Falta de medidas de protección a las mujeres que denuncian delitos, descalificaciones, culparlas del acoso o las agresiones sexuales que viven y negligencia para investigar la violencia cuando no hay golpes, son algunas de las omisiones documentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) cuando se trata de procurar justicia con enfoque de género en la capital del país.
De acuerdo con la CDHCM, en la Ciudad de México las autoridades encargadas de la procuración de justicia violan los derechos de las mujeres y las revictimizan con patrones y comportamientos discriminatorios, que impiden y obstaculizan las acciones para prevenir, atender y sancionar los actos de violencia de las que son víctimas.
En el 30% de los casos de feminicidio, indicó la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, las autoridades filtran información de los casos a los medios. En cuatro de cada 10 casos, hay una total omisión en el ejercicio de la investigación, “y en el resto, en los otros seis, además hay negligencia”.
“No encontramos un solo momento en donde no haya alguna omisión”, acusó Ramírez sobre los casos analizados por la Comisión.
Revictimización
El caso de Dafne es ejemplo del mal actuar de las autoridades de justicia: a principios de 2018 conoció a un hombre de 41 años, quien, de acuerdo con su familia, ejercía violencia física y psicológica en su contra, y que la agredía cuando intentaba ponerse en contacto con su ellos.
En abril del mismo año, la madre de Dafne recibió una llamada telefónica de su entonces pareja, quien le dijo “que su niña había fallecido”, por lo que de inmediato acudió a la casa de huéspedes donde vivía su hija. Dentro de su cuarto, la encontró muerta, tirada en el suelo.
Por estos hechos, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por arma de fuego, ya que el cuerpo de Dafne fue encontrado con una herida de bala en la cabeza y se encontró una pistola tirada entre sus piernas.
La perito en criminalística que acudió al domicilio a evaluar la escena del crimen dictaminó que las lesiones de la mujer “fueron producidas por un arma de fuego y que fueron autoinflingidas, aunque al momento de emitir el dictamen no contaba con la total de las intervenciones periciales”, documentó la CDHCM.
Además, a pesar de que el agente del Ministerio Público tuvo conocimiento sobre que Dafne podría haber sido víctima de violencia por parte de su pareja, “nadie de su personal ni del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) activó los protocolos para la investigación del delito de feminicidio, en virtud de que solo agotaron la línea de investigación del suicidio”.
Ni siquiera porque, según la Comisión, de la intervención en materia en química forense señaló que no se encontraron elementos de plomo y bario en las manos de Dafne y se reportó que encontraron sangre en su pantaleta, y en la suela de uno de sus zapatos.
Finalmente, el agente del Ministerio Público determinó que la investigación no sería enviada a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en agravio de Mujeres y Personas con orientación o preferencia sexual, por identidad o expresión de género, debido a que los dictámenes en criminalística determinaron que Dafne se autoinfligió las lesiones que le causaron la muerte.
De acuerdo con la CDHCM, entre el 2013 y el 2018 se recibieron 21 mil 113 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en las que las víctimas fueron mujeres.
Las alcaldías en las que las mujeres denunciaron mayor número de casos fueron Cuauhtémoc (6 mil 577), Iztapalapa (4 mil 170), Gustavo A. Madero (mil 587), Xochimilco (mil 317) y Benito Juárez (mil 158).
La mayoría de las víctimas (4 mil 100) fueron mujeres de entre 30 y 44 años, seguido de las que tenían entre 45 y 59 años (3 mil 370) y las que tenían 60 años o más (2 mil 386).
Los derechos que fueron mencionados en más ocasiones como presuntamente vulnerados fueron a la seguridad jurídica (7 mil 549), de la víctima o la persona ofendida (6 mil 677), de las personas privadas de la libertad (3 mil 629), a la salud (2 mil 430) y a la integridad personal (2 mil 424).
Otros derechos presuntamente vulnerados que mencionaron las mujeres víctimas fueron el del debido proceso y garantías judiciales (2 mil 081), de la niñez (mil 691), a condiciones de seguridad e higiene en el trabajo (mil 441), al trabajo (mil 221) y a la libertad y seguridad personales (mil 079).
¿Qué hicieron mal las autoridades de CDMX?
En el informe, la CDHCM señala que los patrones más comunes de omisiones por parte de las autoridades de investigación sobre violencia hacia mujeres y niñas fueron:
-Inactividad total de medidas de protección ante la denuncia.
-Inactividad total de medidas de protección ante la petición directa de la víctima.
-Inactividad total de medidas de protección pese al evidente riesgo real e inmediato.
-La descalificación y culpabilización de las víctimas de acoso o agresión sexual.
-Justificación de la actividad debido a que no hubieron golpes, amenazas o denuncias previas, la solicitud de medidas de protección sin resultado y la solicitud del Código de Atención Ciudadana sin efecto.
-Dilación excesiva en la solicitud de medidas.
-Solicitud de medidas hasta la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.
La CDHCM también encontró que los motivos por los que los agentes del Ministerio Público en la Ciudad de México no iniciaron investigaciones por las violencias contra mujeres fueron que la víctima no presentó lesiones graves, que no aportó pruebas para acreditar su dicho, que minimizaron la denuncia o que la persona que se denunciaba era servidora pública.
A ello se agregan las conductas de malos tratos para evitar el inicio de la carpeta de investigación, o el inicio de la carpeta como mero trámite.
Según la Comisión, las víctimas además tienen que someterse a interrogatorios que las revictimizan y las culpabilizan, el uso de prejuicios o estereotipos en su contra, demoras en la investigación y la pérdida de indicios o evidencia por un manejo deficiente o negligente por parte de las autoridades de investigación.
Por esta situación, la CDHCM pidió a las autoridades capitalinas la incorporación del análisis de contexto, así como el análisis de riesgo de víctimas, testigos o denunciantes, así como la intervención pericial oportuna y de calidad para la aportación de elementos objetivos en el esclarecimiento de los hechos.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) deberá incorporar un enfoque diferenciado y con perspectiva de derechos humanos para los casos de tortura con un componente sexual.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) deberá establecer un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo de su personal policial.
También, las autoridades deberán implementar medidas integrales para atender con la debida diligencia los casos de violencia contra las mujeres, incluyendo mecanismos para que las víctimas no desistan ni tengan afectaciones psicoemocionales derivadas del temor constante de ser nuevamente atacadas.
Alerta de Género en CDMX
En entrevista con Animal Político, la titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez, comentó que el organismo considera que antes del próximo 30 de septiembre se declarará la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (AVG), lo que obligará a las autoridades capitalinas a establecer un presupuesto puntual para atender a víctimas de feminicidio.
“Ahora podría haber uno, contemplar la indemnización por violencia feminicida, y también lo que va a traer es que deberá haber estrictamente un presupuesto asignado para las acciones contra la violencia de género, sumado a que la misma mecánica de la AVG permitirá mayor participación en el tema de organizaciones de la sociedad civil”, dijo.
También, dijo, continuarán las acciones anunciadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para reforzar la seguridad en el transporte público, se actualizará la aplicación del Gobierno de la Ciudad de México con botón de pánico y habrá mayor instalación de luminarias en las calles.
“La parte que veo más difícil a corto plazo, es el sistema de justicia y el propio sistema de procuración de seguridad. ¿Qué sí se puede hacer? Ha habido demanda desde hace años de que los lugares donde se acude a denunciar y hay filtros de valoraciones médicas en espacios no dignos y que no arropan las víctimas, pero ahora se plantea una remodelación de ellas”, agregó.
“Todo lo que se haga va a abonar mientras se haga. Nosotros decíamos, en términos de violencia contra las mujeres en Ciudad de México tenemos lagunas legales, pero se pueden ir solventando, sobre todo de la violencia cibernética o con armas, que no está bien documentada, la parte que nos falla de que no tenemos categorizada la violencia familiar como violencia de género, pero son cosas que se pueden avanzar rápido”, explicó.
Sin embargo, reconoció que eso no ha determinado que no se erradique la violencia contra las mujeres en la capital y enfatizó que, con las leyes actuales, podría avanzarse, por lo que, consideró, debe hacerse más trabajo en el trabajo de la implementación de las mismas.
“El problema es básicamente de instrumentación de lo que ya tenemos. En materia institucional lo que hay que hacer es dejar de normalizar desde las dependencias públicas la violencia y proteger a las mujeres”, concluyó.
