Tras el #MeToo, la productora La Corriente del Golfo desarrolla protocolo contra la violencia a las mujeres
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Tras el #MeToo, la productora La Corriente del Golfo desarrolla protocolo contra la violencia a las mujeres

La casa productora La Corriente del Golfo es pionera en la industria cinematográfica en contar con un protocolo para investigar y sancionar casos de acoso y hostigamiento.
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20 de septiembre, 2019
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En marzo pasado surgió el movimiento #MeTooCineMexicano como una reacción de las mujeres de la industria para denunciar casos de acoso y hostigamiento, tanto sexual como laboral.

A través de Twitter se hicieron decenas de denuncias contra directores, actores, productores, pero ¿qué hacer ante una situación de acoso? ¿cómo debía reaccionar una compañía ante una denuncia? ¿a quién debería acudir una víctima?

Muchos en la industria incluso no conocían la diferencia entre acoso y hostigamiento. Paula Amor, directora de la productora La Corriente del Golfo, decidió comenzar a trabajar un protocolo ante estas situaciones.

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“Ese momento me hizo reflexionar en qué íbamos a hacer no solamente para prevenir, sino también para atender un caso si llegara a suceder dentro de la compañía”, cuenta Paula.

Tras tres meses de trabajo con especialistas del Centro de Políticas para el Acoso y Hostigamiento del The Boston Center for Latin America y de parte del equipo, el protocolo quedó listo en agosto pasado.

“Me di cuenta de la necesidad de crear un protocolo y que realmente tuviéramos información y herramientas oficiales desarrolladas por especialistas para acompañarnos en este proceso y para orientarnos. Ese fue un primer momento muy importante”, dice Amor.

Ahora conocerlo y firmarlo es un requisito para poder trabajar en la productora fundada en 2018 por los mexicanos Diego Luna y Gael García y que alberga los proyectos de cine, televisión y teatro que ambos realizan como actores, directores o productores en México.

Qué dice el protocolo

El Protocolo de Prevención y Atención al Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral surge de la necesidad de fomentar un ambiente de respeto y confianza en la productora y también de contar con herramientas para prevenir y sancionar el acoso y al hostigamiento sexual y laboral.

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El documento tiene validez legal, se apega a las leyes aplicables en México, a los convenios internacionales y al Código de Ética de la compañía.

El protocolo integra las definiciones de acoso y hostigamiento sexual y laboral, además de que es una guía paso a paso para iniciar un procedimiento formal para atender y resolver estos casos. 

Cuenta con dos vías de acción: a través de un formulario en línea se puede iniciar una consulta, en donde el interesado puede expresar sus dudas o comentar si fue testigo de alguna conducta inapropiada o no sabe cómo manejar alguna situación, pero no quiere iniciar una queja formal.

La otra opción es presentar una queja. Ésta se presenta también vía un formulario mucho más específico. En ese momento sí se inicia una investigación, misma que queda a cargo del Consejo de atención y resolución de casos, integrado por especialistas legales, miembros de la industria cinematográfica y externos.

“Este consejo evalúa, reúne todas las pruebas necesarias y toma una determinación de ese caso concreto. La respuesta tarda hasta 20 días hábiles después de que ya se tienen todos los elementos de la investigación”, explica Paula. 

Entonces se emite un dictamen a la dirección general, la cual se encarga de comunicar la resolución a los implicados. 

El protocolo busca blindar los derechos tanto del consultante, los testigos o los presuntos agresores. 

La sanción depende de la gravedad de la acción cometida, expone la directora, esta puede ir desde una amonestación verbal que se va al expediente personal; una suspensión de ocho días sin sueldo o el cese del contrato. 

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De acuerdo con el protocolo, el Consejo evaluará si hay necesidad de que la persona afectada reciba atención médica y/o psicológica y emitirá esta recomendación dentro de las primeras 24 horas.

Si alguna de las partes involucradas decide emprender una denuncia penal, la compañía “las acompañará durante el proceso y coadyuvará con las pruebas o elementos necesarios para integrar correctamente la investigación”, señala el protocolo.

“Fue muchísimo trabajo. no fue fácil, fue conjuntar opiniones, visiones, pero al final quedó un documento que tiene todo lo que necesitamos para reaccionar ante cualquier consulta o caso”, señala.

MeToo abrió la conversación

Paula Amor ha visto un antes y un después de las denuncias realizadas en redes a través del movimiento MeToo, pues éste abrió la conversación, además de que hoy hay mucha más conciencia y preocupación en la industria cinematográfica.

“La violencia hacia las mujeres está muy normalizada y de alguna manera este estallido y el MeToo es una manera de demostrar la urgencia que hay de atender estos problemas de raíz”, asegura Paula.

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Señala que antes “no se hablaba de eso y eran temas como muy secretos, en donde por el miedo que podía haber a perder el trabajo no se hablaban. Lo valioso es que se ha abierto la conversación y es importante poner un alto”.

Ya hay varios interesados en platicar con el equipo de La Corriente del Golfo para conocer cómo pueden hacer sus propios protocolos. 

Paula aconseja a las casas productoras, empresas y grupos que quieran desarrollar sus protocolos acercarse a organizaciones como The Boston Center for Latin America, Ya es hora, entre otras, para recibir orientación. 

“Espero que esto provoque que se corra el rumor y que también se replique y se empiece a contagiar esta necesidad de que cada productora cuente con su protocolo”, confía Paula.

 

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#YoSoyAnimal
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Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
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15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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