La población de personas privadas de la libertad en cárceles de nuestro país comenzó a crecer nuevamente. Luego de casi cinco años en que se había mantenido una tendencia a la baja, junio de 2019 registró poco más de 200 mil personas recluidas en prisión, tres mil más que las registradas en diciembre de 2018.
Es la primera vez que esto ocurre desde 2014, cuando se alcanzó una población superior a los 255 mil internos. El incremento que se registra este año coincide con la entrada en vigor en abril de la reforma constitucional impulsada por el gobierno federal, que amplió la lista de los delitos que ameritan prisión preventiva automática.
Así lo revelan datos del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que muestra además que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelve y manda al juez menos del 10% de los casos que indaga, índice muy similar al de la extinta PGR.
El informe también muestra que, transcurrida la mitad del año, el país ha gastado apenas 7 de cada 100 pesos del presupuesto autorizado para la seguridad.
En el tema de la población penitenciaria, el Primer Informe detalla que, al corte del 31 de junio pasado, la cifra de población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 2018.
El incremento se vio impulsado por la población de reos acusados de delitos del fuero común, pues son ellos los que pasaron de 165 a 169 mil de diciembre de 2018 a junio de 2019, mientras que los internos del fuero federal se redujeron de 32 a 31 mil.
De los cuatro mil reos del fuero común que crecieron, el 75 % de ellos son internos en prisión preventiva (sin que se haya determinado si son culpables o no de un delito), y el resto son internos sentenciados.
Esto coincide con el crecimiento de la población penitenciaria que diversos expertos habían pronosticado tras la entrada en vigor de la reforma constitucional, que elevó de 6 a 18 el catálogo de delitos prisión preventiva automática, la mayor parte ilícitos del fuero común, como diversos tipos de robo.
El anexo estadístico del Informe de Gobierno también revela que del total de internos actuales 123 mil 921 son reos con sentencia, y 76 mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado y siguen sin sentencia.
El país cuenta 215 mil espacios disponibles en los centros penitenciarios federales y locales, lo que significa que actualmente el nivel de ocupación es del 98 %. El 2015 fue el último año en que se registraron más reos que espacios disponibles, hasta que con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que eliminaba la prisión automática en la mayoría de los delitos, comenzó la disminución.
FGR: cambio de nombre, no de eficacia
El Informe de Gobierno arroja los primeros datos de desempeño de la FGR, institución que desde diciembre del año pasado sustituyó oficialmente a la Procuraduría General de la República, aunque el proceso de transición continúa en desarrollo. Más allá del cambio de denominación, los resultados son similares.
La estadística muestra que de enero a junio de 2019 la FGR registró 106 mil 861 carpetas de investigación en integración, de las cuales 52 mil 188 fueron nuevos casos abiertos, 39 mil 257 son carpetas acumuladas de años anteriores que ya venían trabajándose, y 15 mil 416 fueron casos reactivados.
De ese total, la Fiscalía reportó haber atendido ya 64 mil 595 carpetas de investigación que serían cerca del 60 %, mientras que el resto siguen en trámite.
Pero al revisar cómo es que fueron atendidas las carpetas reportadas, se advierte que solo 8 mil 395 de ellas fueron enviadas ante un juez para proceder en contra de los probables responsables. En proporción, se trata apenas del 7.8 % de las más de 106 mil carpetas de investigación abiertas, en lo que va del año.
Dicho de otra forma: la FGR ha logrado resolver y enviar a un juez este año 8 de cada 100 casos iniciados. Esta proporción es muy similar a la de su antecesora PGR, que en todo 2018 solo consiguió resolver y enviar al juez 9 de cada 100 casos que investigó.
Entre las carpetas de investigación que la FGR reporta como “atendidas” este año se encuentran más de 25 mil que fueron enviadas al denominado “archivo temporal”, es decir, donde el caso fue archivado sin concluirse la indagatoria mientras aparecen nueva evidencias.
Se trata de una práctica que ya había sido denunciada a nivel de las fiscalías estatales en el informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” de la organización México Evalúa, donde los expertos encontraron que las cifras de casos resueltos incluyen un número cada vez más grande de carpetas que, en realidad, solo se les manda al archivo.
Entre los casos atendidos también figuran 22 mil 430 donde determinó definitivamente que no había elementos para proceder en contra de alguien, 4 mil 611 donde la Fiscalía se declaró incompetente, 1 mil 901 donde decidió se abstuvo de investigar porque el delito pudo haber prescrito.
En cuanto a casos resueltos a través de alguna solución alterna o acuerdo entre las partes sin llegar a juicio, solo se reportaron 729, que equivalen al 0.6 % del universo total de carpetas de investigación iniciadas.
Tienen dinero, pero no lo gastan
Pese a la crisis de violencia que atraviesa el país con los homicidios dolosos en un nivel récord, durante la primera mitad de este año los estados han gastado menos del 10 % del presupuesto total aprobado para temas de seguridad.
De acuerdo con el informe la suma de recursos federales y estatales destinados a fondos y subsidios para la seguridad este año asciende a 9 mil 371 millones de pesos. Al corte del pasado 39 de junio, es decir al cierre del primer semestre, solo se había reportado el ejercicio de 665.5 millones de pesos, que equivalen al 7.1 % del presupuesto total.
El desglose revela que, por ejemplo, hasta junio se habían invertido solo 192 de los 1 mil 453 millones de pesos destinados a desarrollo y profesionalización de las policías locales, y solo se habían gastado 213 de los 3 mil 716 millones de pesos aprobados para tecnología y equipamiento policial.
De forma similar solo se han invertido 20 de los 412 millones destinados a desarrollo del sistema de justicia penal, y 1 millón de los 589 aprobados para fortalecimiento del sistema penitenciario. Otro ejemplo es el ejercicio de apenas 82 de los 1 mil 53 millones de pesos que deben destinarse al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.
