La primera denuncia por La Estafa Maestra ocurrió desde 2015, pero PGR la ignoró
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
UAEMex

La primera denuncia por La Estafa Maestra ocurrió desde 2015, pero PGR la ignoró

En todo este tiempo no ha habido ni una sola diligencia o citatorio por el caso, de acuerdo con el abogado general de la Universidad, Luis Raúl Ortiz Ramírez.
UAEMex
3 de septiembre, 2019
Comparte

La Universidad Autónoma del Estado de México fue la primera institución en denunciar penalmente el presunto desvío de más de 21 millones de pesos para hacer supuestos servicios a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desde el 1 de abril de 2015, pero la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la ignoró y la nueva Fiscalía tampoco ha realizado diligencia alguna o consulta adicional desde que entró en funciones.

Esta denuncia fue hecha incluso antes de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusiera seis denuncias penales por presuntos desvíos en contra de la Sedesol y las Universidades del Estado de México y de Morelos, en octubre de 2015, aunque tampoco ha sido procesado ningún funcionario por ello.

Entérate: Función Pública presenta 17 denuncias contra funcionarios por La Estafa Maestra

Este esquema de presunto desvío fue investigado en La Estafa Maestra, el trabajo periodístico realizado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el que se reveló que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios que no se cumplieron pues utilizaron a 128 empresas ilegales o fantasma, y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron. 

La denuncia de la Universidad Autónoma del Estado de México estuvo dirigida a la unidad de PGR en la entidad y fue presentado por los representantes legales de la institución Hiram Raúl Piña y Heriberto Mercado durante la administración del exrector Jorge Olvera el 1 de julio de 2015. 

Sin embargo, en todo este tiempo no ha habido ni una sola diligencia o citatorio, asegura el abogado general de la Universidad, Luis Raúl Ortiz Ramírez, en entrevista con Animal Político

De hecho, el pasado 20 de mayo, el actual rector de la Universidad, Alfredo Barrera Baca, envió el oficio 179/2019 al delegado de la ahora Fiscalía General de la República en el Edomex, Raciel López Salazar, para poder conocer el estatus de la denuncia de 2015, porque nunca han recibido notificación alguna; dicho documento fue entregado a este medio. 

En el oficio también preguntó “qué diligencias se han efectuado hasta la fecha y cuál es el resultado de las mismas. Si existe acto, diligencia o documento alguno que podamos efectuar para efecto de coadyuvar en la investigación de los hechos presumiblemente constitutivos de delito. Si el delito en cuestión no prescribe o qué medidas se deben implementar para interrumpir la prescripción”. 

Te puede interesar: Los operadores de Zebadúa en La Estafa Maestra, del Gobierno del Distrito Federal a Sedatu

Pero tampoco ha habido respuesta por parte de la Fiscalía en los últimos tres meses. “Estamos extrañados de que la Fiscalía no nos ha (requerido) para participar ni como testigos, mucho menos como presuntos responsables, ni como coadyuvantes o terceros interesados”, advierte el abogado general de la Universidad, Luis Raúl Ortiz Ramírez

Y asegura que no es la institución quien está bajo la lupa, sino “personas que en su momento hicieron esos acuerdos”, por eso tienen toda la disposición de entregar la información en caso de ser requerida por la Fiscalía. 

En la denuncia de 2015 se expuso que de la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación a los convenios suscritos entre diferentes dependencias de gobierno y la Universidad del Estado de México para realizar diferentes servicios, hecha del 18 de febrero de 2015, se detectó que funcionarios de la Universidad contrataron en 2014 a Zulma, S. A. de C. V. que no fue localizada en su domicilio y que a su vez subcontrató a IT Guardian Auditing & Consulting Services. 

Leer más: Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública

Los supuestos servicios que la universidad debía hacer en este contrato era “monitoreo de ventanillas del programa de adultos mayores para pruebas de supervivencia”, para la Sedesol, y aunque la empresa Zulma no cumplió, cobró 21 millones 177 mil pesos por lo que se concluía que había habido “un pago injustificado” en 2013 que significaba “un probable daño al erario”. 

Dicho convenio fue firmado, durante la rectoría de Eduardo Gasca, entre el apoderado legal de la Universidad, Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, y Ramiro Ornelas, Director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol en febrero de 2013, de acuerdo con el documento obtenido por Animal Político vía transparencia durante la investigación de La Estafa Maestra. 

Las observaciones de la auditoría por este convenio fueron recibidas durante la administración, de Jorge Olvera que fue electo rector en mayo de 2013.  Por ello, la nueva gestión universitaria interpuso la denuncia ante la PGR para que investigara los hechos que podían constituir “una conducta delictiva cometida en agravio del patrimonio de la Universidad, la Hacienda Pública Federal y lo que resulte en contra de quienes resulten responsables”. 

Además, los denunciantes se ofrecían para ayudar a la Procuraduría para entregarle “los datos o elementos de prueba para la debida integración de la carpeta de investigación”, pero no han sido requeridos. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Getty Images

Etnoporno, la explotación sexual de mujeres indígenas en videos pornográficos en México

En Chiapas es cada vez más común el "etnoporno" o pornografía de niñas y mujeres indígenas, producido muchas veces sin su consentimiento. Las activistas apuntan a que es un delito agravado por la desigualdad económica, cultural y de acceso a las tecnologías que padecen estas mujeres.
Getty Images
16 de enero, 2020
Comparte

Un maestro de una zona indígena en un lugar recóndito le regaló un teléfono celular a María, una de sus alumnas de 13 años. Le enseñó a usarlo. Y después le pidió que le mandara fotos desnuda.Esto sucedió en Chiapas, en el sureste de México, donde las activistas denuncian que es cada vez más común el “etnoporno”, un tipo de pornografía que usa como fetiche a mujeres y niñas indígenas, y que son por ello víctimas de abusos.

En el caso de María (nombre supuesto), una mujer de otro estado de México entró en contacto con ella a través de redes sociales y la siguió extorsionando para que mandara más imágenes y videos, cada vez en situaciones más comprometedoras, por ejemplo masturbándose.

La familia de María cuenta que lo descubrió porque la adolescente había sido obligada a convencer a otra menor, de 10 años, para que empezara también a enviar este tipo de fotos y videos.

La niña se asustó tanto que se lo confesó a su madre. Así fue como se enteraron en el pueblo.

Manifestación en contra del acoso virtual.

Cortesía: Frente Nacional para la Sororidad
En 17 de las 32 entidades federativas de México se han aprobado reformas que castigan los delitos digitales contra las mujeres.

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal “porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija”.

Martha Figueroa, la abogada feminista que está llevando el caso de manera voluntaria, cuenta que, como otros del mismo tipo, puede estar relacionado con redes de trata de personas. Y que es un gran reto castigar a los culpables.

“La familia no recibió ayuda en el Ministerio Público en un principio. Después quisieron registrarlo solo como abuso sexual no grave. Además, como era electrónico y es algo muy nuevo, no sabían cómo hacerlo“, le explica a BBC Mundo.

El “etnoporno” es un tipo de pornografìa, cada vez más de moda, que usa a mujeres y niñas indígenas como fetiche. Foto: BBC

Reconoce que hay quien argumentaba que fue un acto voluntario, ya que era la adolescente misma la que hacía llegar las fotos.

“Pero no, esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro“, asegura.

Después de varios meses, el hombre fue arrestado. “No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela”, explica la abogada.

Distintos daños que causa la violencia virtual.

Cortesía: FNS
La violencia virtual tiene una serie de consecuencias, recogidas en el informe de la Asociación para el Progeso de las Comunicaciones (APC).

Según el Código Penal de México “al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días multa”.

Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

“Sin redes de apoyo”

Adela Bonilla, directora de Equidad de Género y Desarrollo de las Mujeres en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dice que estos videos pornográficos con mujeres indígenas “se pusieron de moda”.

Explica que muchas indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio chiapaneco en busca de una mejor vida, pero que ahí son muy vulnerables, que no tienen redes de apoyo y que algunas tienden al trabajo sexual.

“Las mujeres que se dedican al comercio sexual están en total indefensión y de ahí a ser víctimas hay solo un pequeño paso”, dice.

Dice que muchas de las que aparecen en los videos pueden estar siendo víctimas de estas redes. Y que en el ayuntamiento se plantea establecer un albergue para mujeres y menores.

También que, junto con la Secretaría de Turismo, se trabaja en concienciar al sector hotelero sobre el delito del comercio sexual infantil.

Se está haciendo que los hoteles firmen un código de ética para que, cuando un adulto llegue al establecimiento con un menor de edad, tenga que acreditar su relación.

“Chamulitas porno”

Por ahora es muy fácil encontrar, en pleno mercado central de San Cristóbal, material pornográfico de indígenas chamulas.

Se vende al lado de puestos de ropa interior, de comida o de gallinas vivas.

En los puestos de películas piratas, en la parte más recóndita, hay videos entre los que sobresalen los títulos de “Porno chamulitas”, en ediciones de varios años que prometen “puro video nuevo”.

Y además advierten: “En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción”.

Pero el etnoporno también se distribuye por internet.

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista que lucha contra la violencia sexual en la red, encontró durante un rastreo llevado a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para hacerlos públicos.

También identificaron 122 “mercados de explotación de imágenes”, o plataformas que compilan sin consentimiento información de contenido sobre todo sexual principalmente de mujeres y niñas, para ser expuestas en páginas, blogs, redes sociales o nubes de almacenamiento.

Chiapas es uno de los 17 estados de México que aprobó la “Ley Olimpia” por la que los delitos digitales de índole sexual, como la distribución de contenido íntimo sin consentimiento, podrán ser perseguidos y castigados con penas de entre 3 y 6 años de prisión.

Activistas celebran la aprobación de una reforma que pena el acoso por internet.

Cortesía: FNS
El Frente Nacional para la Sororidad es una asociación de activistas que lucha contra la violencia sexual en la red.

Indígenas, “las más afectadas”

Que las víctimas sean mujeres indígenas es una agravante del delito, le explica a BBC Mundo la activista Olimpia Coral Melo, quien promueve la ley, que lleva su nombre, desde que se difundiera un video sexual.

“El etnoporno es muy lamentable. Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología”.

Apunta a que muchas indígenas no saben que tienen derecho al placer, a la intimidad, al sexo. “Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar”, opina.

Además, muchas ni siquiera tienen acceso a internet y no saben que circulan videos de ellas.

“Incluso aunque fuera una trabajadora sexual que aceptó ser grabada por uno de sus clientes, eso no quiere decir que haya dado su permiso para que se comercie con su cuerpo infinitamente“, apunta la activista.

Valeria Sastré, abogada especializada en derechos de la mujer, dice que en Chiapas hay unos 30 registros y carpetas de investigación de delitos contra la intimidad sexual, pero que hasta ahora ninguno se ha judicializado.

Al hablar de las razones, menciona el hecho de que se trata de un tema muy nuevo y que es difícil que se acepten las pruebas contra estos delitos.

“Es necesario hacer campañas multidisciplinarias para concienciar, porque también nos topamos con una visión patriarcal en las zonas indígenas, donde las mujeres no conocen sus derechos”, añade.

Por ahora, desde el Frente Nacional para la Sororidad, reportan los contenidos y hacen llamados para que se quiten de internet.

“No es una solución permanente ni muy efectiva, pero es necesaria para que sepan que estamos vigilando”.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI

https://www.youtube.com/watch?v=GpyJ8GP7PWg

https://www.youtube.com/watch?v=o-FUmeEXFOI

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.