Demanda de amparo y presunta falsificación retardan el proceso contra Duarte por peculado
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Cuartoscuro Archivo

Demanda de amparo y presunta falsificación retardan el proceso contra Duarte por peculado

El proceso penal abierto desde hace más de un año contra Javier Duarte, por el delito de peculado, sigue sin llegar a la fase de juicio.
Cuartoscuro Archivo
23 de septiembre, 2019
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El proceso penal abierto desde hace más de un año en contra de Javier Duarte por el delito de peculado, tras el presunto desvío de 220 millones de pesos de recursos federales en su gobierno, sigue sin llegar a la fase de juicio. La razón: una demanda de amparo que ha provocado que el caso cambie de juez, sumado a una denuncia penal de la defensa por documentos presuntamente falsos que se pretendían utilizar como prueba en contra el exgobernador de Veracruz.

El caso impulsado por la Fiscalía de Veracruz dio paso a una de las órdenes de aprehensión por las cuales Duarte fue detenido y extraditado desde Guatemala en 2017, pero a diferencia del proceso de la PGR por lavado de dinero en el cual ya incluso se dictó sentencia, este proceso sigue atorado en la fase inicial.

Fue el 20 de mayo de 2018 cuando un juez de la Ciudad de México (en auxilio de la jueza de Veracruz que giró la orden de arresto) decidió vincular al exgobernador a proceso por peculado, entre otros delitos, tras determinar que la investigación presentada por la Fiscalía estatal contaba con indicios iniciales sólidos, que permitían presumir que se había cometido un delito y que Duarte podría ser el responsable.

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En ese momento el juez ordenó un plazo de 6 meses de investigación complementaria para que ambas partes reunieran sus pruebas y las presentaran en audiencia intermedia, como paso previo para llegar al juicio. Sin embargo, ya transcurrieron casi 18 meses sin que eso haya ocurrido todavía.

De acuerdo con los datos proporcionados a Animal Político por autoridades judiciales y por el equipo legal del propio exgobernador, el desarrollo del proceso comenzó a retardarse cuando otro de los coacusados en el mismo caso, Francisco Valencia (excomisionado de Agua en el gobierno de Duarte) buscó través de un amparo que el caso fuera atraído por un juez federal, y no se quedara en Veracruz.

En julio de 2018 el juez que recibió la demanda de amparo decidió negárselo a Valencia, pero este interpuso un recurso de revisión para que el caso fuera analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Veracruz, cuyos magistrados decidieron revocar la sentencia inicial y amparar a Valencia.

Como resultado el juez de Veracruz que recibió el caso decidió declararse incompetente para seguir conociendo el caso. Y fue apenas el pasado 17 de septiembre cuando en una nueva audiencia se determinó que, en efecto, un juez federal será quien reciba el proceso.

De acuerdo con los abogados del exgobernador de Veracruz, aun cuando el amparo fue promovido por Valencia, el proceso se frena de la misma forma para Duarte toda vez que se trata exactamente del mismo caso.

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En ese contexto, el juez federal al que le sea turnado el caso deberá decidir si lo continua en el punto en que se quedó, es decir en la presentación de pruebas previo al juicio; o si por el contrario ordena que se comience de nuevo con una audiencia inicial, en la que se tendría que presentar otra vez la imputación para determinar si hay indicios o no para vincular al exgobernador a proceso

Denuncian pruebas fabricadas

Además del problema del retraso, el caso por peculado contra Duarte enfrenta un cuestionamiento grave: el de la posible fabricación de pruebas, situación que incluso ya fue denunciada por los abogados defensores, y que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación para indagar los hechos y, de confirmarse, proceder en contra de los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz que resulten responsables.

Los cuestionamientos se centran en dos oficios que son claves en el caso. Uno con número SFP/1347/2014 en el cual el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, siguiendo las órdenes de Duarte, le habría pedido a Francisco Valencia que se transfirieran 220 millones de pesos de los fondos federales destinados para obras hidráulicas a otras cuentas.

El otro oficio es el SFP/1750/2014 en el cual Audirac le había confirmado a Valencia que se retornarían los 220 millones transferidos, situación que nunca ocurrió.

De acuerdo con Ricardo Reyes Retana, abogado defensor de Duarte, ambos oficios son falsos. Para comprobarlo la defensa tramitó un peritaje en materia de grafoscopía de cuyos resultados se proporcionó copia a este medio, en los que se concluyó que las firmas en ambos documentos no coinciden con las de Audirac. Es decir, que son apócrifas.

Aunado a ello la defensa solicitó vía transparencia al gobierno de Veracruz copia del oficio SFP/1750/2014, pero la respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es que ese documento no existe, pues en el año 2014 la numeración de documentos solo llegó al SFP/1634/2014.

La misma situación se habría presentado con al menos otros tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación, y en los cuales también se habrían simulado las firmas de funcionarios. Esta situación, según Reyes Retana, prueba que se trató de un caso “fabricado” y con “fines políticos”.

En ese contexto el equipo legal de Duarte presentó el pasado 26 de junio una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler, y de otros funcionarios que resulten responsables, lo que dio paso a la apertura de la carpeta de investigación CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la Fiscalía de Veracruz.

Pablo Campuzano, otro de los abogados del exgobernador, subrayó que a esta evidencia se suman las manifestaciones hechas por exfuncionarios de Veracruz como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que fueron obligados a declarar en contra de Duarte.

También una recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó que existió tortura por parte de la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario detenido.

“Derivado de estas prácticas es que no queda más resultado que la absolución del exgobernador, así como de sus colaboradores”, señaló Campuzano.

Sentencia cuestionada y casos pendientes

El próximo 26 de septiembre se cumple un año de la audiencia en la que un juez federal dictó sentencia condenatoria en contra de Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ello luego de que el propio exgobernador se declarara culpable a cambio de una pena reducida de nueve años de prisión.

Entérate: La PGR y Duarte ante el juez, así logró el exgobernador solo 9 años de prisión

Hasta ahora se trata de la única pena de prisión impuesta al exgobernador de Veracruz. Y aunque Duarte aceptó voluntariamente dicha condena sin ir a juicio, ahora busca a través de una demanda de amparo obtener el derecho de apelarla, bajo el argumento de que las pruebas bancarias que la entonces PGR expuso en su contra se obtuvieron sin autorización de un juez. Es decir, eran ilícitas.

A ello se suman dos procesos penales abiertos por diversos delitos de corrupción entre ellos el de peculado, que como ya se mencionó están atorados en la fase inicial.

Por otra parte la Fiscalía de Veracruz también obtuvo una orden de aprehensión en contra de Duarte por desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar dado que se requiere permiso del gobierno de Guatemala, país que extraditó a Duarte por delitos distintos. Animal Político publicó que el gobierno de México tardó casi un año en presentar dicha solicitud formal.

En tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó y denunció el posible desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales en la administración de Duarte como gobernador de Veracruz (2010 a 2016), pero por ahora las acusaciones de la Fiscalía General de la República por dichos casos se han concentrado en exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Veracruz.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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