El gobierno de Tamaulipas enfrenta dos investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías estatales, además del caso reciente del 5 de septiembre en el que ocho personas habrían muerto en un falso operativo.
Uno de esos casos es el de José Antonio Rodríguez Martínez, bombero de profesión, habitante de Nuevo Laredo. El 2 de marzo de 2017 estaba en casa de su mamá, la señora Elsa Graciela Martínez, y se hacía de noche.
“Me dijo, madre me voy porque mañana entro en Bomberos, agarró y se fue”. Iniciaba un turno de 24 horas de trabajo al día siguiente y querían descansar, contó la señora Elsa a Animal Político.
Poco después de su partida, recibió una llamada donde le dijeron que su hijo se había accidentado. Llamó al celular de su hijo y nada. Nadie respondió. La mamá de Antonio Rodríguez pasó la noche de ese 2 de marzo sin saber que a su hijo lo habían matado y que además su cuerpo había aparecido con un arma larga entre manos.
Al día siguiente fue a una funeraria y ahí le mostraron una foto mediante la cual hizo el reconocimiento del cadáver de Toño. Después fue al Ministerio Público donde rindió su declaración e inició un proceso legal que, de acuerdo sus propios dichos, no ha arrojado ningún resultado.
La señora Elsa presentó una querella el 17 de marzo de ese año en contra de elementos de la Policía Estatal Acreditable “Fuerza Tamaulipas” por los delitos de ejecución extrajudicial, robo, abuso de autoridad “y los que resulten”.
Tal como ocurrió con el caso del 5 de septiembre de 2019 y la muerte de ocho personas, el gobierno de Tamaulipas dio a conocer que se trató de una agresión armada repelida por los policías y que, al término del incidente, hallaron armas en manos de la persona fallecida.
Y, de igual forma, en esa ocasión el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo reunió pruebas (videos, fotografías y documentos) que señalaban a la policía. “A mi muchacho me le cargaron cosas en su camioneta”, dijo la mamá de la víctima.
En un escrito enviado por esa organización a las autoridades de Tamaulipas, incluyendo al gobernador Javier García Cabeza de Vaca, pidiendo una investigación seria e inmediata, y que eviten que los policías deserten para evadir la justicia “como ha sucedido en anteriores ocasiones”.
Hasta hoy no hay una sola persona detenida por ese caso.
“Está canijo, no es justo lo que están haciendo, no es justo que estén agarrando gente inocente y que la estén haciendo pasar por delincuentes”, dijo la señora Elsa.
Poco más de un año después, en Reynosa, Tamaulipas, el carpintero Rafael Montoya caminaba en la colonia Aquiles Serdán para visitar a su madre. Era Viernes Santo y a su alrededor se celebraba una peregrinación del Viacrusis.
Eran las 09:45 horas aproximadamente cuando se acercó a la muchedumbre una persecusión y enfrentamiento armado entre policías y civiles. Se instaló el caos esa mañana de 30 de marzo. Los supuestos delincuentes se detuvieron en una esquina, abandonaron su camioneta y huyeron a pie.
Una testigo de los hechos vio cómo uno de ellos entró a su casa a la fuerza, se cambió de camisa y salió caminando.
La señora Juana Arecha Celestino, viuda de Rafael Montoya, cuenta que a su esposo lo mataron a unos 30 metros de la camioneta abandonada, en el carril contrario. El cuerpo de Rafael Montoya fue exhibido públicamente con armas y un chaleco antibalas.
Decenas de feligreses que no pudieron terminar de conmemorar la muerte y resurrección de Cristo se encontraban en el lugar donde quedó el cuerpo de Montoya. Y la señora Juana fue a la colonia sin compañía y reunió a los testigos para presentar una denuncia contundente. No todas las personas a quienes pidió su testimonio accedieron. Tenían miedo.
“Fueron los policías estatales, yo tuve que ir a la colonia a buscar testigos y me encargué de llevarlos a la Procuraduría. Tengo a esos testigos que vieron que lo mataron ellos y que le aventaron chalecos, armas y droga”, dijo la señora Juana a Animal Político.
Juanita, como le gusta que la llamen, tiene cinco hijos. Son los huérfanos de Rafael Montoya y están pasando por un luto “muy duro para nosotros” por la ausencia del papá y por la impotencia. “Quiero justicia, ¿por qué matan sin investigar, por qué matan por matar? Es un duelo muy duro y muy pesado para nosotros. Nadie se merece morir así”, expresó.
Ella cree que “se van a destapar muchas cosas” ahora que la policía de Tamaulipas quedó expuesta en todo el mundo con la muerte de ocho personas el 5 de septiembre, un caso en el que familiares de las víctimas han logrado entregar a las autoridades pruebas contundentes sobre la culpabilidad de policías tanto en las muertes como en la puesta en escena de un montaje.
Animal Político contactó con la vocería de la Fiscalía de Tamaulipas para tener su versión sobre estos dos casos pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
El abogado Raymundo Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas cree que los casos más recientes han abierto la puerta a más descubrimientos sobre la actuación de la Policía Estatal de ese estado, sumido desde hace décadas en un clima de violencia causado por la presencia del narcotráfico.
