunque al momento de emitir el dictamen no contaba con la total de las intervenciones periciales”, documentó la CDHCM.

Además, a pesar de que el agente del Ministerio Público tuvo conocimiento sobre que Dafne podría haber sido víctima de violencia por parte de su pareja, “nadie de su personal ni del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) activó los protocolos para la investigación del delito de feminicidio, en virtud de que solo agotaron la línea de investigación del suicidio”.

Ni siquiera porque, según la Comisión, de la intervención en materia en química forense señaló que no se encontraron elementos de plomo y bario en las manos de Dafne y se reportó que encontraron sangre en su pantaleta, y en la suela de uno de sus zapatos.

Finalmente, el agente del Ministerio Público determinó que la investigación no sería enviada a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en agravio de Mujeres y Personas con orientación o preferencia sexual, por identidad o expresión de género, debido a que los dictámenes en criminalística determinaron que Dafne se autoinfligió las lesiones que le causaron la muerte.

De acuerdo con la CDHCM, entre el 2013 y el 2018 se recibieron 21 mil 113 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en las que las víctimas fueron mujeres.

Las alcaldías en las que las mujeres denunciaron mayor número de casos fueron Cuauhtémoc (6 mil 577), Iztapalapa (4 mil 170), Gustavo A. Madero (mil 587), Xochimilco (mil 317) y Benito Juárez (mil 158).

La mayoría de las víctimas (4 mil 100) fueron mujeres de entre 30 y 44 años, seguido de las que tenían entre 45 y 59 años (3 mil 370) y las que tenían 60 años o más (2 mil 386).

Los derechos que fueron mencionados en más ocasiones como presuntamente vulnerados fueron a la seguridad jurídica (7 mil 549), de la víctima o la persona ofendida (6 mil 677), de las personas privadas de la libertad (3 mil 629), a la salud (2 mil 430) y a la integridad personal (2 mil 424).

Otros derechos presuntamente vulnerados que mencionaron las mujeres víctimas fueron el del debido proceso y garantías judiciales (2 mil 081), de la niñez (mil 691), a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo (mil 441), al trabajo (mil 221) y a la libertad y seguridad personales (mil 079).

¿Qué hicieron mal las autoridades de CDMX?

En el informe, la CDHCM señala que los patrones más comunes de omisiones por parte de las autoridades de investigación sobre violencia hacia mujeres y niñas fueron:

-Inactividad total de medidas de protección ante la denuncia.

-Inactividad total de medidas de protección ante la petición directa de la víctima.

-Inactividad total de medidas de protección pese al evidente riesgo real e inmediato.

-La descalificación y culpabilización de las víctimas de acoso o agresión sexual.

-Justificación de la actividad debido a que no hubieron golpes, amenazas o denuncias previas, la solicitud de medidas de protección sin resultado y la solicitud del Código de Atención Ciudadana sin efecto.

-Dilación excesiva en la solicitud de medidas.

-Solicitud de medidas hasta la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.

La CDHCM también encontró que los motivos por los que los agentes del Ministerio Público en la Ciudad de México no iniciaron investigaciones por las violencias contra mujeres fueron que la víctima no presentó lesiones graves, que no aportó pruebas para acreditar su dicho, que minimizaron la denuncia o que la persona que se denunciaba era servidora pública.

A ello se agregan las conductas de malos tratos para evitar el inicio de la carpeta de investigación, o el inicio de la carpeta como mero trámite.

Según la Comisión, las víctimas además tienen que someterse a interrogatorios que las revictimizan y las culpabilizan, el uso de prejuicios o estereotipos en su contra, demoras en la investigación y la pérdida de indicios o evidencia por un manejo deficiente o negligente por parte de las autoridades de investigación.

Por esta situación, la CDHCM pidió a las autoridades capitalinas la incorporación del análisis de contexto, así como el análisis de riesgo de víctimas, testigos o denunciantes, así como la intervención pericial oportuna y de calidad para la aportación de elementos objetivos en el esclarecimiento de los hechos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) deberá incorporar un enfoque diferenciado y con perspectiva de derechos humanos para los casos de tortura con un componente sexual.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) deberá establecer un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo de su personal policial.

También, las autoridades deberán implementar medidas integrales para atender con la debida diligencia los casos de violencia contra las mujeres, incluyendo mecanismos para que las víctimas no desistan ni tengan afectaciones psicoemocionales derivadas del temor constante de ser nuevamente atacadas.

Alerta de Género en CDMX

En entrevista con Animal Político, la titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez, comentó que el organismo considera que antes del próximo 30 de septiembre se declarará la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), lo que obligará a las autoridades capitalinas a establecer un presupuesto puntual para atender a víctimas de feminicidio.

“Ahora podría haber uno, contemplar la indemnización por violencia feminicida, y también lo que va a traer es que deberá haber estrictamente un presupuesto asignado para las acciones contra la violencia de género, sumado a que la misma mecánica de la AVG permitirá mayor participación en el tema de organizaciones de la sociedad civil”, dijo.

También, dijo, continuarán las acciones anunciadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para reforzar la seguridad en el transporte público, se actualizará la aplicación del Gobierno de la Ciudad de México con botón de pánico y habrá mayor instalación de luminarias en las calles.

“La parte que veo más difícil a corto plazo, es el sistema de justicia y el propio sistema de procuración de seguridad. ¿Qué sí se puede hacer? Ha habido demanda desde hace años de que los lugares donde se acude a denunciar y hay filtros de valoraciones médicas en espacios no dignos y que no arropan las víctimas, pero ahora se plantea una remodelación de ellas”, agregó.

“Todo lo que se haga va a abonar mientras se haga. Nosotros decíamos, en términos de violencia contra las mujeres en Ciudad de México tenemos lagunas legales, pero se pueden ir solventando, sobre todo de la violencia cibernética o con armas, que no está bien documentada, la parte que nos falla de que no tenemos categorizada la violencia familiar como violencia de género, pero son cosas que se pueden avanzar rápido”, explicó.

Sin embargo, reconoció que eso no ha determinado que no se erradique la violencia contra las mujeres en la capital y enfatizó que, con las leyes actuales, podría avanzarse, por lo que, consideró, debe hacerse más trabajo en el trabajo de la implementación de las mismas.

“El problema es básicamente de instrumentación de lo que ya tenemos. En materia institucional lo que hay que hacer es dejar de normalizar desde las dependencias públicas la violencia y proteger a las mujeres”, concluyó.

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Por qué AMLO se resiste a vacunar a todos los adolescentes pese a que una resolución judicial lo ordena

Un juzgado dio un ultimátum para que el gobierno incluya a todos los niños de entre 12 y 17 años en el plan de vacunación, pero López Obrador insiste en que no hay suficiente evidencia científica para hacerlo.
28 de octubre, 2021
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La Justicia de México aumentó su presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y le dio un ultimátum para que todos los adolescentes del país puedan ser vacunados contra la Covid-19.

Hasta el momento, México solo está inmunizando a menores de entre 12 y 17 años que tienen alguna enfermedad crónica, al considerar que no existe suficiente evidencia científica respecto al efecto de la vacuna sobre los niños.

Pero el miércoles se hizo público que un juzgado dio un plazo de cinco días al gobierno para incluir a todos los adolescentes en el plan de vacunación o, de lo contrario, denunciará el posible desacato judicial ante la Fiscalía General de la República.

Cuando se dio a conocer una primera resolución de este juzgado hace dos semanas, López Obrador adelantó que la impugnaría.

Sin embargo, el gobierno mexicano no se ha posicionado aún sobre este nuevo pronunciamiento judicial. BBC Mundo solicitó comentarios a la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta.

Algunos expertos en salud criticaron en las últimas semanas la postura del gobierno mexicano, que va a contracorriente de la estrategia de la mayoría de países de América Latina.

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó este miércoles que en la actualidad “los grupos prioritarios (para la vacunación) en la región no son los niños”.

Las decisiones judiciales

El enfrentamiento entre la Justicia y el gobierno mexicano sobre la vacunación de menores contra la covid-19 viene de lejos.

Desde hace semanas, son cientos los niños que consiguieron ser inmunizados en el país solo después de que sus padres o tutores presentaran amparos ante los juzgados, especialmente desde que el 30 de agosto se reiniciaran las clases presenciales en las escuelas tras el cierre por la pandemia.

A finales de septiembre, el gobierno rectificó su estrategia y desde esta semana se está vacunando a 1,5 millones de jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidades como cáncer, VIH, diabetes y enfermedades cardiovasculares, del riñón o pulmonares graves, entre otras. También se incluyó a adolescentes embarazadas.

Niña mexicana recibe su vacuna de covid-19.

Getty Images
En México, solo los adolescentes con comorbilidades pueden ser vacunados contra covid-19.

Sin embargo, hace dos semanas se conoció que un juzgado federal de Estado de México ordenó a las autoridades ampliar la vacunación a todos los menores de esta edad, sin importar su estado de salud.

Aunque la resolución fue emitida para resolver un recurso concreto interpuesto por los padres de una joven de 15 años, se especificó que la orden tenía efectos generales sobre toda la población y que el plan de vacunación nacional debía ser modificado en 48 horas.

“Se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años”, se leía en el fallo.

Sin embargo, el presidente López Obrador se apresuró a aclarar que la decisión judicial sería impugnada y que no era definitiva.

“Cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo”, señaló, a la vez que aseguró que no es posible definir una política pública a partir del “interés de una persona o de un grupo”.

AMLO

Gobierno de México
López Obrador anunció que impugnaría la resolución judicial que obliga al gobierno a vacunar a todos los adolescentes.

No obstante, el mandatario aclaró que “legalmente, esto se va a respetar” y aseguró que de ser necesario se firmaría un nuevo contrato con Pfizer, la única vacuna autorizada en México para adolescentes de entre 12 y 17 años.

Días después, el mismo juzgado dio a conocer que el 14 de octubre recibió la solicitud de una prórroga por parte de la Secretaría de Salud para acatar la resolución.

Finalmente, esta semana anunció su decisión: conceder un plazo de cinco días hábiles desde su notificación legal para que el gobierno incluya a los adolescentes en el actual plan de vacunación, que está previsto concluya en marzo de 2022.

¿Por qué no se vacuna a todos los adolescentes?

La postura de México sobre la vacunación de adolescentes discrepa con la de la gran mayoría de países de América Latina, que en algunos casos incluso ya están inmunizando a niños más pequeños.

El último en sumarse fue Nicaragua, que esta semana comenzó a vacunar a niños de entre 2 y 17 años con las vacunas cubanas Abdala y Soberana. Perú, por su parte, anunció que el 2 de noviembre iniciará la inmunización de personas a partir de los 12 años.

Sin embargo, López Obrador insistió hace unos días en que “no hay una recomendación médica , todavía no definen”.

Niña ecuatoriana recibiendo su vacuna de covid-19

Getty Images
Ecuador es uno de los países que inició la vacunación de menores de 18 años.

El doctor Malaquías López, vocero de la Comisión Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cree que la razón principal para vacunar a los menores no es solo protegerlos y que el gobierno mexicano no entiende el motivo real.

“La razón de hacerlo es para romper la circulación del virus. Es imposible llegar al 90% de personas con inmunidad, que es lo que necesitamos, si no se les vacuna. De lo contrario, el virus puede seguir replicándose e incluso surgir nuevas cepas que echarían por tierra toda la inmunidad acumulada”, critica.

El secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, afirmó el martes que los niños “tienen un sistema inmunológico de maravilla” y que la aplicación de la vacuna podría “entorpecer ese aprendizaje” de su sistema de defensas.

“A mis nietos no los vacuno. Si tienen una comorbilidad, adelante”, aseguró.

Jorge Alcocer

Gobierno de México
“A mis nietos no los vacuno”, aseguró el secretario de Salud de México, Jorge Alcocer.

“Es una barbaridad que diga que esta vacuna sí afecta al sistema inmunológico de sus nietos, pero las demás no. Es absolutamente insensato”, responde López, preocupado por si esto anima a algunos padres a no inmunizar a sus hijos contra enfermedades como sarampión o tuberculosis al confiar en sus defensas naturales.

“Pese a lo bueno que es el sistema inmunológico en la gente joven, hay algunos que no van a poder manejar la infección y esos lo pagan muy caro”, recuerda en conversación con BBC Mundo.

Para el especialista, detrás de la oposición del gobierno mexicano a la vacunación de menores está “la incapacidad técnica de las autoridades de salud y la necedad y cerrazón política del presidente” ante la necesidad de cambiar su estrategia.

“El gobierno va a resistir todo lo que pueda, pero creo que los jueces están interpretando correctamente el problema como una cuestión de derecho para todos los ciudadanos, no solo los adultos”, opina.

Mexicana vacunándose

Getty Images

La OPS, sin embargo, aseguró este miércoles que los niños no son un grupo prioritario para la inmunización contra la covid-19 en América Latina y el Caribe en este momento.

Si bien aclaró que hacerlo o no es “una decisión soberana” de cada país que la organización no puede “apoyar o criticar”, enfatizó que menos de la mitad de la población de la región cuenta con una pauta completa de la vacuna.

“Tenemos todavía muchos adultos mayores que tienen un riesgo enorme de morir por una covid -19”, apuntó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.

En México, que este miércoles sumó 386 muertes y casi 5.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, casi el 62% de los mayores de 18 años cuenta con un esquema completo de vacunación y el 80% recibió al menos una dosis.


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